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La explotación de carbón a cielo abierto en Colombia ha derivado en históricos y complejos conflictos socio – ambientales. Basta dar una mirada a los departamentos del Cesar y La Guajira para reconocer la devastación del modelo minero impuesto en el caribe colombiano, producto de la combinación de la avaricia trasnacional y el desamparo de un Estado cómplice de la tragedia.
Luego de más de 30 años de devastación, en los que el despojo territorial a indígenas, afrodescendientes y campesinos ha marcado afectaciones culturales y pérdidas inconmensurables para los pueblos, la sed de carbón para satisfacer la acumulación capitalista del aparato trasnacional amenaza nuevos territorios.
En el departamento de La Guajira, Carbones El Cerrejón Limited materializa las amenazas a la permanencia ancestral y tradicional con la puesta en marcha de la expansión minera hacia el tajo La Puente. El carácter expansionista de la minería de carbón a cielo abierto implica la desviación de distintas fuentes de agua, la construcción de una represa sobre el río Palomino y una serie de obras de infraestructura que siguen siendo presentadas como posibilidad de desarrollo para la región, ese mismo desarrollo que los pueblos no han visto en más de 30 años, y que con su supuesto crecimiento económico no ha evitado la muerte de miles de niños y niñas.
Durante este año, más allá de la sobre exposición mediática según la cual los conflictos por el agua y sus consecuencias en La Guajira son resultado del cambio climático y el fenómeno del niño -mensaje construido para favorecer a los explotadores, y con el que se enmascaran las causas subyacentes de la sequía-, el país ha conocido la rotunda oposición de las comunidades étnicas y campesinas a la desviación del arroyo Bruno. Y es que, efectivamente, la desviación de este cuerpo permanente de agua, que garantiza la vida de los pueblos aledaños y entrega su caudal en aporte al equilibrio hídrico del río ranchería, es el primer paso para la ampliación de la minería y de todos los conflictos que conlleva.
Aunque desde la perspectiva empresarial no reviste discusión alguna la intervención en el Arroyo, amparados en anticuados permisos expansionistas de la década de los 90, y con estudios técnicos que no tienen ningún medio de contraste por parte de la institucionalidad colombiana, la negativa popular al desvío es radical.
Este artículo reflexiona brevemente sobre algunos de los vacíos presentados en el proceso de ampliación minera en La Guajira, y da cuenta de la manera en que los pueblos guajiros han adelantado sus acciones de resistencia.
Para el aparato trasnacional que opera en La Guajira, las condiciones de ampliación del proyecto están dadas y se ha cumplido con la legalidad existente. En ese sentido, se ha pretendido descalificar la visión comunitaria y de las organizaciones en oposición al proyecto desde tres argumentos, a saber: que no se puede cuestionar la expansión proyectada desde la década de los 90 (como si estuviera definida de una vez y para siempre); que el cumplimiento del proceso legal y administrativo ha sido transparente y adecuado; y, que no existen pruebas técnico – científicas que validen las posiciones comunitarias según las cuales el desvío del Arroyo Bruno generará conflictos por el agua para la población y para la naturaleza con consecuencias imprevisibles e irreversibles.
Existen, de otra parte, argumentos en contraposición que han sido construidos en el debate conjunto de las organizaciones, procesos y comunidades que señalan, respectivamente:
a) La necesidad de avanzar en la revisión de las resoluciones y permisos de expansión entregadas en los años 90. Posterior a casi tres décadas de emitidos dichos permisos, es condición necesaria evaluar las posibilidades de ampliación del proyecto bajo análisis de realidades regionales y nacionales, donde los fenómenos de cambio climático y del niño, avalados y utilizados por el gobierno nacional frente a cualquier conflicto por agua en La Guajira, sean elementos, entre otros, para analizar las pretensiones de expansión. Parece ligero argüir que un proyecto deba llevarse a cabo solamente por haberse aprobado décadas atrás, cuando las realidades territoriales de otrora son completamente diferentes a las condiciones actuales, entre ellas la escasez hídrica producto del modelo minero de carbón, con fuertes implicaciones de este modelo hacia los regímenes climáticos en La Guajira.
b) El proceso que según el aparato trasnacional es transparente y adecuado, reviste dificultades que han sido evidenciadas. Existen disputas conceptuales y territoriales relacionadas con el proceso de consulta previa que únicamente se realizó a la comunidad indígena de Campo Herrera, desconociendo al menos cinco comunidades que tienen cercanía con el arroyo y que se surten de sus aguas para garantizar la vida. En el mes de julio el Ministerio del Interior emitió un concepto según el cual la comunidad de La Horqueta 2 no es sujeto de consulta previa[1]; en sintonía con la visión del Ministerio del Interior se había expresado ya el Ministro de Medio Ambiente, Luís Guillermo Murillo, en la mesa interinstitucional que se generó para tomar decisiones frente al proyecto, en la que claramente están expresados los intereses empresariales, y no existe ningún tipo de representación de los pueblos. Por más que se esfuercen en esa mesa por presentar articulaciones que nominalmente dicen defender el arroyo, y de esa manera mostrar imparcialidad en la conformación de esa instancia, organizaciones que se autonombran como delegadas de los pueblos no han participado de las luchas históricas que las y los guajiros han desarrollado en defensa del agua, ni en este ni en otros momentos del proceso.
