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Consultas populares, descentralizaci贸n y modelo extractivo en Colombia

Grupo Semillas / Noviembre 02 de 2017 / Este art韈ulo ha sido consultado 1300 veces

Actualmente se viene debatiendo en el Congreso de la Rep煤blica, la academia y la sociedad en general sobre la pertinencia o no de las consultas populares en el pa铆s. Lo cierto es que las consultas populares son un mecanismo de participaci贸n del que han 鈥榚chado mano鈥 municipios como Pijao en el Quind铆o, Piedras y Cajamarca en el Tolima, Tauramena, Casanare, entre otros, para detener en sus territorios la miner铆a, la exploraci贸n y la explotaci贸n de hidrocarburos. Las comunidades han acudido a estos para formar parte de la toma de decisiones que les afectan o influencian en su diario vivir dentro de sus territorios, en vista de que las decisiones respecto al territorio se est谩n tomando de manera centralizada y sin consultarles a las comunidades ni a las autoridades locales. Por tanto, este mecanismo de participaci贸n se ha convertido en una alternativa para sentar una postura frente a un gobierno nacional que hace o铆dos sordos a las complejidades que representa el modelo extractivo para las comunidades en sus territorios.

En Colombia existen dos tipos de figuras de extracci贸n minera. La primera, son los contratos de aporte minero que se rigen bajo el c贸digo de minas que va desde 1988 hasta 1998 y la segunda, la figura de contratos de concesi贸n contemplada en el nuevo c贸digo de minas del a帽o 2001. Como resultado de estas figuras, durante el per铆odo 2002 - 2010 hubo una 鈥減i帽ata minera鈥 que produjo un incremento en la expedici贸n de licencias de explotaci贸n y exploraci贸n como nunca en la historia de Colombia. Es as铆 como bajo estas dos figuras de contratos entre las compa帽铆as y el Estado colombiano, actualmente hay alrededor de 5,6 millones de hect谩reas de tierra entregadas para explotaci贸n minero-energ茅tica (Tierra Digna, 2017).

 

A su vez, el Ministerio de Minas y Energ铆a 鈥 MME-, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 鈥 ANLA- y la Agencia Nacional Minera 鈥 AGN- han creado conjuntamente el andamiaje normativo de las 脕reas Estrat茅gicas Mineras 鈥 AEM- a trav茅s de las resoluciones: 180241 del 24 de febrero de 2012, emitida por MME y la 0045 del 20 de junio de 2012, emitida por la AGN. En estas se declaran y delimitan las 脕reas Estrat茅gicas Mineras y se adoptan otras determinaciones por medio de las cuales se destinan 20 millones de hect谩reas de tierra, divididas en 516 AEM o bloques mineros sobre 20 departamentos del pa铆s[1], delimitadas en tres tipos de 谩reas de acuerdo al potencial geol贸gico que se encuentra en cada una de las zonas escogidas.

 

El gobierno nacional, con la idea de obtener mejores beneficios o compensaciones econ贸micas ha optado por ofertar en ruedas de negocios y por un per铆odo de cinco a帽os alrededor de 2,5 millones de hect谩reas de tierra en 谩reas donde se tiene certeza de que existen dep贸sitos de inter茅s minero (谩reas tipo 1) y sobre las cuales existe informaci贸n geol贸gica y geof铆sica para su proceso de explotaci贸n. As铆 mismo, ofertar谩 alrededor de 17,6 millones de hect谩reas en un plazo de 10 a帽os 谩reas que requieren mayor informaci贸n geof铆sica y geoqu铆mica (谩reas tipo 2 y 3). 

 

 

Bajo este modelo de entrega de tierras el gobierno nacional no considera factores ambientales, productivos, poblacionales, sociales y econ贸micos y solo interviene los territorios en funci贸n de los minerales presentes en el subsuelo. M谩s grave a煤n es el hecho que las tres resoluciones que sustentan el sistema de titulaci贸n masiva de las AEM, jam谩s fueron consultadas con la sociedad colombiana, en tanto no pasaron siquiera por un debate en el Congreso de la Rep煤blica.

 

En este sentido y bajo los criterios de utilidad p煤blica e inter茅s nacional, el gobierno entrega las AEM al mejor postor por medio de las rondas mineras, pero jam谩s consulta con las comunidades que habitan los territorios concesionados si quieren o requieren de ese modelo de desarrollo. Es por esto que las ciudadan铆as, en especial las rurales, se manifiestan en las calles y carreteras para exigir que sean escuchadas.

