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Experiencias Locales

Documento de las organizaciones participantes de la mesa redonda de palma sostenible. Taller de discusión sobre principios y criterios; Cali, Colombia.Septiembre 18 y 19 de 2007

Las organizaciones étnicoterritoriales del Pacífico, participantes en el “taller de discusión sobre principios y criterios de la mesa redonda de Palma sostenible” convocados por WWF en la ciudad de Cali, teniendo en cuenta el objetivo del taller y conocidos los principios y criterios de la mesa redonda de la palma aceitera, después del análisis realizado hemos decidido dar a conocer a los integrantes de la mesa, al resto de organizaciones sociales y étnicoterritoriales del país, al gobierno nacional y a la opinión pública en general, nuestra posición sobre el tema en cuestión:

Nosotros, los delegados de las organizaciones afroecuatorianas, afrocolombianas e indígenas, abajo firmantes, haciendo uso de los derechos ancestrales y aquellos consagrados en el convenio 169 de la OIT, ratificado por las Constituciones Políticas de Ecuador y Colombia y las siguientes leyes colombianas: ley 70 de 1993 y la ley 89 de 1890; y las leyes ecuatorianas: ley de derechos colectivos y El plan nacional de derechos humanos; acordamos dejar constancia que asumimos este taller como espacio informativo y por tal no se avalan los principios y criterios propuestos por la mesa redonda, como un indicador de sostenibilidad del proyecto palmicultor y consideramos que no puede ser utilizado ahora o en el futuro para certificar la sostenibilidad de la palma aceitera en los territorios de comunidades negras, indígenas y campesinas del Pacífico colombiano y ecuatoriano.

 

Sustentamos lo anterior en los siguientes hechos, datos y elementos de análisis:

Los antecedentes del proyecto de palma en el Pacífico colombiano y ecuatoriano se remontan a la misma época: década de los ochenta (cantón Quinindé y municipio de Tumaco). Desde ese entonces esta iniciativa está deteriorando la cultura, el medio ambiente, el tejido social y los derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitamos en la región Pacífica.

En la década siguiente, año de 1997, las comunidades del Bajo Atrato, Chocó, Colombia, somos víctimas del mayor desplazamiento forzado en Colombia, en la actual violencia política. Tras la ofensiva militar y paramilitar desplegada desde el Urabá (Antioquia) con la operación Génesis, más de tres mil familias (cerca de 15.000 personas) afrodescendientes, indígenas y mestizas fueron obligadas a salir de sus territorios. Un año después (1998) muchas familias retornan pero no pueden vivir en las comunidades de origen, sino en asentamientos temporales, debido a la presencia de grupos armados (legales e ilegales). Durante la ausencia de las comunidades en condición de desplazamiento forzado, los paramilitares y algunos empresarios que llegan a la zona empiezan a usurpar los territorios de las comunidades del Curbaradó y Jiguamiandó, para la siembra de palma (ocurren asesinatos de miembros de las comunidades y amenazas para la compra ilegal de tierras). De esta forma se violan los espacios sagrados como los cementerios, las escuelas, puestos de salud, viviendas etc. Posteriormente, las familias en condición de desplazamiento, consideraron retornar a sus territorios, por la situación infrahumana en la que se encontraban en los sitios de recepción (Pavarandó, Turbo, Riosucio, Quibdó, Medellín, costa Pacífica y Panamá) y por su preocupación frente a la invasión de sus territorios, para lo cual adoptaron como estrategia de resistencia, el declararse en Comunidades de Paz (San Francisco de Asís y Natividad de Maria). A pesar de ello, sus territorios continuaron controlados por los grupos armados y por empresarios que continuaban las siembras de palma.

Es de destacar que la ley 70 de 1993 reconoció a las comunidades afrocolombianas en el Pacífico y la propiedad colectiva sobre los territorios que poblaban ancestralmente. De acuerdo con esta ley, los territorios colectivos son inalienables, inembargables e imprescriptibles y se reconoce en la propiedad colectiva un carácter inherente a la identidad étnica y cultural de nuestros pueblos. Pero debido a que consideraciones tales como la multiculturalidad, la plurietnicidad y la función ecológica y social de los territorios de comunidades negras e indígenas no hace parte de la agenda presidencial, ni de los palmicultores, no ha habido problema en hacer de los bosques más biodiversos del mundo, monocultivos aptos para la inclusión del campo en los planes del capital trasnacional.

