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Es claro que Colombia requiere de una política forestal clara, integral, para el beneficio de las comunidades y en busca de la sustentabilidad, no obstante parece que los “avances” no muestran ese camino, pues los criterios de explotación, extracción y la racionalidad económica, parecen ser los fundamentos que rigen la política forestal actualmente.
“El campo bajo sus lujosos zapatos es ahora un continuo desolado, empobrecido y desnudo. Luce un espacio opaco y silenciado, aniquilado selectivamente por un monocultivo uniforme que ha sido instalado a contranatura, para responder a la insaciabilidad de un mercado cuyos principios no entienden los principios que hacen posible la vida.”
(Giraldo, 2013)
En el año 2006 el Congreso Nacional de Colombia expidió la Ley 1021 o Ley General Forestal, ante la cual hubo una amplia oposición por los riesgos que significaba tanto para las selvas como para las comunidades locales y para el patrimonio general de la nación. En enero de 2008 la Corte Constitucional la declaró inexequible. No obstante la falta de vigencia de esa Ley y las transformaciones propuestas en ella parece estar avanzando, hoy después de una década podemos afirmar que estamos viviendo un período de transición en el sector forestal colombiano. Esta afirmación no es descabellada si además del panorama nacional que presentamos en este texto, tenemos en cuenta la percepción del Banco Interamericano de Desarrollo:
Como es bien sabido las instituciones son expresiones políticas y culturales y deben entenderse como tales. La reforma institucional es algo más que un cambio técnico mediante el cual algunas reglas se sustituyen por otras. Es necesario actuar por medio de procesos graduales y, con pocas excepciones, lentos, en los cuales los antiguos conceptos, ideas e intereses pierdan peso progresivamente y sean reemplazados con otros nuevos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2006).
Es claro que Colombia requiere de una política forestal clara, integral, para el beneficio de las comunidades y en busca de la sustentabilidad, no obstante parece que los “avances” no muestran ese camino, pues los criterios de explotación, extracción y la racionalidad económica, parecen ser los fundamentos que rigen la política forestal actualmente.
Luego de declarada inexequible la Ley Forestal, las decisiones posteriores han sido regresivas. Durante el Gobierno de Santos, el Ministerio de Agricultura ha formulado distintas versiones del proyecto de ley de desarrollo rural que dota a la locomotora del agro de las piezas que requiere para su operación. (Salinas, 2015)[1]. Es útil una revisión de los horizontes de la política forestal en Colombia para alertar sobre la pretendida expansión de sus impactos, así como para introducir algunos elementos a la necesaria reflexión actual.
Específicamente para el motor de la reforestación comercial se adoptó el Programa Nacional de Reforestación[2] y se puso en marcha de la ventanilla única forestal en el Ministerio de Agricultura , en la que se centralizan todos los trámites de la actividad forestal, además en la Cámara se introdujo la obligación a los grandes proyectos de hidrocarburos y minería – con más de 200 trabajadores o activos totales superiores a 30 mil SMLMV -, de destinar el 0,5 % de su inversión en Programas de Reforestación (Salinas, 2015). Asimismo el Programa Nacional de Reforestación Comercial, entre sus metas incluyó:
Además de estas metas que se han venido cumpliendo, existen diferentes incentivos económicos: el Certificado de Incentivo Forestal CIF para el establecimiento de monocultivos forestales; y las diferentes exenciones tributarias vigentes constan de: (I) la presunción de costos, (II) el descuento tributario del impuesto sobre la renta, (III) la deducción tributaria, (IV) las rentas exentas, la exoneración de renta presuntiva y (V) las exclusiones del impuesto al valor agregado. Lo anterior permitió atraer inversionistas nacionales e internacionales (fondos de pensiones) y así promover los negocios superiores a los US$ 26 millones (Profor, 2015).
