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SEMILLAS

Contexto

Ayuda alimentaria en comunidades indígenas de Colombia

La crisis humanitaria en Colombia, expresada entre muchos otros aspectos como en el desplazamiento forzado, la enajenación de territorios, la ruptura de redes sociales y económicas y también en la pérdida de recursos genéticos, alcanza a afectar alrededor de tres millones de personas, constituidos en su mayoría por poblaciones campesinas, negras e indígenas. La respuesta generalizada del gobierno ha sido la entrega directa de alimentos, que poco ha contribuido a resolver las difíciles condiciones de éstos grupos humanos y más bien, como se puede notar, ha potenciado en amplias regiones del país una de las estrategias más utilizadas de la guerra: el bloqueo alimentario2.

Las entregas de alimentos son consideradas por parte del Estado colombiano, ONG y organismos internacionales como una salida a la crisis alimentaria, sin prever que éstas pueden llegar a tener impactos más negativos que los mismos bloqueos, pues alientan la pérdida de las reservas genéticas de plantas y animales, soporte para la alimentación actual y futura de muchas comunidades.

Fernando Castrillón[1]

Las comunidades indígenas, negras y campesinas, conservan los recursos que hacen de Colombia un país megadiverso y mantienen los espacios de domesticación de cultivos. La pérdida de la biodiversidad asociada a la alimentación, la desterritorialización progresiva, el desplazamiento forzado y el bloqueo alimentario son situaciones negativas determinantes para la vida y para la integridad de las comunidades. Pero el riesgo no sólo queda allí, ya que afecta directamente los soportes que orientan la concepción ambiental de la Constitución Política (El desarrollo sostenible y la biodiversidad).

Resulta paradójico que en un país que posee enorme diversidad cultural y biológica, con vocación y tradición para producir suficientes y buenos alimentos, se conviva con crecientes condiciones de hambre, pobreza y se institucionalice la ayuda alimentaria.

Esto se evidencia en los planteamientos de la FAO sobre el problema alimentario en el mundo, dado que en Colombia y demás países con conflictos armados3, la situación es especialmente compleja; pues no sólo afecta la disponibilidad, acceso, suficiencia y calidad de alimentos, sino que éste es considerado de manera estratégica, como elemento que al controlarlo, conduce a la reducción de las ventajas del contrario, como también está determinando cambios en el uso del suelo y la latifundización de la tierra impuesta por la dinámica del narcotráfico y el para­militarismo.

 

La ayuda alimentaria humanitaria

Colombia ha recibido ayuda humanitaria de manera creciente en los últimos años. Esta ayuda, concedida mediante entrega de productos agrícolas en especie, con cargo a créditos concesionales y en menor proporción, mediante donaciones para casos de emer­gencias frente a catástrofes, que forma parte de la ayuda oficial al desarrollo (Salgado, 2002). La ayuda alimentaria es una herramienta geopolítica dominada principalmente por los Estados Unidos y que de acuerdo con diferentes críticos (Salgado, 2003; Amigos de la Tierra, 2003; Bravo, 2003) cumple un papel bien distinto al que se estipula en el mandato del Programa Mundial de Alimentos, organismo encargado de su implementación.

Salgado, 2003, muestra que para los países del norte esta ayuda es una herramienta importante para la expansión de mercados internacionales, para las exportaciones de productos agrícolas y es un instrumento de sus políticas exterior, pues se ha dirigido históricamente a países de interés geopolítico, pasando por Vietnam, Oriente Medio, Centroamérica y Europa del Este y ahora, los países Andinos.

La organización estadounidense Food First, sostiene que Estados Unidos, como principal aportante al Programa Mundial de alimentos (47%), enviaba por lo menos 2 millones de toneladas de alimentos a países en vía de desarrollo, de las cuales se ha realizado entrega de alimentos transgénicos en Bosnia, Bolivia, India, Filipinas, Rusia, Burundi, Ecuador, entre otros, sin que existan estudios suficientes que garanticen la inocuidad de los alimentos transgénicos para el medio ambiente o para la salud humana, y tampoco se examina adecuadamente sus impactos socioeco­nó­micos (Programa de Transgénicos de Ami­gos de la Tierra Internacional, 2002).

