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Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Tan sorprendente e indignante puede ser la ilegalidad como la legalidad que se desvirtúa amparando la destrucción de poblaciones y la biodiversidad en el planeta, es el caso de las comunidades afrodescendientes del Cacarica.
Desde hace ya casi nueve años, en la última semana de febrero de 1997, sus cerca de 2500 habitantes, para la época, fueron sometidas a la operación militar “Génesis” dirigida por el General Rito Alejo del Río. En la misma acción armada, que se presentó como dirigida contra la guerrilla de las FARC - EP participaron “civiles” armados de la estrategia paramilitar. Asesinatos con descuartizamiento, quema de caseríos, saqueos, amenazas de muerte y el desplazamiento de la mayoría de la población, fueron sus resultados inmediatos.
Desplazados en Turbo, Bocas del Atrato y otros buscando refugio en Panamá, durante cerca de cuatro años, exigieron su derecho a la titulación colectiva de los territorios, asentamientos, protección, desarrollo comunitario, justicia y reparación moral para el retorno con dignidad a sus territorios.
Pocos meses después del desplazamiento forzado, grandes empresas como Maderas del Darién se acercaron a los lugares de desplazamiento ofreciendo su apoyo para la tramitación del titulo colectivo y solicitaron las firmas de los representantes de las comunidades para la explotación de los recursos forestales.
Durante los cuatro años de desplazamiento y los cinco de retorno no se han presentado combates entre la guerrilla y el aparato militar del Estado, lo que a todos es claro es que desde 1998 se intensificó la extracción irracional, ilegal y mecanizada de madera por parte de la empresa Maderas del Darién, filial de Pizano S.A., que cuenta con certificado FSC2. La extracción se desarrolló justo en los caseríos de la Balsa y San José de Balsa donde se constató la presencia de una base paramilitar, dentro del territorio colectivo, y hoy, uno de los lugares que se proyecta como espacio de desmovilización paramilitar.
La explotación de madera se adelantó desde 1998 a pesar de no existir el reconocimiento por parte del Estado de la titularidad colectiva de las tierras, creando empresas intermediarias como “Dios Proveer”, en las que se contaba con supuestos avales de líderes de las comunidades que eran mostrados como empresarios pujantes.
Desde 1999 las comunidades desplazadas denunciaron nacional e internacionalmente los hechos, lo que llevó a que organismos de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, se interesarán por ahondar en la problemática. Se realizaron, entonces, tres verificaciones en las que se logró acopiar material probatorio, constatar el desastre ambiental generado por la explotación mecanizada, los mecanismos establecidos para legalizar la extracción ilegal, y la coincidencia de la operación empresarial con la pública presencia paramilitar.
En el 2001, la Procuraduría General de la Nación, inició proceso disciplinario contra la junta directiva de Codechocó, autoridad ambiental del orden regional, por su complicidad con la actuación ilegal de la empresa Maderas del Darién S.A.- Pizano S.A., mediante el otorgamiento de permisos de extracción, la legalización de la madera a través de mecanismos irregulares, la contribución al enriquecimiento de terceros; lo que llevó al organismo de control en agosto de 2003, a sancionar la junta directiva. Los resultados de la investigación penal siguieron el curso natural de la impunidad, legitimando la ilegalidad de las operaciones empresariales, la destrucción ambiental y la protección armada irregular.
Las familias ya retornadas al Cacarica, en 2001, interpusieron una primera acción de Tutela (recurso de amparo) que falló a su favor, en la que el Juez requiere a Codechocó realizar las actuaciones necesarias para hacer cumplir un acto administrativo en el que se ordenó la suspensión de la explotación maderera. A pesar de la protección a los derechos territoriales y ambientales la explotación en el territorio colectivo por parte de la compañía maderera se sostuvo.
