GRUPO
SEMILLAS

1. Antecedentes

El valle geográfico del Cauca fue una zona de poblamiento indígena intenso antes de la conquista española. La territorialidad indígena exclusiva de alta montaña fue impuesta a los indígenas sólo por el despojo territorial causado por la ocupación violenta de los conquistadores. Desde entonces se establecieron, en las tierras arrebatadas a los indios, trapiches para la producción de azúcar de caña, de manera que los principales beneficiarios de las adjudicaciones de tierras usaron mano de obra esclava, inicialmente indígena, suministrada mediante las llamadas “encomiendas” o cuotas de trabajadores que se imponían a las comunidades y finalmente, en forma masiva, con los esclavos secuestrados en África.

Haciendas, como Japio [1], Mataredonda y Agua Clara (llamada después Manuelita), que bajo los Habsburgo o Austrias fueron entregadas a los jesuitas, luego bajo los Borbones fueron confiscadas y entregadas a ganaderos, comerciantes de esclavos o mineros, que devendrían posteriormente en poderes locales absolutos, gamonales que controlaban la tierra, la economía y la política. Familias como Holguín, Mosquera o Arboleda, controlaban a la vez haciendas en Valle y Cauca y minas esclavistas en Chocó, Cauca y Nariño.

Hacia 1702 [2]  la Corona reconoció los Resguardos indígenas de montaña y el gobierno autónomo de sus “caciques”, como resultado de la resistencia indígena, pero también del despojo de las tierras agropecuarias y de varias minas. El régimen esclavista se mantuvo hasta 1851. Los hacendados-mineros vacilaron entre el apoyo a España o a la Independencia y finalmente se pasaron a las fuerzas patriotas después de 1821, pactando con el nuevo estado que sólo serían libres los hijos de los esclavos, con lo cual lograron burlar la abolición. En 1851 tras ser derrotados en una guerra civil, con la que pretendieron anular la ley de abolición de la esclavitud, procuraron convertir sus haciendas al régimen denominado en el occidente terraje y en la región caribe matrícula [3], un arrendamiento pagado con trabajo servil, que les permitía a la vez obtener caña y trabajo para molerla o para cultivar otros productos.

Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX la República recién constituida puso la mira en los Resguardos y varios gobiernos y leyes propiciaron o facilitaron su disolución. Simultáneamente nuevos hacendados y colonos recortaron las tierras de Resguardo, mediante las vías de hecho y las trampas de notaría. En tal situación surgió en el Cauca el movimiento indígena masivo encabezado por Quintín Lame, cuyo objetivo primero era recuperar las tierras de Resguardo y la autonomía territorial. Aunque Quintín Lame fue desterrado por la persecución de la clase política del Cauca, el movimiento continuó dirigido por José Gonzalo Sánchez y entre 1934 y 1945 obtuvo éxitos legales y la expedición de algunas ordenanzas del Cauca. La violencia entre 1946 y 1958 hizo retroceder la mayoría de los logros, los indios fueron víctimas de masacres en Tierradentro José Gonzalo fue envenenado [4]. En el Cauca se agudizó el terraje y fueron desconocidos de hecho los títulos coloniales de varios Resguardos [5].

Los indígenas del Cauca reactivaron sus luchas en la década del 60, organizados al principio sindicatos agrarios, luego en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y finalmente fundaron el Consejo Regional Indígena del Cauca, que en 1982 participó en la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC.

Las consignas centrales del movimiento indígena contemporáneo son conocidas: Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía. En el nivel territorial este movimiento indígena logró que el Estado pasara de reconocer formalmente 71 Resguardos [6]  en 1964 a reconocer más de 700 Resguardos, mediante resoluciones emitidas por el INCORA o su sucesor, el INCODER. ¿Significa esto que el Estado entregó tales tierras a los indígenas? No. En realidad tituló millones de hectáreas que el Estado consideraba “baldíos”, pero que eran ocupados por diferentes pueblos indígenas y reactivó el reconocimiento de parte de los Resguardos coloniales, que eran desconocidos de hecho o por olvido o pérdida de los títulos. El Incora [7]  e Incoder, la corporación Nasa Kiwe y las entidades territoriales, únicamente han adquirido en toda Colombia, 220 mil hectáreas que eran de propiedad particular. En el caso del Cauca parte de las hectáreas adquiridas hacían parte de los Resguardos Coloniales.

