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Contexto

¿Que nos queda después de la movilización?

Entre el 31 de mayo y el 12 de junio del presente año se desarrolló una nueva jornada de protesta agraria denominada Minga Nacional, está vez protagonizada por la Cumbre Agraria, Campesina, étnica y Popular, que luego de más de un año de negociaciones exigía cumplimiento y apertura de nuevos escenarios de concertación, para avanzar en la implementación de los acuerdos alcanzados tras las jornadas de paro agrario de 2013 y 2014.

El saldo de esta movilización deja muchos interrogantes respeto de la voluntad real del gobierno y la eficacia de los escenarios de participación y negociación de la política públicas creadas al calor de la protesta.

Un primer saldo es la muerte de tres comuneros durante los primeros días de movilización presuntamente a manos del escuadrón móvil antidisturbios - Esmad; hecho que demuestra una vez más, la primacía de la represión estatal para conjurar la digna rabia de los sectores populares que ven con sospecha el discursos de paz y apertura democrática del gobierno de Juan Manuel Santos, que de una parte manifiesta una voluntad de diálogo y concertación, y de otra acalla las voces disidentes a través de su fuerza policial.

Días después de la Minga nacional (26 de junio de 2016) el presidente Juan Manuel Santos manifestó: !Les agradecí a los miembros del Esmad su trabajo, un trabajo importantísimo, muchas veces ingrato, pero se requieren personas de temple, personas fuertes, con nervios de acero, para cumplir bien ese indispensable deber de preservar el orden público en todo el territorio del país!.

En ese mismo discurso expresado durante la ceremonia de ascensos de la policía nacional, el mandatario manifiesta la importancia del Esmad para el post conflicto, pues advierte que luego del proceso de paz se intensificarón las movilizaciones y protestas, lo que para él es algo incomodo, pues son las vías democráticas el camino para solucionar las diferencias. ¿Acaso la movilización y la protesta no son vías democráticas?, ¿acaso las vías democráticas existentes han logrado democratizar la política, la economía?

Un segundo saldo de la Minga nacional es precisamente las vías democráticas que se abren con los escenarios de diálogo y negociación acordados mediante la suscripción de actas en los siguientes temas: 1) Garantías para la protesta; 2) Paz, participación y derechos humanos; 3) Víctimas; 4) Tierra y territorialidad campesina; 5) Tierra y territorialidad negra; 6) Medio ambiente y pueblo negro; 7) Minero energético; 8) Pueblos indígenas; 9) Acuerdos incumplidos[1].

 

 

Logramos llevar la negociación al terreno de la discusión política y sacarla del terreno técnico administrativo en el que venía cayendo. Esto se logró en parte gracias a la estrategia de llevar la negociación al territorio, sacarla de las oficinas y del centro de poder, para trasladarla al lugar donde hubo mayor confrontación (donde fueron asesinados dos mingueros) y donde la presencia negra e indígena tenía mayor capacidad de resistencia. No obstante, esta territorialización de la negociación generó tensiones de intereses entre los sectores sociales representados en la Cumbre Agraria, pues se llevó la negociación al terreno sectorial (indígena, afro y campesino) y en algunos casos con aspiraciones meramente reivindicativas, aun cuando las demandas del pliego único de exigencias son claramente nacionales, multisectoriales y con impacto para el conjunto de la población de la ruralidad (incluso del país en su conjunto).

Esto suscita por lo menos un interrogante para la reflexión ¿cómo articular de una manera armónica los intereses y enfoques propios de cada sector social, organización y territorio? ¿Cómo lograr la identificación de lo común en el que el todo sea más que la suma de las partes? Una apuesta política nacional como lo es el pliego de exigencias de la Cumbre Agraria, requiere guardar una coherencia, ser claro y contundente en las demandas, donde las reivindicaciones están conectadas con las aspiraciones estratégicas en el mediano y largo plazo, en perspectiva de país.

