El Estado colombiano desde mediado del medio siglo pasado tiene una deuda histórica con el campo y especialmente con los pueblos y comunidades étnicas y campesinas, que tiene su origen en las políticas rurales y agrarias regresivas y generadoras de profundos conflictos socioambientales y de violencia en los territorios y la vulneración de los derechos humanos, que se expresan en la concentración desmedida de la propiedad de tierra en pocas manos y en actividades extractivas y productivas insostenibles como la deforestación, ganadería extensiva, la producción agroindustrial, los cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales, los proyectos minero-energéticos, entre otras, que han destruido y degradado los ecosistemas, actividades que han agudizado el control territorial, acaparamiento de la tierra y despojo de los bienes comunes -bosques, suelo, agua, biodiversidad-; actividades que se han constituido en estrategias de ocupación y control de los territorios y de los bienes comunes, que han expulsado a muchas personas y familias de sus territorios y han aniquilado las formas tradicionales de producción y de los medios de sustento de las comunidades.
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