En el año 2000 la Red América Latina Libre de Transgénicos RALLT, realizó una evaluación genética de la soya distribuida en los programas nacionales de alimentación de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En Colombia esta evaluación fue realizada por el Grupo Semillas y Consumidores de Colombia, a partir de muestras de soya tomadas de los programas de ayuda alimentaria que realiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF a la población infantil más pobre del país. Los análisis genéticos se realizaron en los laboratorios Genetics ID de Estados Unidos. Para el caso de Colombia los resultados fueron dramáticos puesto que se encontró que el 90% de ésta soya era transgénica. A pesar de las denuncias públicas sobre esta situación ninguna autoridad competente en la materia tomó medidas de control sobre esta situación.

Edward Schuh, 2002, exfuncionario del departamento de Estado de los Estados Unidos señala como “la ayuda externa se enriqueció con una nueva palabra y un concepto nuevo, la “monetización”. Este nuevo concepto se refiere a la venta en el mercado de la ayuda alimentaria por dinero en efectivo, el que a su vez se utiliza para propósitos fiscales en programas de desarrollo económico generales. Esta situación ganó popularidad al contar con apoyo político de gobiernos y organizaciones no gubernamental, que dependen fuertemente de la ayuda alimentaria para sus recursos financieros. Su apoyo a esa ayuda y a la monetización es obvio; su sustento depende de ello, no importa las consecuencias para el agricultor pobre y sigue haciendo acopio de amplio apoyo político en los países industrializados. Esta ayuda refleja, en parte, la fuerza política del sector agrícola”.

 

El caso de las comunidades indígenas

Las comunidades indígenas4 al no estar excluidas del conflicto armado, se han visto también afectadas por la ayuda humanitaria y especialmente la de tipo alimentario. Esta ayuda se ha efectuado de diferentes maneras, desde la entrega directa de alimentos en situación de emergencia humanitaria mediante raciones de alimentos básicos, alimentos por trabajo o a través del apoyo a proyectos comunitarios que se pagan con alimentos y proyectos de seguridad alimentaria basados en paquetes tecnológicos de semillas mejoradas, fertilizantes, insecticidas y herramientas.

La ayuda alimentaria se enfoca a disímiles propósitos tales como:

•    Satisfacer problemas permanentes de tipo nutri­cional.

•    Incremento en la capacidad productiva.

•    Implementación de proyectos de producción agroecológica.

•    Satisfacción urgente de necesidades de alimento en casos del desplazamiento forzado.

•    Reducción de la presión sobre ecosistemas frá­giles.

•    En casos determinados la ayuda hace parte de programas de sustitución de cultivos ilícitos.

•    Iniciativa de hermanamiento.

•    Desarrollo de recursos humanos.

Esta ayuda en casos concretos ha resultado favorable, pues ha permitido el restablecimiento de las comunidades después de haber sufrido impactos trau­má­ticos. Casos como el de la cooperación internacional a través de la Fundación Nasa Kiwe, permitieron la recuperación de miles de familias cuando se presentó la avalancha del río Páez, al generar redes económicas, políticas y sociales que permitieron la continuidad y el reagrupamiento de las instancias comunitarias del pueblo Nasa.

La ayuda alimentaria y de estímulo a la producción, de manera temporal, en comunidades indígenas que después del desplazamiento tomaron la decisión de retornar, como las comunidades Embera de Juradó, mostró resultados favorables, expresados en la sinergia que establecieron las diferentes organizaciones estatales y no gubernamentales en torno al Cabildo.

Sin embargo, las fuertes críticas a los programas de ayuda humanitaria y alimentaria en las comunidades se expresan en:

•    Desconocimiento de los patrones culturales.

•    Alteración de los planes de desarrollo propios.

•    Burocratización en torno al cumplimiento de requisitos de quien da la ayuda.

•    No cumplimiento de las metas financieras, en proyectos amparados en el crédito.

•    Dependencia alimentaria.

•    Pérdida o erosión genética, ante la introducción de razas y semillas mejoradas.

•    Pérdida de autonomía y gobernabilidad, cuando las comunidades enfocan el interés en la coordinación del proyecto o en los promotores del mismo y no en sus propias autoridades.

