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El campesinado en Colombia no cuenta actualmente por parte del Estado con herramientas jurídicas claras de defensa de sus derechos a la tierra y al alimento, dos asuntos que les resultan de especial importancia a sus formas de vida y cultura. En el país, los severos desequilibrios de la política pública han marcado impactos muy fuertes y negativos en la vida de numerosas comunidades campesinas pese a los anunciados esfuerzos gubernamentales que destacan mejores condiciones. Para los campesinos pobres, las políticas públicas tienden a ir en contravía. Si bien numerosos incentivos financieros, tributarios, como también los desarrollos legales toman como referente el bienestar y desarrollo de los sectores productivos del campo, lo que finalmente han llevado con el tiempo es a un deterioro generalizado y a un arruinamiento progresivo de comunidades campesinas enteras.
En tales condiciones toman impulso iniciativas agroindustriales como el cultivo y aprovechamiento de la palma aceitera para atender las metas institucionales de producción de agrocombustibles. Este tema es considerado de elevada prioridad actualmente en Colombia, debido al empeño de asumir junto con Brasil una posición estratégica para el suministro de biocombustibles en el mercado de América Latina y el mundo.
La palma aceitera ejemplifica una de las más claras tendencias mundiales de cambios en el comercio: La prioridad no es la producción de alimentos y el ejercicio de los derechos ligados al alimento, en tanto no se produce comida y en segundo lugar se desplaza completamente el sujeto cultural, social y político, es decir a los campesinos.
El cultivo de la palma aceitera y la transformación posterior de sus frutos despertó un fuerte entusiasmo inicial en las poblaciones campesinas del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio, al considerar este cultivo como una estrategia que respondía la necesidad de generar empleos constantes, crecientes y significativos y también porque se esperaba que esto sería una manera de producir oleaginosas, asunto clave de la seguridad alimentaria en Colombia. Realmente lo anterior no se cumplió y por el contrario, esto ha resultado en otra situación totalmente distinta.
La palma aceitera ha significado para el campesinado un capítulo de tensiones sociales, económicas y ambientales bastante difícil y también un serio retroceso en el ejercicio de los derechos a una vida digna, a un medio ambiente sano, al territorio y al alimento. Los tres últimos derechos, consagrados en la carta política y en numerosos convenios y acuerdos celebrados por Colombia, son violados impunemente por el propio Estado colombiano. La realización de estudios locales muestra serios retrocesos frente a estos derechos y también muestran cuáles son los impactos que reciben los hombres y mujeres del campo que asumen finalmente los costos sociales, ambientales y económicos.
En este artículo se muestra el análisis de los impactos que enfrentan 664 familias de las comunidades campesinas del municipio de Simití, Sur de Bolívar, en la región centro-oriental de Colombia con la producción de palma aceitera destinada a los agrocombustibles. Allí se esta presentando un gran desarrollo de las plantaciones de palma aceitera y se cuenta con evidencias claras y estabilizadas que indican como se afectan los medios de vida de las comunidades y como se enfrenta la producción de alimentos y el acceso y la disponibilidad de tierras.
Cabe aclarar que en el Sur de Bolívar existen modalidades diferenciadas en el establecimiento de la palma aceitera, sobre lo cual conviene establecer precisiones. En la región no se establece en un único modelo productivo de palma, diferenciándose tres modalidades: 1) existen iniciativas en donde los campesinos participan y planean en el establecimiento de la finca con palma aceitera (lo cual representa la menor cantidad); 2) se constituyen sociedades mixtas que vinculan de manera voluntaria a pequeños y medianos agricultores, en el negocio de la producción de la materia prima de la palma; 3) una tercera modalidad de producción consiste en plantaciones a gran escala establecidas por grandes inversionistas, modelo que se desarrolla tanto en propiedades privadas como en territorios de producción campesina, en el marco de la crisis de la violencia y el desplazamiento de la población.
El sur de Bolívar es el punto de confluencia de la región Andina y Caribe en Colombia y para muchos analistas y geógrafos, realmente está articulado a la región del Magdalena Medio; espacio de elevados conflictos durante los últimos 40-50 años. La elevada oferta ambiental, el drenaje natural al Atlántico, la estrecha articulación al río Magdalena, que es la cuenca más importante del País y la rica oferta minero-energética, han colocado paradójicamente a los pobladores en condiciones desventajosas frente a conflictos estructurales que no han podido ser resueltos y los cuales tienen base en el acceso a la tierra y a los recursos. Además, los habitantes de la región han sido las víctimas frente a conflictos armados por la imposición de poder violento y hegemónico en manos de la guerrilla y posteriormente los paramilitares.
El municipio de Simití hace parte con Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa del denominado Sur-Sur de Bolívar, zona que tiene como características:
• Articulación a la zona de San Lucas, área donde existen grandes y probadas reservas de oro, las que a pesar de explotadas por pequeños mineros artesanales; pero en años recientes fueron entregadas a poderosas multinacionales (Anglo Gold Ashanti y su filial la Kedahda).
• Las fumigaciones y el control militar no han logrado reducir seriamente las áreas de coca y se siguen afectando a las familias y economías campesinas [1]. En estos cuatro municipios se produce el 70.5% hectáreas de la coca de la región (4590 hectáreas), la mayoría de ellos en predios menores de 2 ha (Datos PNUD).
• El proceso de desmovilización no ha logrado los resultados esperados en la región. Surge una nueva generación de paramilitares denominados águilas negras y el ELN y las FARC mantienen su accionar en la zona.
• En la zona, de acuerdo a los datos de Fedepalma [2] del año 2007, se producen 77.287 hectáreas, que representan el 26% del total de la palma en Colombia. En Simití, la producción se estima en 12.500 hectáreas.
• Según datos de Planeación Nacional, el índice de calidad de Vida (ICV) de Simití es de 41.55 [3]. El indicador provincial (departamento de Bolívar) es 62 y el de Colombia es de 79 (desarrollo medio). El índice de hogares con NBI (necesidades básicas insatisfechas) es 77% y el de personas con NBI es 80.5%.
La colonización campesina del Sur de Bolívar se consideró como tardía (1945-1960). “Se empezó a construir una sociedad campesina en los terrenos selváticos adyacentes a la ribera del Magdalena y en la serranía de San Lucas” [4].
Históricamente, subsistían formas de arriendo y aparcería las cuales permitían a todas las familias acceder a tierras de cultivo, aún no siendo propietarios de las mismas. Las familias campesinas, de esta manera obtenían determinados medios de vida bien fuera en calidad de tenedores, poseedores o arrendatarios de latifundistas, quienes arrendaban sus tierras para “echar” cosechas, sembrar pancoger y generar ingresos básicos.
Hasta hace pocos años, los campesinos de la sabana, además de contar con esta posibilidad, utilizaban recursos ambientales y ecosistémicos provenientes de las orillas de los ríos y las ciénagas, las sabanas y playones comunales. Las mujeres de igual manera aportan aún con la producción agropecuaria de patio. Las vegas aluviales de los Ríos Santo Domingo y del Río Magdalena se empleaban para la siembra de arroz, principal cultivo de la sabana y alimento fundamental de las familias. Los campesinos llegaron a recuperar y manejar 20 variedades locales de arroz. También se construyeron molinos. Otros cultivos básicos de la dieta humana y de los animales domésticos son la yuca y los maíces criollos, esencialmente para autoconsumo. La producción de especies menores que se desarrolla en los patios, utiliza animales criollos principalmente como las aves y el ganado vacuno, que pastoreaba en las sabanas comunales, era el único ahorro de fácil disponibilidad de las familias.
Ese sistema de producción unido a otras actividades extraprediales, les posibilita a los campesinos hacerse a unos medios de vida que les permitía permanecer en la región. Esto ha cambiado radicalmente. Esta modalidad recientemente fue sustituida por los llamados contratos de usufructuo de 30 años sobre la tierra, lo cual la arrebató estos predios de manera inmediata a los pocos dueños de esta y por consiguiente bloqueó el acceso y la disponibilidad de las mismas.
La expansión de la palma esta avanzando de la mano del despojo de las tierras y los medios de vida de las familias campesinas. El reciente estudio realizado por tres organizaciones y nueve (9) juntas de acción comunal sobre el 20% del campesinado de Simití mostró que:
• Seis de cada diez familias no tienen tierra. En comunidades como Animas Altas donde se implantó con mayor fuerza la siembra de palma aceitera, el 90% de las familias no tienen forma alguna de acceder a la tierra.
• Del 40% que tienen tierra, sólo el 15% tienen títulos de propiedad.
• Del 40% de familias que tienen tierra, sólo el 29% tienen un área suficiente (más de 37 hectáreas).
• Entre las familias que tienen tierra, se cuenta con 8.4 hectáreas por familia, en promedio. Este valor es cuatro veces menos de lo que una familia requiere para vivir en la zona.
De igual manera, los campesinos y pescadores que aprovechan el complejo de ciénagas articuladas al Río Magdalena, disecadas gradualmente también para la siembra de palma, ejercían uso y tenían dominio sobre los playones, playas y sabanas comunales. Estas tierras por el régimen legal (decreto 2663 de 1994) siendo de propiedad de la nación, sólo podrían adjudicarse a los campesinos y pescadores de escasos recursos. Además establecía el mismo decreto, que las sabanas y playones comunales son imprescriptibles y que sólo deben utilizarse para cultivos de pancoger. Lo contrario es precisamente lo que ha ocurrido.
