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SEMILLAS

Las actividades de protección a las explotaciones petroleras desarrolladas en los años 1980 en el piedemonte de Arauca, Casanare y Meta ampliaron el poder de algunos terratenientes y generaron capitales que se invirtieron posteriormente en la palmicultura. En el nuevo latifundismo conformado de esta manera convergieron las relaciones de poder de los terratenientes tradicionales con las generadas por las economías ilegales.

Los requerimientos de espacios para la legalización (lavado) de activos derivados de las empresas ilícitas, la resistencia política de las comunidades de colonos campesinos a las presiones del nuevo latifundio y la presencia y acciones de la insurgencia condujeron al ejercicio de presiones violentas por el control de territorios. Estos conflictos han contemplado igualmente confrontaciones armadas entre este latifundismo ligado al narcotráfico y al paramilitarismo, evidenciadas en las confesiones de algunos de sus representantes en el marco del proceso iniciado tras la adopción de la Ley 975 de 2005[3].. En 1989, se crea mediante decreto el Área de Manejo Especial de la Macarena, que comprende los territorios de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar. Esta figura establece una gama de espacios diferenciados en su uso, desde la reserva natural hasta las áreas de desarrollo, que permiten usos agrícolas y ganaderos, hacia los bordes exteriores de la antigua reserva. No obstante, las colonizaciones presionaron para poder establecerse en estos mismos ecosistemas,forzadas por la concentración monopolística de las tierras con mejores aptitudes.

Así, el Estado inició la titulación de 500 mil hectáreas sustraídas a la reserva natural[4]., con lo cual se estimularon las colonizacionesimpulsadas por el Incora como opción ante la inviabilidad de la reforma agraria. A pesar de haber existido una oficina del Incora en el municipio de El Retorno, Guaviare, no todas las titulaciones se completaron, lo cual debilitó los derechos de propiedad de buena parte de los colonos, circunstancia de la que tomaron ventaja comerciantes y narcotraficantes interesados en la apropiación fraudulenta de tierras[5].

El desenvolvimiento económico de la región se vio afectado por los altibajos propios de la agricultura los cuales se hacen más agudos en las regiones de frontera, dada la precariedad de los sistemas de transporte y los efectos de las economías ilegales. En este contexto, a comienzos de la década de 1990, el gobierno inició la erradicación de los cultivos proscritos, precisamente en momentos de una caída de precios de la pasta base de la cocaína. Ante esta medida, que incluyó aspersiones aéreas sobre todos los cultivos, incluyendo los de pancoger y las restricciones al comercio de productos como la gasolina y el cemento, utilizados en la vida cotidiana pero también empleados como precursores para la elaboración de la pasta de cocaína, los colonos del Guaviare, junto con campesinos de otras áreas en colonización organizaron marchas de protesta durante varios días. A pesar de una intensa represión, que causó muertos, heridos, detenidos y sensibles pérdidas económicas, se llegó a algunos acuerdos con el gobierno, el cual se comprometió básicamente a dar cumplimiento a ciertos proyectos de inversión ya previstos en el presupuesto de la nación, y al establecimiento de reservas campesinas, figura prevista en la ley 160 de 1994 de reforma agraria. 

Lo anterior implicaba acelerar la titulación de las tierras campesinas y suministrar recursos de inversión a través de proyectos; este proceso se puso en marcha al tiempo que se iniciaron las conversaciones entre el gobierno del Presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en un área desmilitarizada conocida como zona de distensión, comprendida por los municipios de La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y El Castillo localizados en el sur del río Ariari, departamento del Meta y San Vicente del Caguán, en el Caquetá. Al mismo tiempo que se desarrollaban estas conversaciones, el gobierno, con el apoyo de los Estados Unidos, comenzó a ejecutar un amplio programa de contrainsurgencia denominado “Plan Colombia”[6].

Cuando, de manera abrupta, concluyeron las conversaciones, se precipitó la operación de la nueva fase de la estrategia militar a la cual se denominó “Plan Patriota”, sobre las zonas en donde se habían adelantado las conversaciones. La operación militar conllevó una nueva fase de represión contra las comunidades campesinas que empezaban a organizar las reservas[7]..

Como resultado, numerosas familias resultaron desplazadas, debiendo vender sus tierras y mejoras a menor precio a algunos comerciantes de la zona; en varios casos se han transferido estos predios a personas que han iniciado la organización de nuevas “alianzas productivas”, como parte de la expansión de este modelo, a partir de su afianzamiento al sur de los municipios de San Martín y Puerto Rico, en el departamento del Meta, en el proceso ya considerado[8].. De acuerdo con la evaluación de Isacson y Poe sobre el “Plan Colombia” y su sucesor, el “Plan de Consolidación”[9].,los resultados obtenidos por estas intervenciones aún distan de los propósitos planteados; por el contrario, los conflictos se han agravado con el afianzamiento de grupos paramilitares sin que la guerrilla haya desaparecido[10]..

