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Tierra y territorio, derecho fundamental de las comunidades indígenas y campesinas en el suroriente colombiano

“No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario. En una palabra: «el derecho de la propiedad no debe jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad común, según la doctrina tradicional de los Padres de <st1:personname productid="la Iglesia" w:st="on">la Iglesia</st1:personname> y de los grandes teólogos». Si se llegase al conflicto «entre los derechos privados adquiridos y las exigencias comunitarias primordiales», toca a los poderes públicos «procurar una solución, con la activa participación de las personas y de los grupos sociales<span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">»<a name="_ftnref18"><o:p></o:p></a></span>

<p class="MsoNormal" style="margin-left: 35.4pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial, sans-serif;">Carta Encíclica Populorum Progressio, del Papa Pablo VI, No. 23<o:p></o:p></span>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span lang="ES-MX" style="font-family: Arial, sans-serif;">A través de este artículo, haremos un acercamiento a la problemática en el tema de tierra y territorio, tal y como se ha identificado desde <st1:personname productid="La Pastoral Social" w:st="on">la Pastoral Social</st1:personname> del Suroriente Colombiano y enunciaremos la forma como se ha venido abordando desde nuestro quehacer, el acompañamiento a comunidades vulnerables. </span><st1:personname productid="La Pastoral Social" w:st="on"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">La Pastoral Social</span></st1:personname><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> Regional Suroriente Colombiano (PSR-SC) despliega su radio de acción en seis departamentos (Vichada, Meta, Guaviare, Guanía, Vaupés y Amazonas) a través del trabajo articulado de ocho pastorales sociales, las cuales actúan en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas: arquidiócesis de Villavicencio, diócesis de Granada y San José del Guaviare, y los vicariatos apostólicos de Puerto Gaitán, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Leticia y Mitú.</span><span lang="ES-MX" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span>

Es allí, en ese extenso territorio que representa el 42% de la superficie continental del país, y que posee un área de 475.375 km² aproximadamente, donde animamos algunos procesos con población vulnerable y excluida, con el objetivo de que orienten sus acciones hacia el reconocimiento de sus derechos y el goce pleno de los mismos, a través del debido acompañamiento, la cualificación y el trabajo organizado, fundamentados en el evangelio, la doctrina social de la iglesia y las ciencias sociales. La región suroriente presenta unas características que la hacen estratégica para el país y el mundo. En ella encontramos una gran diversidad cultural, paisajística, de recursos naturales y ecosistemas (piedemonte, altillanura y selva), es potencialmente rica en hidrocarburos y minerales, en fauna y flora y cuenta con de varios parques naturales: El Tuparro y La Macarena en la orinoquia, y Cahuinari, Río Puré, Yaigoje Apaporis y Amacayacu en la Amazonía; las Reservas Naturales Puinawai y Nukak, además de numerosas zonas de reserva y áreas protegidas. También posee una hidrografía vital y grandes ríos que atraviesan la región, los cuales permiten el intercambio comercial, al igual que una disponibilidad de energías alternativas como la eólica y la solar con grandes potencialidades para su aprovechamiento.

La colonización permanente y desordenada ha sido característica de los llanos orientales y esta ha conllevado a un conflicto histórico entre pueblos indígenas y colonos por el territorio. A su vez, este territorio ha generado sucesivas bonanzas, unas ilícitas (quina, caucho, fauna, cultivos ilícitos, entre otras) que han dejado un saldo negativo para las poblaciones indígenas, quienes se van integrando en los niveles más bajos de las cadenas productivas. Otras bonanzas más recientes, ya con carácter de lícitas (hidrocarburos, minería, agroindustria, forestales, entre otras) afectan, además de indígenas a los campesinos, con el agravante que muchas de las tierras que ocupan, usan y manejan estos, no han sido legalizadas, situación que no pocas veces se desconoce por los entes gubernamentales competentes en el momento de hacer adjudicaciones de terrenos, pues éstos figuran como “baldíos de la nación”. Históricamente la presencia gubernamental ha sido deficiente, situación que se refleja en las precarias posibilidades para las comunidades indígenas y campesinas de acceso a derechos fundamentales mínimos como son educación, salud, trabajo en condiciones dignas y las actividades productivas. Fuera de la implementación de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos, no se ofrece de manera paralela alguna alternativa productiva y por el contrario, en muchos casos las fumigaciones afectan los cultivos de pancoger de los cuales subsisten[1].

