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En la Argentina la empresa Monsanto está intentando, desde hace más de 10 años, modificar la actual ley de semillas. Para profundizar sobre ese tema está en Neuquén Carlos Vicente, uno de los máximos referentes en la materia, quien va a dar una charla abierta y gratuita en la universidad hoy lunes 30 de septiembre a las 14 horas en el Aula Magna, en el marco del Seminario de Soberanía Alimentaria que está llevando a cabo la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. A continuación un algunos temas de lo que se va a hablar esta tarde.
Carlos Vicente: La actual Ley de Semillas vigente en nuestro país fue sancionada en pleno gobierno de facto del general Lanusse en el año 73. La ley pasaba de considerar la semilla como un bien natural a un bien mercantil. Ese fue el primer intento de regular las semillas, hace ya cuarenta años. El intento de modificar ahora esta Ley de Semillas se enmarca en un proceso mundial, de apropiación del proceso alimentario por parte de las grandes corporaciones que buscan imponer derechos de propiedad intelectual sobre la semilla a través de lo que se conoce como “Derecho del Obtentor“. El derecho del obtentor es un derecho de propiedad intelectual nacido hace unos 50 años que reconoce el mejoramiento hecho por una persona en una semilla siempre y cuando este mejoramiento sea, además de innovador, estable, homogéneo. De esta forma se le otorga al obtentor el monopolio sobre la semilla, monopolio que funciona igual que el derecho de autor de una obra artística. Es decir este derecho hace que el autor sea la única persona que puede comercializar e incluso compartir la semilla. Esto es nuevo y es una aberración absoluta porque las semillas son una creación campesina de hace 10.000 años. Un ejemplo claro es el del maíz. El maíz es americano, lo crearon los campesinos americanos. No existe en ningún lugar del mundo el maíz silvestre. Pero con la nueva ley cualquiera podría patentar esa semilla como propia. 8300web: ¿Que significa esto en concreto para un campesino? Carlos Vicente: Quien posee el derecho de propiedad intelectual se hace dueño de la semilla. El campesino o productor puede comprar una semilla a una de estas personas o empresas que detentan la propiedad intelectual pero no pueden volver a sembrarla al año siguiente, porque si la siembran están haciendo algo ilegal. Pero también significa que cualquier semilla campesina puede ser registrada. Por ejemplo me regalan un maíz y yo descubro que este maíz es resistente al gorgojo. Entonces registro este maíz resistente al gorgojo y por lo tanto reclamo la patente, o el derecho de obtentor. Ahora yo soy propietario y los campesinos, sus legítimos dueños, corren el riesgo que se haga biopiratería con sus propios conocimientos. Algo así sucedió con la Ayahuasca, que es una planta sagrada de la Amazonía, un tal Loren Miller se llevó la planta a Estados Unidos, la patentó y quiso reclamar derechos por esa planta que había patentado. Pero además se hace ilegal la semilla de los campesinos. Las únicas semillas pasibles de comercializar según la nueva ley serán las registradas, entonces hace que nuestras ferias de semillas, los intercambios que tenemos cotidianamente sean ilegales. Las demás semillas –aquellas que no están registradas- son ilegales, las demás semillas no podrán se comercializarse. Otra de las objeciones a esta nueva ley, es que amplía la normativa por la cual se rige, o sea significa la aplicación de la UPOP 91 -unión internacional para las obtenciones vegetales- que es la normativa que se está intentando imponer en todo el mundo, y abre el terreno para que no solo sean registradas variedades agrícolas –como sucedía con la UPOP 78- sino cualquier planta del entorno como plantas farmacéuticas, por lo que expande la posibilidad de biopiratería para toda la biodiversidad.
Carlos Vicente: Los países desarrollados -generalmente- son los que ya aplicaron la norma UPOP 91. Ya la están implementando en Alemania y Estados Unidos. Esto deriva en persecución a los agricultores que guardan semillas. Con un segundo grupo de países hay compromisos de aplicarse, a través de presiones, una de las formas de presión es a través de los Tratados de Libre Comercio que tienen un capítulo sobre las semillas, es una obligación. Esto fue muy claro en la implementación de TLC en el NAFTA – entre Estados Unidos y Centraomérica. Así los países que han aprobado TLC no tienen ninguna posibilidad de resistirse. Si fuéramos parte del ALCA como se intentó a principios de siglo, no hubiéramos escapado. En el resto de los países no existe ninguna obligación internacional de aplicación. Lo que existe son presiones políticas y corporativas. La ley de patentes en Argentina que se modificó en los años noventa por presión de EEUU fue la antesala.
Carlos Vicente: La nueva ley es un lobby concreto de Monsanto. En el 2003 la empresa empezó a pedir que se cambie la ley de semillas. Pero en ese entonces no encontró ecos en el gobierno, y anunció que se retiraba del país y que no generaría más eventos hasta que no se cambiara la situación. Entre otras acciones Monsanto frenó embarques enteros de soja transgénica en puertos de Europa porque contenían genes de su propiedad y Argentina no admitía pago de sus regalías. Esa demanda la ganó Argentina. Pero en el año 2010 – 2011, el gobierno nacional empieza a replantear su postura sobre el tema. A mediados de junio de 2011 en un discurso Cristina Kirchner afirmaba en Consejo de las Americas su reunión con representantes de la empresa Monsanto y la intención de la empresa de volver a hacer inversiones. Ocurre eso a mediados de junio y a mediados de agosto Vaqueros, director de Monsanto Argentina y Yahuar, ministro de agriultura anuncan en conferencia de prensa el lanzamiento de la soja RR2 Intacta.
Carlos Vicente: En muchos lugares donde se quiso imponer esta ley los pueblos han frenado su avance. El gobierno de Piñera en Chile no pudo presentarla en el Congreso debido al trabajo de muchas organizaciones sociales. En Colombia el paro agropecuario tuvo, entre sus pliegos, la desactivación de la resolución 970 que adhería a la UPOP 91. En Argentina hace un año que el proyecto está frenado. Se cree que pasada las elecciones el gobierno intentará aprobarla antes de fin de año. Tenemos un gran desafío por delante.
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