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SEMILLAS

Contexto

Editorial

En el marco de la implementación de los acuerdos de paz suscritos entre las Farc-Ep y el gobierno nacional, y específicamente del  capitulo uno sobre la reforma rural integral (RRI), se han expedido algunas normas directamente por el gobierno mediante decretos-leyes: procedimiento para el acceso, formalización y el fondo de tierras, programas de desarrollo con enfoque territorial PDET; pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación; programa integral de sustitución de cultivos de uso ilícito; pago de obras por impuestos de empresas mineras y de hidrocarburos; plan de construcción y mejoramiento de vivienda rural; y  programa integral de sustitución de cultivos  de uso ilícito, plan de electrificación rural.

 

También actualmente se están formulando otras normas, algunas en trámite vía fast track, o se presentarán por vía ordinaria, entre otros temas sobre: ordenamiento social de la propiedad rural; jurisdicción agraria; restitución de tierras; creación del sistema nacional de innovación agropecuaria; servicio público de adecuación de tierras; adjudicación de baldíos en reservas forestales; sistema nacional catastral multipropósito; jurisdicción agraria; sistema nacional de garantía progresiva de derecho a la alimentación; tratamiento penal diferenciado a los cultivadores de cultivos de uso ilícito; uso y ocupación y tenencia de predios en parques nacionales naturales; crédito agropecuario; consejo superior del ordenamiento del suelo; recuperación, conservación uso y comercialización de semillas nativas y criollas; y lineamientos de política pública para la agricultura familiar y la economía campesina.

 

La necesidad de algunas de estas políticas están plenamente reconocidas y acordadas por el gobierno y las Farc, y se consideran indispensables para la construcción de una paz estable y duradera y especialmente para lograr una verdadera reforma rural integral, pero otras se han expedido unilateralmente por el gobierno y se han incluido temas que no fueron acordados en los acuerdos de paz. En el proceso de implementación del acuerdo de paz ha surgido un choque de trenes y afloramiento de las diferentes visiones del desarrollo entre la política rural gubernamental, que ha estado orientada predominantemente hacia la agricultura industrial, tecnificada, eficiente y competitiva e insertada en los mercados globales; enfrentada a la visión que tienen las poblaciones étnicas y campesinas, que históricamente han estado orientadas hacia el control y manejo sostenible de los ecosistemas, los territorios locales y la culturas de los pueblos; también en la implementación de sistemas productivos basados en el manejo de la biodiversidad, la autonomía y la soberanía alimentaria.

 

El contexto político actual ha dificultado la implementación del acuerdo de paz, debido a situaciones como: la falta de voluntad política del legislativo para aprobar leyes que son necesarias para el acuerdo, la baja gobernabilidad del gobierno, el ambiente electoral, la limitación fiscal para destinar presupuesto en la implementación del acuerdos, la polarización política ideologizada del país y los palos a la rueda que ponen los opositores del acuerdo de paz. Se han presentado dificultades y divergencias en el trámite legislativo, lo que se evidencia en que a la fecha no se ha aprobado ninguna ley del punto 1 del acuerdo, vía fast track y solo nueve decretos - ley, que han sido expedidas por los ministerios. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que estas leyes pasarán por la revisión de constitucionalidad por la Corte Constitucional.

 

Es paradójico que mientras el acuerdo de paz ha abierto puertas que podrían permitir cambios para superar la profunda crisis del campo y la inequidad en las poblaciones rurales, paralelamente el gobierno impulsa su agenda política que promueve la agricultura industrial, los grandes proyectos minero energéticos, la privatización de los recursos naturales, la venta de servicios ambientales, entre otros; políticas que han sido históricamente las causantes de grandes conflictos ambientales, territoriales y socioeconómicos.

 

Las organizaciones sociales y rurales tienen numerosos interrogantes y preocupaciones sobre los alcances de la implementación y los temas mas críticos que se esperaría fueran resueltos en el proceso de construcción de la paz en los territorios; se plantean preguntas como:

• ¿Se realizará una reforma rural integral o finalmente terminará como una reforma agraria asistida de mercado?
• ¿Cuáles serán finalmente las principales fuentes de fondo de tierras?, ¿serán principalmente las reservas forestales?
• ¿Cómo se formalizara el 60 % de los predios de los campesinos que no tienen títulos legales y a quienes finalmente se le entregará los baldíos?
• ¿Se implementará un verdadero plan de restitución de tierras para las victimas de la guerra?
• ¿Cuáles obras de infraestructura serán prioritarias para la Colombia profunda, las autopistas 4G o las carreteras veredales?
• ¿Las empresas minero-energéticas podrán redimir sus impuestos y pagar por los impactos ambientales y socioeconómicos mediante obras de infraestructura, es decir “pagar por contaminar”?
• ¿El gobierno en la implementación de la garantía progresivamente del derecho a la alimentación, incluirá el concepto de soberanía y autonomía alimentaria?
• ¿Existe voluntad política para garantizar una real participación y acceso a información a las poblaciones rurales en el diseño de las políticas y la implementación de la RRI, o se insistirá en modificar los instrumentos de consulta previa y consultas populares?
• ¿Los programas de sustitución de cultivos ilícitos se integraran a los planes de desarrollo rural integral?
• ¿Se podrá garantizar la seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el marco de implementación de los acuerdos de paz, cuando en los territorios quedan otros actores armados generadores de conflictos?
• ¿Los PDET, respetarán y promoverán los planes de vida de los pueblos étnicos, el cuidado de la madre tierra, la conservación y protección del patrimonio ecológico y culturas de los pueblos, el reconocimiento de otros tipos de territorialidades, como las zonas de reserva campesina y los territorios agroalimentarios?
• Los modelos extractivistas minero-energéticos, agroindustriales, las Zidres, la política de innovación agropecuaria basada en la productividad, competitividad y sostenibilidad, la privatización de los recursos naturales, la venta de los servicios ambientales,  la privatización del servicio de extensión agropecuaria y el control oficial de las semillas criollas, entre otros, ¿podrán coexistir armónicamente con el control y manejo de los territorios locales, las economías campesinas, y étnicas, la agricultura familiar, y también el reconocimiento de los derechos territoriales de pueblos étnicos y de los campesinos como sujeto de derechos territoriales?

 

En este numero de la revista Semillas, queremos presentar un panorama general sobre el estado de la implementación de algunos de los proyectos de ley y decretos aprobados y en trámite, relacionados con el punto uno de los acuerdos de paz. Incluimos diversos análisis sobre los aspectos potenciales que podrían abrirse, y también los puntos más críticos, las amenazas y los riesgos que se están presentando en el proceso de implementación. El escenario actual abrió una luz de esperanza y de movilización social que quiere transitar en la búsqueda de un país rural mas incluyente y equitativo, pero que a la vez nos plantea muchos retos, desafíos y obstáculos en todos los niveles y sectores de la sociedad, que está aún muy polarizada, entre los que quieren un proceso de paz y los que les interesa otros cien años de soledad. Pero debemos ser consientes que los acuerdos de paz con las guerrillas no lograrán transformar estructuralmente el campo colombiano, pero si podrían ser el punto de partida hacia un difícil camino para buscar un campo en donde las poblaciones étnicas y campesinas puedan vivir dignamente y con la garantía plena de sus derechos, pero esto es posible lograrlo si lo construimos entre todos.

 

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