CORPORACIÓN

GRUPO
SEMILLAS


COLOMBIA

Publicaciones

Revista Semillas

Gráfica alusiva a 30/31

Edición
30/31

Revista Semillas

Suscribase por $45.000 a la revista Semillas y reciba cuatro números, dos por año

Equipo Editorial

Comité coordinador
Germán A. Vélez
Hans Peter Wiederkehr
Astrid Álvarez
Margarita Flórez
Fernando Castrillón Martha María Carmona
Director:
Germán Alonso Vélez
Editora:
Martha María Carmona R.
Ilustración portada:
Archivo Grupo Semillas
Obra contraportada:
Archivo Swissaid
Publicación auspiciada por Swissaid

Contexto

Añorando el hogar. Devolución de la tierra a la población internamente desplazada de Colombia

Lisa Haugaard, Colombia, Febrero 09 de 2007, Este artículo ha sido consultado 2504 veces

Lisa Haugaard[2]

 

Resumen Ejecutivo

Aunque la crisis es prácticamente invisible para el resto del mundo, Colombia es el segundo país con la mayor cantidad de desplazados internos después de Sudán. Entre 1985 y septiembre de 2005, la cantidad de desplazados por violencia política ascendió a alrededor de 3,6 millones, de los cuales 2,9 millones se concentraron en la última década. La crisis continúa, ciertamente, el número de personas huyendo de sus hogares como consecuencia de la violencia política se incrementó en un 8 por ciento entre 2004 y 2005, estimándose por Codhes que más de 310.000 personas fueron desplazadas en 2005.

Algo más de 30.000 combatientes paramilitares, en gran parte responsables de este desplazamiento, fueron desmovilizados en los últimos tres años siguiendo un acuerdo entre el gobierno colombiano y los líderes paramilitares. La discusión de cómo afectará esto a la población interna desplazada en Colombia apenas ha comenzado a nivel internacional y dentro del propio país. Ya que estos excombatientes están en posesión de la mayor parte de la tierra obtenida por medio de violencia y coerción sobre la población desplazada, lo que pasará a las tierras y a las personas que huyeron de la violencia deberá ser discutido en el contexto de la desmovilización. Los financiadores de los esfuerzos de desmovilización, como los Estados Unidos, tienen la obligación de asegurar que los derechos de la población desplazada no sean vulnerados como consecuencia de la desmovilización.

Los colombianos huyen de sus hogares por causa de la violencia y las amenazas realizadas por las fuerzas paramilitares de derecha, fuerzas guerrilleras de izquierda, y el conflicto entre el ejército y los grupos insurgentes. En tanto que es demasiado difícil especificar la responsabilidad exacta de cada actor armado en cuanto a su contribución al desplazamiento, es equilibrado decir que por muchos años la violencia paramilitar es la causa que lidera. Los grupos paramilitares rondan, reúnen y asesinan líderes locales, causando que las familias campesinas huyan por terror, luego usan las tierras abandonadas por estas familias para consolidar su poder local, financiar sus operaciones, proteger la producción y el tráfico de droga y lavar dinero obtenido por este medio.

El desplazamiento es muchas veces referido como a una “contrarreforma agraria”, tomando tierra de los sectores más pobres de la población. Los estimados de cuanta tierra fue arrebatada a través de la violencia se extienden entre 2 millones a cerca de 7 millones de hectáreas. Un estudio realizado por La Conferencia Episcopal de Colombia, Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Universidad de los Andes, estimó que las tierras tomadas por paramilitares de la población internamente desplazada supera dos veces la cantidad de tierra dada por el Instituto de la Reforma Agraria entre los años 1993 y 2002.

Algo más de 30.000 paramilitares se han desmovilizado en un período de tres años como resultado de las negociaciones, y hasta la fecha, casi ninguna de las tierras robadas por estas personas a través de la violencia han sido devueltas a sus propietarios legales, tampoco casi ninguno de sus propietarios, principalmente familias campesinas pobres, han sido compensadas por sus pérdidas.

Como parte de “La Ley de Justicia y Paz”, ley 975, para recibir beneficios, incluyendo excarcelación o tiempo reducido en prisión, los excombatientes tienen que revelar sus bienes adquiridos ilegalmente, lo cual incluye terrenos. Sin embargo, sin presiones políticas serias a nivel internacional y doméstico, este requisito muy probablemente no va a ser exigido. Más aún, la gran mayoría de paramilitares se ha desmovilizado bajo la legislación anterior, la que no requiere la devolución de bienes adquiridos ilegalmente.  