Las últimas orientaciones presidenciales sobre la implementación del megaproyecto, monocultivo de palma aceitera, ha puesto sus ojos en Guapi como punto de ruptura en la zona. En este territorio se proyecta la siembra de palma aceitera mediante acuerdo de voluntades (sector productivo vs. comunidades) comprometiendo 15.000 hectáreas en el Consejo Comunitario de Guapi Abajo, violando con ello los derechos territoriales de las comunidades negras constituidas en Consejos Comunitarios.

En el Ecuador pasaron varias décadas para que el cultivo de palma aceitera tomara auge en la década de los 90 con la apertura de vías de comunicación que conectan la costa con el resto del país, se introduce un plan bien organizado desde el Estado con las grandes empresas madereras y palmicultores, para la expansión de la frontera agrícola en territorios colectivos y con alta biodiversidad, afectando su posesión ancestral.

De acuerdo a datos de ANCUPA –MAG– 2005, la evolución del cultivo de palma es la siguiente en el Ecuador:

Años	Hectáreas Sembradas
1952	1300
1981 – 1989	26,759.62
1990 – 2000	126,863.77
2001 – 2006	86,863,77
Total	207.285,31

La acelerada expansión del cultivo de palma africana se da principalmente en los territorios del Pacífico, en zonas ancestrales afroecuatorianas e indígenas (en la provincia de Esmeraldas 79.719 hectáreas con 1996 productores).

Ya en el 2001, empiezan los efectos negativos en la salud de las comunidades que se encuentran alrededor de los cultivos de palma africana, cada vez más la población se enferma y los recursos marinos que son parte de la dieta alimenticia de las comunidades se menguan y deterioran. (Se plantea un amparo constitucional contra el Ministerio de Ambiente del Ecuador-MAE, por parte del Cordavi y la defensoría del pueblo, pero no hay pronunciamiento por parte de la cartera de Estado).

En el 2002, se produce el atentando más grave en contra de los territorios colectivos y los recursos naturales, se firma el decreto ejecutivo N° 2961 por el presidente Gustavo Noboa, en donde expande la frontera agrícola en zonas de patrimonio forestal del Estado, territorios afroecuatorianos y parte de territorio indígena Awa, legalizando las tierras a las empresas palmicultoras.

En el 2003 se realiza la Cumbre ecológica en San Lorenzo, Ecuador, con el objeto de lograr acuerdos entre ministerios, comunidades y empresa privada para regular y formular principios de convivencia entre los sectores. Las empresas palmicultoras no atendieron a la invitación. En el 2004 se reporta la contaminación de las fuentes de agua de la comunidad de la Chiquita (afrodescendientes) y Guadualito (Etnia Awa) por parte de la empresa palmeras de los Andes. Esto generó demanda ante el Ministerio de Medio Ambiente que hasta la fecha no ha recibido atención pertinente. Debido a esto la demanda se llevo ante la Corte Constitucional donde se dictaminó la sentencia que favorece a estas comunidades, sin embargo hasta la fecha el ministerio no hace efectiva la aplicación de los correctivos eximidos en la resolución de la demanda.

En la actualidad, la empresa Cetrafor ha comprado 18.000 hectáreas en el territorio ancestral de la comuna afroecuatoriana Río Santiago Cayapas para el establecimiento de palma. Con el objeto de revocar la acción de venta y restituir el título de propiedad colectivo a la comuna, el nuevo cabildo está estudiando este caso.

Con base en estos antecedentes, las organizaciones etnicoterritoriales del Pacífico colombiano y ecuatoriano rechazamos la implementación de los proyectos de palma aceitera en nuestros territorios colectivos. Además de la forma en que estos se nos han tratado de imponer, con las masacres, amenazas, desplazamiento de las comunidades, soborno a algunos líderes, presiones del gobierno central y decretos legales, se generarían graves impactos ambientales, sociales, económicos y culturales, entre los cuales tenemos:

•    Los territorios colectivos de las comunidades Indígenas y afrodescendientes del Pacifico hacen parte de un complejo de ecosistemas estratégicos para la humanidad y hacen parte de nuestro patrimonio natural, el cual hemos conservado a través de las prácticas tradicionales, amigables con el medio ambiente. El monocultivo de palma amenaza estos ecosistemas, generando impactos ambientales (deforestación, pérdida de biodiversidad, deterioro de suelos, agotamientos de recursos hídricos, entre otros).

•    Transformación cultural: cambio de las prácticas tradicionales de producción (agricultura, pesca, minería, aprovechamiento forestal, artesanías) por un modelo empresarial de monocultivo que reduciría nuestras vidas a una actividad única, monótona y excluyente de nuestra diversidad cultural.

