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El proceso de negociación de paz adelantado entre el Gobierno Nacional y las FARC ha generado un acuerdo preliminar en el tema de tierras y desarrollo rural denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: la reforma rural integral”. Este incluye puntos estratégicos como el acceso y uso de la tierra, programas de desarrollo rural con enfoque territorial, infraestructura adecuada de tierras, estímulo a la producción para el desarrollo, entre otras, con el fin de beneficiar a las comunidades campesinas y grupos étnicos en las zonas rurales del país.
En medio de la euforia por la firma de un acuerdo de paz y las expectativas surgidas por las políticas públicas para superar las crisis del sector rural, se maneja un doble discurso por parte del gobierno nacional que confunde a la opinión pública. Por un lado acuerda en La Habana políticas para la reforma agraria, que implican apoyo a la economía campesina y comunidades rurales mediante el acceso a la tierra, desarrollo de tecnologías apropiadas, acceso a créditos y mercados, entre otros, mientras que por el otro, implementa políticas rurales que contradicen dicho enfoque.
Es así como el actual Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 profundiza el modelo extractivista, impulsado desde los gobiernos pasados, partiendo de la premisa económica del libre comercio, la confianza inversionista, la privatización de patrimonios públicos y el ambiente, la implementación de proyectos minero-energéticos y de infraestructura multimodal, para insertar el país en el mercado global.
El modelo de desarrollo rural impulsado por el actual PND es el de la agroindustria a gran escala. Mediante la creación de un marco especial sobre administración de las tierras de la nación, el modelo afecta las aspiraciones territoriales de las poblaciones campesinas y étnicas, elimina los requisitos para la adjudicación de baldíos, elimina los topes que impone la UAF y potencia los esquemas empresariales de alianzas productivas para implementar tecnologías de punta, el uso de semillas certificadas y transgénicas; en donde el campesinado queda subordinado a los grandes empresarios.
Estos ejercicios resultan contradictorios en el marco de los acuerdos de paz y de lo que se viene exigiendo por parte de las comunidades étnicas y campesinas, reunidas hoy en la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular. Las estrategias previstas en el acuerdo de paz, como el fondo de tierras para el acceso a las comunidades étnicas y campesinas, se desvirtúa con las reformas adelantadas por el gobierno nacional, especialmente con la modificación del proceso de adjudicación de baldíos, en el marco de la ley ZIDRES (Zonas de Interés para el Desarrollo Rural, Económico y Social).
Esta ley, aprobada en diciembre de 2015 por el congreso de la república, pretende entregar las tierras baldías (bienes inmuebles de la nación) a grandes inversionistas y mediante alianzas productivas que involucran a las comunidades campesinas en proyectos agroindustriales, se estimula una agricultura de contratos a bajo costo, atentando directamente contra los derechos de los campesinos, quienes son los legítimos ocupantes de tierras baldías y los principales sujetos para su adjudicación.
Esto se hará a través de la UPRA (Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios), encargada de identificar las potenciales ZIDRES y con éstas, los mecanismos para la acumulación de tierras. Para que esto sea viable, la Ley ZIDRES elimina las restricciones de la UAF, permite la entrega de los predios baldíos a empresarios en modalidad de contratos de arrendamiento y las declara como zonas de utilidad pública, permitiendo que el ordenamiento del territorio se realice en función del agronegocio, sin tener en cuenta a los entes territoriales y la ciudadanía.
El gobierno nacional ha borrado con el codo lo que ha acordado con la mano, al impulsar un modelo que favorece la agroindustria y el extractivismo a gran escala, favorecer relaciones asimétricas entre campesinos y empresarios, paquetes tecnológicos, la investigación biotecnológica transnacional y la explotación forestal, minera, energética y una institucionalidad que protege a inversionistas, al sector financiero y condena a las comunidades rurales a estar subordinadas a los intereses y emprendimientos del empresariado.
En este contexto, los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC sobre la reforma rural integral, pese a las dudas que quedan, resultan de gran importancia política para las organizaciones sociales que exigen una reforma agraria para reconstruir los sistemas productivos propios, defender las semillas criollas, la soberanía y autonomía alimentaria, la configuración de una sociedad incluyente, con derechos y capacidad de resistencia ante el modelo avasallador que pretende transformar los territorios rurales en despensas agroindustriales y mineras para el mercado mundial.
Con este boletín, conformado por artículos que ahondan en el tema, buscamos develar el telón de fondo que tiene la política de tierras y desarrollo rural del actual gobierno a la luz de lo acordado en La Habana, ya que mediante el discurso de la paz y el posconflicto se pretende profundizar el modelo neoliberal que ha llevado al campo colombiano a su más profunda crisis.
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