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Mercados Campesinos (MC) dio inicio en 2004 como una estrategia de reconocimiento de la economía campesina y de defensa del derecho a la alimentación, mediante la promoción de vínculos más equitativos entre el campo y la ciudad que favoreciera la seguridad alimentaria y el desarrollo rural del país.[1] Como resultado, más de dos mil pequeños productores (70% mujeres) de 120 municipios de la región central hoy venden sus productos de forma directa a consumidores de Bogotá y de centros urbanos locales. El beneficio es doble: los sectores campesinos mejoran sus ingresos y los consumidores urbanos de bajos ingresos tienen un mayor acceso a alimentos frescos, de calidad y a un precio justo. Por otro lado, a lo largo del proceso de Mercados Campesinos los pequeños productores/as se han visto fortalecidos como interlocutores en el diseño de políticas públicas. Uno de los principales logros de incidencia ha sido el Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá 2007-2015, que reconoce el papel estratégico del sector campesino en la seguridad alimentaria de la ciudad y establece una lógica de precio justo que beneficie a ambos extremos de la cadena de comercialización. También se ha logrado influir sobre los gobiernos municipales, los cuales han apoyado la economía campesina a través de sus propios presupuestos, financiando proyectos y suministrando medios de transporte.
En un contexto de creciente vulnerabilidad de la producción campesina, desde Mercados Campesinos resulta inevitable abordar la amenaza que el cambio climático representa para la seguridad alimentaria y los medios de vida de la región central. A partir de investigaciones y experiencias piloto se han estudiado sus impactos sobre la producción agrícola y se han ensayado diversas estrategias de adaptación. De esta forma se obtienen evidencias en base a las cuales es posible incidir sobre políticas públicas en los ámbitos nacional y local que contribuyan a reducir la vulnerabilidad de los pequeños productores y productoras. Como parte del proceso de Mercados Campesinos y con financiación de Oxfam se ha llevado a cabo una investigación con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, sobre los impactos del cambio climático en los principales cultivos de la región central,[2] así como un proyecto de adaptación al cambio climático.[3]
Este documento es una síntesis de los resultados de estas dos iniciativas y se organiza en cuatro secciones; la primera contextualiza los impactos del cambio climático a nivel nacional y para la pequeña producción; la segunda presenta los hallazgos específicos para la región central sobre los cambios esperados en el clima en los escenarios de tiempo 2030 y 2050 y sus impactos sobre la producción de alimentos de la canasta básica; la tercera aborda el reto de la adaptación al cambio climático, presentando los resultados de los grupos focales con los pequeños productores de la región sobre estrategias y acciones de adaptación, y una experiencia piloto de producción agroecológica como estrategia exitosa para pequeños productores; y la cuarta y última sección comparte las principales conclusiones.
Por su situación geográfica en la zona intertropical, sus condiciones naturales y las intervenciones realizadas por el ser humano, Colombia es un país especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. El calentamiento térmico y las alteraciones en los patrones de precipitación representan un enorme desafío para los ecosistemas naturales, las actividades productivas, las infraestructuras y la vida en general.
Los más recientes modelos climáticos regionales de alta resolución aplicados a Colombia permiten crear distintos escenarios climáticos que se podrían producir en las próximas décadas. De acuerdo con la Segunda Comunicación Nacional presentada ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el escenario más probable proyecta para Colombia un incremento promedio nacional de la temperatura media de 1,4°C para el año 2040; 2,4°C para 2070 y 3,2°C para 2100. Los cambios en la precipitación son mucho más heterogéneos, con una oscilación de más o menos 10% en promedio en la mayor parte del territorio para 2040, y una reducción de hasta el 30% en algunas regiones.[3]
El aumento de la temperatura ya está provocando el deshielo de los glaciares de los Andes, los cuales podrían haber desaparecido por completo para 2030, así como la degradación de los páramos (el 56% de los cuales habría desaparecido para 2050) que hoy también son fuentes hídricas importantes. La mayor frecuencia de lluvias intensas aumentará la ocurrencia de inundaciones, la erosión del suelo y la pérdida de cultivos.
