GRUPO
SEMILLAS

Golpe a los baldios: carambola en La Habana

Camilo González Posso / Octubre 16 de 2014 / Este artículo ha sido consultado 511 veces

¿Qué pasó entre el 18 de julio  y el 3 de octubre de 2014? En menos de 100 días el Presidente Santos dio una de las carambolas más raras de la historia de la legislación de tierras en Colombia:

 

Primer acto. En julio, ya electo presidente y a solo tres semanas de posesionarse, cuando todavía era Juanpa, firmó la Ley 1728 por medio de la cual se establece sin ninguna duda que “Los terrenos baldíos objeto de la presente ley, serán adjudicados exclusivamente a familias pobres”  (Parágrafo 2. Ver Diario Oficial 49216). De esta manera,  con firma de Lizaralde  como Ministro, de Cristo  como Presidente del Senado y sanción presidencial después de idas y venidas, se zanjó un debate de cuatro años ratificando el sentido de la Ley 160 de 1994 cuando estableció que los baldíos estaban destinados a los colonos campesinos que los estaban usufructuando y que los predios asignados a ellos no podrán exceder el área de una Unidad Agrícola Familiar, estimada suficiente para la subsistencia de la familia campesina según las características de la zona en la cual se ubica el predio. 

Segundo acto. El mismo día que Santos  instaló la mesa única con la Cumbre Agraria, su Ministro de Agricultura entregó a la Cámara de Representantes el  proyecto “PL 133-2014c- Terrenos Valdíos” (sic) por medio del cual se anula el sentido social de la ley vigente para darle prioridad a la entrega de los baldíos para macroproyectos en Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico – ZIDRES. 

Fue mal presagio que esa ley 1728 pasara de inmediato a la clandestinidad y que se perdiera el segundo folio que  contiene el parágrafo 2 destinado  “exclusivamente a familias pobres”. Semanas antes el gobierno había  decidido retirar del Congreso de la República el proyecto radicado por el ministro Lizaralde que pretendía  cambiar los artículos de la Ley 160/1994 que han sido violentados por los grandes inversionistas concentradores de predios en la Altillanura. En plena campaña de reelección, al Presidente – candidato le dio vergüenza o le pareció un mal cálculo electoral darle el visto bueno a un proyecto que sus asesores de paz calificaron como un golpe contra los acuerdos en La Habana y sus asesores económicos como inoportuno.

El escándalo estaba al rojo vivo pues Lizaralde fue recusado por actuar en interés propio al proponer lavar la ilegalidad de la compra de predios originarios en baldíos mediante trucos para intentar burlar  las normas anticoncentración y de protección de territorios destinados a etnias,  campesinos y pequeños finqueros. La Contraloría General de la Nación, respaldada  en sentencias de la Corte Constitucional, había iniciado  investigaciones en contra de las pretensiones de Lizaralde - Ocampo, la familia de  Aurelio Iragorri, lo mismo  que de otros muy poderosos como  Cargill, Mónica SAS, Poligrow, The Forest Company,  Riopaila, Corficolombiana, Manuelita,  quienes “de manera directa o indirecta o a través de empresas constituidas para el efecto, adquirieron de manera irregular y acumularon de manera irregular predios originalmente baldíos contrariando lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley  160 de 1994” (CGN, Acumulación irregular de baldíos en la Altillanura  Colombiana, página 110, Bogotá D.C. mayo de 2014).

¿Si son tan malas, porque es tan buen negocio?

La esencia del proyecto Cristo – Iragorri es eliminar las restricciones para concentrar el uso o la propiedad de predios en la Altillanura y otros lares que puedan ser calificados como ZIDRES. La descripción de esas zonas lejanas, de tierras acidas y exigentes en capital y tecnología para volverlas rentables, es calcada del texto dejado por Lizaralde. La idea es que en esas tierras tan malas solo son viables macroproyectos agroindustriales, forestales o extractivos; y que la fórmula para  integrar a los pequeños, al estilo de INDUPALMA y otra palmeras, son las alianzas productivas que solo pueden garantizar los grandes con sus palancas de capital, capacidad gerencial y proyección global.

En las ZIDRES no existirán límites de apropiación de Unidades Agrícolas Familiares que pueden comprar si ya tienen dueño (artículo 9) o recibir en concesión si son baldíos sin gente (artículo 7); los grandes concentradores de predios podrán asociarse con los pequeños propietarios o comprarles sin límite; estos proyectos asociativos tendrán toda suerte de estímulos e incentivos (artículo 6) – algo así como SuperAIS – y para mayor tranquilidad les han prometido inversiones gigantes en vías, servicios y seguridad. 

El pretexto para lavar las irregularidades de los acaparadores investigados por la Contraloría es que esas tierras están lejos y son malas, malísimas. Por eso les quitan las obligaciones con el artículo 72 de la Ley 160/1994 y les agregan beneficios desde el Estado para los cuales pretenden vender ISAGEN y si es necesario otro pedazo de ECOPETROL. La experiencia de Chile con los proyectos de economía familiar y otros de Brasil, muestran que con un soporte de inversión estatal y apoyo en toda la cadena desde la asistencia técnica, el crédito hasta la comercialización, los pequeños asociados son eficientes y por lo general de mayor productividad por hectárea que los macroproyectos y mucho más que los estado – adictos que son inviables sin succionar rentas del Estado y la valorización por obras publicas. Los supuestos de las alianzas productivas  esconden  que en realidad dependen de la inversión pública  en infraestructura y de los subsidios abiertos o disimulados del Estado.  

En la Cumbre Agraria se recibió la noticia como una burla a las aspiraciones campesinas y a los acuerdos de paz. Así se lo manifestaron al Presidente ese 3 de octubre sin que se inmutara él ni su Ministro  Iragorri que se declaró impedido  y dejó que Cristo firmara el proyecto como ministro de Agricultura Ad Hoc. Mientras sonreían entre nerviosos y cínicos, los firmantes de la Ley 728  ahora firmantes del golpe a las familias pobres que son las destinatarias de esas tierras en la ley vigente, el asombro y la indignación recorría el auditorio en donde estaba la cúpula de la más importante unidad de la gente del campo en el último siglo, el murmullo crecía: “Le dicen baldío a nuestros territorios étnicos”, “no van a poder pasar por encima de la consulta”.

“Después llegan la ZIDRES al pacífico negro”. “Ya no hay baldíos sin gente, ni sin colonos” “Donde dicen que hay baldíos disponibles o reservados es porque debajo están los muertos y en el pueblo los desplazados reclamantes”. Un exfuncionario del INCODER murmuró por su lado que los acusados por la Contraloría suman 300.000 hectáreas con irregularidades; a ellos y a otros que ya han comprando predios    les quieren sumar proyectos en ZIDRES, con otros 3 millones de hectáreas solo en la Altillanura, sin contar las de otros lados, que las hay lejos y sin cal. “Cuantos muertos faltan en esta guerra sin fin por los baldíos”, musitó  Alfredo Molano mientras con cara de resignado esperaba los discursos. 

Queda la posibilidad de que Santos vuelva a darse cuenta del ridículo histórico que está haciendo y en lugar de darle una patada a la mesa de la Cumbre y otra a la mesa de La  Habana, vuelva a retirar el proyecto y regrese al 1728 que firmó hace unas semanas. Lo que haga el gobierno en este tema dará idea del modelo de post conflicto que quieren imponer desde las alturas del poder… y de lo que quieren cosechar mientras tanto en el esquema de negociar sin desmilitarizar macroproyectos y sin tregua social.