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Utilidad Privada Despojo público

/ Abril 17 de 2026 / Este artículo ha sido consultado 2 veces

Los residuos de los desechos que genera la explotación de estaño en el proyecto Huanuni provocaron una emergencia ambiental en el Río Huanuni y el Lago Poopó, en Bolivia, con resultados
trágicos para miles de familias que se dedican a la agricultura y pesca tradicionales. En Brasil, comunidades beneficiadas por la reforma agraria que habían desarrollado valiosas experiencias de agroecología se vieron desplazadas forzosamente para facilitar la extracción de hierro y otros minerales en sus territorios. En Chile se aprobó el proyecto Vizcachita para extraer cobre y molibdeno, sin hacer antes una evaluación ambiental que permitiera considerar el impacto que está generando en prácticas económicas y culturales como la cestería en fibras de vegetales, la trashumancia y la agricultura.

Las fuentes de agua y el acceso a alimentos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en la Guajira de Colombia se han visto muy afectadas desde que se empezó a explotar carbón
como parte del proyecto Carbones de Cerrejón. Los desplazamientos y conflictos relacionados con la explotación de cobre, plata, oro y molibdeno en minas a tajo abierto como parte
del proyecto Mirador, impuesto sin consulta ni participación comunitaria, se han acompañado por una gran persecución hacia personas defensoras de derechos, e incluso llevaron al asesinato
del presidente de una de las comunidades indígenas Shuar en Ecuador.

Al mismo tiempo, en Honduras, se redujeron salvaguardias ambientales para autorizar al proyecto Guapinol la explotación de hierro en zonas que antes estuvieron protegidas, en medio
de denuncias de corrupción que involucran a la institucionalidad pública. Ese proyecto no se consultó a las comunidades afectadas, como tampoco se hizo en México antes de autorizar
la Central Eólica Gunaa Sicarú en tierras comunales indígenas, y eso ha aumentado la polarización y los conflictos en la zona. Algo similar ocurre en Perú con el proyecto minero Santa
Ana para la explotación de plata, plomo y zinc, que se ha impuesto por la fuerza y sin consulta en una zona de reserva muy importante para los ecosistemas y el bienestar de las comunidades
aymaras.

En toda Latinoamerica encontramos ese tipo de conflictos. Comunidades que, de pronto, se ven forzadas a organizarse y resistir frente a proyectos mineros y energéticos sobre los que nadie
les preguntó.

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