El cambio climático amenaza particularmente el sector agropecuario, una actividad económica de la que dependen directamente más de seis millones y medio de personas cuyo medio de vida es la agricultura a pequeña escala, que aporta cerca del 7% del producto interior bruto (PIB) y el 20% del empleo. Los sectores campesinos son los más expuestos debido a su vulnerabilidad ante las alteraciones del clima, la desertificación, la escasez de agua y la degradación de los ecosistemas, y especialmente las comunidades rurales sumidas en la pobreza.
Los pequeños productores y productoras que desarrollan su actividad en zonas de ladera y en altitudes por encima de los 1.200 metros sobre el nivel del mar están en primera línea frente a los impactos del cambio climático. Y su capacidad de adaptarse es muy limitada debido al tamaño de sus explotaciones y su escasa tecnificación, la dispersión y debilidades organizativas y los elevados niveles de pobreza que impiden realizar las inversiones necesarias.[4]
Las predicciones compartidas en la Segunda Comunicación Nacional resultan dramáticas para la economía campesina. Muchos cultivos perderán productividad a causa de las alteraciones en el clima. Y los cambios en la temperatura y en los patrones de precipitación (más erráticos y extremos) alterarán las fechas de floración, la disponibilidad de agua en el suelo y la aparición e intensidad de plagas, enfermedades y malezas. Todo ello incrementará los costos de producción, reducirá los ingresos de la economía campesina y hará más complicado el manejo de los cultivos.
El cambio climático representa un desafío colosal para la seguridad alimentaria de Bogotá, donde habitan más de ocho millones de personas, así como para los medios de subsistencia agrícolas de la región central de Colombia. La seguridad alimentaria de Bogotá depende de la agricultura a pequeña escala. Los productores y productoras de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta suministran cerca del 80% de los alimentos consumidos en la capital[5]. El primer anillo de abastecimiento coincide con el departamento de Cundinamarca, que aporta cerca del 47% de los productos agropecuarios que se distribuyen a través de Corabastos (el principal centro mayorista de alimentos). El segundo anillo lo conforman los departamentos de Boyacá, Tolima y Meta, que juntos contribuyen con un 33% adicional.
En estas áreas cercanas a Bogotá se presentan tres tipos de clima muy diferentes en función de la altitud. En las zonas montañosas más elevadas (entre dos mil y tres mil metros sobre el nivel del mar) se da un clima más frío, apto para el cultivo de papa, cebolla y maíz, entre otros; las zonas montañosas más bajas, entre mil y dos mil metros sobre el nivel del mar, permiten el cultivo de frijol común, habichuela, arveja, mora, tomate y tomate de árbol; y las zonas por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar resultan adecuadas para cultivos de clima cálido como banano, café y caña de azúcar junto a cítricos y otros árboles frutales como el mango y la papaya.
En su mayoría los pequeños productores y productoras de estos departamentos se ubican en áreas montañosas, con escaso acceso a servicios públicos de salud, educación y asistencia técnica. Por su alejamiento de los mercados y las carencias en infraestructura vial y centros de acopio dependen de múltiples intermediarios para la comercialización, lo cual reduce sus ingresos.
Para realizar un pronóstico de los cambios que se producirían en el clima de la región central de Colombia el CIAT utilizó un modelo de escenarios de clima futuro que arrojó los siguientes resultados principales: La temperatura media habrá aumentado en 1,2ºC en 2030 y 2,2ºC en 2050; La precipitación total se incrementará un 1% en 2030 y un 3% en 2050; El período seco se reducirá de tres a dos meses, y los períodos secos como los húmedos serán más húmedos.