En un caso concreto, una comunidad Embera de Mutatá, al Noroccidente del país, cuando se vió enfrentada a un gran desplazamiento, pasó de ser una sociedad de recolectores cazadores a un escenario de intervención descoordinado de 25 organizaciones estatales, organismos internacionales y ONG5. Fue la época en la que se concentró la entrega de alimentos. Esto fracturó totalmente la manera de autoabastecimiento de la comunidad, debido en parte al conflicto mismo, el cual imposibilitaba la entrada a las zonas de trabajo, realizar actividades de caza y pesca; pero también se presentó sobreoferta de alimentos entregados y el asistencialismo que agotó las capacidades para proveerse por si mismos y la imposibilidad de mantener articulada la comunidad, frente a la necesidad de recomponer la vida en el territorio. Se generaron nuevas necesidades y ante el requerimiento de recursos en dinero para satisfacerlas, se emprendieron iniciativas como la siembra de banano para la exportación y también la mendicidad en los niños.

El solo hecho de salir de los territorios, generó una fuerte situación de inseguridad alimentaria, que no alcanzó a ser superada con la entrega de alimentos, pues el patrón de consumo y la fuerte presión hacia los ecosistemas para la producción agrícola, pecuaria, caza, pesca y recolección, configuraron la situación de disponibilidad alimentaria.

En las condiciones observadas de las comunidades de Mutatá, se pudo conocer que a pesar de recibir alimentos para solventar hambrunas, no tenían las condiciones de una real autonomía alimentaria, ya que ésta no tiene que ver con acceder y contar con alimentos de manera genérica (lentejas, papas, soya, etc., en los paquetes de la ayuda), sino con producirlos en el territorio con base en su diversidad, es decir, mediante la integración de recursos, procesos y conocimientos propios de la cultura.

 

Los impactos de las ayudas alimentarias

La atención humanitaria y especialmente la ayuda alimentaria dirigida a pueblos indígenas en Colombia, no se realiza teniendo en cuenta la particularidad étnica, de género y la distribución de los grupos por edad.

La identificación de los impactos en relación a la ayuda alimentaria, normalmente son referidos a la situación en salud y se presentan como “Crisis agroali­men­taria, que padecen las comunidades, lo que ha llevado a un desbalance nutricional, dado por el aporte alto en carbohidratos y el bajo consumo en grasas y proteínas;.. sumado al mal manejo de los alimentos, tanto en su almacenamiento como en su preparación, así mismo aumenta la presencia de enfermedades como el paludismo, la gripe, tuberculosis, la malaria, las diarreas agudas, las infecciones respiratorias y de la piel, entre otras, que afectan especialmente a la población infantil, mujeres y ancianos, incrementándose los índices de morbilidad y mortalidad en las comunidades”, Correa, 2001.

Esa entrega de alimentos ha pasado rápidamente a ser un instrumento de guerra por parte de los grupos armados de la zona, aprovechando la crítica situación de hambre y pobreza e involucrando a sus fines a los miembros de la comunidad y a los proyectos de carácter productivo que se implementan en las comunidades. Estos programas no se han evaluado detenidamente, teniendo en cuenta el tipo de las ayudas y los enfoques de éstas; solo se hacen observaciones frente del desestímulo al trabajo colectivo.

En la caracterización del desplazamiento indígena realizado por ACNUR, RSS y ONIC (2003), se identifican algunos impactos sobre estas poblaciones, entre ellos:

1.  El deterioro generalizado de las condiciones de vida, con especial incidencia en las mujeres, niños y ancianos. También desnutrición, presencia de enfermedades asociadas a las carencias alimenticias, suspensión de currículos e iniciativas propias de la educación, alteración de los patrones de vivienda y configuración espacial de los asentamientos, permanencia de situaciones de terror y miedo, separación brusca del hábitat, entre muchos otras situaciones; las cuales contribuyen enormemente al detrimento en la calidad de vida de todos los pueblos afectados por el desplazamiento forzado en pueblos indígenas.

2.  Introducción paulatina de formas ajenas a la economía propia, que marcan una dependencia en materia de autonomía alimentaria, erosión de los recursos genéticos de las comunidades, alteración de las actividades de reciprocidad e intercambio; entre otros elementos.

3.  Disminución progresiva de la capacidad productiva de las poblaciones desplazadas como de las poblaciones que permanecen en los territorios ancestrales.

4.  Debilitamiento de los sistemas productivos y consecuentemente de la soberanía y autonomía ali­men­taria de dichos pueblos.

Para el caso del pueblo Embera, que es el tercero en población indígena en el país, los impactos más estructurales de las ayudas alimentarias, se observan en aspectos como:

•    En el ámbito territorial: La entrega de alimentos repercute directamente en la disminución de áreas sembradas de cultivos básicos para la alimentación y la realización de actividades relacionadas con las redes de aprovisionamiento de alimentos, como la cacería, la pesca y los intercambios.

