La Reforma Rural Integral (RRI) promueve el uso adecuado de la tierra, a través de su formalización, restitución y distribución equitativa, garantizando su acceso progresivo a campesinos, mujeres rurales y pueblos étnicos. La implementación normativa en materia tierras excede y contraría lo dispuesto en la RRI. Se expide el decreto Ley 902 de 2017 que establece medidas para el acceso y la formalización de tierras. Sin embargo, esta norma:modifica estructuralmente el régimen de baldíos para brindar “seguridad jurídica” a los grandes empresarios del campo.Permite la entrega de baldíos del Fondo de Tierras a empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas que realicen actividades de “utilidad pública e interés social”. No garantiza la gratuidad de las adjudicaciones para los sujetos de la RRI ni les facilita el acceso a tierras.
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