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Según el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, guía de la política económica colombiana, el desarrollo nacional se concentra en la identificación y priorización de proyectos en infraestructura, hidrocarburos, minería y energía, denominados “de interés nacional y estratégicos”. Junto a esta inversión, se viene así impulsado la construcción de varias mega-represas, tanto para la generación de energía como para la distribución de agua.
Actualmente existen tres grandes megaproyectos hidroeléctricos en ejecución que inundarían más de veinte mil hectáreas en tierras altamente productivas. Adicionalmente, se tramitan solicitudes de licencia que para 2013 ya alcanzaban ciento veinte proyectos hidroeléctricos. A la vez, están construyéndose o en vía de implementación un número indeterminado de microcentrales que no requieren estudio de impacto ambiental.
Al parecer, la administración del presidente Santos ha identificado la infraestructura como un pivote clave para acelerar el crecimiento y aprovechar la concreción de diversos TLCs, incluyendo los ratificados con EEUU y Europa. En la actualidad existen al menos diez proyectos de infraestructura prioritaria y el país ocupa un lugar destacado en el comercio continental por sus ventajas geoestratégicas.
Colombia es uno de los dos países con mayor expresión de la diversidad biológica y posee el 12% de la riqueza vegetal del globo. Ocupa el séptimo lugar a nivel mundial dentro del listado de países establecido por la FAO, con mayor disponibilidad de recursos hídricos. Según el Ideam y el Igac existen más de 1.141.748 km² distribuidos en cinco cuencas hidrográficas: Pacifico, Orinoco, Caribe Amazonas y Magdalena; adicional a estas vertientes existen más de1800 cuerpos de agua asociados a lagos, lagunas y embalses, 1900 ciénagas, y aproximadamente 200 km² en pantanos.¿
“La confluencia de características biofísicas y climáticas favorecen la riqueza hidrográfica del país, la presencia de páramos, selvas húmedas, sábanas y gradientes de montaña favorecen la ocurrencia de ecosistemas diversos que actúan como reservorios y reguladores del recurso” . Semejante exuberancia contrasta con la fragilidad institucional y la política que lejos de proteger el agua, la oferta para el beneficio de la explotación minera.
La “vocación energética” se ha materializado en varias iniciativas gubernamentales, que buscan promover la denominada locomotora minero energética. Entre ellas se destaca la Visión Colombia II Centenario, 2019 que propone convertir al país en un cluster de servicios energéticos aprovechando su capacidad para la producción de agrocombustibles, extracción de recursos minerales y explotación de hidrocarburos. En Colombia, aproximadamente el 42% de la inversión extranjera lo representa la actividad minero energética. En los últimos diez años el Ministerio de Minas ha tramitado 17.749 solicitudes, de las cuales han sido otorgados hasta el año pasado más de 8700 títulos mineros distribuidos en un 43% para oro y un 25% para carbón. La participación de la minería se calcula en 5.8 millones de hectáreas y se proyecta que llegue a 8.5 millones de hectáreas, casi el doble de lo que ocupa la actividad agrícola en la actualidad.
El 24.7% del territorio colombiano esta concesionado y muchas de las solicitudes y títulos mineros se encuentran en áreas de reglamentación especial cuyo objetivo es la protección de aéreas estratégicas para la conservación (ecosistemas de alta montaña, bosques secos y húmedos tropicales), ocupadas en su mayoría por grupos étnicos y/o campesinos. Pareciera que la legislación colombiana beneficiara a los actores que promueven el modelo de desarrollo extractivista, pues brinda garantías, medidas tributarias especiales, a los inversionistas privados; así como flexibilización de los estándares ambientales con el objeto de ejecutar proyectos minero energéticos, agroindustriales y una variedad de obras de infraestructura conectadas a la explotación en los territorios de mayor riqueza biológica.
Las empresas que construyen represas en Colombia por lo general establecen zonas francas, amparadas bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de impuestos a las importaciones y exportaciones. La zona franca los excluye del pago del 15% de impuesto de renta sobre el 100% de la operación, les reduce impuestos locales, los exenta del Impuesto de Valor Agregado (IVA) en compras locales, de aranceles e IVA en compras Internacionales y en compras de activos fijos.
El grupo EPM, constructor del proyecto Hidroituango en el norte y occidente de Antioquia, en el año 2012 solicitó la figura de Zona Franca Permanente Especial que al ser negada, logró que su filial EPM Ituango, los mayores inversionistas del proyecto (Empresas Públicas de Medellín y Gobernación de Antioquia) disolvieran la empresa, y cedieran los derechos de construcción al grupo matriz EPM, logrando que el Estado celebrara un contrato de estabilidad jurídica, mediante la Ley 963 de 2005 que le otorga garantías tributarias a los inversionistas nacionales y/o extranjeros. Con esta operación obtiene unos ahorros tributarios de cerca de doscientos millones de dólares, US$170 millones menos que los de la Zona Franca. Por lo tanto se evidencia, que el interés en la construcción de la represa, no genera ingresos parafiscales para el país y mucho menos desarrollo en la región.
