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Eduardo Veja; César Acosta; Daniel Ruiz;
Natalia Segura; Carlos Ossa
La población afrodescendiente organizada en Consejos Comunitarios constituye la mayoría de las comunidades ribereñas del Bajo Atrato. En las cabeceras de los ríos se encuentran los indígenas de las etnias Embera (Dovidá, Chamí y Katío), Wounan y Tule, pobladores ancestrales de estos territorios. Así mismo, hay presencia significativa de población mestiza, o chilapos como también se les conoce, quienes migraron desde Córdoba y Urabá en busca de mejores oportunidades de vida después de la expansión de las haciendas ganaderas y del proyecto agroindustrial del banano.
La región también es reconocida por su gran biodiversidad y potencial de recursos genéticos, los cuales empiezan a ser valorados dentro del nuevo modelo de desarrollo sostenible, adaptado por el capital, que concibe a los recursos naturales y al germoplasma como una fuente más de riqueza dentro de una lógica de monetarización de la naturaleza. El denominado Chocó Biogeográfico, es “la segunda reserva natural más grande del planeta, después de la amazonia, con ocho millones de hectáreas, de las cuales cerca de seis millones están aún cubiertas de bosques”2.
El Bajo Atrato es una muestra significativa de la multiculturalidad y plurietnicidad de nuestro país, pero también un triste ejemplo de la agresión armada que se ha ensañado contra las poblaciones que habitan regiones que resultan estratégicas geográfica y económicamente a los intereses del gran capital.
En el Chocó Biogeográfico sobresale el imponente río Atrato, única arteria fluvial de la región Pacífica colombiana que desemboca en el océano Atlántico, específicamente en el golfo de Urabá al norte del departamento del Chocó. El Bajo Atrato comprende el complejo fluvial de la cuenca del río Atrato y las subcuencas de los ríos Jiguamiandó, Curbaradó, Domingodó, Truandó, Salaquí, La Larga - Tumaradó, y Cacarica. Administrativamente está conformada por los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Belén del Bajirá.
Luego de la promulgación de la ley 70 del 93 (ley de comunidades negras) y de la entrega por el INCORA de los primeros títulos colectivos en el Bajo Atrato, en el año de 1996 a las comunidades de La Nueva, Taparal, Clavellino y Dos Bocas, en la cuenca del Truandó, y a las de Chicao, La Madre y Apartadó Buena Vista, en la cuenca del Domingodó, se desata una gran ofensiva armada en la región, hecho que aparecía en los informes de prensa como la continuidad de la estrategia contrainsurgente iniciada en Córdoba y Urabá, pero que debe interpretarse como la consolidación territorial, política y social del proyecto paramilitar hacía áreas que resultan claves para agenciar sus intereses económicos.
Lo que inició como una operación de las Fuerzas Armadas denominada “Génesis” y la penetración de grupos paramilitares para “enfrentar a la guerrilla y sus colaboradores”, se convirtió en el más cruento horror que han vivido los habitantes de la región desde las épocas de la conquista española y la esclavización de los afrodescendientes. Además de los asesinatos selectivos, las masacres, desapariciones, amenazas, señalamientos y bloqueo económico de la región, los pobladores del Bajo Atrato sufrieron uno de los desplazamientos masivos más grandes que haya registrado la historia reciente del país, que se concentró en el corregimiento de Pavarandó en el municipio de Mutatá, en el coliseo de Turbo y otros tantos exilios a las costas del Pacífico y Panamá.
La presencia armada ilegal ha persistido en la región, convirtiéndose en factor de represión permanente sobre los pobladores, que los mantiene desplazados de sus territorios, sin que el Estado garantice la protección de sus derechos a pesar de las políticas de seguridad y de la inmensa presencia de contingentes de policía en los cascos urbanos, de la infantería de marina en los ríos, de los soldados campesinos, de las tropas del ejército y de otros organismos de seguridad del Estado en toda la región (DAS, CTI, Fiscalía). Todo este despliegue de fuerza pública poco o nada han servido para garantizar la restitución de los derechos territoriales de las comunidades, tal y como se lo preguntaban en una carta abierta al presidente de la república los obispos de las Diócesis de Quibdó, Itsmina-Tadó y Apartadó, y las 47 organizaciones populares de la sociedad civil del departamento que participan en el Foro Interétnico Solidaridad Chocó: “¿A quién protege y a quién combate la Fuerza Pública en el Atrato? Pues, seguimos observando y sufriendo a diario en carne propia una serie de situaciones absolutamente inaceptables en el marco de un estado social de derecho”3.