Con el fin de determinar cómo afectará el calentamiento global a la seguridad alimentaria en la región central, los investigadores seleccionaron para el estudio diecinueve productos de la canasta básica alimentaria: mango, papaya, arroz, fríjol, banano, caña de azúcar, cebolla, haba, guayaba, habichuela, mora, naranja, papa, plátano, tomate de árbol, tomate, café, yuca y maíz. A estos se les aplicó un modelo que permite simular cómo se desarrollaría cada cultivo si cambian las condiciones de temperatura y precipitación, y de esta forma fue posible obtener un índice de viabilidad para cada uno de ellos.[6]
Los resultados indican que para el año 2030 cultivos como el mango, la naranja, la papaya y el maíz comenzarán a perder viabilidad. La situación se agrava en el año 2050, pues la papaya y la naranja se expondrán a condiciones muy poco aptas para su cultivo y otros frutales como la guayaba, el mango y el plátano serán menos viables. En general, los cultivos de la canasta básica familiar del área metropolitana de Bogotá se espera que pierdan en promedio un 13% de su viabilidad.
En cuanto a los cultivos de papa, yuca y arroz, esenciales para la dieta familiar, se llevó a cabo un análisis más detallado que permitió observar importantes diferencias. En el caso de la papa, será menos viable en zonas bajas mientras que en las zonas altas se prevén condiciones más aptas para este cultivo. La yuca, sin embargo, perderá viabilidad en 2030 y más aún en 2050, cuando en algunas regiones tradicionalmente productoras de yuca su cultivo será hasta un 30% menos viable. El arroz resulta el único cultivo favorecido, pues en muchas regiones se espera un aumento de su viabilidad en más de un 10% para 2030 y hasta en un 30% para 2050.
Los cultivos que se encontrarán más expuestos a un aumento de plagas y enfermedades serán el banano y el plátano en altitudes por encima de los quinientos metros sobre el nivel del mar, el café por encima de los mil quinientos metros sobre el nivel del mar, la papa por debajo de los dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar, además del cacao, el maíz y la yuca. Todos ellos van a requerir una aplicación más intensiva de productos químicos para la prevención y el tratamiento, lo que se traducirá en un incremento de los costos para los pequeños productores e impactos a largo plazo sobre los ecosistemas.
El cambio climático hará que en algunas zonas ya no sea posible el desarrollo de determinados cultivos, los cuales se verán obligados a desplazarse hacia zonas más aptas. Pero esas tierras que resultarían más viables por sus condiciones climáticas puede que no estén disponibles para la agricultura. Para determinar en qué medida se dará este problema, el estudio del CIAT desarrolló un índice de disponibilidad de tierras para el cultivo en función de tres criterios: su uso actual, las condiciones de acceso por carretera y la existencia de alguna categoría de protección. Al combinar el índice de viabilidad climática de los principales cultivos con el índice de disponibilidad de tierras se concluyó que la mayoría de las áreas hoy disponibles para la producción agrícola experimentarán una pérdida de viabilidad para la mayoría de los cultivos, a excepción del arroz, banano, tomate, cebolla y tomate de árbol. El resultado esperado es una migración de las áreas de producción hacia altitudes mayores, las cuales actualmente corresponden a páramos.
En conclusión, el cambio climático pondrá en peligro una gran parte de los cultivos básicos para la seguridad alimentaria de la región central, algunos de los cuales podrían llegar a desaparecer. Los productores se verán forzados a desplazar sus áreas de cultivo hacia tierras más altas, que no siempre estarán disponibles. Se calcula que el 64% de los productos agrícolas seleccionados de la canasta básica alimentaria, tendrían que hacer frente a este riesgo. La región central enfrenta además un desafío particular: las zonas montañosas de la región constituyen ecosistemas vitales que albergan una gran variedad de flora y fauna, como los bosques que mantienen el equilibrio biológico, la nutrición y estabilidad del suelo. Los páramos tienen un papel insustituible como abastecedores de agua para las familias, las granjas de laderas y los pastizales en las zonas bajas. Por lo tanto, la ampliación de la frontera agrícola y una migración de los cultivos hacia las zonas más altas probablemente implique la deforestación y el cambio en el uso del suelo en estas zonas, poniendo en alto riesgo los ecosistemas, la sostenibilidad de la agricultura minifundista y los medios de vida de estos productores rurales.