La empresa Emgesa también suscribió con el Ministerio de Minas y Energía el contrato de estabilidad jurídica EJ-018 de 2010 para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, el cual según los medios de comunicación, también se beneficiaria de la constitución de una zona franca. De la misma manera se suscribió el contrato EJ-02 de 2010 entre la empresa Isagen y el Ministerio de Minas y Energía para la construcción del proyecto Hidrosogamoso, como EPM suscribió el contrato EJ-04 de 2008 para la generación eléctrica con Porce III.
Aunque estos proyectos de infraestructura afectan el medio ambiente y las comunidades, las empresas se abstienen de proporcionar información completa y veraz sobre los estudios económicos, comerciales, jurídicos, técnicos y ambientales. Además existe un sesgo cuando las caracterizaciones son realizadas por las mismas empresas ejecutoras de los proyectos. Por ejemplo, en el proyecto Hidroituango, la empresa Integral S.A. figura como accionista, contratista, e interventora. La empresa Ingetec, encargada de los estudios de impacto ambiental es a la vez interventora en Hidrosogamoso.
Además, en todos los casos, el otorgamiento de los títulos mineros y de explotación de hidrocarburos se les aplica una vaga idea de la consulta previa. A las comunidades rurales afectadas por proyectos minero energéticos y de agroindustria no se les reconoce su identidad colectiva ni cultural derivada de su arraigo al territorio, y de sus actividades tradicionales ligadas a los ecosistemas naturales, y tampoco se les reconoce que son población vulnerable por razones socioeconómicas y sujetos de especial protección del Estado.
Tal como lo evidencia el documento Conpes, de Agosto 20 de 2013, que fijó los lineamientos de política para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos (Pines):“Los principales cuellos de botella que afectan la agilidad y viabilidad del desarrollo de los proyectos en estos sectores son, entre otros, procesos relacionados con la adquisición de predios, con la consulta previa a comunidades, las relaciones con las comunidades de las diferentes regiones, y con los permisos y trámites ambientales”. Además señala el documento que “se requiere dictar lineamientos de política que permitan solucionar dichas dificultades en proyectos que generan alto impacto en la política económica y social del país.”
Adicionalmente se desconoce que estos megaproyectos están provocando daños ambientales en muchos casos irreparables. Diversos estudios advierten sobre el incremento en la emisión de gases efecto invernadero; las alteraciones climáticas y sus repercusiones directas sobre los ecosistemas y la biodiversidad; los procesos de inundación y erosión de suelos; así como el incremento de enfermedades epidemiológicas y otras graves afectaciones a la salud, la soberanía y seguridad alimentaria y el derecho al trabajo así como la identidad y la cultura de comunidades étnicas, campesinas, barequeras, pescadores artesanales, entre otras poblaciones vulnerables.
En varios casos, como en el Quimbo, la Contraloría General de la Nación ha proferido decisiones, advirtiendo sobre la falta de planeación, violación de normas ambientales, evasión del pago de regalías y detrimento patrimonial, desconocidas por el Ministerio de Minas y Energía y la empresa. El papel de la Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios es casi inoperante en relación con los daños ambientales y agrarios y no promueve su actividad preventiva ni disciplinaria.
Los daños al ambiente producidos por la implementación de megaproyectos han generado condiciones de precariedad socio económica que limitan a los pobladores del derecho a la vida digna. Estos daños han afectado de manera desproporcionada a comunidades locales, afrocolombianas e indígenas que han preservado ecosistemas y formas de interacción con la tierra con usos tradicionales que posibilitan el derecho disfrute del agua, el derecho a un ambiente sano y a la alimentación.
Dos de los casos emblemáticos en el país son las afectaciones a las comunidades de pescadores de la cuenca baja del rio Sinú, departamento de Córdoba, cuya tradición y cultura de rio se vio destruida cuando el bocachico, entre otras especies, se extinguió del río en gran parte por la construcción de la represa Urrá.
Esto facilitó la entrada a la zona de la ganadería extensiva con la consecuente deforestación y su impacto en los suelos, humedales y ciénagas. Otro de los casos emblemáticos es la cultura barequera en el cañón del rio Cauca, técnica ancestral de extracción de oro de aluvión en las riberas de los ríos que datan de hace 2.500 años de antigüedad, y que está a punto de extinguirse debido a la construcción de Hidroituango y otras represas en el país.