Tras la ofensiva paramilitar, el consecuente desplazamiento y usurpación de los territorios de las comunidades negras, mestizas e indígenas del Bajo Atrato, empezó a gestarse el proyecto de siembra de palma de aceite en las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó. ¿Pero están realmente agenciando los paramilitares megaproyectos de siembra de palma? Al respecto dice el comandante paramilitar Vicente Castaño Gil: “Queremos que nos dejen hacer nuevos modelos de empresas que ya hemos venido desarrollando a nivel nacional (...) En Urabá tenemos cultivos de palma. Yo mismo conseguí los empresarios para invertir en esos proyectos que son duraderos y productivos. La idea es llevar a los ricos a invertir en ese tipo de proyectos en diferentes zonas del país. Al llevar a los ricos a esas zonas llegan las instituciones del Estado” 4.
Aprovechándose de las condiciones de vulnerabilidad en las que permanecen las comunidades que no han logrado retornar a sus territorios, del control armado legal e ilegal, de la negligencia de las autoridades civiles y ambientales ante las denuncias de las organizaciones étnicoterritoriales, de los incentivos tributarios que la Ley 939 de 2004, que establece para los cultivos de tardío rendimiento y del enorme apoyo crediticio e institucional brindado a los palmicultores, la siembra de palma continúa en los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó, proponiéndose su extensión hacía las cuencas del Cacarica, Salaquí, Truandó y Domingodó, hecho que convertiría los territorios del Bajo Atrato en monocultivos de palma, que arrasaría el bosque, cambiaría el régimen de aguas, amenazaría la biodiversidad de los ecosistemas y continuaría el despojo de los territorios colectivos bajo las nuevas y sutiles formas ideadas por la el Estado para abrir los territorios colectivos a la penetración de los empresarios.
Esta última forma se ha buscado legalizar a través de la creación de normas que pretenden formalizar las situaciones de hecho que han devenido en desplazamientos y despojos, las cuales han sido ampliamente denunciadas en escenarios nacionales e internacionales por las organizaciones étnicoterritoriales y las instituciones acompañantes de sus procesos. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación pidió la revocatoria de la resolución 1516 de INCODER, de agosto 8 de 2005, mediante la cual se “expiden directrices para la participación de comunidades afrocolombianas en Alianzas o Asociaciones Empresariales con particulares para el desarrollo de proyectos productivos en los territorios colectivos”5. Esta resolución fue derogada recientemente por el INCODER.
Si la apropiación de los territorios del Bajo Atrato a manos de los palmicultores es un fenómeno relativamente reciente, el arrasamiento de los bosques a manos de las empresas madereras lleva más de 50 años, excediendo las normas legales referentes a la protección del medio ambiente e ignorando los derechos colectivos de las comunidades indígenas y negras, consagrados en los convenios internacionales y ratificados en la Constitución Política y en las leyes de la República que tutelan la diversidad étnica y cultural del país, fundada en los derechos territoriales de estos grupos.
La historia de esta economía extractiva está ligada a los procesos de poblamiento del Bajo Atrato y sus cuencas desde comienzos del siglo pasado. En esta temprana etapa, las explotaciones se realizaban bajo sistemas de endeude: los aserradores recibían anticipadamente de los comerciantes de la madera, conocidos como “patrones”, las herramientas y víveres necesarios para realizar la tala y aserrío de los árboles, a cambio pagaban la deuda con la madera aserrada, para nuevamente retirar los insumos y repetir el ciclo sucesivamente, permaneciendo siempre endeudados con los “patrones”. El ejemplo paradigmático de este sistema lo constituyó en el Bajo Atrato, a mediados de siglo XIX, el ingenio y aserrío de Sautatá, lugar a donde llegaban los aserradores con su madera y recibían como pago una serie de bonos, que funcionaban como papel moneda, para ser intercambiados por víveres y herramientas que adquirían en los almacenes que pertenecían a la misma empresa. Hoy día gran parte de las familias de la región continúan derivando su sustento de esta actividad bajo modalidades similares.
A mediados de la década de 1960 irrumpen con fuerza las empresas madereras, introduciendo tecnologías mecanizadas para la extracción industrial de los bosques de cativales y guandales. En esta industria han participado empresas y consorcios como Pizano S.A., Maderas del Atrato, Maderas del Darién, Aserríos Covadonga, Maderas Riosucio o Madurabá. Dichas empresas han tramitado los permisos de Aprovechamiento Forestal que les permiten ejercer el monopolio de la extracción y comercialización de las maderas con las Corporaciones Autónomas Regionales (antes INDERENA) además, cuentan con toda la infraestructura para construir canales, desviar cursos de aguas y carreteras en medio de las selvas para el transporte de las tucas. El régimen extractivista de esta economía maderera se manifiesta en la poca o nula inversión social que hacen los empresarios, para contrarrestar la deforestación de todas las especies nativas del bosque, la destrucción de suelos, los bajos beneficios económicos que alcanzan los aserradores y las familias propietarias del territorio y la dependencia que se genera desde las organizaciones sociales hacia las empresas madereras, por ser éstas las únicas que cuentan con capacidad para realizar los inventarios forestales, los planes de aprovechamiento y con el capital para extraer grandes cantidades de madera.
