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Por una transformación institucional, política y territorial al servicio de la vida campesina. Hoy Colombia atraviesa un nuevo escenario político que ha permitido abrir debates históricos sobre la deuda del Estado con el campesinado. Después de décadas de exclusión, violencia, despojo y negación política, el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional y como sujeto político de derechos, representa una conquista histórica de las luchas sociales, agrarias y populares. Sin embargo, el reconocimiento jurídico por sí solo no transforma las condiciones materiales de vida de las comunidades rurales. El gran desafío de este tiempo es avanzar hacia una verdadera implementación integral de los derechos campesinos. La implementación de los derechos del campesinado no puede limitarse a programas asistencialistas, proyectos productivos aislados o medidas institucionales fragmentadas. Requiere una transformación profunda del Estado y de la manera como históricamente se ha entendido el campo colombiano. Implica reconocer que el campesinado no es únicamente un actor económico, sino un sujeto político, cultural, territorial y ambiental que ha sostenido la vida, la alimentación y la biodiversidad del país incluso en medio de la guerra y del abandono estatal.
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