Por último y no menos importante el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 apalanca decididamente la expansión de monocultivos, pues el modelo de desarrollo rural impulsado es el de la agroindustria de grandes extensiones, para ello se crea el marco especial sobre administración de tierras de la Nación (art. 102 del PND), que es una reforma sustancial del régimen legal actual, que cambia tanto los beneficiarios, como la destinación, uso y aprovechamiento de los baldíos de la Nación (Mojica, 2015), por ejemplo, se eliminan los requisitos para la adjudicación en los baldíos reservados: ya no aplicará la Unidad Agrícola Familiar UAF como límite máximo para la adjudicación y concentración de tierras[4] Esto último es coincidente con la preocupación por las barreras a la expansión forestal, en cuanto a que la UAF no corresponde a las características propias de la actividad forestal, ya que éstas generalmente requieren grandes extensiones (Profor, 2015) y por ende resulta ser una limitante para el caso de proyectos forestales comerciales.
El Certificado de Incentivo Forestal – CIF -, creado mediante la Ley 139 de 1994, es quizá el instrumento más relevante de política sectorial para el fomento del monocultivo forestal en Colombia[5] A través de su implementación, entre 1995 y 2012, se han plantado 229.950 hectáreas de especies forestales, que corresponden a más del 50 % del total de las plantaciones establecidas (CONPES, 2013). Lo anterior, representa una inversión de más de $ 385.000 mil millones de pesos en dicho periodo según el documento Conpes 3827. Para 2015 este incentivo ascenderá a más de 38.000 millones de pesos.
Con el CIF se concentran recursos de la nación según informe de la Contraloría General de la Reepública[6], donde entre otras irregularidades:
“Se logró evidenciar una concentración de recursos de los proyectos de CIF pues en una misma vigencia se declaran elegidos varios proyectos en cabeza del mismo beneficiario. Así mismo, en el caso específico del departamento del Vichada, se identificó la creación de diferentes sociedades con socios comunes, que resultaron favorecidos con múltiples CIF en la misma vigencia. Aunado a que los socios, también recibieron el beneficio estatal como persona natural” (Contraloría General de la República, 2014)
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Figura SEQ "Ilustración" \*1: mapa de zonificación para plantaciones forestales con fines comerciales (UPRA, 2015) |
En concreto según el informe de fiscalización: diez beneficiarios conformaban un grupo empresarial en el municipio de La Primavera Vichada, que en total han accedido a diez y seis incentivos por valor de 14,800 millones de pesos. Otros beneficiarios que han acaparado recursos CIF tienen otorgados al mismo beneficiario alrededor de 28,000 mil millones de pesos, entre los beneficiarios aparecen las conocidas empresas madereras El Guacimo y Tablemac.
“Lo anterior edifica una distribución inequitativa de los recursos destinados para el CIF, concentrando el instrumento en los mismos beneficiarios” (Contraloría General de la República, 2014).
En 2014 el Banco Mundial destinó 400 mil dólares[7] para que Profor[8] realizase un estudio que impulse el desarrollo del sector y determine qué acciones debe seguir Colombia para generar proyectos de ley para las plantaciones forestales (UPRA, 2014). El diagnóstico "Colombia: Reforestación Comercial Potencial", que fue publicado en enero de este año evidencia el horizonte propuesto por el Banco Mundial para esta actividad extractiva en el país. En el estudio se destaca que Colombia cuenta con condiciones ideales para la expansión del monocultivo forestal, ya que además de sus condiciones biofísicas, los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales[9] evidencian una excelente oportunidad (de negocio).
Colombia cuenta con un enorme potencial para desarrollar programas de reforestación comercial. Se beneficia de excelentes condiciones climáticas, geográficas y topográficas para el crecimiento de los árboles, cuenta con el potencial para las plantaciones forestales y posee además, las condiciones geoestratégicas necesarias para potencializar el comercio exterior, más aún con el incremento de tratados de libre comercio firmados en los últimos 10 años (Profor, 2015).