Como parte del trabajo desarrollado durante la investigación, el CIAT seleccionó los municipios de Duitama, La Vega, Guasca, San Antonio del Tequendama, Cáqueza, San Bernardo y Chocontá, en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, como una muestra representativa de la región central. En dichos municipios se llevaron a cabo grupos focales donde se presentaron los impactos esperados del cambio climático y los asistentes reflexionaron acerca de las principales estrategias de adaptación con base en su conocimiento, experiencia y saberes ancestrales.
Se identificaron una serie de acciones posibles, las cuales se presentan en el Cuadro 1 agrupadas en tres tipos de estrategia: (1) de información, capacitación y sensibilización; (2) de incidencia política y (3) de producción sostenible y ecológica:
· Reorganizar la producción, introduciendo la rotación de cultivos.
· Ensayar cultivos alternativos para reemplazar aquellos identificados como muy vulnerables al cambio climático.
· Implementar sistemas agroforestales como alternativa a la agricultura tradicional y generalizada de tala y quema. Por ejemplo, el sistema Quesungual[7].
Una gran parte de las acciones propuestas por los productores y productoras que participaron en los grupos focales en los distintos municipios han sido incorporados mediante la experiencia piloto de adaptación que lidera la Fundación San Isidro. Gracias a ella se han logrado avances importantes en el aprendizaje de alternativas productivas, la sensibilización e intercambio de conocimientos ancestrales y el uso sostenible de los recursos naturales, entre otros.
En su informe presentado en 2010 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación sostiene que la inversión pública en agricultura se debe reorientar hacia “modos de producción de gran productividad y sostenibilidad que contribuyan a dar efectividad gradualmente al derecho humano a una alimentación adecuada”.[8] En ese sentido, recomienda a los Estados poner en marcha políticas públicas de apoyo a la adopción de prácticas agroecológicas.
Basándose en una extensa revisión de la literatura científica publicada en los últimos cinco años, el Relator Especial sustentó que el uso de la agroecología puede duplicar en una década la producción de alimentos en regiones amplias, mejorando los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de los más pobres (pequeños productores), contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático. El uso de técnicas agroecológicas, sostiene, puede amortiguar significativamente los efectos negativos del cambio climático ya que la capacidad de recuperación se ve reforzada por el aprovechamiento y el fomento de la diversidad biológica.
Ahora bien, la Fundación San Isidro se enfoca hacia la producción agroecológica de alimentos y desde su creación ha puesto en marcha procesos de capacitación en agricultura sostenible a través de su programa de Desarrollo Agropecuario y Forestal Sostenible. Aproximadamente ochocientas familias han participado en un proceso organizativo de agricultura alternativa bajo principios agroecológicos. En palabras de Otoniel Tobasura, uno de los campesinos participantes:“… la agricultura campesina en su naturaleza, es amigable con el ambiente, hace cuarenta años antes del boom de los agroquímicos y de la revolución verde, se sembraba de manera limpia, en las fincas familiares no se conocía el uso de los químicos, de esa época queda el recuerdo del rico sabor de la comida, hoy en día esos alimentos no tienen ese sabor de antes, los químicos influyen radicalmente, en el sabor de los alimentos ¿Qué sabor puede tener una comida que desde la misma semilla se está fumigando para evitar la plaga?”
Los principios agroecológicos que apuntalan esta estrategia de adaptación al cambio climático se basan en la baja dependencia de insumos químicos, el uso sostenible de los recursos naturales para la preservación de la diversidad biológica, la incorporación de las prácticas y conocimiento de la agricultura familiar campesina y, finalmente, la recuperación de semillas nativas y tradicionales para la preservación productiva y cultural. Más que una simple opción comercial, la agroecología representa una alternativa de desarrollo humano. La producción agroecológica introduce además nuevas formas de cultivo como la biodinámica, que permite sembrar una superficie mayor gracias a su estructura circular, así como producir de forma escalonada logrando de esta forma un mejor aprovechamiento del terreno.
