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Dentro de los discursos sostenidos por los promotores de las represas en Colombia se menciona constantemente la necesidad de abastecer la demanda de energía del país para prevenir un apagón al tiempo que se generen beneficios como empleos, mejoramiento de vías, labores de reforestación, etc. Sin embargo, se acostumbra invisibilizar, reducir o dejar de lado los impactos negativos y conflictos que estas obras generan, que traducidos en pasivos sociales y ambientales deben llamar la atención de las instituciones competentes a la hora de licenciar este tipo de proyectos o de aprobar las recurrentes modificaciones de las licencias ambientales que, por lo general, solicitan los constructores.
Bajo la premisa que los intereses de las mayorías prevalecen sobre el de las minorías se intervienen las cuencas; no obstante, no se conoce ninguna consulta donde se exprese el interés de las supuestas mayorías. Los megaproyectos benefician a un pequeño sector de la sociedad y generan altas rentabilidades a partir del desconocimiento de los derechos de los afectados. Esta situación ha sido posible gracias a los grupos de poder –hidrocracías- que se han construido alrededor de las aguas en Colombia (Soler y Roa, 2013); por ejemplo las Empresas Públicas de Medellín – EPM, EPSA, Empresa Multipropósito Urrá, EMGESA (subsidiaria de ENDESA-ENEL) e ISAGEN que han tomado el control de varios ríos y cuencas hidrográficas de Colombia por medio de la construcción de represas grandes, medianas y pequeñas, sin que los pueblos tradicionales que las habitan puedan influir o ser parte en la toma de decisiones relacionadas con las aguas. Por lo general, a las comunidades afectadas no se les consulta los proyectos tan solo se les socializan, y los grupos étnicos y tribales que por ley deben ser consultados resulta no ser vinculante.
El libre acceso al agua por parte de las comunidades se ve coartado por el control que en adelante realizarán las empresas constructoras y operadoras, que no sólo acapararán y represarán las aguas, sino que definirán los flujos del río y los niveles de sus aguas, de acuerdo a sus necesidades de producción de energía, alterando los patrones estacionales de la corriente del agua y de las inundaciones. (Delgado, 2007[1]).
En el cañón del río cauca, donde se construye la represa Hidroituango aqueja gravemente a los habitantes de este territorio pues verán afectadas sus actividades económicas de subsistencia. Pero es más preocupante aún, el futuro de la población barequera[2] pues sin el flujo normal del río es imposible seguir ejerciendo su labor y tradición, y dado su carácter trashumante a lo largo del cañón muchos de ellos no fueron tenidos en cuenta en los censos adelantados por la empresa, los cuales se debieron adelantar en su lugar de habitación y trabajo.
En el caso de la represa El Quimbo, señalan que se inundaron más de 8.200 hectáreas de tierras fértiles, planas y mecanizables de la región con alto contenido de materia orgánica, sistemas de riego por gravedad y alta productividad, de seis municipios del sur del Huila; allí por menos 2.000 hectáreas son de cultivos permanentes y transitorios (cacao, arroz, sorgo, plátano y maíz) y también se inundaron pastos de cría y engorde de ganado bovino, ovino y caprino e instalaciones ganaderas (Roa y Duarte, 2014).
La inundación afectó la producción agropecuaria local y con ello el PIB regional. Se llegó a estimar que la producción y comercialización agropecuaria se afectaría por un valor de 32.000 millones de pesos anuales mientras que las regalías generadas por la hidroeléctrica para el municipio del Agrado solamente representarán alrededor de 750 millones de pesos anuales con destinación específica a cambio de más de 1.400 puestos de trabajo permanentes y la cancelación de nueve distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones previstos dentro del Plan de Desarrollo Departamental. Ocho empresas comunitarias en plena producción y con más de 40 años de antigüedad desaparecieron.
La producción agropecuaria y pesquera de la cuenca del Río Sogamoso se trastornó con la construcción de la hidroeléctrica del Sogamoso, allí se encuentra la principal producción de cacao del país y una de las más importantes de aguacate, la represa no sólo inundó algunas de esas fincas productivas sino que también afectó la productividad de la zona a partir de los cambios en el microclima.
Adicional a los conflictos generados en el área de inundación se suma la adición de áreas de reserva que no necesariamente se incluyen al inicio del proyecto. En el caso de El quimbo, inicialmente el proyecto contemplaba 8.586 hectáreas y terminó declarando cerca de 23.200 hectáreas, en las cuales no se permite labores tradicionales de subsistencia.