Este escenario de oportunidad forestal es reforzado mediante el informe Zonificación para plantaciones forestales con fines comerciales – Colombia, preparado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA y publicado en julio de este año. Según el informe en Colombia existen 24.805.854 de hectáreas aptas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, lo que equivale al 21,8 % del territorio continental del país. De este porcentaje, un 11,9 % corresponde a aptitud alta y media (Figura 1). Según la misma zonificación a nivel departamental, Meta, Vichada y Antioquia tienen la mayor superficie “apta” para actividades forestales comerciales con áreas superiores a las 2.500.000 de hectáreas cada uno; entre 1.000.000 y 2.000.000 hectáreas se encuentran Magdalena, Córdoba, Caquetá, Casanare y Santander.
Actualmente hay en Colombia 477.575 hectáreas en plantaciones comerciales, según la UPRA (2015) la meta es “pasar a 1 millón de hectáreas sembradas en 10 años y aprovechar las tierras privilegiadas que tiene Colombia, para convertirse en ejemplo de reforestación y la despensa que el mundo necesita”.
Como se sabe “los acuerdos de libre comercio se basan en un modelo económico que promueve el funcionamiento de mercados internacionales, facilitando en especial la inversión extranjera”, frente a ello se ha venido afirmando que los acuerdos de libre comercio también están vinculados a la expansión de monocultivos de árboles (Amigos de la Tierra, 2005)[10], esto es reafirmado por el estudio de Profor (2015) quien considera que el potencial de Colombia para desarrollar programas de reforestación comercial está impulsado por el incremento de tratados de libre comercio firmados en los últimos 10 años, y destaca también que hay una nueva tendencia por parte de inversionistas como fondos de pensiones, que demuestran un interés que va en aumento en los países tropicales de América del Sur que tienen potencial para el sector forestal.
“En los últimos años el interés por la reforestación comercial ha venido ganando espacio, lo que se ha traducido en mayores inversiones tanto de actores nacionales como extranjeros. Un ejemplo de esto es el esfuerzo que ha realizado el Gobierno Nacional a través de FINAGRO, estableciendo el Fondo de Inversión Forestal Colombia con un capital de US$ 10 millones. Este acontecimiento permitió atraer inversionistas del sector privado nacional como lo fueron los fondos de pensiones y así promover los negocios superiores a los US$ 26 millones” (Profor, 2015).
Además de Smurfit Kappa Cartón de Colombia, Pizano, Refocosta, Proyectos Forestales, Propal, Tablemac, que se cuentan entre las principales empresas del sector forestal en Colombia, hay numerosos interesados en este negocio extractivo. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha adelantado gestiones de acercamiento comercial para despertar el interés de reconocidos fondos como World Forest Investment, Four Winds Capital Management, Eagon Lautaro S.A., Hancock Natural Resource Group, Green Crow Management Services, Global Forest Partners, Global Emerging Markets Forestry Fund, IBIS Assets Management y Forestland Group y Forest - land Group; que manejan activos forestales por más de US$ 11.000 millones[11]. Las multinacionales chilenas Masisa y Arauco pretenden seguir los pasos a Agropecuaria Santa Rita en el nordeste antioqueño[12].
Tanto el Plan de Acción de Reforestación Comercial como el PND, el diagnóstico del Banco Mundial y la Zonificación Forestal Comercial realizada por la UPRA, nos permite avizorar una parte del futuro propuesto para el campo colombiano, esto es millones de hectáreas de monocultivos, que de materializarse estarían enfrentándonos a una exacerbación de los conflictos socio - ambientales generados por esta actividad.
La reiterada insistencia del gobierno nacional en beneficiar la expansión de monocultivos, da cuenta de la trascendencia del asunto para la consolidación del modelo agroindustrial, modelo que por supuesto representa una contradicción en la búsqueda de paz. Los monocultivos forestales han venido denunciándose por las comunidades rurales en Latinoamérica desde hace décadas por causar entre otros, deforestación, ruptura de los ciclos ecológicos (incluidas poblaciones humanas), contaminación, pérdida de fuentes hídricas, erosión genética, desacomodo de nichos y hábitats, es decir, empobrecimiento y aniquilación de las relaciones históricas del campo y sus habitantes. Este futuro que no queremos no representa en absoluto paz ni equidad.