2. El conflicto contemporáneo

En todo el proceso de lucha por la tierra de los indígenas del Cauca, surgió un problema práctico muy importante: la escasez de tierras agropecuarias en los Resguardos reconocidos. Ello llevó, por una parte a las ocupaciones indígenas de áreas planas, del valle geográfico del Cauca, como por ejemplo la Hacienda López Adentro (Caloto y Corinto, Cauca), terreno considerado por los Nasa como parte del Resguardo Colonial de Corinto. Por otra parte la Sociedad de Agricultores y Ganaderos SAG del Valle, expresó formalmente su oposición a la adquisición de tierras para indígenas en el valle geográfico (tierras planas de Caloto, Corinto o Santander de Quilichao, Cauca).

La posición de la SAG se hizo extensiva a la oposición a la constitución de Resguardos en el departamento del Valle del Cauca, lo cual afectó directamente a las comunidades indígenas Nasa de los municipios de Florida, Pradera y Jamundí. Ellos se organizaron desde 1973 en Juntas Comunales, pero desde 1980 conformaron Cabildos Indígenas. Aunque una parte de los indígenas carecía de tierras, decenas de familias indígenas ya poseía o tenían en propiedad privada parcelas agrícolas y las entregaron al Incora para que constituyera los respectivos Resguardos. En 1991 el Incora adquirió las primeras fincas para quienes no tenían tierras, pero los procesos de constitución de los Resguardos, se demoraron hasta que los indígenas ganaron una tutela y en 1995 comenzó el proceso de titulación colectiva, que aun no culmina.

El 25 de enero de 1984, comunidades Nasa de Corinto y Caloto ocuparon la Hacienda López Adentro, que consideran parte del Resguardo colonial de Corinto. La represión de la fuerza pública costó la vida a 5 indígenas, entre ellos una niña de 7 años. Otros 18 quedaron heridos. El 9 de noviembre de 1984 fuerzas de la Policía y el Ejército arrasaron la “Recuperación de López Adentro”, quemaron las viviendas de 150 familias y la maquinaria que tenían, destruyeron 300 hectáreas de sus cultivos.

Al saber la noticia el sacerdote Alvaro Ulcué dijo: “El gobierno siempre se pone de parte de los poderosos defendiendo sus intereses, pero los intereses de los pobres los tiene que defender la propia comunidad organizada”. Entre sus exhortaciones a la comunidad el sacerdote señaló: “invito a los cristianos y a los demás compañeros indígenas para que levantemos nuestra voz de protesta y condenemos estos hechos como contrarios a la Ley de Dios” [8]. El sábado 10 de noviembre de 1984, a la entrada del albergue Santa Inés, en Santander de Quilichao, el sacerdote Alvaro Ulcué Chocué fue asesinado. Millares de indígenas acompañaron su sepelio.

El 14 de agosto de 1996, el Incora, reconstituyó el resguardo de Corinto, incluyendo dentro de él el predio de López Adentro. La figura de Ulcué sigue asociada a la lucha por la organización, la autonomía y el territorio indígena.