Un informe de Oxfam identificó otros beneficios de la producción agroecológica a partir de experiencias con comunidades de diversos países: reduce costos de producción por no recurrir a insumos químicos; aumenta la resistencia de las unidades productivas al mejorar la fertilidad del suelo, la capacidad de retención de agua y resistencia a la erosión; fomenta la diversidad de cultivos de distinta sensibilidad al clima; aumenta en la productividad de los cultivos y reduce las emisiones gases de efecto invernadero, ya que puede fijar mayor cantidad de carbono.[9] Durante el segundo semestre de 2010, la Fundación desarrolló el proyecto en los municipios de Motavita, Tuta y Paipa (departamento de Boyacá). El objetivo fue evaluar la rentabilidad y factibilidad de este tipo de producción y afianzar su apropiación por parte de las familias participantes. También se buscaba que estas fincas fueran un ejemplo para otras comunidades en el impulso de la producción agroecológica.
La experiencia piloto mostró resultados significativos en la reducción de los costos de producción y mano de obra, de hasta un 50%. En el Cuadro 2 se comparan los costos de producción (insumos y mano de obra) en el caso de la papa pastusa agroecológica versus la convencional en un área de cultivo de 2.700 metros cuadrados, donde se observa una reducción en los costos del 56%. En el caso de la papa criolla el ahorro es aún mayor, pues los costos de producción disminuyeron en un 72%.
En el caso de leguminosas como el fríjol, haba y arveja, el costo de la producción convencional es cerca del doble del requerido para producción agroecológica: $1.114.000 respecto a $605.486. En la producción agrícola convencional, dependiente de insumos químicos, la principal inversión corresponde a la adecuación del suelo con fertilizantes y correctivos. Mientras que en la producción agroecológica la mayor inversión es en la compra de semillas. En cuanto a los costos de mano de obra, la inversión mayor en la opción agroecológica corresponde al proceso de siembra y al desyerbe y aporques, con un costo de $154.000 en cada uno, mientras que en el sistema convencional el gasto más alto se presenta en el proceso de aplicación de pesticidas y en la preparación del terreno, con valores de $660.000 y $252.000 respectivamente.
Si bien los costos de producción son sensiblemente inferiores en la alternativa agroecológica, los rendimientos son también menores durante las primeras cosechas. Esto se debe a que los suelos tienen que recuperarse durante lo que los expertos denominan el proceso de desintoxicación de la tierra. Superada esta etapa, se observa una recuperación de la fertilidad de los suelos y en consecuencia la productividad de las unidades agrícolas aumenta de manera sostenida.
La evidencia empírica recogida en esta experiencia piloto permite concluir que la incorporación de prácticas agroecológicas debe someterse a la investigación adaptativa de técnicas específicas para cada ecosistema,
condiciones, tipos de suelos y sistemas de producción, entre otros factores. Se trata por lo tanto de un proceso de ensayo y error para identificar las prácticas más adecuadas a las características biológicas, físicas y productivas específicas de cada contexto, lo que exige destinar recursos suficientes para garantizar su éxito. Por tanto, una política pública de adaptación al cambio climático debe considerar esta condición y destinar presupuestos adecuados para ello. Esta experiencia piloto de producción agroecológica de alimentos constituye una alternativa de adaptación al cambio climático y de desarrollo sostenible con un triple beneficio. Para los ecosistemas, ya que contribuye al equilibrio y preservación de los recursos naturales y aumenta su capacidad de recuperación. Para la seguridad alimentaria de las comunidades rurales y urbanas, ya que favorece la disponibilidad de alimentos sanos y mejora su acceso en razón de sus menores costos. Y para el sector campesino, ya que representa una opción productiva más rentable cuando se maneja de forma adecuada.
-Las proyecciones climáticas predicen que para el período 2030-2050 las temperaturas serán cada vez más altas y las precipitaciones más erráticas y extremas. Las plagas y enfermedades se extenderán, poniendo en riesgo los ecosistemas, el equilibrio biológico, la nutrición y estabilidad del suelo en zonas montañosas de la región central. Todo ello afectará cada vez más a la actividad agropecuaria, reduciendo los ingresos de los pequeños productores y productoras.
