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Una familia afrocolombiana en el Chocó no entiende por qué una libra de arroz ha subido casi a niveles inalcanzables su precio en los últimos meses. Una familia de estrato uno en Ciudad Bolívar en Bogotá se pregunta por qué el pan duplicó su precio en un abrir y cerrar de ojos; de cualquier modo, debe sacarlo de su dieta básica. Tampoco una familia campesina de la zona andina comprende por qué el maíz para sus arepas y la panela se han convertido en artículos de lujo. Todos los días cientos de familias marginadas entran a engrosar el ejército de millones de personas que en Colombia tienen hambre.
Casi todos en el país –exceptuando a los pocos ricos- sienten los efectos de la crisis alimentaria. Es sólo ir al mercado y ver cómo la cantidad de alimentos que se pueden comprar cada mes se reduce significativamente. Aún así, insólitamente y contra toda evidencia, el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, insiste que Colombia está “blindada” frente a la crisis, porque supone que mientras las estanterías de los supermercados estén llenas de alimentos importados no habrá problemas de acceso a los alimentos básicos para la población.
Desde inicios de la década del 90 la producción agrícola del país de cultivos transitorios ha disminuido significativamente, tanto el área de producción agroindustrial, como el área campesina; es así como en 1990, se sembró 2.400.000 hectáreas, pero en 2007 solo se sembró 1.620.000 hectáreas. En muchas regiones las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas han perdido gran parte de sus sistemas productivos y su base alimentaria tradicional. Esto último resulta aún más grave si se tiene en cuenta que la mayoría de la producción nacional de alimentos consumidos en el país es suministrada por los pequeños agricultores locales; contrario a lo que muchos piensan y a lo que predica la propaganda oficial, la agricultura agroindustrial es marginal en la oferta interna de alimentos. Lo peor de la crisis está por venir: mediante nuevos marcos jurídicos (Estatuto Rural, Documentos Conpes de políticas sobre agrocombustibles e incentivos forestales, entre otros) y tratados de libre comercio, que abren las puertas a la importación masiva de alimentos y a la producción exclusiva para exportación y agrocombustibles; el resultado es evidente: menos alimentos, comida más cara y menos empleo en el campo. En suma, el gobierno hace todo lo posible para aniquilar la economía campesina y la soberanía alimentaria nacional, en medio de la crisis mundial de alimentos.
Hoy se producen tres veces más alimentos para el doble de la población mundial que había en los años sesenta, pero la cifra de hambrientos se ha disparado a cerca de mil millones de personas. En eso consiste la crisis: se producen mercancías, no alimentos; y su destino es el mismo: sobreproducción de excedentes y grandes stocks en los países ricos con agriculturas subsidiadas, que se utilizan como armas arrojadizas contra las agriculturas de nuestros países en forma de bajos precios, “ayuda alimentaria” y presiones descaradas para la destrucción de los cultivos propios.
Ya se han identificado las numerosas causas y factores determinantes de la crisis alimentaria. El actual modelo económico mundial, basado en la globalización financiera neoliberal y el libre comercio --en el cual priman el enriquecimiento y la protección estatal de las economías del Norte en detrimento de las subordinadas y desprotegidas economías del Sur--, produce y reproduce enormes perjuicios para el medio ambiente, conspira contra la distribución equitativa de la riqueza en las economías nacionales y entre los países, desnacionaliza el acceso y control de los medios productivos y de los alimentos, perpetúa una inocua especialización productiva Norte – Sur; es evidente la relación causal y estructural entre el modelo económico y los fuertes impactos negativos en las poblaciones rurales y urbanas marginadas, en las economías locales y en la soberanía alimentaria nacional y local. Impactos que se profundizan en la coyuntura del mercado de los alimentos en el mundo, controlado por unas pocas transnacionales; éstas fabricaron los últimos años mediante juegos especulativos una crisis artificial que generó enormes aumentos de los precios de los alimentos, el colapso de las economías rurales nacionales y la inseguridad alimentaria de la mayor parte de la humanidad.
El presente número de la revista Semillas aborda el tema de la crisis alimentaria en el contexto global y nacional. Los diferentes artículos muestran las causas principales y los elementos centrales de la crisis, y visibilizan las iniciativas, las acciones y articulaciones emprendidas desde la sociedad civil para enfrentar la crisis alimentaria y los modelos económicos que la generan. Varios análisis dan perspectiva al contexto que hemos anotado: las causas de la crisis alimentaria, el problema sobre la ayuda alimentaria en el mundo, la situación nutricional y del hambre en Colombia, el impacto del maíz transgénico en Colombia. Adicionalmente reseñamos la reciente sentencia de la Corte Constitucional que declara inexequible el Estatuto Rural, porque no se realizó la consulta previa con los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, lo que permite detener una de las mas regresivas leyes rurales en la historia del país. Por último es obligado incluir en un ejercicio como éste, la lectura de varias iniciativas y experiencias locales en Colombia que resisten a las políticas que afectan la soberanía alimentaria; experiencias que construyen alternativas productivas viables y sustentables, donde se decide libremente qué producir y qué consumir. Alternativas que nos demuestran que otro modelo económico, otro mundo es posible. Un mundo en donde prevalece la soberanía nacional y la autonomía de los pueblos.
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