3. El Nilo

Cuando los indígenas Nasa ocuparon la Hacienda El Nilo, ubicada en el corregimiento de el Palo, municipio de Caloto (Cauca), el conflicto por las tierras planas había alcanzado su mayor nivel. Un nuevo factor había surgido para impedir una solución institucional a la ocupación de El Nilo: el parágrafo del artículo 21 de la la ley 30 de 1988, el cual según testimonio filmado por el noticiero TV Hoy, fue aprobado mediante fraude en la Cámara de Representantes, que carecía de quórum decisorio. El parágrafo decía que el Incora se abstendría de “iniciar los procedimientos de adquisición directa o de expropiación de un predio rural invadido, ocupado de hecho, o cuya posesión estuviere perturbada por medio de violencia, mientras por alguna de estas causas estuvieren pendientes querellas policivas, o acciones civiles o penales”. Era el caso de El Nilo.

El 16 de diciembre de 1.991, 20 comuneros indígenas, pertenecientes a los diferentes Cabildos de la zona norte del Departamento del Cauca, fueron brutalmente asesinados en El Nilo, por sicarios a sueldo y miembros de la policía nacional, pagados por narcotraficantes de la región. El 23 de diciembre de mismo año, el gobierno colombiano se comprometió a adquirir 15.663 hectáreas para las Comunidades Indígenas de Huellas, Concepción, Las Delicias, Canoas, Corinto, La Cilia, Munchique, Los Tigres, Guadualito y Jambalo, con el objeto de solucionar los problemas y necesidades de tierras de las comunidades indígenas de esa región del departamento del departamento del Cauca. En este momento se acordó que estos predios serian adquiridos entre los años 1992 y 1994.

El 29 de mayo de 1992, en Santander de Quilichao en el departamento del Cauca, fue asesinado el asesor jurídico del CRIC, abogado Oscar Elías López, quien venia adelantando el proceso de esclarecimiento de la masacre de El Nilo. En septiembre de 1995 se firmó el acuerdo de La María, Piendamó, con el propósito de dar cumplimiento a los Acuerdos del Nilo, por parte del Gobierno Nacional. El 5 de agosto de 1996, se suscribió el acta de Novirao, en la que el Gobierno Nacional acogió las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH referentes a la búsqueda de una solución amistosa, en los términos de la Convencion Americana de Derechos Humanos, con el fin de dar cumplimiento a la reparación integral del pueblo paez dafectado por la masacre. El 26 de octubre de 1997, la CIDH profirió una resolución de conciliación en la que recomendó seguir con el proceso de solución amistosa y cumplir los convenios sobre adjudicación de tierras.

En el año de 1998, el Presidente Ernesto Samper Pizano reconoció, en acto público y formal, la responsabilidad del Estado de la masacre del Nilo y se comprometió a dar cumplimiento a los acuerdos del Nilo y las recomendaciones de la resolución de la CIDH. Una parte del compromiso, que tiene la fuerza coactiva de una conciliación, es la adquisición de 15 mil hectáreas de tierra para las comunidades del pueblo Nasa afectadas por la masacre. En cumplimiento de estos compromisos, se adquirieron en 14 años, entre 1991 y el 2005, 9.047 hectáreas [9], quedando por adquirir cerca de 6 mil hectáreas.

Entre tanto las masacres continuaron, el 9 al 16 de abril del 2001, en la región del Alto y Bajo Naya, jurisdicción del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, fueron asesinados mas de 100 personas entre indígenas, afros y campesinos de la región, por miembros de los paramilitares. Este trágico hecho, es tristemente conocido como “La masacre del Naya”. Hasta el momento solo han sido reconocidos oficialmente, 43 casos. El 18 de noviembre de 2001, en la vereda Gualanday, jurisdicción del municipio de Corinto en el departamento del Cauca, fueron asesinados 13 personas entre indígenas y campesinos, por miembros de los paramilitares en un falso reten instalado sobre la vía. Este trágico hecho es tristemente conocido como “La masacre de Gualanday”.