•    Falta de claridad e identificación de los actores de palma: Fedepalma se reconoce como el gremio que agrupa a los palmacultores, pero a la vez encontramos un conjunto de empresas, que supuestamente no están asociadas en el gremio, pero cuentan con el apoyo estatal a través de créditos de Finagro y reconocimiento del gobierno como los promotores de nuevos cultivos para el mercado de agrocombustibles, que son impuestos con violencia en territorios colectivos de comunidades negras (Bajo Atrato y Tumaco).

•    Los altos riesgos económicos del proyecto de palma: la dependencia de los precios del aceite para agrocombustible con respecto a las fluctuaciones del precio internacional del petróleo no garantiza la viabilidad económica promocionada por empresarios y gobierno.

•    No existen estudios serios de factibilidad que nos garanticen que estos proyectos son exitosos ambiental, cultural, social y económicamente.

•    Ante las denuncias de las comunidades del Bajo Atrato, Chocó, los palmeros tratan de mostrar una nueva cara y nos llaman a concertar, proponiendo que los territorios colectivos que fueron usurpados y sembrados de palma se devolverán a las comunidades, pero condicionando su entrega a continuar con el proyecto a través de sociedades entre las empresas y comunidades. Eso sin hacer un reconocimiento de los hechos de violencia que permitieron apropiarse de los territorios y las siembras ilegales.

•     Los empresarios de palma del Bajo Atrato, ante las denuncias que se han realizado por sus acciones en la Corte Interaméricana de Derechos Humanos y en diversas instancias nacionales e internacionales; ante los pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, han optado por una nueva modalidad de apropiación de los territorios colectivos: los contratos de usufructo, los cuales les darían derechos de uso de los territorios por períodos de 20 años, dejando al final de estos, tierras estériles y solo aptas para actividades agroindustriales con alta inversión tecnológica y de capital.

•  Otra estrategia que el gobierno colombiano trata de imponer, es la de las alianzas estratégicas entre comunidades negras y empresarios. Ante el rechazo de las comunidades negras de Tumaco, el propio Presidente Álvaro Uribe dio la orden de que los Consejos Comunitarios se sentaran a negociar con los empresarios y no se pararan de la mesa hasta llegar a acuerdos. Rechazamos las presiones del mandatario porque las comunidades acepten el proyecto de palma y las condiciones de los empresarios.

•    En el caso ecuatoriano, denunciamos los intereses e inversiones personales en proyectos de palma, de altos funcionarios públicos encargados de definir políticas de fomento a la actividad palmera.

•    La vocación de los suelos del Pacífico ha sido, es y será fundamentalmente forestal, por lo cual el proyecto de palma, como ecosistema artificial es un cultivo y no un ecosistema natural como se ha tratado de argumentar en diversos espacios por tecnócratas al servicio de los intereses económicos neoliberales.

Por lo anterior, las organizaciones en consenso, demandamos el reconocimiento a nuestras decisiones de implementar proyectos productivos acordes a nuestra tradición y cultura, los cuales hemos formulado en diversos planes, conocidos como:

•    Planes de etnodesarrollo para el caso de las comunidades afrodescendientes.
•    Planes de vida para los pueblos indígenas.

En las cuencas del Jiguamiandó y Curbaradó, exigimos que empresarios, paramilitares y gobierno, reconozcan las violaciones causadas a las comunidades, que se indemnice por los daños materiales, morales y físicos provocados y, que se haga la devolución de los territorios implementando planes de recuperación de los ecosistemas naturales (bosques, ciénagas, lechos de ríos, fauna y flora).

Demandamos el respeto a nuestra autonomía y derechos ancestrales al territorio, a las prácticas tradicionales de producción, a la cultura y expresiones de diversidad. Derecho a nacer, vivir y morir en nuestros territorios sin imponernos modelos de desarrollo económico ajenos a la cultura y a las condiciones ambientales del Pacífico.

Para constancia se firma en la ciudad de Cali, a los 19 días del mes de septiembre de 2007:

Asociación de Consejo Comunitarios del Bajo Atrato -ASCOBA-
Cabildo Mayor Indígena de Carmen del Darién -CAMICAD-
Cabildo Mayor Indígena de la zona del Bajo Atrato -CAMIZBA-
Organización Indígena de Antioquia -OIA-
Confederación Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeralda -CANE-
Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca Región Pacífica -ACIVA-R.P-
Federación artesanal afroecuatoriana recolectora de productos bioacuaticos del manglar -FEDALPOM-S.L-
Unidad Indígena del pueblo Aawa -AWAUNIPA-
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato -COCOMACIA-
Proceso de Comunidades Negras -PCN-
Aso Amnos Negras.
Asociación de Autoridades Indígenas Wounan del Pacífico -CAMAWA-
Colectivo Territorial Afrochocó.