-Las condiciones climáticas más adversas obligarán a una migración geográfica de algunos cultivos hacia áreas de mayor altitud, aumentando la deforestación y deteriorando los ecosistemas de páramos, con efectos profundos sobre la disponibilidad del agua para cultivos y el consumo humano.
-Los cultivos más perjudicados por la variabilidad climática en el área de estudio serían la guayaba, mango, naranja, papaya, plátano, maíz, papa y yuca. El único que mejoraría su viabilidad es el arroz. Cerca del 64% de los 19 productos agrícolas de la canasta básica alimentaria perderían tierra de cultivo, reducirían su productividad y algunos cultivos podrían incluso desaparecer.
-La práctica de la agricultura agroecológica es una opción viable como estrategia de adaptación al cambio climático y de desarrollo sostenible para la producción agrícola, con beneficios para las comunidades rurales y urbanas. No solo porque contrarresta buena parte de las prácticas que contribuyen al cambio climático, sino también porque favorece la disponibilidad y el acceso a alimentos sanos y nutritivos. Para su implementación se requiere del apoyo estatal en asistencia técnica y presupuestos suficientes que garanticen el adecuado seguimiento y los ingresos de los productores, al menos durante la etapa de transición en la recuperación de los suelos hasta conseguir que se normalice la productividad de los cultivos.
[1] El proyecto ha estado a cargo del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), el Comité de Interlocución Campesino y Comunal (CICC), la Alianza Campesina y Comunal Alcampo y Oxfam en Colombia. Ha contado con la financiación de Oxfam, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Unión Europea, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno de Reino Unido (DFID) y recursos de las organizaciones campesinas. Para mayor información puede consultar la publicación de la Serie Proyectos, Vol.1.
[2] ETZINGER et al (2011). Impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria y en los medios de subsistencia de minifundistas en Bogotá. Cali, Colombia, Julio de 2011
[3] Proyecto de Capacitación y seguimiento a fincas experimentales en producción orgánica, dirigido por la Fundación San Isidro, una organización campesina creada en 1980, ubicada en el municipio de Duitama del departamento de Boyacá y vinculada al proceso de Mercados Campesinos. Los resultados del proyecto están documentados en la publicación: Abriendo surcos, cosechando semillas. Alternativas al sistema agroalimentario actual desde la agroecología y la soberanía alimentaria. Experiencia de la Fundación San Isidro, ORDÓÑEZ GÓMEZ. Freddy M. Mayo, 2011.
[4] Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM (2010), Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Bogotá, D.C., Junio de 2010.
[5] CIAT (2009) Documento de Discusión Nacional acerca de los Asuntos Claves en el Análisis del Sector Agricultura, agosto de 2009.
[6] Esta cifra incluye el aporte de pequeños, medianos y grandes productores.
[7] Para más detalles acerca de la metodología empleada, consultar el informe final de la investigación del CIAT, 2011, Impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria y en los medios de subsistencia de minifundistas en Bogotá.
[8] El Sistema Agroforestal Quesungual, originario del sudoeste de Honduras incluye los siguientes principios: No a la tala y la quema; cobertura permanente de suelos; alteración mínima de suelos; uso eficiente de fertilizantes. La aplicación de estos principios Quesungual puede traer beneficios importantes para el agricultor: mayor resiliencia frente a fenómenos naturales extremos; incremento de la productividad por medio del mejoramiento del suelo y del agua; excedentes de alimentos básicos; disponibilidad de leña; reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y aumento de retención del carbono; conservación de la biodiversidad local.
[9] Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Olivier De Schutter. Asamblea General de Naciones Unidas, 20 de Diciembre de 2010, A/HRC/16/49
[10] Informe de Oxfam Internacional 135, Las personas en el centro: Cooperar con los agricultores vulnerables para la adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria, 16 de Noviembre de 2009.
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