4. Los sucesos de septiembre, octubre y noviembre de 2005

Al amanecer del 2 de septiembre de 2005, dos centenares de comuneros del resguardo indígena Nasa de Huellas, se atrevieron a hacer cumplir la sentencia de la CIDH. Cansados de esperar, ocuparon la Hacienda “La Emperatriz”. La represión no se hizo esperar y tuvo un resultado inesperado: embates de la policía, gases, presencia del ejército, disparos de armas de fuego contra la gente, indígenas heridos a bala; nada aterrorizó a los ocupantes, por el contrario su resistencia civil encendió el corazón de más y más indígenas. Fue imposible desalojarlos y cada día había más ocupantes. Cuando el 13 de septiembre el Ministro del Interior negoció con los Nasa, eran tres mil quinientos y ocupaban además otra hacienda, “Guayabal”.

El Gobierno del presidente Álvaro Uribe en acta de concertación protocolizada con la presencia del entonces Ministro del Interior y de Justicia Dr. Sabas Pretelt de la Vega, de fecha 13 de Septiembre de 2005, se comprometió a incorporar al Presupuesto de la Nación 20 mil millones de pesos, distribuidos en dos vigencias (2006 - 2007), para dinamizar la compra de tierras faltantes. En el acta de concertación realizada, también se sustenta que para dar cumplimiento al acuerdo, era necesario adquirir 6.615,4 hectáreas de tierras en jurisdicción de los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Jambaló, Buenos Aires o Santander de Quilichao Además el gobierno deberá abordar de manera integral asuntos prioritarios relacionados con la autonomía, territorio y planes de vida.

Sin embrago, ni la reparación por la masacre de El Nilo era el único acuerdo incumplido por el gobierno, ni el conflicto por la falta de tierras agropecuarias en los resguardos se limitaba ni se limita a las comunidades afectadas por la masacre. El conflicto se puso en evidencia: la ocupación de La Emperatriz y Guayabal marcó un cambio histórico, fue la primera derrota del terror que en Colombia paralizó la lucha directa por liberar la tierra de manos del latifundio.

La masacre de Nilo había significado la aplicación de la condena de muerte contra todo aquel que se atreviera a desafiar a los amos. Condena aplicada a campesinos, indígenas o afro, sin discriminación. Así, entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003, el terror se abalanzó contra los campesinos afiliados al Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, Sintragritol, en Cajamarca, que en marzo anterior habían ocupado la finca La Manigua, propiedad de un embajador colombiano, cinco campesinos aparecieron brutalmente torturados y asesinados y 18 fueron “desaparecidos”. El 10 de abril de 2004 integrantes del ejército mataron allí a otros 3 campesinos, a un bebé y un niño. En el 2005, el 24 de enero, Luz Miriam Castaño, presidenta de la Asociación Campesina “La Conquista” de Cajibio, Cauca, fue asesinada. Ella lideró en el mes de diciembre de 2004, la ocupación de la hacienda “La Chola” y había sido amenazada por esta razón. “No insista”, le dijeron.

La ocupación de La Emperatriz rompió el nudo del terror que ataba las mentes. El 12 de octubre de 2005, en lo que se denominó “Liberación de la Madre Tierra”, indígenas y además miles de campesinos del departamento del Cauca, tomaron 15 haciendas: Miraflores, entre Corinto y Miranda, donde 3 mil campesinos reclamaron su derecho a la tierra; indígenas y campesinos de Paletará, Puracé y Coconuco ocuparon las 4 fincas en que se dividió la antigua hacienda Cocunuco; en Silvia fueron ocupadas “Los Remedios”, por los indígenas de Kisgó, y “Ambaló”, por los Misak; y en Caloto, El Japio, propiedad ahora de Garcés & Compañía, por los Nasa, de Caldono. La movilización evidenció la gravedad del conflicto por la tierra y reivindicó los compromisos adquiridos por el gobierno con las comunidades en 1999 y en particular lo dispuesto por el Decreto 982 de ese año.

