Sin haberse realizado las evaluaciones técnicas necesarias y con cuestionamientos éticos en el procedimiento, el ICA aprobó la liberación comercial del algodón transgénico Bt de la multinacional biotecnológica Monsanto. Ante este hecho varios sectores de la sociedad civil han entablado una Acción Popular contra el Ministerio de Agricultura y el ICA.
Actualmente en el mundo existe una enorme preocupación desde diferentes sectores de la sociedad, sobre los riesgos e impactos que podría tener en el país, la introducción de organismos transgénicos en el medio ambiente, en el sector agropecuario y en la salud humana. Los organismos genéticamente modificados son el producto de las nuevas biotecnologías que se basan en la ingeniería genética. Es así como numerosos países han adoptado rigurosas medidas de bioseguridad basadas en la aplicación del Principio de Precaución, como eje directriz de las evaluaciones de bioseguridad. Por ejemplo, La Unión Europea aplica una Moratoria a la liberación comercial de OGM desde 1998. Allí las plantas Bt son consideradas bioplaguicidas GM, y son sometidas a estrictas evaluaciones de bioseguridad durante varios años. En Estados Unidos, también, se han tornado más rigurosas las evaluaciones sobre cultivos Bt, luego de que algunos científicos encontraron incongruencias en las evaluaciones realizadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Igualmente en Brasil y México las evaluaciones de bioseguridad de los cultivos Bt son muy estrictas; es por ello que Brasil ha parado las investigaciones y solicitudes para su liberación comercial.
Colombia no escapa a esta controversia internacional. Recientemente, el país ha iniciado la adopción de estas biotecnologías mediante la aprobación para la siembra comercial del algodón transgénico Bt, el cual posee genes de una bacteria llamada Bacillus thuringiensis, que produce una toxina letal para algunos insectos plaga. El país aún no ha desarrollado la capacidad técnica y científica necesaria para evaluar los posibles beneficios e impactos que podrían generarse al permitir la liberación masiva de organismos transgénicos. Igualmente no se ha dado la suficiente discusión, difusión de información y participación de todos los sectores de la sociedad en la evaluación de estas tecnologías y en la toma de decisiones sobre su adopción.
El algodón es originario de América. La especie Gossypium hirsutum en Mesoamérica y Gossypium barbadense de la región tropical de Sur América. Colombia posee una amplia diversidad de parientes cultivados y silvestres principalmente en las regiones Amazónica, Caribe y en las zonas bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La colección Nacional de germoplasma de algodón está compuesta por 667 accesiones; de las cuales, 430 son de origen nacional y 247 de centros internacionales. El algodón es una especie predominantemente autógama (que se autopoliniza), pero posee algún grado de alogamia (polinización cruzada), por lo cual puede ocurrir hibridación espontánea del algodón con parientes silvestres o con variedades cultivadas (Letourneau, et al, 2001). Es por este motivo que en EEUU, los empaques de semillas de algodón Bt, contienen una nota que dice: “No sembrar algodón Bt al Sur de Tampa y no comercializar en Hawaii”. La razón de esto es que en el Parque Nacional de las Everglades y en Florida Keys, existen poblaciones de algodón silvestre Gossypium hirsutum y en Hawai, crece un pariente silvestre del algodón Gossypium tomentosum. La pregunta es, si EEUU adopta esta medida de precaución, por qué en Colombia, que es centro de diversidad del género Gossypium, el ICA concluye que no existe probabilidad de hibridación del algodón Bt con las variedades nativas.
En este contexto, el Consejo Técnico Nacional, CTN, del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, aprobó recientemente la liberación comercial del algodón Bt (Bollgard) propiedad de la empresa Monsanto. El ICA, a partir del concepto del CTN aprobó la siembra de 2000 hectáreas de este tipo de algodón en la región Caribe, las cuales se establecerían en el segundo semestre de 2002.
La aprobación que hizo el CTN de Bioseguridad, se realizó mediante un procedimiento totalmente irregular, que deja sin piso la credibilidad y objetividad de este organismo. En la reunión del CTN realizada en marzo de 2002 se renovaron sus directivas. Lo sorprendente en esta ocasión fue el nombramiento de un funcionario de la Monsanto como su vicepresidente, y seguidamente, en esta misma reunión, se procedió a la aprobación de la solicitud hecha por dicha empresa de permitir la adopción del algodón transgénico en Colombia.
Es evidente la incompatibilidad, inhabilidad, impedimento y conflicto de intereses que tiene el representante de Monsanto para ser elegido en la junta directiva del CTN, puesto que esta empresa además de financiar estos ensayos, participó en toda la evaluación de su solicitud, al ser coautor del diseño, montaje, ejecución de los estudios y participó en la evaluación de los resultados. Queda en duda la objetividad y el soporte científico de la investigación y de los resultados, puesto que no fue efectuado por un equipo de investigadores independiente y multidisciplinario.
Ante esta situación, varias organizaciones de la sociedad civil, en el ámbito nacional e internacional, enviaron cartas y derechos de petición dirigidas a las autoridades competentes en las que solicitan la revocatoria de esta decisión y piden una moratoria a la liberación de OGM en Colombia; igualmente, cuestionaron los procedimientos seguidos en las evaluaciones de bioseguridad y la transparencia ética del CTN para aprobar dichas siembras. Ninguna autoridad competente tomó cartas en el asunto y tanto el ICA como el Ministerio de Agricultura descalificaron estas denuncias y prosiguieron con el proceso de introducción de este algodón en el país.
