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En medio de los llanos secos de Natagaima, Coyaima y Purificación en el Sur del Tolima se desarrolla uno de los proyectos de riego más grandes que se ha desarrollado en los últimos años en Colombia: El distrito de riego a gran escala Triángulo del Tolima. La obra, sin concluirse aún, está exhibiendo serios conflictos que tienen que ver con los sistemas productivos, con el uso del suelo y del agua, la agrobiodiversidad local amenazada por transgénicos y monocultivos, con los derechos de las comunidades indígenas y campesinas y con la crisis climática que no solo tiene que ver con el cambio climático sino con la desertificación entendida como proceso antrópico. A esto se suma la decidida intención del gobierno colombiano de privatizar el distrito, según lo plantea el proyecto de ley 05 de 2017, que define abiertamente un modelo de negocio con la adecuación de tierras dirigido a favorecer las Asociaciones Público Privadas - APP, de conformidad con la Ley 1508 de 2012.
El distrito de riego Triángulo del Tolima se proyectó ante el país, ante el pueblo pijao y los campesinos como una estrategia de compensación social, ambiental y económica para contrarrestar las dificiles condiciones de calidad de vida de las comunidades locales. Este propósito mantiene las esperanzas de las comunidades que sueñan con dinamizar sus sistemas de producción y en consecuencia mejorar sus condiciones de calidad de vida. El agua, como recurso vital es determinante para permanecer o abandonar el territorio en breve tiempo y este distrito de riego se trazó como oportunidad para mejorar las condiciones ambientales y sociales de sus habitantes.
Así mismo, y en consecuencia con esa mirada desde las comunidades, entre el 2006 y 2008 el instituto de tierras de ese momento - Incoder, formuló y aprobó un plan agropecuario[1] basado en doce arreglos productivos orientados a la promoción de sistemas productivos sustentables, buscando fortalecer la reconversión ecosistémica, social y económica de esta deprimida zona. Se propusieron cultivos asociados, diversificados y de largo plazo en la producción, para reducir los fuertes riesgos por erosión y degradación del suelo, optimizar la gestión del agua para elevar la resiliencia de los agroecosistemas y asegurar la permanencia de las comunidades en el territorio que ocupa el distrito. De acuerdo a esta propuesta, la competitividad de la agricultura no la determina la monoespecialización productiva, sino por el contrario tener sistemas de producción cercanos a los sistemas de producción adaptativos de las comunidades indígenas, que sería la mejor estrategia para mejorar la función y estructura de los agroecosistemas que surgirían en el distrito.
El distrito se encuentra actualmente construido en la primera de sus tres fases, en la que se destacan el embalse Zanja Honda alimentado por el río Saldaña y por la operación (no regular) de los cuatro canales principales. Este distrito se encuentra actualmente operado por una empresa que se encarga de darle mantenimiento a las bombas, al exclusor de sedimentos y al mantenimiento de los canales principales. A su vez, la administración del distrito es realizado a través de Utritol (Asociación de usuarios del distrito de riego a gran escala Triángulo del Tolima), una junta integrada por delegados de los beneficiarios locales que no tiene los recursos, la infraestructura y la capacidad administrativa y legal para otorgar permisos para el uso del agua. Pero en contraste, si recibe presión desde el gobierno nacional para hacer gestión en torno al distrito.
El distrito tiene una compleja situación puesto que no se han terminado las obras y establecido reglas claras para su manejo de acuerdo a la ley 41 de 1993 en donde debe dotar adecuadamente a la Asociación de Usuarios para un óptimo manejo, pero está siendo usado inapropiadamente por oleada de gremios e intereses externos que contravienen el uso recomendable del distrito de acuerdo al Plan Agropecuario. En concreto, se ha establecido cerca de 4.000 hectáreas de arroz con riego corrido, lo que ha generado un fuerte impacto acumulativo sobre el territorio en la medida que propició la destrucción de los remanentes de cobertura forestal, aumentó la pérdida de suelos, la contaminación de aguas y la destrucción de la fauna entomobenéfica y acuática. Esto a su vez, desecandenó una práctica que debilita las comunidades y sus gobiernos propios: El arrendamiento abusivo de las tierras.