El 16 de diciembre de 2005 en una nueva acta, suscrita por el gobierno, no solamente se ratificó lo acordado en septiembre sino que se fijó, de acuerdo con el plan de desarrollo del Cauca “Por el derecho a la diferencia”, en 8 mil el número de hectáreas a adquirir para indígenas en el Cauca durante el 2006, mil de las cuales deberían corresponder a la comunidad de Caldono. Se integró una “Comisión de Tierras” indígenas-gobernación del Cauca para la búsqueda y selección de los predios a adquirir.

5. Incumplimiento ministerial de los acuerdos y realidad del conflicto por la tierra

El Gobierno Nacional y el Congreso de la República cumplieron literalmente con la asignación de 10 mil millones de pesos para la vigencia del 2006 y otros 10 mil millones para la vigencia del 2007, con destino a la adquisición de tierras para la reparación integral al pueblo Nasa por la masacre de El Nilo. Sin embrago hasta el 10 de noviembre de 2007 no se había adquirido ni una hectárea para el pueblo Nasa con ese dinero. Las apenas 843 hectáreas adquiridas a la fecha, correspondían a vigencias del 2004 y 2005 que no habían sido ejecutadas y ya tenían sus correspondientes estudios realizados para su adquisición desde el año 2004. Las únicas ejecuciones con las partidas de 2006 y 2007 correspondían a estudios técnicos ($200 millones) realizados especialmente en 2006 y al pago de una fiduciaria por el manejo del dinero ($100 millones). Sólo inmediatamente después de iniciados los “Rituales por la Liberación de la Madre Tierra”, el 15 y 16 de noviembre de 2007 se invirtieron los primeros 232 millones de pesos de la vigencia del 2006, en adquirir 83 hectáreas, faltando 9 mil 500 millones sin ejecutar.

Numerosas maniobras dilatorias han caracterizado el proceso, la primera de las cuales ocurrió al comenzar el 2006, cuando el presupuesto recibido por el Ministerio del Interior fue trasladado al Incoder, a pesar de que los acuerdos especificaban que no fuera destinado a esta entidad, ya que por la Ley se debe pagar en bonos y (hasta la Ley 1152 de 2007) el Ministerio podía pagar totalmente en efectivo los predios lo cual facilitaba enormemente la negociación con los propietarios. Cinco meses se perdieron hasta que los 10 mil millones regresaron al Ministerio.

Para cumplir los acuerdos las partes acordaron priorizar las ofertas hechas por los mismos propietarios al Incoder, pero para que la adquisición la hiciera el Ministerio directamente. De la lista presentada por el Incoder, los indígenas seleccionaron doce predios. De entre ellos seleccionaron cuatro para adquisición con dineros de las vigencias anteriores. Además los indígenas elaboraron un listado de 33 predios en los cuales están interesados, incluidos los 12 priorizados, La Emperatriz, Guayabal y Japio, con el fin de buscar negociaciones con los dueños. Como criterios de selección los indígenas definieron, el 16 y 21 de marzo de 2006, que sean predios de vocación agropecuaria, en la parte plana, en lo posible con continuidad territorial con los Resguardo existentes y que no superen las 50 hectáreas para no causar contradicciones territoriales con campesinos o pequeños propietarios.

En los entretelones, en repetidas oportunidades, tanto en las reuniones de la Comisión de Seguimiento, como en otras instancias y públicamente a través de los medios de comunicación, el Ministerio de Agricultura y la Gobernación del Cauca expusieron dos argumentos contra la adquisición de tierras para los indígenas Nasa: Los indígenas tienen demasiada tierra y los afrocolombianos y los campesinos del Cauca requieren tierra y adquirir predios para indígenas desataría un conflicto étnico.

El Ministro Andrés Felipe Arias y el entonces gobernador Juan José Chaux manejaron la suma nacional del área de los resguardos indígenas, sin advertir que más de 20 millones de hectáreas corresponden a las selvas de la Amazonia y partes de la costa Pacífica, el Vichada y el desierto Guajiro. Aunque los indígenas del Cauca son más del 17 por ciento de la población indígena del país, tienen menos del 2 por ciento de la tierra de los resguardos.