Un año después, en el 2002, la Defensoría del Pueblo adelantó Audiencia Pública en la que dio a conocer el documento “Explotación de Madera y Derechos Humanos Bajo Atrato - Chocó Amicus Curiae” evidenciando que la explotación de que se venía adelantando en el Bajo Atrato por parte de la empresa Maderas del Darién-Pizano S.A., “desconoce las normas constitucionales y legales y los compromisos asumidos por el Estado Colombiano en lo referente a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y la diversidad étnica y cultural del País”.
A través de una nueva acción de Tutela que falló la Corte Constitucional, en el mes de octubre de 2003, se obligó a la empresa Maderas del Darién S.A.-Pizano S.A. suspender las actividades de extracción de madera en el territorio del Cacarica, hasta tanto se reglamentara, mediante la consulta a las comunidades, los procedimientos de aprovechamiento de recursos naturales.
No obstante el fallo favorable a los derechos de las comunidades, los incalculables daños ambientales, sociales, morales y culturales a las comunidades, continuaron sin ser reparados. La empresa por el contrario pretendió avanzar en la extracción, buscando desarrollar nuevos mecanismos de legalización como solicitudes de permisos de aprovechamiento de madera, usando intermediarios. Ante la ausencia de reparación por los daños causados, la permanente amenaza de nuevos daños al ecosistema y la negación de los derechos a los pueblos afrodescendientes, por parte de la empresa Maderas del Darién S.A. - Pizano S.A., las comunidades han interpuesto recientemente una Acción Popular contra el Ministerio Del Medio Ambiente, Codechocó y la empresa Maderas del Darién S.A. - Pizano S.A., y han acudido a la certificadora Smartwood a fin de que se levante el sello que la acredita como una entidad que participa en la comercialización de productos forestales respetando los 10 principios del FSC.
Con el recurso jurídico interno se pretende invocar la protección de derechos colectivos, como al medio ambiente, la reparación y resarcimiento del daño causado. Y a través del trámite ante Smartwood se pretende levantar el sello Fores Stewardship Concil SW-FM/COC-137 que la empresa Pizano S.A. exhibe públicamente desde febrero de 2001 ante la comunidad nacional e internacional a través del cual la certificadora Smartwood indica que esta cumple con las normas para la Certificación Forestal Voluntaria de Plantaciones Forestales y Bosques Naturales que tiene como objetivo promover, en los bosques de todo el mundo, “una gestión forestal económicamente viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable”.
Dado el desconocimiento de la situación de las comunidades del Bajo Atrato, de las distorsiones de la realidad por parte de sectores de poder y del mismo Estado Colombiano, la Compañía Pizano S.A. ha logrado posicionar sus productos en los mercados de Estados Unidos, Europa Occidental y la India, contando con el respaldo de organizaciones internacionales independientes que desconocen la critica situación de los afrodescendientes.
La vinculación de las empresas maderas del Darién y Pizano S.A.3 la obliga a “demostrar coherencia con los principios y criterios del FCS sobre buen manejo forestal en todas sus unidades de manejo, sin importar cuál de ellas esté en proceso de evaluación para certificación”. Este indicador es válido para Maderas del Darién, conforme a lo establecido en el principio 1, criterio 1.6 indicador 1.6.2, nota 5 de los Principios, Criterios e Indicadores para la Certificación Forestal Voluntaria de Plantaciones Forestales en Colombia bajo el esquema del FSC.
Por esta razón, en el mes de febrero de 2005 organizaciones nacionales e internacionales4 presentaron queja formal ante el programa de certificación Smartwood en el que solicitan a la certificadora:
“Se revoque la Certificación SW-FM/COC-137 otorgada por el Programa Smartwood de la Rainforest Alliance a las operaciones forestales realizadas por la compañía Pizano S.A., sin perjuicio de las demás acciones legales e internacionales que el programa Smartwood y la Rainforest Alliance estimen pertinentes en el presente caso. Se declare y publique que la compañía Pizano S.A. ha realizado operaciones de manejo forestal ilegales, extractivas, indiscriminadas y no sostenibles sobre territorios de propiedad colectiva de una minoría étnica en la Cuenca del Río Cacarica, Chocó, Colombia. Se declare y publique que la compañía Pizano S.A. ha generado la destrucción sistemática y a gran escala de especies forestales frágiles, protegidas y en peligro de extinción, tales como el cativo (Prioria copaifera) sobre dichos territorios. Se declare y publique que la Compañía Pizano S.A. ha generado graves impactos sobre la biodiversidad y el entorno vital de las minorías étnicas dependientes de las especies forestales explotadas”.
