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Acaparamiento de tierras, fenómeno mundial con presencia en Colombia (1)

Elacaparamiento de tierras, consiste en compras masivas o arrendamiento de grandes superficies de tierra en países del sur, donde la característica principal es que los gobiernos que tienen problemas de inseguridad alimentaria, llegan a arrebatar tierras agrícolas fuera de su país para producir alimentos. Se desplaza entonces la producción de alimentos a otros países, donde las ventajas de las condiciones económicas, sociales y político-jurídicas resultan muy atractivas. En la mayoría de casos los inversionistas que compran masivamente tierras, llegan al país con las semillas, maquinaria, insumos, mano de obra, aprovechan el agua, la tierra y posteriormente embarcan la producción a sus países de origen o al mercado global. De todo este proceso se han beneficiado especuladores financieros, fondos de pensión y las grandes empresas alimentarias quienes presionan el precio de los alimentos en el mundo ocasionando una especulación alimentaria y una ‘burbuja’ en los precios de la tierra.

Muchos han llamado a este fenómeno como el nuevo corporativismo agrario, en el que los Estados en los que se realizan las transacciones en tierras, protegen esas inversiones, tal y como está planteado en los Tratados de Libre Comercio, en los que la seguridad jurídica a la inversión resulta lo más importante.

Han sido los fondos de pensión y otros fondos de capitales privados los que han venido comprando masivamente tierras en todo el mundo, son los únicos favorecidos de cambios en la legislación en materia de propiedad de la tierra y quienes, con el respaldo de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), presionan a los gobiernos para que efectúen dichos cambios. Esta dinámica principalmente se viene desarrollando en los países de América Latina, África y Asia con el fin de producir alimentos básicos, que controlados ahora por el sector privado, consolida y expande un nuevo agronegocio.

Los acaparadores de la tierra en pocos años han adquirido millones de hectáreas para producir cultivos alimentarios o de agrocombustibles para la exportación. Según el BM, para el 2010 había alrededor de 50 millones de hectáreas acaparadas, la mayoría en África subsahariana, región que tiene la proporción de desnutridos más elevado a nivel mundial, con alrededor de un 30% de su población, equivalente según la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a 239 millones de personas[2].

Lo anterior se comprende si se tiene como referencia la discusión frente a la crisis alimentaria y la carestía de alimentos en el mercado mundial[3], la cual ha conllevado a que grandes compañías y gobiernos estén buscando tierra en todo el mundo para producir alimentos. La FAO, estima que en el mundo hay cerca 2.600 millones hectáreas aprovechables para la agricultura, que no están siendo utilizadas para cultivos. De ellas, 900 millones están ubicadas en siete países: Brasil, República Democrática del Congo, Angola, Sudan, Argentina, Bolivia y Colombia[4].

Este acaparamiento de tierras permite desarrollar varios proyectos no sólo para producción de alimentos para el consumo humano, sino también producción de forrajes para animales y agrocombustibles. Los principales cultivos son maíz, soya, palma aceitera y caña de azúcar, pero además de eso las adquisiciones de tierras están vinculadas a explotaciones forestales industriales, aprovechamiento y uso intensivo de agua, venta de áreas protegidas y de los recursos genéticos, proyectos minero energéticos, mecanismos para compensar la emisión de carbono (por ejemplo, REDD[5]) y la mera especulación con el precio de la tierra.

No es casualidad que el acaparamiento de tierras se esté desarrollando principalmente en países de África y América Latina, la disponibilidad que aún tienen esos países en materia de tierras y de fuentes de agua resultan muy atractivas a los inversionistas, pero además las condiciones sociopolíticas y jurídicas que los gobiernos de estos países brindan para atraer y darle seguridad a las inversiones agrícolas son tan favorables que inclusive van hasta el lamentable hecho de garantizar alimentos para otros países a costa del hambre de su población local.

 

¿Qué pasa en Colombia?

En nuestro país quizás la primera persona que advirtió sobre el fenómeno de acaparamiento de tierras fue el Contralor General de la República en el período 2006-2010, Julio César Turbay, quien denunció el marcado interés de inversionistas y algunas potencias extranjeras de comprar grandes extensiones de tierras y títulos de explotación de los recursos naturales nacionales. Afirmó que “se tienen evidencias sobre ese proceso que además de la soberanía, pondría en peligro la seguridad alimentaria de Colombia”[6]. Advirtió que Arabia Saudita creó un fondo de inversión por 800 millones de dólares para hacer alianzas estratégicas con agricultores de África y América Latina orientado a garantizar la seguridad alimentaria del principal productor de petróleo del mundo. El Contralor dijo que se trata de una especie de colonización agrícola que puede traer severas consecuencias ambientales y más pobreza para muchas comunidades.