En el caso de la represa El Quimbo, EMGESA inundó 842 hectáreas de bosque ripario, el cual era uno de los últimos relictos de selva ecuatorial seca en Colombia. Se destruyó el hábitat de especies en peligro de extinción como venados, zorros, tigrillos, monos, aves, reptiles y anfibios. El 95 % del área inundada hace parte de la Zona de Reserva Forestal Protectora de la Amazonia, de tal manera que se llegó a afectar 103 especies de aves, 13 especies de reptiles y tres especies de mamíferos en peligro: la pacaraná (Dinomys branickii), el mono nocturno de manos grises (Aotus griseimembra) y la nutria neotropical o de río (Lontra longicaudis). [Roa y Duarte: 2013]
La empresa multipropósito Urrá inundó 8.500 hectáreas de selva ecuatorial húmeda en plena zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Paramillo, e ISAGEN inundó con Hidrosogamoso 8.000 hectáreas, algunas de ellas de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Los Yariguíes constituido tan solo en el año 2005, EPM con Hidroituango inundará más de 4.500 hectáreas de bosque seco tropical y bosque húmedo tropical, y con su construcción, al igual que lo que sucedió con Hidrosogamoso, ha provocado una estampida de animales silvestres, que se han sentido afectados por las explosiones necesarias para la apertura de túneles y vías y recientemente con la tala del bosque. Las medidas para la reubicación y ahuyentamiento de los animales silvestres, según los pobladores locales, no han sido efectivas, y esto puede apreciarse con facilidad en el aumento de casos de leishmaniasis en municipios como Sabanalarga que pasaron de seis (6) casos a anuales a cuarenta (40), dado que los animales salvajes son los portadores de la enfermedad, es decir no se traspasa de humano a humano, queriendo decir que los aumentos son motivados por la migración de fauna.
Los pobladores del Cañón del Río Cauca, identificaron 24 especies de peces que se encuentran amenazados por la construcción de la presa pues se afectarán 26.067 hectáreas de bosque seco tropical, entre ellos: capitanejo, filudo, sabaleta, sardina, pema, bocachiquera, doncella, barbudo, anguilla, guacuco, trompemanteca, dorada, remancera, corroncho, bocachico, bagre, sábalo, sapo, picuda, coca, silbador, agujeto, mazorco y chere. [Movimiento Ríos Vivos: 2013].
En la cuenca del Río Sinú, Kimy Pernía Domicó[3] denunciaba la desaparición de especies de peces como "el bocachico, la yulupa, la charua, el barbule". Y en el Sogamoso, los pescadores y las pescadoras consideran que el bocachico, pez reofílico no volverá a remontar el río Sogamoso por la presa. Lo paradójico de la construcción de presas, es que está acompañada con el derecho de contaminar el agua, interrumpir la dinámica natural de las corrientes, degradar el lecho del río y aniquilar la vida de los sistemas lóticos. [Roa y Duarte: 2013]
La intervención del Cauca medio afectará directamente la población cañonera que habita esta región, considerados los descendientes de los pueblos Nutabes, Tahamíes, Katios, Ebéxicos, Peques e Ituangos. La construcción de la hidroeléctrica de Urrá en el río Sinú tanto los pueblos indígenas de la cuenca alta, como los pescadores – campesinos – indígenas de la cuenca baja, vieron como se destruyeron sus cosmogonías en la medida en que la empresa de energía tomó el control sobre las aguas. Para el pueblo Embera Katío, las aguas y los ríos han sido esenciales en todos los ámbitos de su vida, de hecho, "el río (‘do’) da nombre a los lugares por donde pasa y crea las historias: Apartadó (río de plátano), Chigorodó (río de guadua), Chibugadó (río de abarco); Pawarandó (río de agua tibia), por mencionar algunos ejemplos" (Roa y Duarte: 2013).
La lógica del control y manejo de las aguas que impuso la presa acabó la pesca y puso en graves problemas la autonomía alimentaria que este pueblo tenía, su dieta ha estado basada en la proteína que les han proporcionado la gran riqueza íctica de los ríos y quebradas de la Cuenca del Sinú; ella es complementada con plátano, yuca y arroz que cultivan en las vegas ribereñas. Prácticamente desapareció la pesca. El proceso de desterritorialización originado por este megaproyecto hidroeléctrico provocó la desestructuración social, organizativa, política y cultural del pueblo indígena[4].