En seguimiento a esta queja, la certificadora Smartwood, bajo la observación de Greenpeace de España, adelantó visita a Bogotá del 5 al 12 de septiembre de 2005, en la que, por primera vez, las comunidades de autodeterminación, Vida Dignidad del Cacarica Cavida, y organizaciones nacionales de derechos humanos, ambientales, sindicales, expertos juristas y ambientalistas, presentaron sus análisis y documentaron la extracción de madera en el Bajo Atrato por parte de la empresa Maderas del Darién filial de Pizano S.A.
Aunque no se conocen los argumentos de las empresas, seguramente, como ha ocurrido en otras partes del mundo, los mismos estarán asociados a desvirtuar las pruebas con falsos señalamientos y acusaciones contra los denunciantes asociándolos a la guerrilla o mostrando la legalidad de la ilegalidad. Hace dos años las consecuencias de haber defendido el territorio biodiverso del Cacarica, fueron la militarización del entorno de las Zonas Humanitarias donde habitan, la persecución judicial a las comunidades y a la organización acompañante con dos falsos procesos judiciales, que fueron cerrados a favor de los acusados. De acuerdo con las expresiones de los que participaron en el ardid judicial, el mismo se llevo acabo con el apoyo de una abogada paga por la empresa maderera, que las hizo públicas en una rueda de prensa presidida por el General Jorge Enrique Mora Rangel, con cargo diplomático en el exterior.
Han pasado nueve años y la situación de paramilitarización del Bajo Atrato no se ha modificado, las recomendaciones de organismos intergubernamentales han sido desconocidas, y la deforestación en la región continúa con graves destrozos ambientales y la nueva esclavitud de los pobladores sometidos al silencio, a la aceptación de un bajo salario y a la perdida de sus tierras.
[1] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. C.e: justiciaypaz@andinet.com
[2] Este certificado es algo así como un premio que la de la Fores Stewardship Concil otorga a las empresas
que voluntariamente se comprometen a cumplir con las Normas para la Certificación Forestal Voluntaria de
Plantaciones Forestales y Bosques Naturales que tiene como objetivo promover, en los bosques de todo el mundo,
“una gestión forestal económicamente viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente responsable”.
La certificación a Pizano S.A, que cubre la actividades forestales de esta empresa en el bajo Atrato Chocoano,
se concede por una área de plantación de 20.056 ha, propiedad de la empresa Monterrey Forestal también
filial de Pizano S.A, localizada en Zambrano (Bolívar) y el Difícil de Ariguaní (Magdalena) y es auditada cada
año a través de la certificadora Smartwood.
[3] En relación con el vínculo existente con la empresa Maderas del Darién S.A y Pizano S.A, en el resumen público de la
certificación que hace Smartwood, Pizano S.A manifiesta a la certificadora que compra madera en
trozas a Madera del Darién que opera en la Cuenca del Río Atrato.
[4] Entre los demandante se encuentran Greenpeace - España; la Coordinación Española de organizaciones de defensa
ambiental – Ecologistas en acción, Comisión Española de Ayuda Al Refugiado, Cear; la Coordinación de organizaciones
de defensa ambiental – Ecologistas en acción, Aragon, España, la Asociación de Cooperación Las Segovias, España,
Paz con dignidad, España, Colombian Solidarity Campaing, Reino Unido, Comunidades de autodeterminación,
Vida, Dignidad del Cacarica Cavida, Colombia y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Colombia.
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