De igual manera, el embalse ha tenido innumerables reparos debido a la disposición técnica y a que en el momento del llenado omitieron el descapote de la vegetación presente en el área de inundación, lo cual restringe de manera severa la cantidad de oxigeno diponible en el agua. Aguas arriba de la captación de aguas del río Saldaña también surgen problemas en la medida que se interrumpió el ciclo migratorio de peces y el represamiento de las áreas aguas arriba cuando crece el río.
Pero los problemas mayores son estructurales, en la medida que se puede comprender que existe agua en el territorio pero no existe distrito y menos aún un plan de manejo del mismo. Se presentan cuatro grandes amenazas que impiden el cumplimiento de la funcionalidad de este distrito:
Las respuestas desde el gobierno nacional privilegian un enfoque de agroindustria intensiva con retorno inmediato de inversión extractivista que usufructa un bien común estratégico como es el agua. Esto se traduce en el aplazamiento o abandono de la perspectiva de privilegiar la iniciativa de comunidad, quién en su conjunto es la llamada a determinar el rumbo de esta obra incrustada en el territorio pijao. El gobierno nacional y sus distintas dependencias como la agencia de desarrollo rural (ADR) han direccionado propuestas técnicas que muestran la intención de que el distrito, para sus últimas fases de construcción de los canales secundarios y terciarios, orientadas a que se finalice bajo alianzas público privadas, lo cual facilitará el despojo a las comunidades indígenas del agua y de las tierras, al privilegiar actores externos para el control del mismo y de su tipo de producción.
Como se mencionó al inicio, la iniciativa gubernamental de impulsar la privatización de éste y otros distritos de riego, están enmarcada en las iniciativas legislativas a través del Fast Track o implementación de los acuerdos de paz por vía rápida. Aunque el acuerdo de paz no habló de generar esta estrategia, se fue tornando esa iniciativa tal como quedó en el proyecto de ley 05 de 2017[2] por el cual se regula el servicio público de adecuación de tierras. De cara al distrito de riego Triángulo del Tolima, no cuenta con el enfoque diferencial para comunidades étnicas reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, lo cual contraría de modo evidente el capítulo étnico en los acuerdos de paz.
El proyecto de ley no dimensiona desde lo ambiental, el enfoque sistémico en cuanto afecta temas tan sensibles como el agua y los suelos; la agrobiodiversidad y los sistemas productivos, las condiciones de las comunidades indígenas. Se limita en gran parte a los trámites, licencias y tasas ambientales.
Se soslaya rápidamente la consideración de la política nacional de cambio climático y planes de gestión del riesgo. Todo ello podría derivar en escenarios de mayores impactos ambientales asociados a los distritos de adecuación de tierras. Debería tenerse en cuenta lo que plantea la dirigencia del distrito de riego Triángulo del Tolima por ejemplo, cuando considera al distrito como parte de un cuerpo: la cuenca.
Este marco legal incentiva el acaparamiento de tierras y de agua, concentra el poder en pocos productores y aumenta los desequilibrios territoriales. Así por ejemplo, en el artículo 18, plantea abiertamente un modelo de negocio con la adecuación de tierras dirigido a favorecer las asociaciones público privadas, de conformidad con la Ley 1508 de 2012. Esto en concreto tiene un mecanismo perverso: el operador concentra los subsidios entregados a nombre de los usuarios.
En diálogo con dirigentes indígenas de Utritol se entiende claramente que el manejo, administración y gestion del distrito debe ser prioritariamente de la asociación de usuarios y no de terceros privados, más aún cuando estos distritos se hacen en territorios étnicos. Las asociaciones de usuarios deben operar de manera diferenciada en los casos en que dentro de los beneficiarios haya comunidades étnicas y haya territorios colectivos involucrados. Así mismo consideran que los proyectos de adecuación de tierras en el marco de los acuerdos de paz deberían priorizar el fortalecimiento de los sistemas productivos sostenibles locales, diversificados, manejados por comunidades indígenas, campesinas, respetando las visiones ancestrales y tradicionales de producción. En consecuencia se debe tener en cuenta el capítulo étnico y el convenio 169 de la OIT.
