Revista Semillas
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83
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- Publicación auspiciada por Swissaid
Plaguicidas en Colombia: Entre normas que no se cumplen y poderes que no se nombran
Un país envenenado con permiso de las instituciones del Estado Colombia ocupa un deshonroso segundo lugar en consumo per cápita de plaguicidas en América Latina, con un histórico de 16,7 kg/ha al año. [1] Un cruce sistemático del reporte de “Plaguicidas químicos de uso agrícola del ICA” — escaneado del portal AnalitICA en marzo de 2026— con la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) de la Red de Acción contra los Plaguicidas PAN Internacional (diciembre 2024), [3] revela que “148 de esos 377 principios activos aprobados en Colombia son altamente peligrosos: el 39,3% del total.”Este dato supera significativamente el 23% citado en análisis anteriores [4]. El cruce exhaustivo arroja un panorama más grave y más preciso. Según la última Encuesta Nacional Agropecuaria de 2019, el área total sembrada en Colombia superó los 4,5 millones de hectáreas, con casi la mitad en cultivos agroindustriales —café, palma, caña, maíz— que son los mayores consumidores de insumos químicos. [5] El incentivo al uso de plaguicidas se remonta a la revolución verde de los años sesenta y persiste hoy a través de créditos agrarios atados a paquetes tecnológicos convencionales, exenciones fiscales y tarifas de registro bajas para los agroquímicos. Esta paradoja —un marco legal aparentemente robusto y una realidad de impunidad generalizada— no es una casualidad administrativa, es el resultado de una disputa política no resuelta, donde los intereses del oligopolio agroindustrial global se han instalado dentro de las instituciones que deberían regularlos.
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