Uno de esos grupos es el denominado Bloque Centauros, con el cual mantienen estrechos vínculos conocidos empresarios vinculados al paramilitarismo como el comerciante de esmeraldas Víctor Carranza, Héctor Buitrago y Luis A. Arango, este último responsable de las acciones de los paramilitares en la zona del alto Ariari, Meta, desmovilizados en el marco de la Ley 975 de 2005[11].. En este contexto, se ha desarrollado el cultivo de la palma aceitera, particularmente en el departamento del Meta (con la mayor superficie de cultivo de palma en el país –estimada entre 60 mil y 97 mil hectáreas–[12].), en el medio Atrato (las emblemáticas comunidades de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó), Urabá, el sur de la costa pacífica (municipio de Tumaco) y el Magdalena Medio. De manera paralela, no obstante, se han incrementado la violencia, los homicidios, los desplazamientos forzados y el abandono de tierras.

Los casos más emblemáticos los reflejan el proceso del predio Carimagua, situado en el departamento del Meta[13]., anteriormente de propiedad del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, hoy Corporación Colombiana para la Investigación Agropecuaria, Corpoica[14].; y las titulaciones de tierras a favor de políticos afines al gobierno del presidente Álvaro Uribe. Por otra parte, como prueba de la violencia ejercida contra las comunidades campesinas, se han encontrado en el Alto Ariari, enclave de la agricultura de plantación de la palma africana, entierros de decenas de cadáveres en áreas aledañas a uno de los epicentros del Programa de Consolidación[15]..

El desarrollo de los cultivos de palma africana, iniciado a finales de los años sesenta alrededor de San Martín [16], se afianzó a partir de 2003 con la construcción y pavimentación de la carretera entre Villavicencio y San José del Guaviare, la cual une los municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia. Si bien el estudio de Fedepalma reporta poco más de 1.200 hectáreas sembradas en palma en la región, los productores informan que esta superficie supera las 7 mil hectáreas, caracterizados por contar con suelos bien drenados, levemente ondulados, con un régimen de lluvias de 2.800 mm anuales y una época relativamente seca al final y principios de año (diciembre a febrero) y en la cual se encuentran en construcción dos plantas extractoras.

La evaluación económica de la producción palmera señala que la propiedad de la tierra entre los pequeños proveedores (30% de los predios) está “en proceso de legalización” (“baldíos con posesiones antiguas”); los grandes productores controlan fincas con más de 300 hectáreas, que corresponden al 70% de los predios. Para la gestión y explotación de este cultivo, en varios municipios de esta región, especialmente desde Puerto Rico, Meta, hacia el sur, se implantó el sistema de “alianzas productivas”, con el apoyo de fuentes internacionales[17]. y gubernamentales nacionales, departamental y local, como son el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).

El sistema consiste en el suministro de palma por proveedores, generalmente pequeños productores, a “empresas ancla”, a través de contratos de exclusividad. Los términos del contrato comprometen a la “empresa ancla” al suministro del material vegetal y la asistencia técnica; por su parte, los campesinos, algunos de los cuales fueron productores cocaleros y firmaron convenios de erradicación, se obligan a aportar capital y mano de obra por un valor equivalente al 30% de la inversión total, estimada en 5.500 millones de pesos; destinar sus tierras al proyecto, y vender la producción a la empresa, en una siembra inicial de 1.000 hectáreas. Esta relación convierte a los proveedores en dependientes de las “empresas ancla” para poder acceder a créditos y a asistencia técnica.

Una empresa representativa del desarrollo de la agricultura de plantación en el occidente del departamento del Meta inició sus operaciones con poco más de 900 hectáreas en el municipio de San Martín. La elevada competencia presente en este municipio la condujo a establecer el desarrollo de sus actividades en el municipio de Puerto Rico. Estas actividades se iniciaron a comienzos de 2000, con la adquisición de 1.600 hectáreas, favorecida por los bajos precios de la tierra pero también afectada por problemas de orden público, propios de una zona cuya economía está sustentada en buena medida en la producción de hoja de coca y la comercialización de sus derivados y la presencia de grupos paramilitares y guerrillas.

Al evaluar el desempeño de la “alianza”, tras cerca de 9 años desde su comienzo hasta el momento de la evaluación, se destacan como ventajas la experiencia de la “empresa ancla”, las posibilidades de acceso al crédito institucional, el contar con un mercado asegurado, el bajo costo de la tierra y la “mejora de la seguridad en la región”. Como dificultades se señalaron: la no legalización de los títulos de los pequeños productores, lo cual dificulta el otorgamiento de créditos, su limitada capacitación técnica, la “cultura de lo ilícito” y los riesgos del “orden público”.

El balance productivo de las “alianzas” indica que el 57% de ellas tiene productividades calificadas como “bajas” o “muy bajas” debido a problemas técnicos (fitosanitarios) y financieros. Entre los primeros se destaca el impacto de la “pudrición del cogollo”, patología que se está extendiendo prácticamente en todas las áreas plantadas con efectos letales en el Pacífico y de menor impacto en las demás regiones. Según el estudio más del 50% de los productores está afectado por problemas fitosanitarios y el 80% de ellos los percibe como la mayor amenaza. Las condiciones de los pequeños productores difícilmente podrían dar resultados diferentes. Establecidos en fincas de condiciones agronómicas deficientes y con tenencias precarias de las mismas, carecen de capital para invertir en la tecnología requerida para el cultivo, lo que se traduce en bajos rendimientos (paquete tecnológico); agravan esta desventaja los precios de venta a la empresa, establecidos en condiciones de monopolio.