Se disminuye el control y la vigilancia de los territorios colectivos, puesto que implica un menor uso de este territorio y en muchos casos, el abandono de la pauta de poblamiento y uso, caracterizada en el pueblo Embera por ser dispersa a lo largo de los ríos y de amplia distribución por toda el área.

El sedentarismo y la nucleación promovida para facilitar la entrega de alimentos y en otros casos, el traslado a las cabeceras urbanas, vulnera la apropiación y el manejo con autonomía del territorio, puesto que propician el abandono de éste y generan otras demandas como la compra de fincas cercanas a las cabeceras municipales y la creación de los denominados cabildos, lo que genera consecuencias lógicas desde lo urbano, en donde además de romper con el imaginario cultural acerca del territorio y propiciar el tránsito de comunidades rurales a comunidades de servicios, expone seriamente a la población juvenil a la prostitución y drogadicción.

•    En el ámbito cultural: La entrega de alimentos genera ruptura en los roles de las autoridades y también en los que manejan aspectos fundamentales de la producción de alimentos, de acuerdo a los conocimientos tradicionales. Las mujeres y hombres mayores manifiestan con malestar cómo se rompen los ciclos de cosecha, la preparación de alimentos de acuerdo a esos ciclos y el abandono de las semillas cultivadas por la comunidad desde tiempos ances­trales.

La alteración de los hábitos alimenticios de la culinaria Embera, se ve notablemente afectada por la entrega de alimentos, y como resistencia a los patrones culturales impuestos, muchos de estos alimentos se botan en forma de desperdicios. La dieta básica, basada en el consumo de plátanos, pescado y animales de monte, la cual es balanceada con frutas que recolectan las familias en el bosque, pasa a ser modificada sustancialmente por otra, que aunque cumpla los requerimientos energéticos y nutricio­nales, genera serios desbalances en la nutrición y crea dependencias como el consumo excesivo de harinas, aceites y azúcar, los refrescos instantáneos, y el uso de jabón lavaplatos, entre otros.

Un hecho particularmente llamativo, relacionado con la valoración de la culinaria y los alimentos locales, se presentó en las comunidades Embera desplazadas en Jaikerazabi, pues allí se llegó a asumir que la comida donada era de mejor calidad.

•    En el ámbito económico: El suministro continuado de alimentos proporciona desestímulo a las prácticas de la economía propia e introduce un creciente monetarismo en la comunidad, lo cual rompe las redes tradicionales de generación de ingresos.

El trabajo colectivo que permite optimizar el esfuerzo para la producción de alimentos y la construcción de viviendas y caminos, en situaciones de adversidad climática y de limitaciones de disponibilidad de mano de obra, se reduce de manera significativa o desaparece al mantenerse la entrega de alimentos, pues no promueve en los miembros de la comunidad proponer estrategias que garanticen planear y adelantar trabajo para las épocas de mayor dificultad.

Las mujeres cabeza de familia, los ancianos y los grupos más vulnerables al interior de la comunidad, dejan de ser atendidos de manera solidaria por los hombres y mujeres con mayor capacidad productiva. En la región del Alto Sinú, durante la vigencia del programa de atención a ancianos, un hombre manifestó no atender a su anciano padre aduciendo que esa responsabilidad la había asumido la Red de Solidaridad.

 

Bibliografía

–    ACTUALIDAD COLOMBIANA. Ayudas humanitarias pierden carácter de neutralidad, Sept. 5 al 19 de 2001. Bogotá.

–    ASPROINCA, Asociación de Productores Indígenas y Campesinos de Caldas. Una experiencia de capacitación Indígena y Campesina en Agroecología, 59 p.

–    Bravo, Elizabeth. Memorias de Seminario Internacional control ciudadano para la fiscalización y el uso de Plaguicidas, Santiago de Chile 25,26,27 de mayo de 1999”. Editado y publicado por Alianza por una mejor calidad de Vida.

–    Correa, Oni de Abyayala. Diagnóstico general de las comunidades indígenas desplazadas de Mutatá en el Urabá antio­queño. OIA, ACNUR, 2001. 81 pág.

–    SWISSAID. Guía para la recuperación de la seguridad y soberanía alimentaria en zonas de Conflicto en Colombia, 2004, 182 pág., Bogotá.