El modelo económico que practican los empresarios de la madera ha sido totalmente incompatible con las prácticas tradicionales de producción de las comunidades negras e indígenas, así como con las premisas de aprovechamiento y conservación propias de su racionalidad económica, reconocidas por la Ley 70 de 1993. Además, el capital ha sabido adecuarse a las reglas de juego que impone el actor armado de turno. Así por ejemplo, mientras el control militar de la región estuvo en manos de la guerrilla de las FARC, los empresarios de la madera no tuvieron inconvenientes en pagarles los llamados “impuestos revolucionarios”. Con la irrupción de los grupos paramilitares, el “impuesto” se transformó en una cuota de pago por servicios de seguridad.
Un balance de la situación maderera hoy en día nos muestra la persistencia de los mismos modelos realizados por las grandes empresas, siendo Maderas del Darién la que conserva el monopolio de extracción, dirigida principalmente al aprovechamiento de los cativales para la fabricación de triplex y aglomerados que se utilizan en la industria del mueble y la construcción. En un segundo nivel se encuentra la extracción de maderas que realizan los aserradores, a base de motosierra y dirigida principalmente a los aserríos de Cartagena y Medellín. Estos aprovechamientos, si bien son realizados en menor escala, suman en su totalidad grandes volúmenes de madera y tampoco tienen en cuenta medidas de conservación ni mitigación de los daños. En todo caso, ambos modelos han llevado a la casi extinción de especies endémicas, maderas finas y los cativales, amenazando la biodiversidad de los ecosistemas. En un tercer lugar, se encuentra el aprovechamiento que hacen las comunidades, dirigido a satisfacer necesidades económicas de las familias y a la construcción de botes y viviendas, principalmente. Este último se rescata como modelo medianamente apropiado, en la medida que está dirigido a la satisfacción de necesidades básicas, es realizado por los propios dueños del territorio y por tener menor impacto ambiental sobre el ecosistema. Sin embargo es importante para las comunidades el mejoramiento de las técnicas de extracción, la realización de los planes de aprovechamiento y el control de la comercialización, con el fin de ganar autonomía sobre el territorio y sus recursos y, para cumplir con los preceptos de la Ley 70 en cuanto a la función ecológica y social del territorio.
Es de destacar una nueva dinámica que se impone con el conflicto armado en el Bajo Atrato. Una vez que se expulsa a las guerrillas y se empieza a consolidar la presencia del paramilitarismo en la región, estos aprovechan el desplazamiento de las comunidades y extraen cantidades apreciables de madera de las cuencas. Esta modalidad, que ha sido denunciada por algunas personas como robo de madera, ha venido transformándose por una nueva en la que se aprovechan de estos valiosos recursos convirtiéndose en los “nuevos patrones” o intermediarios. La incursión de los paramilitares en el negocio maderero se ha realizado a través de la entrega de una gran cantidad de motosierras e insumos a los aserradores con el compromiso de que estos vayan pagando la deuda con la madera extraída, llegando incluso a zonas antes inexploradas, para lo cual el grupo armado garantiza la seguridad. Sin embargo en el mes de julio un campamento de estos aserradores fue atacado por la guerrilla, presentándose el secuestro de más de 20 personas y la desaparición y muerte de varias de ellas6.
Pero si todas estas situaciones anómalas se venían presentando aún cuando se habían desarrollado los mecanismos jurídicos para la protección de los territorios colectivos, ahora que estamos a las puertas de la aprobación final de la nueva Ley Forestal, es cuando se amplían las posibilidades para formalizar la explotación irracional de los bosques y los recursos maderables del Bajo Atrato. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más problemáticos de esta ley tiene que ver con los conceptos que maneja alrededor del bosque natural como una entidad productora de madera y no como un ecosistema complejo, o con el principio de vuelo forestal como derecho independiente a los recursos del suelo y los derechos sobre la tierra.