En la Cuenca Baja del Río Sinú (Córdoba), las inundaciones naturales fueron aprovechadas por el pueblo indígena zenú del Bajo Sinú para construir su rica cultura anfibia (Fals Borda, 2002). Los zenú, a través del desarrollo de sus impresionantes obras hidráulicas durante la época precolombina, permitió habitar este territorio de aguas, ciénagas, caños y río que también se relacionaba con el mar Caribe a través del gran delta del Sinú, de tal forma que lograron sostener una población mucho mayor que la que habita actualmente la Cuenca.
Sin embargo, los políticos y las autoridades ambientales de la región, problematizarían las inundaciones y utilizarían el "control de las inundaciones" como su discurso para lograr el consenso social para la construcción de la hidroeléctrica de Urrá. Con la interrupción del ciclo natural desaparecieron muchas especies de peces reofílicos y con ellos se perdió la vocación pesquera de la zona (cifras ADIOS AL RÍO). [Roa Y duarte 2012: 11]. Además de acuerdo a las denuncias de Asprocig[5], más de 25 mil campesinos - pescadores del bajo Sinú migraron hacia otras zonas del país.
Mientras tanto, los territorios son reconfigurados, nuevos modelos de vida son impuestos y el flujo natural de los ríos, en vez de ser parte integral de las dinámicas culturales de las comunidades locales, pasan a ser controlados por las empresas multinacionales para satisfacer las demandas energéticas que requiere la construcción de grandes obras de infraestructura para abastecer la demanda del comercio internacional en cuanto a mercancías, bienes, energía y servicios. [Roa y Duarte: 2013].
Para el caso de Urrá I, Kimy Pernía nunca dudó que la hidroeléctrica tenía un propósito, desecar las ciénagas de la parte baja de la cuenca para titulárselas a los ricos ganaderos y agroindustriales de la región. En esto coincide el investigador de asuntos agrarios Alfredo Molano que señala que "los ganaderos buscan, por cualquier medio, desecar las ciénagas para ampliar sus haciendas, y los campesinos - trabajadores anfibios, herederos de los zenúes - resisten porque de ellas proviene su comida. Desde los años 50 del siglo pasado, políticos, empresarios y hacendados sueñan con planes que regulen las aguas. Los distritos de riego construidos por el Incora[6] en los años 60 y los proyectos Urrá I y Urrá II obedecen a ese propósito y han desencadenado enfrentamientos sociales que desembocan en la guerra entre paramilitares y guerrillas".
La empresa Urrá aprovechó las presiones y conflictos a las que se venía sometiendo el pueblo indígena para adelantar la aprobación de la licencia. El gobierno respondía a los intereses económicos de la empresa, sin asumir una posición neutral que garantizara los derechos consetudinarios que proclama la Constitución Política. De esta manera la alianza entre el poder político y poder territorial, está íntimamente ligado al poder económico, obstruye la verdadera intervención social hacia las comunidades locales. Sus concepciones de manejo del agua se hacen a través de la aplicación de autoridad, dinero y conocimientos especializados, en donde la ciencia positivista universaliza leyes para validar y unificar formas de manejo de las aguas [Roa y Duarte: 2013].
La construcción de megaproyectos en un territorio atravesado por el conflicto social y armado como el colombiano resulta bastante complejo. Si bien, los proyectos en sí no son responsables de los miles de asesinatos, desapariciones y desplazamientos, es incuestionable que se han beneficiado de esta situación. En el caso de la región donde se construyó la Hidroeléctrica Urrá I, entre 1997 y 2007, según datos de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), solo en Tierralta, hubo 34.006 desplazados; y según la Pastoral Social, 32.617 hectáreas abandonadas. En este mismo período “Córdoba registró [...] 244 civiles muertos en eventos de conflicto y 3.333 homicidios” (MOE 2010).” [Rodríguez y Jiménez, 2012: 36, citado por Roa y Duarte: 2013:12].
