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Fueron 74 votos a favor y 22 en contra en este debate en el Senado. La oposición, que desde el 7 de agosto será partido de gobierno, logró destrabar la discusión de más de dos años.
Finalmente avanza la discusión para la ratificación del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional más importante en materia ambiental que han firmado los países de América Latina. Después de dos años de dilación en una discusión infinita sobre los puntos a favor y en contra, este martes el Congreso aprobó la ratificación del acuerdo en segundo debate en el Senado de la República.
Con una votación por el sí de 74 y por el no de 22, las bancadas del gobierno del presidente Gustavo Petro dieron su primer gran golpe en la legislatura que inicia: gracias a la bendición de los partidos alternativos, pero también de la U, los conservadores y los liberales, la iniciativa pasará a su tercer de cuatro debates.
Contexto
Para muchos académicos y defensores del medio ambiente, el Acuerdo de Escazú podrá ser un instrumento fundamental para prevenir los homicidios de los líderes sociales ambientales y para el acceso a la información para la participación pública en estos temas, algo que actualmente, sin esa herramienta, no ocurre. Solo ha sido ratificado por 13 naciones, de las 25 firmantes.
Colombia podría ser el país número 14 en ratificarlo, pero el gobierno del presidente Iván Duque y el legislativo llevaban dos años enfrascados en contradicciones y discusiones sin fin que impidieron un trámite fluido en favor del Acuerdo de Escazú. Mientras de dientes para afuera, es decir, en la comunidad internacional, Duque y Juan Diego Gómez, antiguo presidente del Senado, afirmaron varias veces que el tratado vería la luz, la realidad fue otra.
El convenio se hundió una vez y luego en las discusiones en Cámara y Senado sus partidarios insistían en la importancia de ratificarlo para salvaguardar la vida de los líderes ambientales, pero sus detractores lo veían inconveniente por considerar que ponía en riesgo la soberanía nacional.
A pesar de las críticas y las peticiones al gobierno Duque, el Acuerdo de Escazú quedó en veremos. No obstante, su panorama cambió con la elección del nuevo Congreso (2022-2026) y la del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Durante casi toda la campaña, Petro y Márquez aseguraron, una y otra vez, que el tratado internacional sería ratificado en la nueva administración y que, de hecho, sería el primer trámite que enfrentarían los parlamentarios que estrenan curul.
Así fue. El Senado, bajo la presidencia de Roy Barreras (Pacto Histórico), dio su primer debate sobre Escazú y aunque hubo intención de aplazamiento (19 votos a favor y 80 en contra) y hasta de archivarlo, las mayorías aplastaron esas pretensiones. Eso sí, estas fueron constituidas no solo por los partidos alternativos (que son oposición hasta el próximo 7 de agosto), que anteriormente habían defendido el acuerdo, sino también por el Partido Conservador, La U, y el Partido Liberal. Los azules son independientes, pero cuentan con cercanía con el gobierno entrante, y los dos últimos se declararon partidos del nuevo gobierno.
¿Cómo se dio la discusión?
El senador Roy Barreras pensó que la votación del Acuerdo de Escazú sería rápida. Sin embargo, esta se llevó varias horas porque había aún desacuerdos en el recinto. Las diferencias fueron las mismas de siempre: por un lado, el temor de perder soberanía, por el otro, la urgencia de proteger la vida de quienes “protegen la vida”.
José David Luna Sánchez argumentó que Cambio Radical no acompañaba la iniciativa por considerarla peligrosa para el ámbito jurídico para los intereses económicos: " El acuerdo puede causar efectos en la inversión frente a la carga de la prueba y a la amplia legitimación activa, relacionado con la participación de sectores económicos del país. Es imposible aprobarlo porque aumenta la inseguridad jurídica y puede aumentar los tiempos de licenciamiento”, indicó.
Miguel Uribe, que se estrena como congresista del Centro Democrático, destacó que si bien está de acuerdo con la protección del medio ambiente, a su juicio ratificar el acuerdo era inconveniente porque “pone en tela de juicio la seguridad jurídica que necesita el ordenamiento territorial para funcionar”. “En Colombia hay todas las herramientas para proteger a los líderes sociales, lo que falta es su implementación, el Estado colombiano se ha equivocado en eso. Además, el tratado dice que con él habrá mayor acceso a la información, pero la Constitución ya lo tiene en su artículo número 74 y con tiempos más estrictos”, agregó.
En ese mismo sentido habló la senadora uribista Paloma Valencia y hasta propuso, como hicieron otros, que mejor se presentaran proyectos separados con lo mejor de Escazú para evitar poner al país en riesgo. “He sugerido que saquemos los textos de Escazú, miremos q le sirve al país en materia de información y de protección y lo incorporemos. Peor el litigio internacional para Colombia q es un país en vía de desarrollo. Uno necesita las vías terciarias, deberíamos tener el ordenamiento del territorio q nos permitiera definir qué cosas vamos a defender y a desarrollar, pero el litigio internacional ha salido muy mal. Se imaginan q nos demanden Hidroituango, la carretera de Popayán a Cali? se necesitan unas garantías mínimas en torno al desarrollo del país. Si no podemos con las obras públicas hoy, que vamos a hacer cuando todas las obras estén en juicios internacionales y el país quede paralizado? El litigio internacional ha salido muy caro, fíjense lo q pasó con el Archipiélago de San Andrés y Providencia”, arguyó Valencia.
Pero para cada duda, los congresistas que apoyaron su ratificación tenían una respuesta. Por ejemplo, la senadora Angélica Lozano recordó que Colombia desde 1945 se acogió a la Corte Internacional: “muchos convenios y tratados tienen esa misma ruta para abordar los conflictos nacionales, por lo que la Corte Internacional solo opera de manera residual”, aclaró.
Por su parte, el senador Germán Blanco, del Partido Conservador, hizo una pregunta tajante a sus compañeros que estaban en contra del proyecto: “¿Por qué cuando aprobamos los tratados de libre comercio no hablamos de soberanía?”. En esa misma línea, Juan Felipe Lemus, de la U, añadió: “Hemos cometido muchos errores votando los tratados de libre comercio poniendo en riesgo al país. Entonces para evitar que el congreso vuelva a equivocarse, escuchemos a otros actores diferentes a nosotros”.
Otros nuevos congresistas también tomaron la palabra, entre ellos la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta. Ella, ante los argumentos de que había falta de debate, recordó que las discusiones que se dieron desde que antes de ser firmado por el gobierno fueron bastantes. “nueve rondas de conversación no es falta de debate”, dijo.
Foto: Diario Jurídico.
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