Estos daños ambientales recaen tanto en parques naturales, como en zonas de reserva forestal, bosques tropicales, paramos. En relación con el agua, y pese a ser un bien de dominio público, inalienable e imprescriptible, es creciente el fenómeno de acaparamiento de este recurso por parte de empresas para el desarrollo de proyectos agroindustriales, mineros y de infraestructura, impidiendo el transporte fluvial (única vía de acceso para poblaciones rurales que enfrentan situaciones de confinamiento); el abastecimiento para el consumo humano y la producción alimentaria del país. En ese sentido, es preciso tener en cuenta que los procesos de extracción de minerales y metales, demandan entre cincuenta a noventa millones de litros al día, equiparables al consumo diario de poblaciones promedio de quinientos mil habitantes.
Según estudios realizados por el Ideam, importantes cuencas del país responsables del abastecimiento de diversos departamentos, presentan afectaciones entre un 50% a 70% en su caudal, sin contar problemas asociados a la calidad del agua por vertimientos tóxicos de: arsénico, cromo, plomo, uranio, zinc, mercurio, cianuro, entre otros . Finalmente los impactos en el uso del suelo repercuten en las condiciones socioeconómicas de las poblaciones. El cambio de la tradición productiva de las regiones en contra de la vocación natural del suelo, están llevando a la ruina a pescadores y agricultores, que además son desalojados y se les vulneran sus derechos económicos y sociales.
A su vez, hoy se evidencia la relación que dichos megaproyectos han mantenido con la sistemática violación de los derechos humanos, ya que son uno de los principales causantes de desplazamiento en el mundo y Colombia no es la excepción. Según informes de la plataforma de DDHH Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Movimiento Ríos Vivos, la intensificación del conflicto armado y consecuentemente el desplazamiento forzado precede el desarrollo de estos megaproyectos en las regiones.
Los territorios fueron y son escenarios de graves violaciones a derechos humanos. Según cifras de Funtraenergética (2011), citado en Minería y Derechos Humanos de la Contraloría “el 80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia, se presentan en los municipios mineros-petroleros (el 35% del total nacional); el 87% del desplazamiento forzado sale de estos municipios y quienes reciben regalías por producción minero energética; el 78% de los crímenes contra sindicalistas, 89% contra indígenas y 90% contra afrodescendientes, se cometen en áreas minero energéticas”
Los desplazamientos forzados favorecen al despojo y el acaparamiento de tierras. En Hidroituango, los doce municipios que están siendo afectados por el proyecto, presentaron altas tazas de desplazamiento, algunos de ellos superiores al de 50% de la población. La persecución a líderes, organizaciones sociales defensoras de los recursos naturales y bienes de la naturaleza, son otro modus operandi. Varios líderes de movimientos sociales en los territorios de impacto de las represas han sido asesinados y desaparecidos forzadamente, como los indígenas Kimy Pernía, Lucindo Domicó y el profesor Alberto Alzate, opositores a la represa Urrá I.
Los campesinos y pescadores opositores a la Represa Hidrosogamoso, Honorio Llorente, Marco Tulio Salamanca, Herbert Cárdenas, Luis Arango y Jairo Rodríguez Caro, también fueron desaparecidos, en medio de una campaña de amenazas e intimidaciones mediante panfletos, carteles y rumores. En el norte y occidente antioqueño, la agudización del conflicto armado se observa en el aumento de las zonas sembradas con minas antipersonales, confrontaciones entre grupos armados, quema de vehículos, amenazas, persecución y judicialización de la población civil.
En Ituango, una lista de líderes y lideresas campesinas opositoras a la construcción de la represa, han sido estigmatizados y señalados como auxiliares de la guerrilla. El 17 de septiembre de 2013 fue asesinado el líder Nelson Giraldo Posada y al mes, se presentó un atentado con explosivos en la vivienda del líder Genaro Graciano. Desde el 2009, año en que iniciaron las obras de Hidrosogamoso, han sido asesinadas cinco personas pertenecientes a las asociaciones ligadas a la defensa del río. Otra persona continúa desaparecida. A las protestas pacíficas se les criminaliza injustamente. En Hidroituango diecinueve líderes están siendo judicializados y uno de los promotores de Asoquimbo se le investiga disciplinariamente por la Procuraduría por su labor de defensa de los afectados por la represa del Quimbo.
Y el caso de Miguel Ángel Pabón Pabón, líder de una junta de acción comunal e integrante del Movimiento Ríos Vivos que el 31 de octubre de 2012 fue detenido y luego desaparecido en el Municipio de San Vicente de Chucurí (Santander). Todos estos hechos, que claman justicia, son la otra cara de las represas y del negocio de las hidroeléctricas.
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