 

Soluciones

El retorno a la tierra en un enorme y complicado esfuerzo. Cualquiera de las soluciones posibles debe reconocer que muchos de las personas internamente desplazadas no decidirán regresar, ya por falta de seguridad, inadecuado apoyo al reasentamiento o la elección por la vida urbana. Para lograr la paz, algunas concesiones deben ser hechas buscando la reintegración exitosa de los excombatientes en proyectos productivos, incluyendo a través de la titulación de tierras. Pero un esfuerzo honesto debe ser hecho en cuanto a la devolución de tierra expoliada a través de actos atroces de violencia, en cuanto a proveer otras soluciones viables y durables y en cuanto a la compensación y pago de reparaciones a todos aquellos que han sufrido tanto. Tal esfuerzo honesto no ha sido aun discutido, y mucho menos empezado.

En cuanto a la política estadounidense, es muy importante notar que en muchos casos la tierra fue adquirida como un medio de lavado de activos del tráfico de drogas, por lo que la devolución de tierras y una investigación cuidadosa sobre los bienes de los paramilitares juega un invaluable papel en la estrategia antidrogas estadounidense. Más aun, los Estados Unidos deberían apoyar activamente la devolución de tierras y la restitución de los bienes a la población internamente desplazada como un hecho de urgente preocupación humanitaria y de simple justicia.

 

Recomendaciones para la política de los Estados Unidos

·         Urgir al gobierno colombiano a que insista en la completa confesión y devolución de tierra ilegalmente poseida por excombatientes desmovilizados si desean obtener beneficios bajo la ley de Justicia y Paz o la ley que regula la desmovilización individual, en vez de aceptar ofrecimientos casuales de devolución de pequeñas cantidades de tierra por parte de los líderes paramilitares.

·         Urgir al gobierno colombiano a desarrollar oportunamente una revisión sistemática de tierras y propiedades que han sido perdidas por la población desplazada huyendo de la violencia. Esta revisión debe juntar la información sustancial existente, usando las bases de datos y otras fuentes de información incluyendo aquellas mantenidas por la agencia gubernamental Acción Social, Procuraduría General, Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Incoder, Banco Agrario, Dirección Nacional de Estupefacientes, investigaciones de activos financieros hechos por la policía y la Fiscalía General de la Nación, e iniciativas sociales como los sondeos de Codhes y el Sistema de la Iglesia Católica RUT. Mientras que esto es enormemente complejo, algunos avances pueden ser realizados empezando con los casos de desplazamiento masivo más aberrantes así como con territorios colectivos pertenecientes a comunidades indígenas y afro colombianas.

·         Urgir a la Fiscalía que investigue vigorosamente los bienes ilegales poseídos por excombatientes paramilitares. USAID o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos deben proveer fondos adecuados y consejo técnicos dirigidos a alcanzar este objetivo. Insistir que la Fiscalía requiera que las “actas”, confesiones escritas, proveídas por los paramilitares que buscan cobertura de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, incluyan detallada información sobre la localización exacta y número de propiedades que ellos adquirieron a través de la violencia o de otros medios ilegales.

·         Asegurar que USAID no financia ningún proyecto, para excombatientes u otros, sobre tierra obtenida por violencia, implementando un sistema que someta cuidadosamente a revisión los títulos de las tierras. Similarmente, urgir al gobierno colombiano a hacer transparentes sus proyectos de reintegración de excombatientes y asegurar que estos proyectos no se ubican en terrenos obtenidos a través de la violencia. Identificar como punto de inicio, que áreas de desplazamiento masivo y áreas con título colectivo reconocidas a comunidades indígenas y afro colombianas, así como áreas medioambientales protegidas deben estar excluidas de tales proyectos dirigidos a excombatientes.


[1] Este documento es el resumen ejecutivo del trabajo realizado por Lisa Haugaard en septiembre de 2006. El documento completo lo puede encontrar en http://www.codhes.org

[2] LAWGEF. C.e: lisah@lawg.org

Publicado en Febrero 09 de 2007| Compartir
compartir en facebook compartir en facebook

Recomiende este contenido

Los campos marcados con (*) son obligatorios






Do not fill, please:

Grupo Semillas

Calle 28A No. 15-31 Oficina 302 Bogotá Teléfono: (57)(1) 7035387 Bogotá, Colombia. semillas@semillas.org.co
Sitio web desarrollado por Colnodo bajo autorización del Grupo Semillas
MAPA DEL SITIO | CONTACTENOS

Apoyo al rediseño del sitio web:

Imagen alusiva al logo Fundación Heinrich Böll