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SEMILLAS

Contexto

Editorial 30/31

Los conflictos por la tierra en general están relacionados con las violaciones de los derechos humanos, con un nivel de vida adecuado y con la alimentación. Especialmente es afectada la población rural más pobre, quienes se ven condenados al hambre y a la desnutrición.

Junto a la privatización de la tierra avanza la privatización de la biodiversidad, del agua, los bosques y demás recursos naturales. Las grandes inversiones de las corporaciones transnacionales en minería, agro-exportación, explotación forestal, plantaciones, pesca, biocombustibles y transgénicos, megaproyectos, biopiratería, destruyen los territorios, la agricultura y causan el desplazamiento de poblaciones locales y el desarraigo del campo. La privatización de los recursos naturales y de tecnologías, ha aumentado las inequidades sociales.

Ninguna reforma agraria es aceptable si solo se piensa en distribución de la tierra. Una nueva reforma agraria debe incluir las cosmovisiones de territorio de los pueblos indígenas, comunidades campesinas,  afrodescendientes, trabajadores rurales, personas desplazadas y sin tierra. Tampoco hay reforma agraria genuina sin equidad de género, que asegure a las mujeres plena igualdad de oportunidades y de derechos a la tierra. La reforma agraria debe asegurar la creación de espacios de vida para mantener la cultura y la diversidad, a partir de la relación con la tierra, el agua y los bosques.

En Colombia el conflicto ha ocasionado una de las crisis humanitarias más grandes del mundo que se evidencia particularmente en el desplazamiento forzado de miles de colombianos quienes han debido huir de sus lugares de origen y dejar abandonadas sus viviendas, tierras y demás bienes patrimoniales. Entre 1985 y septiembre de 2005, la cantidad de desplazados por violencia política ascendió alrededor de 3.6 millones, de los cuales 2.9 millones se concentraron en la última década; y se estima por el Codhes que más de 310.000 personas fueron desplazadas en 2005. El desplazamiento es muchas veces referido como una “contrarreforma agraria”, tomando tierra de los sectores más pobres de la población. Se estima que  la tierra arrebatada a través de la violencia se extiende entre 2 y casi 7 millones de hectáreas. Un estudio estimó que las tierras tomadas por paramilitares de la población internamente desplazada supera dos veces la cantidad de tierra dada por el Instituto de la Reforma Agraria entre los años 1993 y 2002.

Por otro lado, el proyecto Ley 30 de Desarrollo Rural, presentado por el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, se pretende aprobar de forma inconsulta y a espaldas de las comunidades indígenas, afrocodescendientes y campesinas, quienes van a ser las más afectadas. Esta sería la más regresiva contrarreforma agraria en el país; puesto que pretende legitimar la expropiación de tierras tomadas a sangre y fuego por los paramilitares en medio de la guerra en Colombia. Adicionalmente mediante esta Ley se busca promover la entrega de las tierras más productivas por el Estado a los inversionistas agroindustriales, forestales y para megaproyectos de infraestructura.

El presente número de la revista Semillas, se centra en la problemática de la tenencia de la tierra y el control de los territorios; puesto que han sido ingredientes centrales de la guerra que históricamente persiste en el país. Actualmente el tema de tierras está en proceso de negociación entre el gobierno y los paramilitares, y también en el contexto del proyecto de Ley de Desarrollo Rural. En este número se incluye temas de contexto de la problemática de tierras, como: Marcos legales y conflictos de tierras; reforma agraria y soberanía alimentaria; Tierra, desplazamiento en Colombia y el derecho a la restitución de las víctimas; Los territorios colectivos y los Consejos Comunitarios; La palma africana en Colombia; Las reservas campesinas; y el control indígena y campesino en México. Adicionalmente se incluye una separata con varios análisis críticos del Proyecto de ley 30 de Desarrollo Rural, que actualmente cursa en el Congreso de la República, los cuales consideramos importante, poner a dispocisión como herramienta, especialmente de las comunidades rurales más afectadas, para que enfrenten estas políticas regresivas y para que defiendan sus territorios y su soberanía alimentaria.