De otra parte, los permisos que fueron entregados por parte de la Corporación Autónoma de La Guajira -Corpoguajira- para la desviación del arroyo Bruno tuvieron dificultades manifiestas. La corporación se declaró sin capacidad de realizar estudios para la ocupación de cauce, el levantamiento de veda forestal y el aprovechamiento forestal. Resulta en sí curioso que la corporación que se dice autónoma para las decisiones en materia ambiental, declare que no tiene capacidad técnica para realizar los estudios que dieron origen a los permisos finales para iniciar el desvío. Sobre todo cuando años atrás frente a solicitudes del mismo tipo Corpoguajira había declarado la imposibilidad de dar permisos totales, por la importancia ecológica de la zona en términos forestales. Finalmente los estudios fueron realizados con la participación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, entre otros actores, cuando esta entidad meses atrás ya había dado vía libre a la expansión del proyecto.
c) Las comunidades guajiras, acompañadas por organizaciones del ámbito nacional e internacional con trabajo sostenido por varios años en la región, han presentado las razones por las que creen inviable el desvío del arroyo. Frente a dichas razones que han sido documentadas y expresadas también por la Universidad de La Guajira, los impulsores del modelo extractivo aducen la inexistencia de pruebas técnico – científicas. Varias dudas surgen al respecto. De una parte, en aspectos puramente epistemológicos, valdría también preguntar por la validez de las pruebas técnicas que la empresa ha presentado para mostrar que no habrá consecuencias importantes para el arroyo luego del desvío, pruebas que adolecen de claridades hidrogeológicas. Dichas pruebas no tienen ningún medio de contraste serio por parte de la institucionalidad ambiental del país, que además se declara incompetente en algunos casos para estudios de ciertas características. De otro lado, no puede invertirse la carga de la prueba y pedirle a comunidades empobrecidas que presenten pruebas técnicas para demostrar que sus aguas van a ser afectadas, pues las comunidades no son quienes pretenden desviar el arroyo, y no cuentan con recursos económicos para realizar estudios de este tipo, que tampoco son su responsabilidad. Debiera prevalecer el principio de precaución consagrado en la Constitución Política de Colombia, pero la asimetría de poder en la que el Estado y sus instituciones se alinean con intereses trasnacionales inducen la promulgación pública de parte de funcionarios de alto rango sobre las bondades del proyecto, sin que se hagan públicos los mecanismos y metodologías a través de las cuales se realizan las evaluaciones, análisis y aprobación de los estudios presentados por las empresas.
Las razones expresadas por las comunidades se basan en su memoria histórica, en la comprobación de hecho de la desaparición de fuentes de agua producto del modelo extractivo minero de carbón a cielo abierto, y en procesos de características similares, como la intervención del arroyo aguas blancas, hoy casi completamente seco.
Es importante aquí hacer referencia a la justa lucha que las comunidades guajiras han adelantado en oposición al desvío del arroyo, comprendiendo éste como el inicio de un nuevo proceso de devastación, como tantos que se han dado en estos años.
El proceso de resistencia a la expansión minera tuvo su mayor victoria años atrás, al evitar el desvío del río Ranchería para la explotación de 500 millones de toneladas de carbón. Ante la parcial victoria obtenida en el año 2012, las comunidades reconocieron que los intereses de expansión no paraban allí y se mantuvieron alerta frente a nuevos intentos. Así, en el año 2013, con el acompañamiento de Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, El Centro para la Investigación y Educación Popular -CINEP- y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR-, se conformó la articulación conocida como La Guajira le habla al país. Este espacio democrático, con participación de las voces de hombres y mujeres del pueblo guajiro, se dio a la tarea de construir una estrategia en diferentes niveles.
Se avanzó en la reconstrucción de la memoria histórica de las comunidades y sus procesos de defensa del territorio, dando cuenta de las complejidades sociales y políticas de la región, y principalmente de las formas en que se configuraron los territorios interétnicos en una suerte de reconstrucción simultánea de la memoria ambiental de la zona. Esta apuesta ha permitido el reconocimiento territorial y el involucramiento de nuevos actores sociales a la defensa de la vida.
Las organizaciones comunitarias continuaron a su vez un proceso de formación en el que se privilegió la comprensión del modelo extractivo, con sus causas y consecuencias. El proceso de formación se ha realizado de manera itinerante y en él han participado organizaciones, procesos y movimientos de otras geografías colombianas, constituyendo una cadena de solidaridad que derivó en el posicionamiento ante la opinión pública nacional e internacional de los sentimientos y pensamientos comunitarios ante la grave situación que atraviesa el departamento. La relación agua y minería ocupó varios años de trabajo articulado, y a partir de estos análisis se ha dado un mayor entendimiento de las causas que han dado origen al conflicto, también se ha proyectado lo que augura el futuro de no generarse un cambio profundo en el modelo de producción que ha llevado a La Guajira a una economía de enclave y a la dependencia de una actividad que significa la destrucción paulatina de los ecosistemas, territorios y culturas.