Mientras se permite a algunos madereros la concentración de recursos del Estado mediante el CIF, los campesinos que alimentan a Colombia articulados en la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular denuncian[13] la falta de cumplimiento del gobierno en los acuerdos, urge entonces considerar las profundas injusticias sociales - ambientales en el país, como urge también, dada la abdicación Estatal al empresariado nacional e internacional, dialogar sobre la situación actual del agro en Colombia en su relación con la expansión del monocultivo forestal.
BIBLIOGRAFÍA
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Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES. 2015. Documento 3827. Distribución de recursos para el Certificado de Incentivo Forestal con fines comerciales, vigencia 2015. Bogotá. 25 p.
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Mojica, Jennifer. 2015. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. ¿Todos por un nuevo país? Un agro sin paz ni equidad. En: Revista Semillas 50/60 (julio 2015)
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Omar Felipe Giraldo, 2013. Hacia una ontología de la Agri-Cultura en perspectiva del pensamiento ambiental », Polis [En línea], 34 | 2013, Publicado el 22 julio 2013, consultado el 28 marzo 2015. URL : http://polis.revues.org/8773 ; DOI : 10.4000/polis.8773
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Revista Dinero. 2010. Colombia ¿Potencia forestal? ). [En línea], consultado el 18 de noviembre de 2015 URL http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/colombia-potencia-forestal/103393
[1] Salinas A, Y. 2015. Reforestación comercial El motor principal de la locomotora del agro. Revista Semillas 48/49-2015 https://semillas.org.co/es/revista/el-motor-principal-de-la-locomotora-del-agro
[2] Creado mediante La Ley 1450 de 2011 en su artículo 66
[3] Declarada inexequible por la Corte Constitucional: Expediente 8383-Sentencia C-685/11(19 septiembre).
[4] Ver más razones en: Mojica, Jennifer. 2015. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. ¿Todos por un nuevo país? Un agro sin paz ni equidad. En: Revista Semillas 50/60 (julio 2015)
[5] Este costea el 50% si se plantan especies introducidas y el 75 % si se plantan especies nativas; adicionalmente también se cubre en ambos casos hasta un 50% de los gastos de mantenimiento de la plantación hasta el quinto año.
[6] Contraloría General de la República. CGR. 2014. Informe Final de Actuación Especial de Fiscalización Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Certificado de Incentivo Forestal. http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/188646139/MADR+-+Programa+CIF+2008-2013.pdf/92aa128b-0881-4f31-9db1-b717e1f44a2a?version=1.0
[7] Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. UPRA. 2015. Zonificación para plantaciones forestales con fines comerciales-Colombia Escala 1:100.000. http://www.upra.gov.co/publicaciones/-/asset_publisher/iYsfmyAWxSAr/content/zonificacion-para-plantaciones-forestales-con-fines-comerciales-colombia-escala-1100-000
[8]. El Programa sobre los bosques (PROFOR) es una asociación de donantes cuya finalidad es potenciar la contribución de los bosques a la reducción de la pobreza, al desarrollo sostenible y a la protección de los servicios ambientales mediante los programas forestales nacionales (PFN)
[9] . En el 2013, la Unión Europea y los Estados Unidos iniciaron negociaciones para establecer un área transatlántica de comercio entre los dos bloques (Transatlantic Free Trade Area). Esta zona, que en la actualidad concentra el 30% del comercio mundial, buscará la reducción o eliminación de barreras y cuotas comerciales (Profor, 2015)
[10] La tiranía del libre comercio riqueza natural despilfarrada y destrucción de los medios de sustento. http://www.foei.org/esp/publications/pdfs/tyranny.pdf
[11] Marín V. C. 2011. Financiación forestal, estímulos y exenciones. Revista M&M. (2011). http://www.revista-mm.com/ediciones/rev67/forestal_financiacion.pdf
[12]. Revista Dinero. 2010. Colombia ¿Potencia forestal? ). http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/colombia-potencia-forestal/103393
[13] Agencia Prensa Rural. Nueva crisis en la negociación entre Gobierno y Cumbre Agraria. El gobierno se raja en la evaluación de cumplimiento de Cumbre Agraria. http://prensarural.org/spip/spip.php?article16690
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