La toma de decisiones de acuerdo al proyecto de ley es inequitativa. Así, en el Consejo Nacional de Adecuación de Tierras (CONAT) debe haber una representación de organizaciones campesinas e indígenas en igualdad de condiciones. La regulación de la política debe incluir la participación y toma de decisiones de los principales beneficiarios (campesinos e indígenas). Llama la atención que los subsidios propuestos por ley (de hasta 50 %), sólo se otorgan para la retribución de las inversiones. Estos subsidios se deberían otorgar además para que los usuarios hagan productivos y sostenibles sus predios y sistemas productivos. Adicionalmente no se establece un porcentaje fijo de subsidios ni se establecen concretamente los requisitos que debe cumplir un usuario para ser beneficiario de un subsidio.
De manera alternativa se propone que la transferencia del distrito de adecuación de tierras a la asociación de usuarios, debe estar acompañada de asesorías y capacitaciones para que la gestión, administración y manejo del distrito, se haga con éxito y sin inconvenientes. La transferencia de distritos debe hacerse de manera progresiva y participativa de las comunidades beneficiarias, régimen jurídicos de las asociaciones público privadas en la medida en que sus componentes de obras de infraestructuras sean terminadas. Es decir, la ley debe permitir que se abran los caminos para que el manejo administrativo y la operación la haga la asociación de usuarios de forma adecuada y no dar paso a que este escenario valide una nueva tensión no solo contra los bienes comunes, sino también contra la integridad de las comunidades, acelerando el deterioro de la delicada oferta natural de las comunidades del pueblo pijao y las comunidades campesinas.
El documento CONPES 3917[3] recientemente expedido para conocer cuáles son las “áreas de referencia como insumo para la delimitación de las ZIDRES”, da fuerza al modelo de desarrollo agrícola que prioriza la rentabilidad a escala y en corto plazo porque de acuerdo a la ley “habilita la disponibilidad de tierra, en donde los empresarios y trabajadores agrarios, con o sin tierra, puedan generar actividades de producción a gran escala que permitirá maximizar la productividad de la mano de obra y la reducción de los costos de la producción agropecuaria”. Es decir facilita un modelo donde se use el espacio (territorio), la oferta natural (medios de vida de las comunidades) y los incentivos (subsidios estatales para los inversionistas) para producir de manera intensiva y especializada. Y aunque restringe la aplicación en territorios indígenas, seguidamente señala como superar el obstáculo para que efectivamente si se puedan hacer las ZIDRES (Art 29 y parágrafo, ley 1776 de 2016).
El documento en mención, determina cuáles son las zonas para constituir Zidres, a partir de cinco requisitos definidos en la Ley 1776 de 2016: (I) que se encuentren aisladas de los centros urbanos más significativos; (II) que demanden elevados costos de adaptación productiva por sus características agrológicas y climáticas; (III) que tengan baja densidad poblacional; (IV) que presenten altos índices de pobreza; o (V) que carezcan de infraestructura mínima para el transporte y la comercialización de los productos.
Esto coloca parte de la zona del distrito de riego en esta clasificación. Tal situación coloca en alerta lo que pueda pasar en el distrito ya que es vulnerable y puede ser intervenido adicionalmente con este instrumento de ley.
En palabras de un gran gestor ambiental del sur del Tolima- Javier Múnera, el sur del Tolima ha visto pasar todas los ciclos económicos del despojo y curiosamente todos ellos han arrasado las lecciones de la rica cultura adaptativa de los pijaos basada en el aprovechamiento óptimo del agua en los ecosistemas muy secos. El distrito de riego fue una esperanza que se ha ido transformando a un nuevo riesgo. El estado colombiano y las comunidades indígenas y campesinas locales, si pueden sacar adelantes propuestas productivas que no acaben el suelo, las aguas, la biodiversidad, el conocimiento local. La solución de entrar tecnologías intensivas, costosas, de impactos ambientales acumulativos y negativos; solo acelerará una formación de un gran desierto con agua.
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