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En medio de la euforia por la firma de un Acuerdo de Paz y las expectativas surgidas por las políticas públicas para superar la crisis del sector rural, se maneja un doble discurso por parte del gobierno nacional que confunde a la opinión pública. Por un lado se acuerda en La Habana políticas para la reforma agraria integral, que implican apoyo a la economía campesina y comunidades rurales mediante el acceso a la tierra, desarrollo de tecnologías apropiadas, acceso a créditos y mercados, mientras que por el otro, implementa políticas rurales que contradicen dicho enfoque.
Es así como la política rural plasmada en el actual Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, profundiza el modelo extractivista, impulsado desde los gobiernos pasados, partiendo de la premisa económica del libre comercio, la confianza inversionista, la privatización de patrimonios públicos y el ambiente, la implementación de proyectos minero - energéticos y de infraestructura multimodal, para insertar el país en el mercado global.
El modelo de desarrollo rural impulsado por el actual PND es el de acaparamiento de tierras y agroindustria a gran escala. Mediante la creación de un marco especial sobre administración de las tierras de la nación, el modelo afecta las aspiraciones territoriales de las poblaciones campesinas y étnicas, elimina los requisitos para la adjudicación de baldíos, los topes que impone la Unidad Agrícola Familiar - UAF y potencia los esquemas empresariales de alianzas productivas para implementar tecnologías de punta y el uso de semillas certificadas y transgénicas.
Estas acciones resultan contradictorias en el marco de los acuerdos de paz y de lo que se viene exigiendo por parte de las comunidades étnicas y campesinas, reunidas hoy en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que buscan una reforma agraria estructural con perspectiva territorial, que contribuya a darle solución al conflicto armado, social y ambiental que por décadas ha violentado a los territorios en Colombia. Sin embargo, los acuerdos de La Habana y los establecidos entre el gobierno nacional y la Cumbre Agraria, se desdibuja con las reformas jurídicas adelantadas desde el orden central, especialmente con la modificación del proceso de adjudicación de baldíos, plasmado en la ley 1776 de 2016: “Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social - Zidres”.
Esta ley, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en enero de 2016, pretende entregar las tierras baldías a grandes inversionistas, mediante alianzas productivas que asocien campesinos en proyectos agroindustriales, estimulando una agricultura de contratos a bajo costo y atentando directamente contra los derechos de los campesinos, quienes son los legítimos ocupantes de tierras baldías y los principales sujetos para su adjudicación. Esto se hará a través de la UPRA (Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios), encargada de identificar las potenciales Zidres y con éstas, las condiciones y mecanismos para la acumulación de tierras. Para que esto sea viable, la Ley Zidres elimina las restricciones de la UAF, permite la entrega de los predios baldíos a empresarios en modalidad de contratos de arrendamiento y las declara como zonas de utilidad pública, permitiendo que el ordenamiento del territorio se realice en función del agronegocio, sin tener en cuenta a los entes territoriales y la ciudadanía.
El gobierno nacional ha borrado con el codo lo que ha acordado con la mano, al impulsar un modelo que favorece el acaparamiento de tierras, la agroindustria y el extractivismo a gran escala, promover relaciones asimétricas entre campesinos y empresarios, paquetes tecnológicos, investigación biotecnológica transnacional, la explotación forestal, minera, energética sin límites y una institucionalidad que protege a los grandes inversionistas y condena a las comunidades rurales a estar subordinadas por los intereses empresariales.
Frente a este panorama, las organizaciones sociales reunidas hoy en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular reclaman una política pública agraria construida con la participación directa y decisiva del movimiento agrario, coherente con las necesidades de los territorios, que dignifique la calidad de vida de las comunidades, fortalezca la economía campesina, la soberanía y autonomía alimentaria del país.
Con esta publicación buscamos analizar los alcances del modelo de desarrollo rural agropecuario colombiano plasmado en la ley Zidres, en el marco del proceso de acaparamiento de tierras y profundizar sobre las implicaciones que tiene la política de tierras y desarrollo rural del actual gobierno a la luz de lo acordado en La Habana y de las reivindicaciones del movimiento social agrario, ante las pretensiones de intensificar el modelo agroindustrial en el país, mediante el discurso oficial de la paz y el posconflicto.
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