Esta relación de dependencia  e hace más profunda en tanto se otorga créditos a los productores asociados para la gestión de los títulos, la supervivencia de las familias y la complementación de sus ingresos, generando una profunda dependencia con tintes paternalistas, como puede advertirse en la siguiente observación, recogida en el informe: Las alianzas están contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, con afiliaciones a servicios de salud del régimen contributivo y mejoras en el acceso a los servicios sociales. Sin embargo las organizaciones no tienen la capacidad ni la vocación de prestar estos servicios y de fortalecer socialmente a las familias para que sepan manejar los mayores ingresos provenientes de la palma sin que se creen fenómenos sociales indeseados. as perspectivas planteadas por la política agraria del Plan de Desarrollo 2010-2014 apuntan al afianzamiento del estilo asumido por la dirigencia colombiana, en concordancia con las tendencias del capital a nivel internacional. La formulación de las estrategias de la “locomotora” del campo contemplan, de una parte, la continuidad del apoyo estatal a los “cultivos promisorios”, dirigidos hacia los mercados internacionales, con los pre arios horizontes ya comentados; de otra, el propósito de ligar aún más profundamente al país a los intereses de empresas trasnacionales mediante la extranjerización de las tierras, en particular los baldíos, dejando atrás la ínfima posibilidad de estabilizar a las comunidades campesinas desalojadas del interior de la frontera agraria.

Bibliografía

[1] F. Bernal, Estudio de tierras y conflicto. El caso de los Montes de María y el departamento del Meta. 1980-2004, Bogotá, 2006 (mecanografiado).

[2] Oscar Arcila N., Carlos A. Salazar, Sur del Meta. Territorio amazónico, Instituto Sinchi, Bogotá, 2007; Ómar Gutiérrez L., Desarrollo rural alternativo y economía política de la coca en el Meta 1982-2004, UNDP, ASDI, Bogotá, 2005; Fernando Bernal C. (2006).

[3] Dentro de las confesiones de algunos jefes paramilitares producidas en el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, se conoció acerca de las operaciones del llamado “frente Alto Ariari” como resultado de las cuales ocurrieron numerosos asesinatos, desapariciones y desplazamientos en los municipios de esta región. Al respecto el estudio de A. Isacson y A. Poe, After Plan Colombia, International Policy Report, Washington, Nov. 2009 y “Documentos exclusivos: así se fraguó el acuerdo de paz con los ‘paras’” (26 de abril de 2010) en www.verdadabierta.com

[4] O. Arcila, C. A. Salazar, obra citada, pp. 32 y sigs.

[5] Entrevista con el señor Arcángel Cadena, presidente de la Asociación de desplazados del Guaviare, Bogotá, 5 de febrero de 2010.

[6] Oslavio Beltrán R. (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos-ANEPE, Ministerio de Defensa de Chile), La nueva doctrina de intervención estadounidense y el Plan Colombia, Santiago, 2002.

[7] César Ortiz G. et al., Zonas de Reserva Campesina. Aprendizaje e innovación para el Desarrollo Rural, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2004.

[8]Entrevista con el señor Arcángel Cadena.

[9]Adam Isacson, A. Poe, After Plan Colombia. Evaluating “Integrated Action”, the next phase of U.S. assistance, International Policy Report, Center for International Policy, Washington, nov. 2009.

[10] Fernando Bernal, obra citada.

[11] “Ex jefes del Bloque Centauros apagan el “ventilador” por amenazas, en www.verdadabierta.com (23.02.2010). Ver Iván Cepeda, Javier Giraldo S.J. (2012), Víctor Carranza alias “el Patrón”, (2011) Bogotá,

[12] Emilio García G., obra citada. 15 Ver Cecilia López M., obra citada; Germán Quimbayo, Carimagua y los agrocombustibles, Revista Equinoxio, 2 de mayo de 2010.  

[13]  Ante las exigencias de la Corte Constitucional al gobierno nacional de dar el cumplimiento a la reparación debida a las víctimas del desplazamiento forzado en materia de las tierras abandonadas, el gobierno consideró entregar este predio a familias victimizadas; no obstante el entonces ministro de Agricultura Andrés Arias replanteó este destino, prefiriendo asignarlo a empresarios palmeros, entre los que se encontraba un familiar del ministro de Hacienda, aduciendo que los desplazados carecían de los recursos necesarios para explotar esas tierras. Ver López y Quimbayo, citados.

[14] Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe sobre cementerio de La Macarena, Meta, Bogotá, septiembre 7, 2010.

[15] Estudio Fedepalma, Informe de caso Alianza Agropecuaria Agrícola Santamaría (2009).

[16] El programa MIDAS de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID)