Utilidad Pública: la deformación de un concepto a costa del bien común. Análisis en Colombia.

/ Diciembre 01 de 2021 / Este artículo ha sido consultado 275 veces

Las actividades extractivas cobran cada vez más fuerza en América Latina poniendo en riesgo la permanencia en los territorios de las comunidades afectadas con su implementación, la integridad de éstos y la garantía y realización de derechos. Esta tendencia se ha consolidado en América Latina y en Colombia, aun cuando la Constitución Política contiene orientaciones para la garantía y protección del bien común, el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas, la protección del ambiente, la biodiversidad y el conocimiento tradicional, como forma de garantizar a las poblaciones el disfrute de sus derechos fundamentales y el bienestar colectivo.

Esta noción de bien común viene siendo un elemento en disputa, en donde se entremezclan elementos de justicia, necesidad, ley y la definición misma de bien común. Mientras el Estado colombiano justifica sus políticas extractivas como una necesidad inexorable para el desarrollo, la inversión y otorga títulos y concesiones a las empresas para legitimar sus operaciones, las comunidades reclaman la protección de sus territorios, los ecosistemas, el agua, las semillas, el alimento, el respeto a sus formas de vida y su derecho a decidir sobre estos elementos, que son entendidos como bienes comunes de los pueblos.

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