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El Caso de Guatemala

/ Septiembre 05 de 2014 / Este artículo ha sido consultado 1687 veces

Guatemala vive un momento histórico. En este país centroamericano tradicionalmente agrícola, las manifestaciones sociales lograron la derogación en el Congreso de la Ley de Obtentores Vegetales, que algunos denominan la Ley Monsanto. La medida que había causado todo tipo de reacciones y desató una ola de manifestaciones en las plazas y llevó a bloquear las carreteras, cesó esta madrugada con el triunfo popular.

I. El país de los volcanes

Guatemala es nación maya. Los mayas se asentaron en este territorio y se extendieron hasta México en un proceso de civilización que abarca más de tres mil años de antigüedad, y del cual se sabe que practicaron en su cotidianidad un idioma del cual se desprenden unas 44 lenguas hasta ahora reconocidas. Una civilización basada en la agricultura que domesticó el teocintle y que basó su economía, política y ancestralidad en el alimento. No es en vano que en lengua nahualt, Guatemala traduce el lugar donde se encuentran muchos árboles. 

Cabe agregar que este país centroamericano que limita con Belice, Honduras, El Salvador y México, que posee salida al mar caribe y al Pacífico, es el primero en latinoamérica con mayor tasa de población indígena. El principal renglón de la economía es la agricultura y sobresale la producción de frutos agrícolas no convencionales, pcupando el primer puesto en exportación de cardamomo. A esto se le suma además la producción de brócoli, arveja china, col de bruselas, ajonjolí, espárragos y chile. Desde relativamente hace corto tiempo, Guatemala se adhirió a las dinámicas mundiales de la "revolución verde" y comenzó a producir café, caña de azúcar, tabaco, algodón, maíz, frutas y todo tipo de hortalizas.  

La Revista Contrapoder, en un artículo de hace algunos días, anunciaba que Guatemala se convertí en el quinto exportador de azúcar del mundo. Según este medio: "Se prevé que la cosecha nacional alcance las 2.8 millones de toneladas métricas (TM), equivalentes al 1.6 por ciento de las globales. Brasil, India, la Unión Europea, China y Tailandia encabezan la lista, seguidos por Estados Unidos, México, Pakistán, Austria y Rusia. Este dato incluye tanto el azúcar producido a partir de la caña como de remolacha.

Se espera también que Guatemala exporte 1.9 millones de toneladas métricas, equivalentes al 3.5 por ciento de la oferta mundial de 55.9 millones de TM. El país disputó el cuarto puesto con México en las temporadas que finalizaron en los años 2010, 2011 y 2012, cuando la producción de ese país registró caídas". También agregan que en la actualidad, el azúcar es el segundo cultivo permanente con más hectáreas (260 mil) y también uno de los dos con el menor crecimiento anual (3.8 por ciento) en área de siembra. Sin embargo, y a pesar de que la adopción de tecnología podría reducir la demanda de mano de obra, la industria camina hacia la sostenibilidad y promete seguir siendo un dinamizador de la actividad económica local y regional.

II. La Ley Monsanto

De la misma forma como se presentó en otros países latinoamericanos, en Guatemala la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales fue aprobada el 26 de junio de este año por parte del Congreso de la República y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según se explicó con la intención de "resguardar la propiedad intelectual de las semillas" y entrará en vigencia el 26 de septiembre de este año. Los partidos Todos, Patriota, UNne, Gana y el bloque independiente mostraron su claro apoyo hacia la ley, contrastando con la oposición de Creo y la ausencia de Lider el día de la sesión. Al igual que Colombia y otros países del vecindario, la ley se deriva de los compromisos pactados en el Tratado de Libre Comercio de Guatemala con Estados Unidos que fue firmado en el año 2005. En este el gobierno del norte exige un sistema de protección de derechos para la obtención de variedades vegetales.

La ley se basa en el convenio de la UPOV (1991), la controvertida norma que busca establecer la propiedad intelectual de semillas y plantas para  fines comerciales.  Aquí se reconoce que las variedades registradas no podrán ser reproducidas comercialmente sin autorización de su obtentor, pero deja a criterio de cada país la autorización de liberar variedades para uso no-comercial (campesinos que utilizan la agricultura como forma de supervivencia diaria). El problema surge cuando vemos que la ley es básicamente una copia del convenio sin ninguna contextualización a las necesidades guatemaltecas.

Por variedad se entiende que serán semillas y especies vegetales silvestres o modificadas genéticamente que cumplan con la siguientes condiciones (Art. 7 de la Ley para la protección de Obtenciones Vegetales): nueva, distinta, homogénea y estable. Las cuales darán protección al “obtentor” (descubridor o inventor) en un marco legal para su posesión, multiplicación y cultivares futuros. La ley explica que serán 15 especies que el Ministerio de Agricultura y Ganadería dará a conocer en un futuro.El derecho de obtentor tendrá una vigencia de veinticinco años para árboles y vides y de veinte años para el resto de cultivos.  Después de esto cualquier persona o entidad podría comercializar la variedad estipulada.

Aunque las autoridades trataron de ocultar la importancia de esta ley,  organizaciones como Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad de Guatemala o el Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación, encabezaron por redes quienes reclaman la violación de artículos constitucionales que resguardan la sostenibilidad del país, especialmente de grupos indígenas. pues este tipo de iniciativas deben contar con algún tipo de consulta comunitaria en donde se lograra  un acuerdo mutuo por todos los grupos afectados por la misma.

De ahí surgió el nombre de Ley Monsanto, que pronto se popularizó, aunque debe agregarse que la industria privada para desarrollar nuevos cultivares con mejoramiento genético se la disputan además de Monsanto, Dow, Dupont/Pioneer, Syngenta y Bayer, cualquiera de ellas se presume tendrían exclusividad de derechos de la propiedad intelectual de las semillas mejoradas por lo que pequeños comerciantes o desarrolladores, especialmente los pueblos indígenas, sufrirían de la desprotección de su forma de subsistencia y tendrían que comprarle dichas semillas a las grandes empresas.