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Contexto

Editorial

Colombiaha enfrentado en los últimos años una de las transformaciones, en la tenencia de la tierra y en los modelos de desarrollo, más violentas de su historia. Las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, en especial, son quienes han experimentado de manera más directa la profunda crisis del sector agropecuario.

La situación de alta inequidad que vive el país -y que lo sitúa como uno de los más desiguales del planeta- ha permitido que la pobreza cubra el 64.3% de la población rural, mientras un tercio de los hombres, mujeres y niños del campo viven enla miseria.Entre1997 y 2010 más de 3,6 millones de personasfueron despojadas de sus tierras, lo que supuso el arrebatode más de 350.000 predios, que corresponden a 8,5 millones de hectáreas. Como si esto no bastara, los fenómenos de reconcentración ymicrominifundización de la tierra se incrementaron. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en 2009el 78,3 por ciento de los propietarios de1 a5 hectáreasocupaban menos del 6por ciento del área registrada, mientras que el 55 por ciento pertenecía al 0,15 por ciento de los propietarios de predios superiores a1.000 hectáreas.

Las comunidades rurales se encuentran cada vez más arrinconadas en las áreas de menor potencial agropecuario. Sus tierras y territorios de origen son apetecidas por los inversionistas -nacionales y extranjeros- debido a su valor estratégico para la explotación minero-energética y el establecimiento de plantaciones de monocultivos industriales, a través de un modelo basado principalmente en una economía de extracción de recursos naturales; una economía que genera pocos empleos, al tiempo que produce daños a menudo irreparables al ambiente.Este modelo, cuya aplicación se ha acentuado en Colombia en los últimos años, ha significado asimismo un retroceso, no solo en la capacidad que tenían las comunidades rurales para ser las garantes de múltiples servicios ambientales, entre ellos la protección de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, sino también por la pérdida en la producción de alimentos en cantidad y calidad suficientes para cubrir las necesidad de las y los colombianos; el paísha pasado de ser productor agrícola y pecuario, a ser importador neto de su base alimentaria.

Con la nueva ley de víctimas se pretende la reparación de más de cinco millones de personas expulsadas de sus lugares de origen por el conflicto. Pero la verdad es que alcanzar esta meta requiere transformaciones políticas y socioeconómicas estructurales, que no se ven reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014. Dicho plan da prioridad a cinco locomotoras -entre ellas las del agro, la minería y la infraestructura- quedemandan grandes extensiones de tierra para su desarrollo.Por esta razón, los baldíos -titulados o no- ylas zonas de reserva forestal han adquirido especial relevancia, como también las serias modificaciones ala Unidad Agrícola Familiar, UAF, y la flexibilización de condiciones para crear zonas de desarrollo empresarial. De igual modo, se mantiene el sesgo a favor de la gran empresa, las “alianzas productivas”, los agrocombustibles o monocultivos forestales a gran escala, especialmente en regiones como la Orinoquía y el Chocó biogeográfico.

El actual gobierno va a tramitar en el Congreso de la República, en la legislatura del segundo semestre de 2011, el proyecto Ley General de Tierras y Desarrollo Rural. La alerta que genera esta norma se basa en que busca revivir muchas de las políticas que se pretendieron introducir en las leyes forestal, el Estatuto de Desarrollo Rural y el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010, las cuales fueron derogadas y declaradas inexequibles porla Corte Constitucional.

El llamado que se hace desde estas páginas, a través de un conjunto de análisis de connotados investigadores y organizaciones de distintas disciplinas y regiones del país, es entender cómo el actual Plan Nacional de Desarrollo, mantiene los mismos enfoques y decisiones políticas del gobierno inmediatamente anterior, al“realizar cambios, para que nada cambie”, y profundizar así el legado de “modernizar el campo colombiano”, mediante garantías jurídicas para los inversionistas. Desde los distintos sectores rurales, sin embargo, las locomotoras del PND 2010 – 2014 del gobierno de Santos, son vistas más como aplanadoras, que como fuentes reales de progreso, para los hombres y las mujeres del campo colombiano.