Para los grupos indígenas, negros y mestizos del Bajo Atrato, el territorio es el medio y el espacio donde se recrea su vida, se reproduce su cultura y se desarrolla su particular cosmovisión. La posesión del territorio no se fundamenta en premisas económicas de apropiación y acumulación de riqueza, sino en los valores familiares y culturales que sustentan y refuerzan los vínculos comunitarios que permiten un uso y aprovechamiento de los recursos bajo lógicas distintas a las del capital y la mercancía. Por su parte, el bosque siempre ha sido considerado parte sustancial del territorio, y está conformado por el conjunto de tierras, ríos, ciénagas, plantas, animales, personas y otros seres que lo habitan. Las personas, los animales, los bosques, las fuentes de agua, los espíritus y otros seres que existen no están en el territorio, son el territorio mismo.
El derecho territorial de los pueblos negros e indígenas es un derecho fundamental y de carácter colectivo por cuanto se le reconoce como condición de existencia y supervivencia étnica y cultural; por otra parte, el carácter de inembargables, inalienables e imprescriptibles lo convierten en un derecho a perpetuidad. Por ello, destruir su territorio por cuenta de la extracción desmesurada de sus recursos significa ocasionar un ecocidio de incalculables consecuencias para el país y para toda la humanidad por cuanto se amenaza la enorme biodiversidad asociada a esta región; además se pone en riesgo la supervivencia cultural de estas etnias.
Si estos pueblos son titulares del pleno dominio sobre la tierra, tendrían también exclusivo derecho sobre su aprovechamiento, así que más que participar a las comunidades sobre posibles decisiones que involucren su territorio, estas tiene absoluto dominio y derecho de disposición sobre éste y sus recursos, y no de simple participación con los sectores agroempresariales como pretende formalizar la Ley.
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Asamblea de consejos comunitarios y organizaciones del Bajo Atrato, ASCOBA Municipio del Carmen del Darién Octubre 20 de 2005 Nuestra propuesta de ordenación del territorio, manejo de bosques y visión de etnodesarrollo para el Bajo Atrato El territorio es para nosotros el medio y el espacio donde recreamos la vida y reproducimos nuestra cultura. La posesión del territorio no se fundamenta en valores económicos de apropiación y acumulación de riqueza, sino en los valores familiares y culturales que sustentan y refuerzan los vínculos comunitarios que permiten a la gran familia extensa en general, y a cada uno de sus miembros en particular, tener siempre un sitio donde trabajar, recrear la vida y reproducir la cultura. Destruir el territorio de nuestras comunidades negras por la extracción irracional de sus recursos con fines meramente económicos y de acumulación de capital es ocasionar un ecocidio de incalculables consecuencias para Colombia y para toda la humanidad al acabar con la enorme biodiversidad asociada a esta región. Visión conjunta de etnodesarrollo ASCOBA y COCOMACIA "Etnodesarrollo para las comunidades del Medio y Bajo Atrato representadas en COCOMACIA y ASCOBA, reconocidos por la ley 70 de 1993 y el decreto reglamentario 1745 de 1995 como etnias, como pueblos y como legítimos dueños de estos territorios ancestrales es la forma como nosotros planificamos, desarrollamos y fortalecemos nuestra cultura, incluyendo las prácticas tradicionales de producción y conservación en la búsqueda del mejoramiento colectivo de la calidad de vida de las comunidades dentro de su territorio, preservando la identidad como tal, la autonomía y una conciencia crítica ante modelos de desarrollo impuestos o no adaptados al medio. Solo así podremos recrear la vida, el territorio y la cultura, ejerciendo plenamente nuestra autonomía”7. Prácticas tradicionales de producción y conservación El modelo de etnodesarrollo que hemos venido implementando, las actividades económicas que hemos desarrollado y las tecnologías que hemos utilizado se han enmarcado en el principio de preservar el territorio y hacer buen uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales, según nuestras formas tradicionales de producción, de tal forma que nos sirvan para nuestra subsistencia, permitiendo el desarrollo integral tanto a la presente como a las generaciones futuras, sin violentar el medio ambiente, los ecosistemas, manteniendo la seguridad alimentaria familiar, local y regional. [7] Reunión ASCOBA-ACIA, Quibdó, julio de 2005 |
[1] EQUIPO CINEP BAJO ATRATO. C.e: cesaraucosta@hotmail.com
[2] LEYVA, Pablo (1993): Colombia Pacífico. Tomo 1. Instituto de Estudios Ambientales, Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Biopacífico. Citado en Resolución Defensorial Nº 39, junio 2 de 2005.
[3] Segunda Carta Abierta al Presidente de la República, sobre la crisis de legitimidad del Estado en la región del Atrato. Quibdó, 27 de abril de 2005
[4] Revista Semana, edición No. 1205, junio 4 de 2005.
[5] Procuraduría General de la Nación: “Solicitud de revocatoria directa de la resolución Nº 1516 de agosto 8 de 2005”.
[6] Periódico EL TIEMPO. 25 de julio de 2005
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