Ahora bien, para el desarrollo de los proyectos de gran envergadura se ha procedido a una serie de desalojos sin cumplir los lineamientos que Naciones Unidas ha estipulado al respecto, como que las comunidades desplazadas por proyectos de desarrollo no pueden ser desalojadas sin tener resueltas sus condiciones económicas, de vivienda y mejoradas sus condiciones de vida; en el caso de la Hidroeléctrica Ituango, desde 2010 hasta la fecha han tenido lugar varios desalojos entre los que se resaltan los desalojos forzosos masivos de barequeros de las playas del Cañón del Río Cauca, en los lugares conocidos como El Plan de Icura, Tenche y Playa Capitán, de esta última los barequeros agrupados en el Movimiento Ríos Vivos han denunciado la irregularidad con que este procedimiento fue adelantado, puesto que fueron sacados en helicóptero y dejados en el parque de un municipio solo con la ropa que llevaban puesta luego de que sus herramientas y demás pertenencias fueron tiradas al río Cauca; el desalojo de la Arenera, jurisdicción del municipio de Toledo, en marzo de 2015 no tuvo en cuenta que en el lugar habitaban víctimas del conflicto armado, a la entrada del lugar se dispuso una pancarta donde cada víctima puso su código de desplazamiento, pero esta fue derribada y pisoteada por la policía en el desalojo, desatendiendo los mandatos de la corte en cuanto que las víctimas deben gozar de tratamiento especial; sin embargo, con este episodio queda claro que Hidroituango significa para muchos de los afectados la revictimización.
Por otra parte, un número significativo de campesinos y barequeros, manifiestan que no fueron informados, o se enteraron tardíamente, del censo socioeconómico que adelantó la empresa EPM y que su posterior inclusión ha sido un calvario por la exigencia de pruebas que no pueden conseguir; además, indiferentemente si están censados o no, ellos manifiestan que sin río no pueden seguir viviendo, que su forma de vida se extinguiría sin tener una respuesta clara y entendible por parte de la Empresa Constructora. [Soler y Roa: 2013:13]
Aunque la legislación colombiana solo reconoce por medio de la Ley 1448 a los desplazados por el conflicto armado, los afectados por Hidroituango que permanecieron por más de siete meses en la ciudad de Medellín, tomaron la decisión de declararse como desplazados por el proyecto Hidroituango. El movimiento le apuesta a que el Estado considere su condición de desplazados del desarrollo y reconozca que la imposición de estos megaproyectos también genera desplazamiento forzado.
En el área de influencia del proyecto hidroeléctrico del Quimbo en el departamento del Huila, han sido afectados por la destrucción de las cadenas productivas cerca de 12.000 personas, de las cuales han sido desplazadas más de 3.000 de sus tierras donde laboraban y del río Magdalena y desalojadas cerca de 700 personas por medio de la violencia policial, sin la compensación que establece la Licencia Ambiental (Decreto 899 del 15 de mayo de 2009) [Movimiento Ríos Vivos: 2013a]
Durante las protestas contra la desviación del Río Magdalena en febrero de 2012, varios integrantes de Asoquimbo fueron golpeados, entre ellos Luis Carlos Trujillo Obregón[7], quien según reporte del Hospital Universitario de Neiva perdió su ojo derecho. Guardando ciertas formalidades, el acto para el desalojo fue precedido por la lectura de un documento a cargo de la personera del municipio de Paicol, quien llegó al lugar gracias a una lancha facilitada por la empresa Endesa/Emgesa, constructores de la obra. El sitio autorizado para el acto policial no correspondía al lugar donde se encontraban ubicados los manifestantes, pese a ello, con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento fueron expulsados del lugar cerca de 400 personas, sin recato ni miramientos con niños y mujeres embarazadas[8]. Las personas fueron sacadas del lugar y metidas en chivas contratadas y facilitadas por la empresa contratista de la obra. La orden era llevarlos y no parar en sitios cercanos. [Valbuena: 2012]. Además de estos desmanes a varios líderes de Asoquimbo se les dio apertura de investigación en la fiscalía y procuraduría regional.
En el caso de los afectados por Hidrosogamoso las comunidades que decidieron manifestarse pacíficamente para protestar en el sector de El Peaje y la Playa cerca del Río Sogamoso el 14 de marzo de 2011, fueron sorprendidas al caer la tarde por los gases y agentes del ESMAD. En este operativo quedaron heridos Eliécer Jaimes Mejía y Manuel Montaño Ramos, pescadores de Puerto Wilches, Edinson Gómez campesino de la Fortuna, Pedro Noel Acevedo trabajador de Isagen y Jair Fonseca, campesino de la Fortuna[9]. Las mujeres en medio del pánico decidieron quedarse durmiendo en la vía dadas las condiciones de inseguridad logrando a los días siguientes tener unos acuerdos con la gobernación del departamento e ISAGEN que aún hoy reclaman.