Recientemente se ha señalado este tema por el Congresista del Valle del Cauca, Wilson Arias, quien desde el año 2010 a la fecha en importantes debates de control político sobre la problemática de tierras, ha planteado la dinámica de compra masivas de tierras por parte de empresarios nacionales y extranjeros, principalmente en la región de la Altillanura, mostrando justamente lo inconveniente del modelo que se quiere desarrollar copiado del Cerrado Brasilero[7] y el papel del Estado en la provisión de bienes y servicios en beneficio del sector privado.

Precisamente en el marco de las discusiones del Congreso de la República, cuando se tramitó el que es hoy el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011), el Congresista junto con otros, señalaron lo perjudicial de levantar la prohibición de adquirir más de una Unidad Agrícola Familiar, UAF,[8] y fomentar la conformación de Zonas de Desarrollo Empresarial en tierras baldías de la nación. Puesto que ello significa desconocer el derecho de campesinos de escasos recursos así como de los indígenas y afro descendientes al acceso justo y equitativo a la propiedad de la tierra rural, y, por otra parte, la UAF como mecanismo para prevenir la inequitativa distribución de la tierra y su fraccionamiento.

El tamaño de la UAF fue considerado el mayor obstáculo para la expansión agroindustrial durante el gobierno del Presidente Alvaro Uribe, por ello intentó abolirla en tres ocasiones, a través del Estatuto de Desarrollo Rural, que declaró inexequible la Corte Constitucional; luego mediante un acuerdo del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, Incoder, que se retiró por ilegal; y por medio de una solicitud de un concepto del Consejo de Estado, que fue negado y que exigía una reforma legal[9].

Pero en este gobierno, por la vía del Plan Nacional de Desarrollo, se incluyó en el capítulo de agricultura la flexibilización de la UAF y hoy es Ley de la República. Este gobierno logró en un solo acto legislativo, lo que el gobierno anterior intento por tres vías diferentes, fracasando en cada una de ellas.

Por otra parte, en el documento del Banco Mundial Colombia 2006-2010, una ventana de oportunidad, el tema central radica en lograr que la tierra se flexibilice, el Banco determina: “…En el caso de los agricultores pequeños, hay vulnerabilidad en la tenencia de tierra que se deriva del conflicto armado y la falta de títulos de propiedad. En estas condiciones, hay pocas posibilidades para acceso de tierra a través del mercado, lo que obstaculiza su movilidad como factor de producción”.

El uso eficiente de la tierra requiere condiciones que faciliten la movilidad de los derechos de propiedad, de modo que la tierra pueda utilizarse en actividades más productivas y por usuarios más eficientes. De allí que el BM oriente la política de tierras resolviendo el problema de la tenencia de la tierra y respectiva formalización de la propiedad.

En Colombia según el BM se requiere claridad en los títulos y formalización de la propiedad, sin esto no habrá un mercado de tierras. Para ello entre el año 2011 y el 2015 la meta de formalización de predios rurales es de 1.5 millones de hectáreas en terrenos baldíos, que mediante créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y BM por valor de 150 mil millones de pesos, aspira a ejecutarse.

Entonces con estos dos elementos, formalización de la propiedad y flexibilización de la UAF, se beneficiarán grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, que tendrán seguridad en sus inversiones en tierras y al ser eliminada la UAF por parte del gobierno, se quita lo que para empresarios resultaba una ‘obstáculo a la inversión’, con esto podrán hacerse a vastas extensiones de tierra sin ningún problema. De hecho, según se conoce, hay una fila de empresarios que pueden acceder a miles de hectáreas para producir maíz, soya, caña de azúcar, plantaciones forestales en la Altillanura.

 

Mercado de tierras y acaparamiento

La región de la Altillanura colombiana es, según el Ministerio de Agricultura, la última gran frontera agrícola que le queda al país con algo más de siete millones de hectáreas, comprende los departamentos del Meta, Vichada, parte de Casanare y parte de Arauca. En esta zona se quiere implementar el modelo del Cerrado brasilero, región del vecino país que tiene grandes similitudes de suelos con la altillanura y que requirió de grandes inversiones para su consolidación, así como una gran suma de recursos en gasto público en investigación, infraestructura y otros bienes públicos.

