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Contexto

Editorial

Por estos días el tema de la minería está en el primer plano de la opinión pública mundial, por el desastre presentado en la mina de San José, en el desierto de Acatama en Chile, en donde treinta y tres mineros fueron rescatados luego de sesenta y nueve días de estar atrapados bajo tierra. De esta espectacular acción, se destacó el exitoso procedimiento técnico para rescate de los mineros; pero no se habló mucho sobre los verdaderos impactos ambientales y socioeconómicos que genera este tipo de minería, y las lamentables condiciones técnicas y de controles estatales de esta actividad, especialmente en los países del Sur. El mundo se maravilló con este rescate; sin embargo cuando han ocurrido numerosos desastres fatales en la China, en África, en Perú o en Colombia, en donde han muerto cientos de mineros, se divulgan en los medios de comunicación, como un incidente fortuito más y aislado, el cual rápidamente queda en el olvido. Para la mayor parte de la población colombiana pasó casi desapercibida la reciente muerte de setenta mineros en una mina de carbón en Amagá, Antioquia. Igual situación ocurre con la tragedia que se vive actualmente en el río Dagua, en el Valle del Cauca, en donde la minería de oro mediante dragas ilegales y cientos de pequeños mineros, han destruido en pocos meses un extraordinario ecosistema y se han generado gigantescos conflictos violentos y problemas sociales. Tampoco se habla en los medios sobre lo que le está pasando a Marmato, un pueblo de la zona cafetera de Caldas que va a ser arrasado totalmente por la empresa canadiense Colombia Goldfield, en donde se pretende desalojar el casco urbano para hacer minería a cielo abierto. Igualmente en el Municipio de Buenos Aires en el río Suárez, departamento del Cauca, se pretende desalojar a las comunidades negras que realizan minería en la región desde hace más de 370 años, para entregársela a una gran empresa. Tampoco la opinión pública conoce la verdadera dimensión de los desastrosos impactos ambientales y socioconómicos de la minería del carbón a cielo abierto, generados por las empresas Drummond y Glencore en la región Caribe, puesto que estas carboneras han destruido completamente estos ecosistemas, han desplazado numerosas poblaciones, acomodan e incumplen licencias ambientales, reciben escandalosas exenciones fiscales, mantienen a los trabajadores con condiciones lamentables.

Durante el gobierno de Uribe se implementaron cambios en las políticas y las normas que crearon el escenario para la llegada masiva de inversionistas en el sector minero – energético. Hoy día los grandes inversionistas, tienen los ojos puestos especialmente sobre los territorios colectivos de comunidades indígenas, afro colombianas y campesinas, sobre las áreas protegidas y sobre los recursos naturales allí existentes, pasando por encima de las salvaguardas que le otorgo la constitución nacional y las leyes, para proteger estos territorios y recursos. En 2007 Colombia exportaba productos de este sector por 7.344 millones de dólares;en 2009 esa cifra ascendió a 18.035,4 millones y para 2021 se estima que llegará a 54.149,9 millones. Para el año 2009 de cada 100 dólares que ingresaron por inversión extranjera directa, 41 llegaron a la minería y 36 al petróleo. En 2009, Ingeominas, había otorgado o tenía en trámite más de diez mil títulos mineros en todo el territorio nacional, incluyendo mil ochocientos en los cinco departamentos de la Amazonia, y también había otorgado 44 títulos mineros en catorce parques nacionales. Actualmente se encuentra en estudio más de cuarenta mil solicitudes de concesión en curso. Sólo la empresa Anglo Gold Ashanti tiene concesionadas 690 mil hectáreas.

El impacto ambiental de la minería de cielo abierto es descomunal. Uno de los aspectos más críticos de la minería de carbón a gran escala es la poca generación de empleo, el cual en su mayoría es trabajo precarizado a través de la tercerización mediante contratistas. Adicionalmente el sector minero-energético recibe inmensos beneficios fiscales y exenciones de impuestos; pero las regalías que recibe el país son bajísimas, las del petróleo del orden del 8% y las del oro son solo del 3,2%. Es una falacia la argumentación que el problema es principalmente con la gran minería y que debemos desarrollar una política para permitir la pervivencia de la pequeña minería. Muchos sectores incluidas algunas comunidades locales plantean que la pequeña minería es mas sustentable que la minería en gran escala. Se habla de minería artesanal. Pero como dice Gearoid O Loningsigh, la única minería verdaderamente artesanal es de la batea en río, siempre y cuando no agregan mercurio para aumentar la cantidad recogida. Ningún tipo de minería de oro representa un futuro sustentable para las comunidades ni para el medio ambiente, puesto que todas se mueven en la lógica capitalista y en las prácticas depredadoras del medio ambiente, a menor escala la pequeña minería, pero que puede llegar a tener en su conjunto similares impactos que la gran minería. No se puede aceptar el argumento que miles de mineros contaminando, son preferibles a unas cuantas empresas contaminando. Estos aspectos deben ser fundamentales en la discusión sobre el tema que dan las comunidades indígenas y negras.

Una de las cinco locomotoras del gobierno de Santos en la minería; es así como en el punto 92 del programa de su gobierno, Santos dice que la “regla de oro es atraer más inversionistas de talla mundial, con “reglas del juego” que garanticen la estabilidad a largo plazo…”. En declaraciones en el Espectador dadas por el Señor Teicher, presidente de El Cerrejón, sobre que espera el sector con el gobierno de Santos, afirmó: “Así como el país fue afortunado de tener al presidente Uribe durante tantos años, también lo somos de tener al presidente Santos como gobernante (…) Yo creo que se nos volvió a aparecer la Virgen”; es por ello que el Senador Robledo afirma que en materia de minería Santos I es lo mismo que Uribe III.