Aunque las luchas indígenas, a partir de 1970, contrarrestaron parcialmente la tendencia a la concentración de la propiedad en el departamento del Cauca, según el estudio presentado por las comunidades indígenas a la Corporación Autónoma Regional, CRC; de las 721.000 hectáreas asignadas a los Resguardos indígenas, 252.000 (el 38%) corresponden a bosque natural que debe conservarse por normas ecológicas. Áreas improductivas son 26.000 hectáreas; los páramos (no explotables) tienen 75.000 hectáreas. Es decir 353 mil hectáreas no admiten explotación agropecuaria. Potreros son 98.700 hectáreas, rastrojos 79.183 hectáreas, y en cultivos tradicionales hay 91.000 hectáreas.

El Censo del DANE de 2005, registró una población indígena en el Cauca de 247.987 personas lo cual significa el 21,5% de la población censada en el departamento. En el sector rural el censo registró 230.773 indígenas, lo que equivale al 32,8% de la población rural censada en el departamento. Los indígenas del Cauca disponen actualmente de 191 mil hectáreas que pueden explotar, es decir no más de 0,77 por persona. De esta superficie, sólo 91 mil hectáreas son agrícolas, 0,37 por persona.

En el Cauca, según las Encuestas Agropecuarias del DANE, las más pequeñas explotaciones, incluidas no sólo las parcelas de los indígenas en los resguardos, sino además las parcelas de los campesinos y afro, son el 54,1% de las explotaciones del departamento, pero disponen apenas del 8,9% de la tierra de uso agrícola o pecuario. En cambio, las grandes explotaciones que son apenas el 3,5% de las fincas, disponen sin embargo del 35,9% de la tierra de uso agrícola o pecuario. 800 grandes propietarios tienen a su disposición la misma tierra utilizable que 247 mil indígenas.

Además, los indígenas reconocen las necesidades de afrocolombianos y campesinos y buscan actuar en alianza con ellos. Desde las épocas de la Confederación Campesina e Indígena y de la ANUC ha habido acciones conjuntas o simultáneas con los campesinos, que se repitieron precisamente en los sucesos de octubre y noviembre de 2005. Con los afrocaucanos realizaron los Nasa en 1984 la ocupación de López Adentro y la comunidad afro de Pílamo optó por hacer parte del resguardo constituido en 1996, decisión tomada voluntariamente y de acuerdo con el cabildo indígena y que continuó la lucha conjunta iniciada en el año 1984. Afrocaucanos, campesinos e indígenas han colaborado muy estrechamente en las luchas por la compensación integral por la construcción de la Represa Hidoeléctrica de La Salvajina, y sobre la verdad, justicia y reparación por la masacre del Naya. Los indígenas Nasa se movilizaron inmediatamente en apoyo a los corteros, tanto durante la huelga de mayo de 2005, como posteriormente para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el ingenio la Cabaña.

Hay pues contradicciones entre comunidades entre sí, incluso entre indígenas (Ambaló con Guambía), pero ello no niega la unidad y alianza repetida frente a los grandes propietarios y a las grandes empresas. Luego, así como cartas de organizaciones campesinas y afro que se acogen a los planteamientos del Gobernador, otras organizaciones como el proceso de comunidades negras (PCN), Anuc-ur o el Coordinador Nacional Agrario, han manifestado su apoyo a los indígenas Nasa. El conflicto en este caso no es étnico sino político y de clase.

Es posible detectarlo comparando los datos de “explotaciones” de las Encuestas Agropecuarias del DANE y los datos de propiedades del IGAC [10]. Encontramos que el Valle del Cauca es uno de los departamentos en que más se ha concentrado la propiedad de la tierra en estos años y además en períodos anteriores. Según la Contraloría General de la Nación [11], en toda la región occidente del país, “la pequeña propiedad pierde importancia”; el occidente colombiano ha sido la región donde más se concentró la propiedad rural y el Valle del Cauca fue el departamento donde más se incrementó entre 1985 y 1996, a pesar de que ya presentaba anteriormente una alta concentración de propiedad rural.