El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha señalado que la Altillanura será uno de los proveedores de la gran despensa mundial, Colombia es de los pocos países que tiene tierras para utilizar en la expansión de una frontera agrícola y tiene capacidad para mejorar sus tecnologías y rendimientos, “somos uno de los varios jugadores en el mundo para proveer alimentos que van a ser muy demandados”[10]. Y es en esa región en donde se viene desarrollando el acaparamiento y mercado de tierras en el país con mayor fuerza, principalmente en tres sectores: energético, agroindustrial y forestal.

En el caso del sector energético, el gobierno de Santos adjudicó 78 bloques para explotación de hidrocarburos. Serán asignados a 40 empresas entre nacionales y extranjeras “(…) con lo que espera captar una inversión de más de 1.643 millones de dólares en los próximos tres años (…) Entre las compañías beneficiadas con las adjudicaciones figuran Ecopetrol, Hocol, Montco Energy Sucursal Colombia, Talisman, Shell y Repsol, entre otras.

Las áreas adjudicadas están situadas en distintas zonas del país que van desde San Andrés, La Guajira y los Llanos Orientales, hasta Putumayo (…) las 10 millones de hectáreas se agregan a las 48 millones de hectáreas en donde actualmente se están explorando o explotando hidrocarburos”[11]. Así mismo, a octubre e 2009 se habían entregado concesiones mineras sobre 8.5 millones de hectáreas y estaban solicitadas más de 30 millones de hectáreas principalmente por empresas multinacionales[12].

En cuanto a la agroindustria su desarrollo en la Altillanura tiene dos razones importantes según la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, la primera es la oportunidad que tienen unos pocos países con tierras disponibles para atender la demanda creciente de alimentos, entre los cuales se encuentra Colombia, la segunda razón es que se ha desarrollado un trabajo de muchos años que habilita el inicio de la explotación de este territorio[13]. Por esta razón empresarios de la China, de Argentina, multinacionales como Cargill[14], inversionistas brasileros, consorcios de Italia y España, el grupo económico de Luis Carlos Sarmiento y Santodomingo, el Ingenio Manuelita, Sindicato antioqueño, entre otros, han invertido en el sector agrícola para desarrollar cultivos de soya, maíz, palma de aceite, y caucho. Y en el sector forestal, en donde se presenta un aumento de 115% del área destinada a plantaciones, y ser en la actualidad uno de los de mayor potencial de expansión[15], el propósito es entrar al mercado de certificados de reducción de emisiones, por su papel en la captura de CO², como parte de los llamados “servicios ambientales”. Los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada, suman 8.300.000 hectáreas aptas para la forestación y reforestación comercial[16].

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha venido adelantando gestiones de acercamiento comercial, para despertar el interés de reconocidos fondos como World Forest Investment, Four Winds Capital Management, Eagon Lautaro S.A, Hancock Natural Resource Group, Green Crow Management Services, Global Forest Partners, Global Emerging Markets Forestry Fund, IBIS Assets Management y Forestland Group y Forestland Group; que manejan activos forestales por más de US$11.000 millones[17]. También otras compañías han llegado como la Sierra, empresa chilena con cerca de 17.000 hectáreas para la explotación forestal, en Antioquia y Forest First, una de las empresas reforestadoras más grandes de Estados Unidos, quien le notificó al Gobierno Santos su interés en desarrollar un proyecto de más de 10 mil hectáreas entre Arauca y Vichada[18].

Como se observa, la dinámica de inversiones y de acaparamiento de tierras en el país ha venido creciendo, la tendencia es que aumente mucho más en los próximos años, debido al escenario descrito anteriormente: formalización de la propiedad y dinamización del mercado de tierras que se está haciendo desde el gobierno nacional; entre otras cosas como respuesta a la demanda por tierras que se está desarrollando en el mundo, ávido de alimentos y del control de recursos naturales (tierra y agua). Para los países de capitalismo dependiente, como Colombia, está discusión es central en la medida en que sus gobiernos han cifrado su futuro en las inversiones agrícolas a gran escala y empresarios locales y extranjeros, han encontrado un escenario propicio para el desarrollo de sus grandes agronegocios.