 

Marco Avirama senador ind铆gena, manifest贸 en el debate de control pol铆tico sobre las consultas populares del pasado 26 de septiembre que: 鈥existen m谩s de 130 acuerdos con el gobierno, pero esos 130 acuerdos se han firmado en carreteras, porque la 煤nica manera de que el gobierno ponga sus ojos en nuestras comunidades es levantarnos y salir a las carreteras a reclamar nuestros derechos.鈥 

 

La ausencia de concertaci贸n entre el gobierno nacional, las comunidades y los entes territoriales, han hecho que las comunidades se vean exhortadas a acudir a las consultas populares como una opci贸n necesaria frente a las amenazas territoriales como la miner铆a.

Sin embargo, el actual ministro de minas y energ铆a, Germ谩n Arce 脕lzate, afirm贸 el pasado mes de mayo en entrevista radial que las consultas populares son una trampa porque podr铆an afectar el 50 % de la inversi贸n territorial que aporta el sector extractivo en dichos territorios (Medio Ambiente, 2017). Al respecto, Jaime Andr茅s Tocora, uno de los l铆deres de la consulta popular que le dijo no a la miner铆a en Cajamarca, afirma que:   

 

 鈥Hacer una consulta popular no es f谩cil. Garantizar el 33 % del censo electoral es muy dif铆cil cuando el gobierno nacional a trav茅s de la Registradur铆a restringi贸 la mitad de los puestos de votaci贸n. Quince d铆as antes de la consulta popular, hubo en Cajamarca una elecci贸n de alcalde at铆pica con la cual el actual alcalde gan贸 con 4.500 votos; la consulta popular sac贸 m谩s de 6.200 votos y hoy es totalmente desconocida por el gobierno. 驴Qu茅 entienden ustedes por democracia? Entregaron t铆tulos mineros sin conocer la realidad de los territorios.鈥 (2017)

 

Otro de los argumentos que da el gobierno nacional y que se cae por su propio peso, es que las comunidades a trav茅s de las consultas populares le est谩n poniendo una trampa al desarrollo econ贸mico del pa铆s. Al respecto es importante resaltar que ha sido el gobierno nacional quien se ha puesto una trampa al haberse inclinado por el endeudamiento externo en 茅pocas del 鈥榖oom鈥 de precios del petr贸leo y el crecimiento de las exportaciones, en lugar de ahorrar como medida anti c铆clica para evitar la crisis del sector extractivo en la actualidad[2].

Actualmente, el sector no aporta sino el 7 % del Producto Interno Bruto 鈥 PIB- nacional. Unificando cifras de ingresos por rentas de miner铆a e hidrocarburos, se tiene que la miner铆a aporta el 2,6 %, mientras que hidrocarburos lo hace con un 4,4 % (Pardo, 2017). Si bien la mayor parte de los ingresos del pa铆s provienen de la exportaci贸n de crudo y sus derivados, dichos ingresos est谩n condicionados por los bajos precios del mercado que han venido arrastrando hacia la crisis a sectores que mantienen importancia en la econom铆a por la generaci贸n de riqueza y empleo como es el caso del sector industrial[3] y la agricultura.

 

Ahora bien, existen sentencias de la Corte Constitucional que le han puesto freno al avance del extractivismo en el pa铆s, como es el caso de la sentencia C276 de 2016 que declara inexequible el art铆culo 37 del c贸digo minas que dejaba sin competencia a los entes territoriales para regular el uso del suelo y garantizar la protecci贸n de ambiente; o la sentencia C289 de 2016 seg煤n la cual la ANLA no puede entregar de manera exclusiva licencias express para Proyectos Estrat茅gicos de Inter茅s Nacional 鈥 PINES- y la ley 134 en su art铆culo 55, a trav茅s del cual se determina que las decisiones tomadas por el pueblo son de car谩cter obligatorio.

 

Bajo este marco jur铆dico, el gobierno se ve en la necesidad de descentralizar, pero a su conveniencia, las competencias frente a las garant铆as del derecho a la participaci贸n ciudadana en la toma de decisiones, generando 鈥渘uevas reglas de juego鈥 para los territorios que solicitan una consulta. Un reflejo de esta situaci贸n es el mensaje de la Registradur铆a General de la Naci贸n enviado al municipio de Granada en el departamento del Meta, que adelanta una consulta popular, manifestando que 鈥溾as consultas contra la miner铆a y el petr贸leo no ser谩n financiadas m谩s con recursos del gobierno nacional  y por el contrario, estos mecanismos de participaci贸n ciudadana deben ser financiados por las alcald铆as y gobernaciones, seg煤n resoluci贸n del Ministerio de Hacienda鈥 (Econom铆a y Negocios, 2017). 