La dinámica económica actual, intensificada por las actividades de exploración y explotación petrolera, de algunos minerales y la agroindustria, ha promovido, más que antes, que los ojos del mundo se vuelquen hacia estas tierras y territorios porque se percibe como una región estratégica para el “desarrollo”. Este panorama es diferente para las grandes empresas y empresarios, que continúan llegando, atraídos por estas nuevas “bonanzas” y por los ofrecimientos gubernamentales de jugosos incentivos que les conlleven a ampliar y expandir cultivos comerciales de palma de aceite, forestales y agroindustriales, entre otros, en lo que llaman “la última frontera agrícola del país”. Las circunstancias expuestas han traído consigo un cambio acelerado en el uso y tenencia de la tierra y la profundización de las históricas brechas sociales, ya que todo se proyecta desde un enfoque neoliberal, principalmente por inversionistas nacionales y extranjeros, sin que haya equidad entre el desarrollo económico y el social. Estos “polos de desarrollo” han generado:

1. Altísimos costo de vida
2. Se ha disparado la corrupción, permeando todos los sectores (institucional y comunitario)
3. Conflictos al interior de las comunidades, que han venido ahondando circunstancias de debilidad y fragmentación organizativa, tanto en el sector indígena como campesino.
4. Grandes Inversiones en obras de infraestructura que benefician principalmente a la agroindustria y petroleras, frente a una deficiente inversión en lo social.
5. Insuficiente prestación de servicios públicos, tanto en los sectores urbanos como rurales, principalmente agua potable y manejo integral de los residuos sólidos
6. Progresivamente se percibe la pérdida de autonomía de los entes territoriales, debido a que la mayoría de las decisiones sobre la implementación de estos megaproyectos se toma en instancias más “altas” del gobierno, sin que hayan pronunciamiento por parte de los mandatarios locales o simplemente vean con anuencia ésta situación, so pena de sentir que sus municipios quedan relegados de estas, presuntamente infalibles, propuestas de desarrollo si no se “suben a estas locomotoras”.

Algunos casos concretos que podemos mencionar, generados en ésta dinámica:

1. Reporte de niños indígenas sikuani de Puerto Gaitán, Meta, muertos por desnutrición durante el año 2011, según noticias ampliamente difundidas por numerosos medios de comunicación[2].
2. Institucionalidad competente en el tema de tierras permeada por la corrupción, los grupos armados y una insuficiente y deficiente capacidad para ir respondiendo en la solución de las problemáticas, específicamente Incoder, las oficinas de notaría y registros públicos
3. Especulación con el precio de la tierra, situación que ha sido progresiva a medida que se intensifica la dinámica. Las ofertas de apoyos e incentivos gubernamentales para el impulso del modelo económico capitalista, principalmente para cultivos destinados a la producción de agrocombustibles; han beneficiado a los grandes empresarios, sin que las comunidades campesinas e indígenas puedan acceder en igualdad de condiciones a los mismos.

Todo esto ha generado el riesgo de despojo de tierras a familias que las poseen y usufructúan ininterrumpidamente y de manera pacífica durante tiempos superiores a quince años. Como es el caso reciente de la vereda Chaparrito en Puerto Concordia, Nueva Esperanza y El Silencio en Mapiripán, Meta. Al respecto, una de las mayores preocupaciones que manifiestan los habitantes de diferentes sectores del departamento del Vichada tiene que ver con esa situación, temor que se funda en una serie de adjudicaciones de tierras hechas a terceros que han aparecido durante estos dos últimos años con la pretensión de reclamarlas a los campesinos que las ocupan y usufructúan de manera pacífica. Resulta alarmante a la vez, la información que se tiene sobre las solicitudes y entrega de títulos mineros a la fecha de diciembre de 2010, que involucran buena parte del Meta, Vichada, Guaviare y Vaupés, más aún cuando desde el mismo Código Minero deja sujeto a la autoridad minera el ordenamiento territorial y le restringe a las autoridades municipales la posibilidad de prohibir la minería en los territorios de su jurisdicción territorial.

 

Acciones emprendidas desde la Pastoral Social

Frente a las situaciones descritas, la Pastoral Social Regional Suroriente Colombiano ha venido desarrollando una propuesta de trabajo que incluye un proceso de concientización, sensibilización y capacitación, inicialmente a nivel interno de la institución, sobre las situaciones relacionadas con la proyección y ejecución de megaproyectos, impactos, y en general sobre el contexto territorial, facilitando espacios para la reflexión colectiva que permitan comprender más la dinámica generada. Dentro de estas actividades podemos citar:

• Panel “Megaproyectos de desarrollo y comunidades indígenas y campesinas en el suroriente colombiano”: Cada año, en el mes de octubre, la Pastoral Social Suroriente realiza una reunión del Consejo Regional con participación de los obispos y directores de pastoral social de cada una de las ocho jurisdicciones eclesiásticas, para analizar y avanzar en el trabajo pastoral en la región. Durante el año 2010, éste espacio se aprovechó para realizar el panel “Megaproyectos de Desarrollo y Comunidades Indígenas y Campesinas en el suroriente colombiano”, con el fin de conocer las apuestas, alcances, visiones y expectativas de las iniciativas de desarrollo en la zona, desde diferentes perspectivas. Rescatamos de este espacio, el paso enorme dado en lo referente a la sensibilización a los señores obispos y directores de las pastorales de cada una de las jurisdicciones eclesiásticas, así como al resto del equipo regional, frente a los impactos socioeconómicos y ambientales negativos que afectan a las comunidades, sin que éstas tengan clara una propuesta que minimice las afectaciones; estos impactos negativos no se contemplaban antes, ya que los medios de comunicación a los cuales se tiene acceso, presentan solamente las cifras de crecimiento económico sin referirse a la “otra cara de la moneda”. Además, se enfatizó esta temática como un aspecto estratégico para ser abordado desde nuestro quehacer pastoral en el sur oriente colombiano.  
• Documentación de casos y diseño de una ruta jurídica para la exigibilidad y la incidencia política:Se inició la documentación de los tres primeros casos donde se observó una posible vulneración al derecho a la tierra y el territorio, correspondientes a los municipios de:
• Puerto Gaitán (Meta): con indígenas Sikuani de la comunidad Campana, resguardo Awalibá, por la titulación que hizo Incoder en el año 2004 de seis títulos correspondientes a la finca Campana, que han ocupado durante más de 70 años. Cuando se tuvo conocimiento de la situación, se emprendió por parte de las autoridades indígenas acciones de visibilización, denuncia, búsqueda de alianzas y gestión con las instituciones, labor que contó desde su inicio con el acompañamiento y apoyo de Pastoral Social, quien facilitó el trabajo interinstitucional para evitar el desplazamiento de la comunidad de su territorio. Se presentó solicitud de revocatoria directa ante Incoder por la titulación de los seis predios, solicitud que fue resuelta mediante resoluciones de diciembre de 2008 a través de la cual se revocaban tres de los títulos, y mayo de 2012 para los restantes tres. Es de señalar que durante los inicios del proceso de reclamación se presentaron hechos de violencia como fue la quema de las casas de las familias que ocupan el predio en disputa. Las autoridades indígenas, acompañadas por las instituciones amigas, continuamos atentas para que efectivamente el Incoder le reconozca a la comunidad la posesión, uso y manejo de este territorio, y se les garantice el goce de derechos como educación, salud, vivienda, fortalecimiento de su organización propia y actividades productivas.
• Puerto López (Meta): 126 familias campesinas, sin tierra, a las cuales les adjudicaron terrenos en común y pro indiviso, en el predio Las Leonas, esperan el proceso de individualización. Se han emitido por parte de Incoder varias resoluciones de adjudicación y derogatorias de las mismas, en el transcurrir de las cuales se desconoció la entrega inicial de los predios a 25 de las 126 familias, efectuada por el mismo presidente Alvaro Uribe en Octubre de 2005. Estas 25 familias se han resistido a abandonar los predios a pesar de las pretensiones en ese sentido y del incumpliendo por parte del gobierno en apoyar proyectos productivos que facilitaran el arraigo y la permanencia en las tierras adjudicadas para la totalidad de familias a las cuales se les entregó el predio. Se continuará acompañando internamente a la comunidad en sus procesos colectivos y de fortalecimiento organizativo para la exigibilidad de sus derechos ante Incoder, también se ha facilitado espacios para la articulación interinstitucional, con el fin de garantizar a las familias un proceso de individualización que les reconozca sus derechos adquiridos con la entrega de los predios y permanencia en ellos desarrollando sus trabajos propios a pesar de las dificultades.
• Puerto Concordia (Meta): 26 familias campesinas con posesión informal de la tierra que ocupan en la actualidad, pero sin legalización de la misma, afectados por la demanda de un empresario palmero quien la reclama como suya para desarrollar un proyecto agrario tecnificado de siembra, producción y explotación vegetal de palma africana, cuando los que la han habitado allí, de manera pacífica e ininterrumpida durante los últimos quince años, son las familias campesinas. Aunado a lo anterior, la zona ha sido objeto de la implementación de las políticas de fumigación de cultivos ilícitos sin que sus habitantes hayan recibido ningún apoyo para propuestas productivas alternativas, además de las grandes deficiencias para el acceso a derechos como salud, educación, agua potable y vivienda, principalmente. En el contexto