El Gobierno plantea como principal estrategia de reactivación del sector algodonero la introducción del algodón Bt, respondiendo más a los intereses de una empresa específica que a beneficios reales para el país.
Existen evidencias científicas que muestran que las plagas controladas con la toxina del Bt rápidamente adquieren resistencia a dicha toxina, por lo cual este método de control será totalmente inefectivo en pocos años.
Varios estudios realizados sobre los efectos de la toxina Bt, evidencian los posibles efectos tóxicos sobre insectos benéficos, que ejercen control biológico de plagas y microorganismos del suelo.
Estudios realizados en EEUU muestran que la tecnología de cultivo con el algodón Bollgard, es más costosa que el cultivo del algodón no transgénico, pues lo que podría eventualmente ahorrar el agricultor en aplicación de insecticidas, sería absorbido por el costo de la tecnología: la semilla es más costosa y amarra al agricultor a un contrato con la empresa que le impide guardar su semilla.
En el país sólo se realizó un ensayo de campo, diseñado y evaluado por Monsanto, donde se evaluaron puntualmente en una zona específica y durante sólo un ciclo de cultivo (seis meses), dos aspectos: 1). Efecto de la toxina Bt en poblaciones de insectos y, 2). El flujo de polen entre el algodón Bt y una variedad no transgénica.
Es inaceptable y cuestionable que a partir de solo un ensayo se pueda concluir sobre la completa seguridad de este cultivo transgénico y aprobar su liberación comercial.
Para el caso de Colombia, el algodón Bt no controla las principales plagas del cultivo como son el “picudo del algodón” y un chinche conocido como “culi-culi”, que para su control se aplica el 70% de los insecticidas que se utilizan en este cultivo.
En el país no se han realizado las evaluaciones completas de bioseguridad sobre el algodón Bt en diferentes regiones algodoneras, durante un período largo, en aspectos como:
El Ministerio del Medio Ambiente solicitó conceptos técnicos sobre los estudios realizados al algodón Bollgard a reconocidos centros de investigación: Facultades de Agronomía Universidad Nacional (Bogotá y Palmira), CORPOICA, Instituto Von Humboldt, Instituto Sinchi y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. A partir de estos conceptos, el Ministerio emitió un informe que plantea serios cuestionamientos sobre: el diseño, la metodología, los alcances y las conclusiones a las que se llegó a partir de un solo ensayo de campo.
Igualmente, el Ministerio, cuestionó el concepto de “ensayos semicomerciales”. Considera que el área de cultivo aprobada es para “siembras comerciales”, sin el debido control; y plantea que estas siembras comerciales requieren evaluaciones rigurosas que no se han realizado, y que el plan de manejo de éstas debe adoptar todas las recomendaciones del Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, el ICA desconoció este concepto técnico, pasó por encima de las recomendaciones de la máxima autoridad ambiental en el país y continuó con el plan de siembras que se realizó en los meses de octubre y noviembre de 2002 en la región Caribe de Córdoba. A pesar de la aprobación de la siembra de 2000 hectáreas, Monsanto decidió sólo sembrar 207 hectáreas. Esta decisión obedeció a que Monsanto no dispuso de la totalidad de la semilla aprobada para este período de siembra; pero esto no se debió a que el ICA hubiera tomado medidas de precaución para desarrollar ensayos más rigurosos a menor escala.
Debido a las anteriores argumentaciones y luego de haber agotado las vías y procedimientos regulares que buscaron que el ICA y el Ministerio de Agricultura adoptaran medidas correctivas sobre este irregular procedimiento, varias personas de la sociedad civil que pertenecen al Grupo Semillas, al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario y a Consumidores Colombia interpusieron una “Acción Popular” ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 31 de octubre de 2002, radicado mediante el expediente: A.P. 2002-2680, en contra de la autorización que le dio el ICA a la empresa Monsanto para la siembra comercial del GM algodón Bt.
Dentro de las pretensiones en la Acción Popular, se destacan:
El día 18 de febrero de 2003, se realizó la “Audiencia especial para pacto de cumplimiento” en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, citada por el Magistrado Ponente, José Herney Victoria Lozano. En esta audiencia participaron los demandantes, los demandados y las personas que han apoyado mediante coadyuvancias.
En la audiencia, los demandantes presentaron una propuesta de pacto de cumplimiento en la que solicitan que el ICA y el Ministerio de Agricultura adopten las pretensiones fundamentales que se incluyeron en la Acción Popular. Por su parte, los demandados no presentaron ningún interés en llegar a un pacto de cumplimiento; por lo cual el Magistrado declaró la audiencia fallida, y decidió continuar el proceso mediante los trámites regulares de una Acción Popular. El siguiente paso será la etapa probatoria, que se basará en la documentación allegada por las partes, en las pruebas y en los requerimientos adicionales que solicite el Magistrado para emitir un fallo.
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Mayor información y apoyo a esta Acción Popular:
Grupo Semillas:
semil@attglobal.net TEL: 571-3413153 - Fax: 571-3800030
Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario:
blondono@claustro.urosario.edu.co
TEL: 571-2970200 Ext. 349
Consumidores Colombia (COCO):
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