La construcción de capacidades en comunicación ha permitido que los mensajes elaborados por la población lleguen a diversas latitudes. Con la creación del portal La Guajira le habla al país -www.extractivismoencolombia.org- el ejercicio comunicativo ha combinado la producción comunitaria con el trabajo de las organizaciones involucradas en la articulación. A través de mapas parlantes, materiales audiovisuales, programas de radio, etcétera, la perspectiva de defensa territorial ha superado las fronteras y ha permitido demostrar que la oposición al proyecto no es una idea puesta desde sujetos externos a la realidad guajira; por el contrario, con la producción comunicativa se ha presentado el pensamiento autónomo de los habitantes de los lugares ancestrales y tradicionales, escapando al cerco mediático que el control de la información ha signado por años, y en el que se han empeñado las estrategias de responsabilidad social empresarial y la manipulación a algunas comunidades[2].
La incidencia política se ha realizado con diversas instituciones del Estado que han visitado la zona y han comprobado la realidad, más allá de los lavados verdes que han permitido seguir promocionando una minería responsable que simula un desarrollo que, como ya aquí se ha dicho, solamente existe en la cabeza de sus mentores, pero que es funcional a la legitimación de un proceso que escala progresivamente contradicciones que nunca se resuelven y cuyos pasivos ambientales y sociales pagan las poblaciones, incluso con sus vidas. La participación social en escenarios nacionales e internacionales ha propiciado la incidencia en una opinión pública desinformada por los gigantes corporativos. Ya en países importadores de carbón se conocen las consecuencias de la explotación de territorios en el caribe colombiano, y la solidaridad internacional presenta de manera contundente su rechazo a la continuidad de las estrategias de despojo.
En los últimos años los pueblos guajiros han comprendido que la movilización es estrictamente necesaria para cambiar un destino impuesto y que también fue presentado como camino único hacia la desaparición. La movilización ha sido entendida en sentido amplio, se han celebrado foros políticos y académicos dentro y fuera de La Guajira, recuperación de juegos tradicionales indígenas y afrodescendientes, acciones jurídicas, expediciones al arroyo Bruno, plantones y marchas para exigir el respeto por el territorio y las formas de vida que allí se expresan, y en el mes de mayo de 2016 más de 400 personas manifestaron su inconformismo a través del cierre de la carrillera por la que transita el carbón hacia Puerto Bolívar, en el tren en el que también se alejan los sueños con cada gramo de mineral que se extrae de la tierra.
Cada día que pasa los desafíos se hacen mayores y algunas condiciones más adversas. El apoyo estatal para satisfacer la voracidad trasnacional le hace desdibujar su responsabilidad como garante de derechos y como establecimiento que garantice la vida de sus integrantes. Las acciones de tutela presentadas para salvaguardar el derecho a la consulta previa no han llegado a buen término, aunque una de ellas, interpuesta en el mes de diciembre del año anterior, se encuentra en revisión por parte de la Corte Constitucional. Estas acciones no son asumidas como un fin en sí mismo, son parte de una estrategia que reviste los diferentes aspectos que aquí han sido mencionados, y que hasta este momento han permitido que este problema sea conocido por la opinión pública.
El mayor reto consiste en lograr que el desvío del arroyo Bruno como punto inicial de la ampliación de la frontera extractiva de carbón a cielo abierto en Colombia, no se lleve a cabo y que La Guajira no siga siendo perfilada como una zona de sacrificio en la profunda significación de esta palabra. Pero éste no es un reto únicamente para los pobladores de La Guajira y de las zonas de influencia que serán mayormente afectadas, lo es para las y los colombianos en general. Es un reto para una sociedad que debe reconocer en su cultura ancestral y tradicional la posibilidad de reconciliarse con ella misma y con la naturaleza de la que forma parte y de la que depende para la supervivencia. Es un reto para los funcionarios estatales que se doblegan frente al poder trasnacional y olvidan sus orígenes y su responsabilidad histórica al inclinar la balanza hacia sus jefes empresariales de turno. En última instancia, la resistencia de los pueblos prevalecerá como constancia ética e histórica de quienes en la lucha por la continuidad de su vida con dignidad nos comparten la posibilidad de mantenernos vivos y dignos en este atacado escenario de vida que la codicia de unos pocos se empeña en convertir en espacio de muerte.
[1] http://m.portafolio.co/negocios/empresas/el-cerrejon-no-requerira-consulta-previa-para-expandirse-en-la-guajira-498799
[2] Toda la producción puede consultarse en www.extractivismoencolombia.org
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