En el caso de Hidroituango han sufrido sistemáticamente acciones de represión y persecución. En el año 2012 cuando adelantaron una audiencia popular en el Valle de Toledo, un militar disparó su arma cuando el secretario de gobierno Santiago Londoño estaba reunido con la comunidad, a la siguiente noche, militares del Batallón Bajez se mezclaron con los manifestantes y dispararon sus armas para repeler un supuesto ataque de la guerrilla infringiendo el Derecho Internacional Humanitario. Este hecho fue denunciado en repetidas ocasiones ante las autoridades departamentales sin que hasta ahora se conozca los resultados de alguna investigación. Al año siguiente, el 16 marzo de 2013 cuando las comunidades articuladas en Ríos Vivos se disponían para una asamblea popular fueron rodeados por policías fuertemente armados y luego requisados por un escuadrón de agentes del ESMAD, sin mencionarles porque eran detenidas, 84 personas fueron subidas en contra de su voluntad a un camión y llevados a la estación de policía del corregimiento. De este proceso irregular fueron capturadas doce personas que posteriormente fueron trasladadas en un helicóptero pagado por EPM hacia Santa Rosa de Osos, donde un juez de garantías les dejó en libertad al hallar que la captura fue ilegal, no obstante le proceso sigue abierto.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el gobernador de Antioquia de la época, Sergio Fajardo, se mostraron renuentes al diálogo con Ríos Vivos Antioquia, el gobernador prefirió delegar para las reuniones al Secretario de Gobierno y Responsable de Planeación antes que dar la cara y sostener un debate público con los afectados.
No obstante, mientras el diálogo no prospera, la construcción de proyectos hidroeléctricos sistemáticamente viola por lo menos 16 derechos humanos, según el informe del Consejo de defensa de los derechos de la persona humana de Brasil, quien tras un estudio de varios años determinó que por lo general se viola el derecho a la información y participación, a libertad de reunión, asociación y expresión, al trabajo, a una vivienda digna, a la educación, a un ambiente saludable, a la mejoría continua de las condiciones de vida, a la plena reparación de las pérdidas, a una justa negociación, conforme a criterios transparentes y acordados colectivamente, a la libre circulación, a los modos de vida tradicionales y preservación de bienes culturales materiales y no materiales, derecho de los pueblos originarios, de los grupos vulnerables a protección especial, derecho de acceso a la justicia y una razonable duración del proceso judicial, derecho a reparación por pérdidas del pasado, y derecho a la protección de la familia y de los lazos de solidaridad comunitaria[10] [CDDPH: 2010].
Hasta la fecha se registran los asesinatos de Luis Arango, presidente de la asociación de pescadores de la ciénaga El Llanito (+ Febrero12 de 2009), Herbert Cárdenas, presidente de la asociación de areneros Paz del Río (+Mayo 15 de 2009), Marco Tulio Salamanca, Pdte. Junta de acción comunal de la vereda Marta (+Septiembre 3 de 2009), Honorio Llorente. Pdte. Junta de acción comunal central del corregimiento Puente Sogamoso, municipio de Puerto Wilches (+Octubre 17 de 2009), Jairo Rodríguez Caro, miembro y líder de la comunidad de Marta. (+Abril 13 de 2011), Miguel Ángel Pabón Pabón, Líder desaparecido del movimiento en defensa del río Sogamoso (Octubre 31 del 2013) opositores al proyecto Hidrosogamoso en Santander, Nelson Giraldo Posada (septiembre 17 de 2013) y Robinson Mazo (Noviembre 30 de 2013) opositores a Hidroituango en Antioquia, Kimy Pernía desaparecido en 2003 y asesinados Lucindo Domicó y el profesor Alberto Álzate opositores a la represa Urrá I en Córdoba. A esta lista se suma la muerte de Ovidio Zabala en 2016 quien murió tras un deslizamiento de un talud provocado por la remoción del bosque de Hidroituango.
Para las víctimas del conflicto armado en Colombia las grandes represas hacen lo que el conflicto armado nunca les pudo arrebatar: la esperanza de volver a su tierra. En varios relatos de pobladores locales que en su vida han sufrido más de un desplazamiento forzado manifiestan que pudieron resistir a uno u otro grupo armado, era cuestión de irse, esperar y volver a sus tierras, pero con la represa implica un desplazamiento sin retorno puesto que sus tierras y lugares de trabajo quedarán bajo las aguas.
Con la misma dimensión de esta preocupación, desde que se iniciaron las obras, los familiares de las víctimas y desaparecidos, llamaron la atención sobre las fosas comunes y cuerpos inhumados en las riberas del río Cauca donde se emplazaría Hidroituango, puesto que debiera priorizarse los derechos de las víctimas a la verdad antes que la inundación de la zona para generar energía. Dicho esto, los integrantes de Ríos Vivos fueron estigmatizados y señalados de extremistas, la propia empresa EPM en una reunión con el Movimiento en el año 2012 consideró excesivas estas declaraciones pese a que el Movimiento aportó como prueba de esta situación una noticia publicada por el Diario El Colombiano donde comunicaba que habían sido exhumados más de siete cadáveres en el sitio donde se construían los primeros casinos para el hospedaje de los trabajadores de la obra.
Posteriormente se ha conocido que la empresa ha suscrito un contrato con la Fiscalía General de la Nación para la búsqueda de cuerpos en la zona, llegando a exhumar 159 cuerpos del área de inundación del proyecto. Ahora bien, entre el 15 al 23 de enero de 2018, debido a la gravedad de la situación y la inminencia de la inundación, fue convocada una misión internacional de observación y verificación sobre las condiciones de búsqueda de personas desaparecidas y preservación de las zonas donde se presumen están inhumados los cuerpos sin identificar a lo largo del cauce del cañón del río cauca, la cual llega a estimar que todavía habría que exhumar un número mucho mayor en el área de inundación basados en los protocolos forenses donde se resalta el número de casos reportados de desaparecidos en los doce municipios del área de influencia, las masacres ocurridas en la zona en las cuales los cuerpos fueron arrojados desde el puente Pescadero, puente la Garrucha y puente Viejo y la labor humanitaria efectuada por los pescadores, barequeros y barequeras del cañón del río Cauca quienes de acuerdo a sus creencias, tradiciones y mandatos espirituales procedieron a enterrar los cuerpos que bajaban por el río en las riberas para otorgarles santa sepultura.
Seis décadas de historia y experiencia frente al desarrollo hidroeléctrico en Colombia y el mundo, dan cuenta de la inviabilidad de este mecanismo de generación de energía. Lo relatado en este texto y sumado a las afectaciones que no se han podido presentar, como por ejemplo, el vertimiento de 500 mil metros cúbicos de lodos tóxicos provenientes de la represa Anchicayá en el Valle del Cauca y muchos otros evidentes en las regiones, cuestionan de fondo la denominación dada a las represas por parte de sus promotores de ser una tecnología limpia y barata, pues se ocultan temibles realidades y conflictos que la comunidad en general debe conocer.
Es urgente y pertinente que el gobierno nacional y demás gobiernos del mundo, discutan y transformen el modelo energético como lo ha planteado el Movimiento Ríos Colombia y otros movimientos de afectados por represas del mundo; esto requiere de una enorme y verdadera voluntad política de todos los sectores de la sociedad. Todo esto es posible, pues países como Estados Unidos y Canadá han reorientado su matriz de generación, han procedido a desmantelar proyectos hidroeléctricos y han avanzado en la protección legal de ríos, fruto de ese proceso se han removido por lo menos 1.057 represas de las cuales 593 se han removido en los últimos 15 años y 51 durante 2013, según reportó en 2016 la organización American Rivers.
Por tanto, Colombia y el resto de América Latina no debe continuar promoviendo la construcción de grandes represas, en las que además de los impactos sociales y ambientales, también es importante el endeudamiento; el llamado entonces es a atender lo dictaminado por la Corte Constitucional en su sentencia T-135 de 2013, que además de demandar un nuevo censo para los afectados por El Quimbo, conmina al gobierno nacional a hallar formas diferentes de generación eléctrica.
Aún es predominante el vacío en la investigación de la conflictividad y la problemática en torno a las represas, por esa razón se hace necesaria la apertura de espacios para el debate, reflexión y planeación conjunta que conduzcan a la formulación de políticas públicas que garanticen los derechos de las y los afectados, los derechos ambientales y de la naturaleza.
Autor: Juan Pablo Soler Villamizar. Movimiento Colombiano Ríos Vivos. C.e. juanpsoler@gmail.com
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