actual de la zona, con la expansión del modelo empresarial de producción de agro combustibles con base en la palma africana, situación que aunada a algunos medios “no muy claros” que en contra de la comunidad ha incurrido el supuesto dueño de las tierras y que pueden incidir e inducir un fallo a su favor en los estrados judiciales donde cursan las respectivas acciones. La Pastoral Social acompaña a la comunidad para la visibilización del caso en los espacios pertinentes, apoyarles en las gestiones y acciones que vienen desarrollando ante las autoridades competentes, tanto judiciales como públicas para la legalización de las tierras a favor suyo, la exigibilidad de sus derechos y la búsqueda de alianzas y apoyo por parte de entes y organizaciones. Actualmente, se hace acompañamiento por parte de la Pastoral Social a procesos organizativos y productivos comunitarios con miras a fortalecer la capacidad de autogestión, seguridad y autonomía alimentaria con base en modelos de economía campesina y la construcción de una cultura de paz. Una vez documentados los casos con participación directa de líderes de las comunidades, se ha buscado presentarlos en algunos espacios y con entidades competentes, con fin de avanzar hacia una solución de los mismos, a la par que se hace referencia a las problemáticas que se vienen generando e incrementando en la región y que afectan a las población más vulnerable allí asentada.
• I Congreso por la defensa de los pueblos y su territorio Junio de 2011 Con el objetivo de construir propuestas conjuntas para fortalecer las líneas de acción de trabajo Pastoral en el Suroriente Colombiano, acordes a las diferentes dinámicas presentes en las jurisdicciones, en el marco del encuentro anual que se realizó en el mes de junio de 2011, se realizó el “I Congreso por la Defensa de los pueblos y su territorio”. Con el fin de lograr el objetivo propuesto se realizaron sendos paneles de campesinos e indígenas donde se compartieron testimonios y experiencias particulares de conflicto por la tierra y el territorio. Así mismo, se trataron temáticas relacionadas con el modelo de desarrollo imperante, biodiversidad, bioprospección y biopiratería, y finalmente se identificaron de manera conjunta, unas líneas de acción de la pastoral social desde el evangelio, el magisterio de la iglesia y el documento “La tierra Don de Dios”. El comunicado conclusivo, producto de las discusiones del I Congreso Interno recoge las propuestas, desde los sectores de población vulnerable y vulnerada, de acciones a desarrollarse desde la Iglesia del Suroriente Colombiano.
• Resaltar el tema de tierra y territorio en los planes pastorales de las jurisdicciones eclesiásticas y en el plan regional de la pastoral social regional. Según las directrices de los ocho obispos y directores de pastoral social de cada una de las jurisdicciones, avanzamos en la articulación entre el secretariado nacional de pastoral social, la oficina regional y las pastorales locales para el acompañamiento a las comunidades afectadas con las dinámicas territoriales y la identificación y sistematización de nuevos casos donde haya posible vulneración de sus derechos, principalmente en municipios como Cumaribo (Vichada) y Puerto Gaitán, Puerto Concordia y Mapiripán (Meta). Particularmente en Cumaribo se acompaña por parte de la pastoral social de Puerto Gaitán, de manera articulada con la oficina regional, un proceso de formación comunal tendiente a cualificar a integrantes de 61 Juntas de acción comunal de este extenso municipio, el más grande del país, con 72.000 km²., con el fin de fortalecer su capacidad de interlocución, gestión y exigibilidad ante los entes competentes, así como la incidencia en las decisiones que definitivamente están afectado su territorio. Dentro de la perspectiva para fortalecer la capacidad de respuesta de la pastoral social para acompañar y apoyar a las comunidades más vulnerables, afectadas con las problemáticas territoriales, se contemplan inicialmente cuatro aspectos:

 

1. Ampliación y consolidación del equipo responsable del tema de tierra y territorio de la Pastoral Social Regional, fortaleciéndolo en sus capacidades de respuesta a la dinámica actual del suroriente colombiano.

2. Acompañamiento y apoyo a las organizaciones comunitarias de base, tanto indígenas como campesinas, con miras a su fortalecimiento para la exigencia de sus derechos que, con el debido acompañamiento jurídico, buscan su reconocimiento por parte del Estado, en el actual contexto.

3. La búsqueda de alianzas estratégicas con sectores académicos, ambientalistas, cooperación internacional, organizaciones de base, entre otras, para conformar la red de amigos que puedan emprender acciones de denuncia, visibilización de las problemáticas y apoyo a todo el proceso.

4. Participación activa de las comunidades acompañadas por Pastoral Social, en espacios de debate, opinión y construcción de políticas públicas que propenden por la garantía del derecho a la tierra y al territorio, a favor de ellas. Este aspecto se desarrollará a partir de la documentación y argumentación jurídica de los casos de posible vulneración de estos derechos territoriales