Por otra parte, hay que referirse a los argumentos de los entonces alcaldes de Corinto, Caloto y Miranda, que escribieron en 2006 contra la adquisición para indígenas de los predios en negociación.

El alcalde de Corinto, por ejemplo, manifestó el 4 de abril de 2006 que “las comunidades indígenas están concentradas en la zona rural montañosa de municipio, por tanto no se considera conveniente la compra de tierras en la zona de influencia campesina, como tampoco en la zona plana en la cual se encuentran ubicadas las comunidades afrodescendientes”. Como los indígenas expresamente rechazan fincas campesinas, lo que el señor alcalde expresaba era la misma aspiración de la SAG: no comprar tierras para indígenas en la zona plana. No deja de contrastar con esa posición del alcalde anterior, el hecho de que el 28 de octubre de 2007 fue elegido como alcalde de Corinto el candidato de la Alianza Social Indígena, que por lo demás recibió un buen número de votos afros y campesinos.

Como el mismo alcalde anterior lo manifiestó, la vereda El Danubio de Corinto, en la zona plana, hace parte del resguardo constituido en López Adentro, después de una difícil lucha. Luego, no comprar en tierras planas, es no tocar a los grandes propietarios, porque como ocurrió en López Adentro, indígenas y afros juntos (no enfrentados) luchan por esa tierra. Afirmar que no se compra para proteger a los afro, es como decir que los españoles sacaron de esas tierras a los Nasa para proteger a los afro (es decir para esclavizarlos).

6. Rituales de Liberación de la Madre Tierra

Actualmente las comunidades indígenas del Cauca, están adelantando un proceso de liberación de la madre tierra expropiada a lo indígenas y que esta en manos de grandes terratenientes. En este contexto, en el norte del Cauca, INCAUCA esta expandiendo el cultivo de caña para la producción de etanol. La estrategia de la empresa es ampliar la producción de caña de azúcar arrendando tierras, a grandes propietarios, entre ellas la finca más disputada durante el conflicto reciente La Emperatriz.

Resultó especialmente grave para el estado de ánimo de los indígenas el conocer el arriendo por INCAUCA de los predios en conflicto. Esto fue agravado por el hecho de que al presentar una propuesta para darle salida a los acuerdos, por fuera de los cinco municipios caucanos acordados, indicaron que los propietarios de dos predios en el municipio de Dagua y el predio La Diana en Florida, en el Valle del Cauca, estaban dispuestos a venderlos al Ministerio para los indígenas. Nuevamente ocurrió que los predios no fueron adquiridos por el Ministerio, pero en cambio sí por el Ingenio Mayagüez (La Diana) y Smurfit-Cartón de Colombia (Dagua).

Por otra parte, el Incoder entregó a desplazados por la violencia de otras zonas, el predio Villa Carola o El Chicle, reclamado como parte de su territorio por los indígenas Coconuco del resguardo de Poblazón y ocupado por ellos desde 1983 [12].  Este hecho que se agrega al incumplimiento de los acuerdos de 2005 agravó la tensión existente en la zona, y ha convencido a los indígenas de que el gobierno está contra ellos, lo cual argumentan también con el hecho de que Colombia sea el único país latinoamericano que no votó a favor de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea de la ONU.

Es en estas condiciones que las diferentes comunidades indígenas del Cauca iniciaron a partir del 12 de noviembre de 2007, los “Rituales de Liberación de la Madre Tierra”. El Resguardo de Munchique-Los Tigres fue el primero en movilizarse [13]. Participaron comunidades de Caloto, Caldono, Corinto, Toribío, Puracé, Popayán, Totoró, Silvia, Piendamó y Suárez e inclusive se realizaron rituales en San José de Istnos y Pitalito, en el Huila. Entre las fincas en que se han hecho presentes las comunidades están la arrendada a Incauca, La Emperatriz (ocupada el 23 al 29 de noviembre y desde el 30 de noviembre) y El Japio (desde el 21 de noviembre), así como en La Carolina y El Canadá en el municipio de Suárez, de propiedad de Smurfit – Cartón de Colombia. También Los Laureles y Gualanday en Santander de Qulichao [14] y La Perla en Silvia [15].