–    Grain, Friends of the Earth Uruguay y otros. Nuestro Mundo no está en venta. Primero está la Soberanía Alimen­taria de los pueblos. Nov. 2001.

–    MOSER, Carolina, Planificación de género en el Tercer Mundo, Ed. Libros, 1998, 115 p.

–    OIA. Plan de Vida de las comunidades indígenas Embera Katío de Ibudó y Karrá en la región de Urabá, Antioquia. Medellín, 2000,125 p.

–    OIA, diagnóstico general de las comunidades indígenas desplazadas de Mutatá en el Urabá antioqueño.

–    ONIC, Red de Solidaridad Social RSS, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Desplazamiento ACNUR. El desplazamiento Indígena de Colombia, Caracterización y estrategias para su atención y prevención en áreas críticas. 2003, 239 pág.

–    PMA, Programa Mundial de Alimentos. Estudio de caso de las necesidades alimentarias de la población desplazada de Colombia, Junio 14 de 2001. 21 pág.

–    AMIGOS DE LA TIERRA INTERNACIONAL. Ayuda Alimen­taria y transgénicos: una visión general. En: Ayuda Alimen­taria y los organismos transgénicos. A.T. (Programa Internacional) Ed varios. Págs. 46-47.

–    Salgado, Wilma. ¿Ayuda Alimentaria o ayuda a las exportaciones? En: Ayuda Alimentaria y los organismos transgénicos. Ed varios, Págs. 31-45.

–    Salgado, Wilma. Diagnóstico sobre la situación de la seguridad alimentaria en el Ecuador. Programa Mundial de Alimentos, Quito, Marzo del 2001, 35 p.

–    Schuh, Edward. Seguridad Alimentaria Mundial. En: Perspectivas Económicas. Mayo, 2002.

–    Wiederkher, Hans P. Recuperando las semillas locales. Diez “lecciones aprendidas”. Rev. Semillas Nos. 14/15. págs. 14-20, Bogotá, 2000.

 

 

[1] Programa Gestión Territorial, Fundación Swissaid. c.e.: programatdg@swissaid.org.co

[2] Varios casos recientes de bloqueo alimentario, dan cuenta de esta situación: Cimitarra (http://www.prensarural.org/acvc20040801.htm), Nordeste antioqueño (http://www.prensarural.org/nordeste20040301.htm), Cuenca del Río San Juan Medio (www.disaster-info.net/desplazados/informes/onu/ssh/SalaHumanitaria2004Julio.pdf ) y San José de Apartadó / Urabá.

[3] Los conflictos armados violan el derecho a los alimentos destruyendo los cultivos, las reservas de alimentos, el ganado y el equipo agrícola. La FAO ha calculado que durante los últimos tres decenios la guerra ha costado 4.300 millones de dólares US al año, cantidad suficiente para sacar de la subnutrición a 330 millones de personas.

[4] En Colombia existen 84 pueblos indígenas y en su mayoría han sido victimizados de manera sustancial por los distintos actores del conflicto y por las iniciativas minero- energéticas, extractivismo y expansión/represión  de cultivos de uso ilícito.

[5] Acnur, Opción Legal, Pma, Consejería En Proyectos, Cruz Roja Internacional,  Unión Europea, Oxfam, Cristhian Aid, Swissaid, PNUD, Diakonía, UNICEF, Justicia y Paz, Organización humanitaria de la Comunidad Europea –ECHO-, Brigada Internacional de Paz, Caritas Españolas, Conferencia Episcopal, La Diócesis de Apartadó y la Pastoral Social de Apartado, Misioneras de la Hermana Laura, Red de Solidaridad Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Consejería de Asuntos Indígenas De Antioquia, Oia, Codhes, Cinep, Entre otros Organismos

[1] Acnur, Opción Legal, Pma, Consejería En Proyectos, Cruz Roja Internacional,  Unión Europea, Oxfam, Cristhian Aid, Swissaid, PNUD, Diakonía, UNICEF, Justicia y Paz, Organización humanitaria de la Comunidad Europea –ECHO-, Brigada Internacional de Paz, Caritas Españolas, Conferencia Episcopal, La Diócesis de Apartadó y la Pastoral Social de Apartado, Misioneras de la Hermana Laura, Red de Solidaridad Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Consejería de Asuntos Indígenas De Antioquia, Oia, Codhes, Cinep, Entre otros Organismos.