 

El panorama frente a las garant铆as democr谩ticas de participaci贸n ciudadana no es favorable teniendo en cuenta que no existe una coordinaci贸n interinstitucional eficaz y por el contrario, hay una ausencia de concertaci贸n entre el gobierno, empresarios, entes territoriales y comunidades, debido al manifiesto inter茅s por favorecer los intereses de las corporaciones extranjeras que tienen la capacidad financiera de poner en funcionamiento las AEM. La lucha de las comunidades ha sido ardua y se ha caracterizado por una fuerte acci贸n colectiva y jur铆dica que ha hecho, por ejemplo, que el Consejo de Estado, a partir de la sentencia C666 de 2015, suspenda la figura de AEM; la cual sin embargo contin煤a operando por medio de la resoluci贸n 135 de 2017 que crea 59 bloques mineros en once departamentos del pa铆s.

Esta problem谩tica parece no culminar hasta que en efecto no se garantice la descentralizaci贸n administrativa que permita el cumplimiento del mandato constitucional de 1991; as铆 como la expedici贸n de un estatuto para la participaci贸n de las comunidades en la construcci贸n de las pol铆ticas p煤blicas que dinamicen la vida en los territorios, ya que mientras las normativas se flexibilizan para los empresarios, a las comunidades rurales se les imponen visiones sobre lo que debe ser su territorio, determin谩ndolo desde el nivel central. No obstante, la soluci贸n a estas problem谩ticas no se da 煤nicamente con la formulaci贸n e implementaci贸n de nuevas normas, m谩s a煤n si estas son planeadas e implementadas sin tener en cuenta la autonom铆a de las comunidades, el enfoque de derechos y por ende, la necesaria apertura democr谩tica para la participaci贸n efectiva de las comunidades y la sociedad colombiana, en la construcci贸n de un modelo de desarrollo que garantice el bienestar general y la vida digna en los territorios urbanos y rurales.

 

 

Bibliograf铆a

Econom铆a y Negocios. (19 de Octubre de 2017). El Gobierno no financiar谩 m谩s consultas mineras ni revocatorias. El Tiempo, p谩gs. http://m.eltiempo.com/economia/sectores/registraduria-dice-que-las-regiones-deben-financiar-sus-propias-consultas-142580.

Medio Ambiente. (12 de Mayo de 2017). Minminas quiere modificar consultas populares. El Espectador.

Pardo, 脕. (16 de Agosto de 2017). Los Mitos de la Gran Miner铆a en Colombia. Bogot谩: Colombia Punto Medio.

Tierra Digna. (5 de Septiembre de 2017). 脕reas Estr谩tegicas Mineras. Bogot谩: Presentaciones y Relator铆as - Jornadas sobre Transformaciones del Modelo Extractivo y Corporativo en Tiempos de Posacuerdo.

Tocora, J. A. (26 de Septiembre de 2017). Debate de Control Pol铆tico sobre Consultas Populares. Bogot谩.

 

 

[1] Nari帽o, Putumayo, Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Quind铆o, Risaralda, Caldas, Antioquia, La Guajira, Cesar, Bol铆var, Santander, Amazonas, Guain铆a, Guaviare, Vaup茅s, Vichada y Choc贸. No obstante la Corte fall贸 a favor de 15 consejos comunitarios campesinos quienes ped铆an que se anularan dos resoluciones del 2012 que establecieron zonas de reserva minera en 20 departamentos. Por no haberse respetado la Consulta Previa.  En: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/detalles-del-fallo-de-corte-constitucional-anulo-zonas-articulo-637600

[2] La deuda externa total asciende US 120 mil millones, de los cuales US 71 mil millones corresponde a deuda p煤blica. (Pardo, 2017)

[3] 鈥淟a industria manufacturera aport贸 m谩s del 14% del PIB hasta el 2007 y luego como consecuencia de la enfermedad holandesa decreci贸 a niveles del 11%, sin muestras de reactivaci贸n鈥 Pardo, 2017.

Publicado en Noviembre 02 de 2017| Compartir
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