Sin embargo, de los acuerdos alcanzados podemos identificar como un importante avance, la construcción de un pliego de exigencias de la minga que desarrolló de una manera más especifica algunos temas que hasta el momento no habían sido abordados en la mesa única de nacional (escenario de diálogo y concertación entre gobierno nacional y Cacep ver: Decreto 870/14), tales como: tierra y territorio, derechos sociales, víctimas, paz, comunicaciones y la relación campo ciudad; temas que están expresados en el pliego de exigencias ¡mandatos para el buen vivir...![2]

De los acuerdos suscritos destacamos algunos tipos de compromisos, que van desde los financieros para el cumplimiento de acuerdos previos, el desarrollo de proyectos, instrumentos, acciones directas, procedimientos, hasta compromisos de tipo legislativo que responden más a los acuerdos de carácter político. 

Sobre este último tipo de compromisos podemos destacar los referidos a la reforma del sistema general de participaciones cuyo objetivo es facilitar los procedimientos para la aprobación de los proyectos, y ejecución de los recursos que se asignan a las comunidades indígenas y a otros entes territoriales. También podemos destacar el compromiso del gobierno de adelantar una reforma participativa de la ley 160/1994 sobre reforma agraria, desarrollo rural, territorialidad campesina, etc. Así mismo, la reglamentación de la ley 70/1993 para efectos del fortalecimiento de la autoridad ambiental de las comunidades negras, entre otros aspectos.

Por otra parte, en materia minero-energética cabe destacar el compromiso de conformar una comisión conjunta para la revisión de títulos, contratos de concesión, asociación, y otras autorizaciones ambientales relacionadas. Esto con el fin de evaluar la legalidad de estos, los impactos sociales y ambientales.

Como fruto de la negociación, también se definieron acciones concretas respecto de la garantía y protección de derechos políticos a la asociación, expresión y la protesta social, toda vez que uno de los principales riesgos a los que se enfrenta el movimiento social es la represión estatal y para - estatal, aún vigente y creciente en algunos territorios del país, en un momento crucial en el que se define el presente y el futuro del conflicto armado.

 

 

A manera de conclusión, y sin ánimo de cerrar la reflexión, podemos decir que los alcances de estos acuerdos están aún por verse, pues el gobierno convino crear rutas de negociación, abrir nuevos diálogos entre las organizaciones sociales y las instituciones públicas sobre diversos temas, sin comprometerse de entrada con la asignación de recursos de inversión y el desarrollo de reformas estructurales para atender las demandas de las comunidades agrarias, quienes exigen no solo la atención de las necesidades urgentes, sino además cambios legales que aseguren la implementación de políticas públicas favorables a los intereses populares.

Llevar las demandas de las comunidades agrarias al terreno de las vías democráticas institucionalizadas corren el riesgo, nuevamente, de empantanarse en la tecnocracia y la burocracia; terreno en el que las organizaciones sociales entramos en desventaja, pues supone trasladar las discusiones de la política al campo de la "pequeña política"; es decir, a la administración de lo existente (Raúl Zibechi) bajo la tutela de la ritualidad jurídico administrativa; en la que evidentemente el gobierno y su maquinaria tiene la preeminencia.

Sin embargo, los resultados de este escenario están aún latentes, pues si bien existe la sospecha de la eficacia de las "vías democráticas institucionalizadas", también se encuentra latente un potencial transformador de las mismas, en la medida en que el movimiento social asume el escenario de negociación como un terreno más en disputa, en el que se juega no solo su eficacia material, sino además su definición y alcance más allá de los límites de la democracia representativa parlamentaria y lo público estatal, pues están en juego otros sentidos de la participación directa y vinculante de las comunidades en la gestión de lo público.

¿Que nos queda después de la protesta? Esta es una pregunta que aún está por resolverse y depende en gran medida de la capacidad del movimiento social de cuestionarse acerca de los límites y posibilidades de la apertura democrática agenciada por los diálogos de paz que trasladariá el conflicto social y político al terreno de la movilización social, que evidentemente no estará exenta de violencia sociopolítica estatal y paraestatal como ya lo anunció el propio presidente de la república.   

 

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[1] http://comosoc.org/IMG/pdf/consolidado_actas_minga.pdf

[2] (ver pliego: http://comosoc.org/PLIEGO-DE-EXIGENCIAS-MANDATOS-PARA-14)