Actualmente, 320 familias de las comunidades del Garzal, Nueva Esperanza, San Luis y Pital, están expuestas a un fuerte desplazamiento al ser levantadas las medidas de protección de sus tierras por parte de autoridades locales y con la tolerancia del gobierno regional y central. Esa medida, amparada en el decreto 2007 de 2001 [5], garantizaba que los campesinos pudieran permanecer sin presiones y amenazas en las tierras de la isla del Garzal, las que les pertenecen por poseerlas pacíficamente y darles el uso adecuado de la función social y ecológica que le es inherente a tales ecosistemas. Ahora, los poderosos intereses externos de pocas personas, apoyadas en las iniciativas de proyectos de palmicultura, amedrentan y presionan a los campesinos a entregar o abandonar las tierras.
Tres indicadores de lo cotidiano, dan evidencia de una severa crisis que enfrenta el campesinado del Sur de Bolívar en la zona centro oriente del país:
La pérdida de las variedades locales de arroz y la parálisis en los molinos arroceros porque no hay tierras donde sembrar. El arroz es el caso más visible, pero de igual manera las familias campesinas del poblado San Luís compran a $1300 pesos el kilogramo de yuca (0.7 dolares), que es el alimento más común de la zona y del cual tenían abundancia anteriormente y no lo compraban.
En segundo lugar un confinamiento forzado, que es la base de un desplazamiento posterior, de miles de familias que actualmente perdieron el acceso a las tierras al ser estas arrebatadas inicialmente por la fuerza y la violencia que impusieron los grupos paramilitares en la zona de Monterrey; y en otros casos bajo estímulo de políticas públicas del Ministerio de Agricultura, en los playones y sabanas comunales de San Luis, Piñal, Ánimas Bajas y Animas Altas, para la siembra de palma aceitera. Es claro que no solamente las familias a las que les fue cercado el acceso a la tierra son las afectadas. El impacto se extiende más allá sobre la población no “objetivo”, es decir, sobre la gente que nada tiene que ver con la palma, sobre la población que colinda con las plantaciones y las plantas extractoras, sobre la población que está a la periferia, que se arrincona, que se invade con el monocultivo de la palma, a la que se le homogeniza el paisaje, a la que se usurpa también el acceso indirecto a los playones comunales, las sabanas comunales.
En tercer lugar, el desbalance demográfico causado por la elevada migración de las mujeres jóvenes de la zona. Según datos del Estudio realizado en el año 2007 [6], se encontró que por cada 125 hombres hay 100 mujeres, mientras que en Colombia la relación general en Colombia es de 97 hombres por cada 100 mujeres.
Esas situaciones críticas, llevaron a las comunidades de la región a examinar con mayor detenimiento que actividades de la implantación, transporte y aprovechamiento de la palma causan impactos ambientales, y que están transformando el paisaje y las condiciones sociales y económicos en la población, situación que bajo la óptica de la ley 99 de 1993, amerita licencia ambiental.
El estudio preliminar, aún en ejecución ha logrado identificar que las afectaciones en los medio biótico, físico y social son significativas y de elevado impacto; análisis realizados a partir de parámetros e indicadores de naturaleza, magnitud, importancia, certeza, tipo de impacto, reversibilidad, duración y tiempo en aparecer.
Se lograron identificar 80 impactos negativos de tipo ecosistémico, cultural, espacial, económico y político, especialmente en los componentes suelo, agua, fauna, flora,. De estos se encontraron muy pocos impactos positivos tales como la generación de empleo en la siembra, el cual privilegió a las mujeres.
Muchos de estos impactos resultan irreversibles pues alteraron los ecosistemas al desviar cauces de quebradas, contaminar y desecar bordes de ciénagas y romper los circuitos de reciprocidad, intercambio y acceso a los ecosistemas de los pobladores.
Se mencionan los principales impactos que día a día enfrentan las familias campesinas:
1. La pérdida de recursos de uso cotidiano como la leña para cocinar, las palmas para hacer techos, las maderas para reparar y construir las viviendas, el palo podrido para el sustrato de las huertas de alimentos que controlaban las mujeres. Esto marca impactos directos en las mujeres y genera problemas adicionales.
2. Una vez se establece la palma de aceite en las sabanas a través de la tecnología de “tierra arrasada” (derrumbar y arrasar con tractor la cobertura vegetal de sabanas nativas) se destruyen los recursos naturales que están albergados en los rastrojos como los antes mencionados. La alteración ecosistémica en estos casos conlleva a un cambio radical de la vegetación.