Los Rituales cuentan con una profunda sustentación, que puede leerse en la proclama pública “Nos movilizamos para defender y liberar nuestra existencia y para sumarnos a la lucha de todos los pueblos”, emitida por el CRIC el 13 de noviembre de 2007. Las comunidades se declararon en asamblea permanente y desde el 23 de noviembre sus delegados participaron en el Parlamento Indígena y Popular, en el Resguardo de La María, en Piendamó.

La represión se ha desencadenado, hiriendo de consideración a una docena de indígenas, uno de ellos, Lorenzo Largo Dagua, perdió un pulmón al recibir un balazo y falleció el 18 de diciembre de 2007. Además de las balas y los gases, las detenciones arbitrarias, las retenciones y los hostigamientos contra gobernadores, cabildos y líderes, se han utilizado para tratar de hacer retroceder a los indígenas. Sin embargo la amplia participación de las bases indígenas en los rituales y el apoyo total de las comunidades ha mantenido la lucha por la Liberación de la Madre Tierra, en la cual participa de una u otra forma todo y todo indígena nasa, Guambiano, Totoró y Coconuco.

Se trata del enfrentamiento de dos modelos, de dos proyectos: del proyecto oficial de los agrocombustibles, correspondiente al modelo neoliberal de derechos para los grandes inversionistas y a la estructura del latifundio, enfrentado al plan de vida de los pueblos indígenas y su proyecto de reconstrucción cultural, ambiental, económica y social.

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[1]  Findji, María Teresa y José María Rojas 1985 Territorio, economía y sociedad paez. Cali: Universidad del Valle.
[2]  Ver por ejemplo: Findji y Rojas; op.cit. p.p. 35-60.
[3]  Fals Borda, Orlando 1975 Historia de la Cuestión Agraria en Colombia. Bogotá: Punta de Lanza, p. 105.
[4]  Mondragón, Héctor 2002 Expresiones y propuestas del campesinado. Bogotá: ILSA. Mec.
[5]  Mondragón, Héctor 2002 La organización campesina en un ambiente de terror. Bogotá: ILSA.
[6]  División de Asuntos Indígenas, Ministerio de Gobierno 1964. “Resguardos Indígenas existentes en el país.
[7]  El Incora adquirió 195 mil hectáreas para indígenas durante su existencia.
[8]  Beltrán Peña, Francisco y Lucila mejía Salazar 1989 La Utopía mueve Montañas: Alvaro Ulcué Chocué.  Bogotá: Editorial Nueva América.
[9]  ACIN 2007 Recuento de la burla del Gobierno a negociaciones de Tierras por la Masacre del Nilo.
[10]  IGAC, CORPOICA, Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia, Bogotá, 2002, Volumen 4, p. 83.
[11]  CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 2000 “Propiedad Rural y Reforma Agraria en Colombia”, en Economía Colombiana y Coyuntura Política Nº 278, junio de 2000. Bogotá.
[12]  CRIC 2007 Gobierno Promueve Conflicto de Desplazados con Indígenas, Campesinos y Afros del Cauca. Comunicado del 7 de octubre de 2007.
[13]  Cabildo Indígena Munchique Los Tigres Liberación de la Madre tierra en Munchique los Tigres. Noviembre 16 de 2007.
[14]  Tejido de Comunicación de ACIN Cronología de los hechos ocurridos durante los Rituales de Liberación de la madre Tierra. Diciembre 1 de 2007.
[15  CRIC Fuerzas militares continúan sus ataques contra las comunidades... Diciembre 3 de 2007.