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Contexto

¿Bioseguridad o bioinseguridad?

1er Encuentro Intergubernamental sobre el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del CDB Montpellier Francia, 11-15 de 2000 de diciembre de 2000 "De conformidad con el Principio de Precaución que figura en el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el objeto del presente Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose en los movimientos transfronterizos".

Como dice el art. 1, objetivo del Protocolo llamado paradójicamente de Cartagena aun cuando finalmente se adoptó y acordó en Montreal meses después, luego de extensas batallas entre países en desarrollo y desarrollados, la batalla la ganaron las industrias farmacéuticas, lo cual se corrobora en los resultados de la primera reunión del Protocolo un año después. Luego de las falsas victorias reaparecen las verdaderas derrotas; la eterna historia de cómo los países del sur se pliegan y colaboran ante los dictados de la empresa privada multilateral.

Consecuente al mandato del Protocolo, esta reunión tenía por objeto abordar varios asuntos, todos de naturaleza procedimental y ninguno de carácter sustantivo. Manipulación, envase y etiquetado, procedimientos y mecanismos de cumplimiento, procedimiento de adopción de decisiones, intercambio de información y creación de capacidades se constituyeron en los temas base para la orquesta necesaria destinada a convencer, organizar y presionar la necesaria importación de organismos genéticamente modificados en nuestros países. Estructura de decisión apoyada por las grandes ONG ambientalistas los cuales, haciendo eco de sus financiadores, imponen por la vía del altruismo compasivo el lenguaje para que nuestros gobiernos puedan mas fácilmente adaptar los dictados de la industria privada global, con el consentimiento de la "sociedad civil global".

Lejos estamos ya del debate de la protección de los derechos y prácticas campesinas e indígenas, nos encontramos ahora en el escenario de una biodiversidad dominada y pensada por la tecnocracia científica. Sin embargo, vale la pena resaltar algunos esfuerzos desde el punto de vista de la regulación internacional que se pelean los países llamados desarrollados en estos escenarios y que es necesario estudiar. Francia, por ejemplo, al igual que la Unión Europea, si bien su industria biotecnológica crece de manera evidente, (en un año en Montpellier, sede del evento, se crearon 30 nuevas empresas biotecnológicas), sienta su posición respecto a la responsabilidad que exige el movimiento transfronterizo de estos organismos. El etiquetado se vuelve para ellos un tema de enorme importancia para asegurar la "trazabilidad" del proceso de importación a fin de definir la responsabilidad en caso de "consecuencias nefastas" sobre el medio ambiente y la salud.

Europa pide una legislación comunitaria para tal efecto que conduzca a conferirle transparencia a la decisión del consumidor respecto a la libre decisión de consumir tal producto alimenticio, permitir su introducción en el ambiente o bien utilizarlo y transformarlo como paquete tecnológico en la agricultura. El tema de la seguridad alimentaria se convirtió en un debate impuesto por la opinión pública que busca una respuesta política responsable. Esto se dio una vez fue manejado el problema de las vacas locas y la contaminación a través de los derivados de la cría de aves y ganado en general con dioxina, que desocuparon los estantes de alimentos europeos el verano de 2000.

La campaña por la agricultura biológica y la protección de las prácticas culturales en materia de alimentación se convierten en temas centrales, bases de una política de protección nacional de los agricultores, cuya argumentación se extiende cada vez más allá de las fronteras europeas, fundiéndose en un movimiento antiglobalización que se fortalece y que también hizo su aparición en el presente encuentro.

Si se regula y permite la importación de soya, maíz (starLink), arroz con vitamina A GM, cuyos impactos adversos en la diversidad biológica y en la salud humana están ya demostrados, con el argumento de calmar el hambre de los países en desarrollo, ¿no se estará contradiciendo el tema de la seguridad alimentaria? Es uno de las cuestiones que plantean algunas ONG locales de la India y África, mientras circulaba la evaluación de los riesgos y ventajas de los transgénicos publicada por la revista Science, en donde se concluye que los estudios hoy disponibles no permiten garantizar la inocuidad de los OGM ni vislumbrar beneficios.

Las organizaciones multilaterales, como la OMC, formulan una contra pregunta: ¿Cómo prefieren morirse los pobladores de los países en desarrollo, de cáncer o de hambre? Ojalá nos dejaran por lo menos hacernos la pregunta. La Unión Europea, por su parte, insiste en un Régimen de responsabilidad común que siga estos procesos, no sin interrogarse que tan deseable es o no para sus países la importación de OGM para la alimentación de su población. Es, entonces, cuando se zanja la discusión con los mecanismos ya conocidos en el sistema de la Convención de Biodiversidad. Un grupo de "expertos científicos" deberá constituirse entre gobiernos y ONG (del Norte) para asesorar y educar a los pobres países en desarrollo con el propósito de permitir la introducción de su basura biológica, sin tantas trabas.

Cabe rescatar aquí que lo que se busca es que sean nuestros países y sociedades quienes decidan por sí mismos qué tipo de ciencia y tecnología necesitan para desarrollar e innovar sus prácticas, una política agraria que la respalde y una posición sustentada con responsabilidad científica y social a la colombiana y no impuesta. No es ésta una visión antibiotecnología, el cuestionamiento se realiza hacia cómo se inserta este debate en la acción pública, cómo se informa a la opinión pública y qué tipo de actuaciones dignas de carácter nacional e internacional son necesarias para garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de todos.

En conclusión, con todos los problemas de representatividad que el mote de sociedad civil conlleva, las ONG presentes solicitaron que en el Protocolo se aplique el Principio Precautorio en la toma de decisiones, se limite la participación de la industria en el manejo del sistema de información, que hayan sanciones contundentes que aseguren el cumplimiento del Protocolo, que el listado de expertos tenga diversidad política, geográfica y sectorial y cuente con "participación de la sociedad civil" y que los países como Estados Unidos ratifiquen cuanto antes el Protocolo (sólo ha sido ratificado por dos países). Éste sólo será efectivo dos años después de ratificado por la mitad de los países signatarios.

 

Moraleja: Podemos construir posiciones de carácter internacional con alto nivel científico y por la vía política con un poco de dignidad si escuchamos lo que sucede en el interior de nuestras fronteras, accedemos a la información y reinventamos la cooperación internacional científica hacia salidas más humanas y justas y de acuerdo con nuestros intereses como nación… ¿qué tan claros los tenemos? Falta mucho camino por recorrer en la construcción y defensa de posiciones y estrategias regionales y nacionales de acuerdo con el interés de nuestros ciudadanos. El proceso de aprendizaje del manejo de una ética política de las relaciones internacionales apenas comienza.