3. A su vez, la áreas que los campesinos utilizaban para la siembra de pancoger –arroz, maíz, yuca– son ocupadas por la palma, lo que implica que los campesinos se quedan sin áreas donde sembrar los cultivos pancoger. Implica un deterioro de la economía campesina y de las fuentes de subsistencia.
4. Los jornales que las empresas palmícolas ofrecen, no remedia en nada el impacto que genera el monocultivo en el sistema de producción y en la economía familiar. De acuerdo al Estudio del Ministerio de Agricultura y el IICA [7]. La palma genera 0.28 empleos por hectárea, siendo de un grupo de 17 cultivos permanentes el que menos empleo genera 10 0.2 empleos por hectárea. Pero el estudio no explica que el empleo se concentra en las fases tempranas de la implantación del mismo, es decir en preparación de lotes, viveros y siembras y que posteriormente son jornales a “destajo” donde los riesgos, equipos y demás medidas deben ser asumidas por operarios sin vinculación laboral.
5. Desplazamiento de la fauna silvestre y de manera consiguiente de la reducción de ingesta proteínica. La disminución de pescado, tortuga y demás alimentos proteínicos obtenidos de las ciénagas muestran el avanzado grado de deterioro que sufren estos cuerpos de aguas por el vertimiento de químicos, pero también por la colmatación debida a la entrada de un brazo del río a las ciénagas, el cual aporta sedimentos.
6. Contaminación de las ciénagas por los residuos de fertilización de palma.
7. Apropiación ilegal de las sabanas y los playones comunales. Espacios comunitarios están cercados hoy con alambre de púa y con circulación restringida.
8. Desplazamiento de la ganadería a los pocos playones y a los sitios de cultivo de las comunidades que ha conllevado a elevar tensiones entre comunidades vecinas y entre familias.
9. Pérdida de los pocos títulos que contaban familias de la comunidad. La figura de usufructuo, traslada de manera real el dominio a las empresas de Palma por 30 años de la tierra.
Es muy preocupante concluir que lo que sucede en el Sur de Bolívar quede soportado en el desamparo de los derechos que le asisten a los campesinos. Allí, se refleja una fuerte contradicción y una de las mayores incoherencias de la política pública en Colombia, pulso derivado de una constitución ambientalista que ponía énfasis en el medio ambiente y un modelo de desarrollo económico que asegura el crecimiento precisamente basado en la depredación de ecosistemas: Los impactos ambientales derivados de la implantación acelerada y no planeada de la palma aceitera en el Sur de Bolívar y Magdalena Medio no existen o no son considerados, según explican de manera evasiva el Ministerio de Ambiente, el cual considera que el tema es de competencia del Ministerio de Desarrollo Rural y para este Ministerio se minimizan las consideraciones aduciendo que el cultivo genera impactos positivos, puesto que es un sumidero de CO2 y que existe una gestión ambiental, al menos en los textos y en las páginas web del gremio de palmicultores.
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[1] http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f 18133669868e1cc381983d50faa Libro_ Cultivos_ Ilicitos.pdf
[2] http://www.fedepalma.org/eco_nacional.shtm
[3] Este índice está determinado por 4 componentes (educación y capital humano, calidad de la vivienda, acceso y calidad de los servicios, y tamaño y composición del hogar) y mide la pobreza con valores entre 0 y 100, siendo mejores los valores de condiciones de vida, mientras más se acerque a 100.
[4] Murillo, P. Amparo. Historia y sociedad en el Magdalena Medio, 1990. Págs. 42-61.
[5] El decreto 2007 de 2001, fue la herramienta que sirvió para frenar el arrebato de las tierras a los campesinos por parte de los actores armados, políticos y económicos que se unieron para apropiarse de las tierras después de provocar desplazamiento forzado.
[6] Las asociaciones ASPROAS (Asociación de productores altenativos de Simití), ASCADAS (Asociación Campesina para el Desarrollo Sostenible de Simití), ASOAAB (Asociación de Agricultores de Animas Bajas), ASOPASAN (Asociación de Productores de San Luis) y 9 Juntas de Acción Comunal vienen desarrollando un estudio para identificar los impactos generados por la palma aceitera en comunidades locales del Municipio de Simití. Considerando que fue mayor el impacto en las comunidades donde se desarrollaba la “aparcería”, se desarrollará un estudio que determine cuáles son las relaciones costo-beneficio para una familia campesina que haya optado por este cultivo.
[7] Minagricultura y desarrollo rural, IICA y observatorio agrocadenas. Comportamiento del empleo generado por las cadenas agroproductoras en Colombia 1990-2006, memo agrocadena N° 13, Bogotá, 2006.
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