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Contexto

Editorial

La accidentada firma de los acuerdos de paz con las Farc, es solo el punto de partida del proceso de construcción de las verdaderas transformaciones estructurales que se requieren en el país. En las etapas preliminares de la implementación de los acuerdos, se han presentado grandes obstáculos, provenientes principalmente de la férrea y mezquina oposición de la ultraderecha, pero también por la falta de voluntad política e incapacidad operativa del Estado para avanzar en transformaciones sociales reales. En realidad se deben acotar los verdaderos alcances de la implementación de los acuerdos de paz, puesto que desde el inicio del proceso de negociación, el gobierno nacional excluyó discutir transformaciones estructurales del modelo de desarrollo vigente en el país. Adicionalmente uno de los límites que ha dejado claro el gobierno, es que su implementación depende de los recursos disponibles y se cumplirán dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país, las cuales ha reiterado el gobierno que son muy limitadas.

Uno de los temas mas críticos que empiezan a evidenciarse en la implementación de los acuerdos, es el reacomodo de las fuerzas de poder en algunos territorios, especialmente por el control de los recursos naturales y de las economías locales, como son la minería ilegal, de cultivos ilícitos y narcotráfico. Es así como en algunos territorios han resurgido violencias selectivas, dirigidas a líderes sociales quienes han sido un obstáculo a estas nuevas estructuras de control territorial y también sobre lideres políticos que están surgiendo de las organizaciones de izquierda o afines a la guerrilla.

El Acuerdo de paz firmado incluye en el capitulo I, el plan para el desarrollo integral del campo, en el que se plantea establecer un balance y coexistencia entre la agricultura comercial agroindustrial y la pequeña producción rural, mediante el establecimiento de encadenamientos, asociatividad y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores, procesadores y comercializadores, con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva, que contribuya a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo.

Es evidente que hacia el futuro en el campo colombiano se confrontarán varias agendas:

-  Una es la agenda incluida en el Acuerdo de paz, que busca subsanar algunos de los graves daños ambientales y socio-económicos ocurridos en el campo por la guerra, pero que no aborda y confronta el modelo de desarrollo imperante en el país.

-  Otra agenda es promovida por las organizaciones étnicas y campesinas, que buscan que la política publica incluya cambios y soluciones estructurales para el campo colombiano, en este contexto ha surgido un movimiento social por la paz, en donde convergen diversos sectores sociales y organizaciones campesinas, indígenas y afro descendientes, que se expresan en la Cumbre Agraria y en otras formas organizativas, que cuentan con agendas propositivas basadas en la búsqueda de solución pacifica de los conflictos, la construcción de modelos productivos sostenibles, respuestas frente a los conflictos ambientales, así como la  búsqueda de respuestas adaptativas al cambio climático y rechazo a la privatización de los bienes públicos, como el agua, la biodiversidad y el subsuelo; también buscan la implementación de verdaderas reformas agrarias integrales y en general el respeto a los derechos humanos, especialmente de las minorías y de las mujeres, y que reconozcan caminos de libertad, equidad y solidaridad.

-  Paralelamente el gobierno impulsa la agenda de modernización del campo, basada en la economía global y nacional, que promueve monocultivos agroindustriales, empresarización del campo y economías extractivas minero energéticas, que han generado la degradación de los ecosistemas y de los medios de vida de las poblaciones en gran parte del territorio nacional y que se superponen con las áreas de vocación agrícola y protectoras del agua y de ecosistemas estratégicos.

Para las comunidades étnicas, el Acuerdo de Paz es una oportunidad para emprender procesos dirigidos a la reconstrucción o fortalecimiento del tejido social, de las instituciones propias y las dinámicas comunitarias para la toma de decisiones, como condición necesaria para una adecuada participación en la implementación de los Acuerdos, en los temas relativos al desarrollo con enfoque territorial y al acceso a mecanismos de la reforma rural integral, incluido el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito y, en especial, para afrontar procesos de reinserción de desmovilizados, retorno de poblaciones desplazadas y el acceso a los mecanismos de justicia transicional

Hay consenso entre las organizaciones sociales y locales en torno a la necesidad de un enfoque territorial, que tenga en cuenta una mirada integral sobre los aspectos de vocación y capacidad ecosistémica del uso del suelo, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, de los pueblos y de las comunidades rurales; y también que las políticas agrarias verdaderamente apunten a resolver los problemas estructurales de los territorios donde viven las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, dando prioridad a las necesidades y capacidades de la población local, por encima de las soluciones economicistas basadas en la eficiencia y competitividad.  

En este contexto, las organizaciones sociales que hacen parte de la Cumbre Agraria plantean que en el país se necesita un proceso de Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades rurales quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protege el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades. Ese ordenamiento debe apuntar a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias. Igualmente el Coordinador Nacional Agrario (CNA), plantea que los Territorios Campesinos Agroalimentarios se constituyen en una propuesta de construcción de paz, como formas de protección y pervivencia cultural del campesinado, de garantía de sus prácticas de gobierno propias, así como espacios donde se fortalece y consolida la economía campesina, basada en la defensa del ambiente y los modos de vida campesinos.

A su vez uno de los grandes avances en la discusión del punto 4 del Acuerdo de Paz, fue haber reconocido que la presencia de cultivos de uso ilícito es un problema de necesidades y alternativas económicas, y que el problema de la sustitución no es la ilegalidad propiamente, sino la necesidad de generar economías que compitan con las economías ilegales en términos de mercado.

En este nuevo escenario de los acuerdos de paz, los retos y desafíos a los cuales se enfrenta la sociedad colombiana y especialmente las organizaciones sociales y rurales, se relacionan con la capacidad de monitorear y ejercer presión social para que los aspectos positivos de los Acuerdos se implementen de forma real; y para develar las agendas insostenibles poco visibles allí contenidas; y también incidir sobre los actos legislativos que el gobierno nacional pretende aprobar vía “Fast Track”, aprovechando el cuarto de hora que tiene para aprobar leyes rurales y de otros temas que no se ha podido imponer por mecanismos convencionales.

Finalmente es importante que las organizaciones sociales y rurales, independiente a la implementación de los Acuerdos de Paz, mantengan su propia agenda de reivindicaciones y de movilización social, sobre las políticas públicas ambientales y rurales y para la construcción de propuestas de economía propia, basada en la defensa y protección de los territorios, la biodiversidad, la soberanía y la autonomía alimentaria de los pueblos.