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Experiencias locales

Puerto Matilde: La vida en una zona de reserva campesina

A dos horas de Barrancabermeja, y en jurisdicción de Yondó, Antioquia, un grupo de campesinos demuestran que, pese al estigma, estas zonas pueden ser muy productivas y que no son ningunas republiquetas.
En Puerto Matilde, Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, los campesinos desarrollan desde hace quince años un proyecto bufalero. Ahora buscan apoyo para comercializar la carne y los lácteos en varias ciudades.
Hace quince años la idea de desarrollar una bufalera era estimada como “cosa de locos”, recuerda Luis Carlos Ariza. La gente creía que ese animal era como domar una “pantera”, que miraba feo, que la leche podía caer mal o, como dijo un campesino de la zona, era “traer al mismísimo diablo porque arrasaría con todo”. Hoy son 47 familias de la vereda Puerto Matilde, en el municipio de Yondó, Antioquia, las que trabajan con 900 búfalos en una empresa de cárnicos y lácteos que ya da los primeros pasos.

Puerto Matilde está a dos horas y media del puerto petrolero de Barrancabermeja, Santander. Para llegar allí se requiere de una camioneta por los altibajos de la carretera. Si llueve, la posibilidad de quedar atascado entre el barro es alta. Los últimos aguaceros debilitaron un pequeño puente que conectaba a la vereda, por ello, para finalizar el trayecto, se requiere recorrer durante no más de cinco minutos el río Cimitarra en Johnson, como en la región le dicen a la chalupa. “Pero para lo que era antes, la carretera está buena”, aclaran los campesinos.

Esta vereda es el corazón de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, un área geográfica de producción campesina que cobija a unas 25 mil familias de los municipios de Yondó y Remedios, en Antioquia, y de Cantagallo y San Pablo, Bolívar. Aunque en 2002 las comunidades le solicitaron al gobierno que esta Zona comprendiera 500 mil hectáreas, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) aprobó su delimitación inicial en 184 mil hectáreas. Para lograrlo los campesinos tuvieron que sortear varios tropiezos.

Aunque la Ley 160 de 1994, conocida como de Desarrollo Rural, contempla la creación de estas zonas para fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales y crear condiciones para lograr la paz, en veinte años el Incoder sólo ha aprobado la constitución de seis. A juicio de los labriegos esto obedece al desconocimiento sobre esta figura, pero, sobre todo, a los estigmas y mitos que pesan sobre el campesinado, entre ellos que es incapaz de crear empresa y que tiene relación con la subversión. “El campesino siempre es el que pierde. Si estamos en una zona dicen que somos auxiliadores de la guerrilla; si estamos otra, dicen que nos mezclamos con el paramilitarismo”, se queja Carlos Martínez, un campesino de 58 años que hace parte de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc), organización que lidera esta zona de reserva y que desde los años 90 insistió en la necesidad de acceder a tierras.

Los campesinos aseguran que son sobrevivientes del conflicto armado. Puerto Matilde, como toda la región del Magdalena Medio, quedó en medio de una guerra que desataron la guerrilla de las Farc y paramilitares del Bloque Central Bolívar entre 1998 y finales de 2006. “Usted no se imagina por todas las que hemos pasado… pero tenemos las ganas de salir adelante”, afirma Martínez.

 

La tormenta

El trayecto hacia Puerto Matilde es un camino de recuerdos para Nury Cárcamo. Su esposo, Orlando Triana Moncada, miembro de la junta directiva de la Acvc, fue asesinado el 1 de septiembre de 2000 cuando se movilizaba en una camioneta por la vereda El Tigre, en Yondó. Los paramilitares lo bajaron del vehículo y le dispararon. “Hace unos diez años nadie se atrevía a pasar por aquí. Muchos nos desplazamos”, recuerda Cárcamo. Con nostalgia, esta mujer dice que le gustaría que sus hijos volvieran con ella al campo para trabajar la tierra. Cuando se desplazaron, ellos estaban muy pequeños y prácticamente crecieron en la ciudad, donde ahora estudian: “Me dicen que no quieren volver. Los entiendo. Pero yo sigo con la idea de salir adelante con el proyecto productivo de los búfalos”.

La mayoría de las historias de los campesinos que viven en Puerto Matilde son similares a las de Nury. Son víctimas del conflicto armado que llegaron al Magdalena Medio huyendo de la ola de violencia de los años 50. Carlos Martínez explica que la Acvc tiene sus orígenes a mediados de la década de los 80, cuando se organizaron en juntas comunales para reclamarle atención al Estado. Su situación era crítica, pues además de haber llegado a un territorio con presencia de las Farc y el Eln, no contaban con vías ni servicios públicos. Estaban aislados y a la deriva.

En 1996 decidieron constituirse en la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y marcharon hacia San Pablo, en el sur de Bolívar, y Barrancabermeja, la capital del Magdalena Medio, llamando la atención sobre la urgencia de tener allí inversión social y se protegieran los derechos humanos. “El proyecto de constituir una zona de reserva campesina nace desde ese año. Fue una época muy dura, pues con masacres, desapariciones y desplazamientos quisieron desarraigarnos de las tierras”, cuenta Luis Carlos Ariza.

Después de seis años de insistencia, la Acvc logró que el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), ahora Incoder, aprobara la constitución de la Zona de Reserva. Carlos Martínez recuerda que el gobierno aceptó esta propuesta en una reunión que se realizó en la vereda La Poza, a diez kilómetros de Puerto Matilde, en la que participaron representantes de las juntas comunales de los cuatro municipios, de las administraciones locales y del Ministerio de Agricultura. La resolución de constitución fue fechada el 10 de diciembre de 2002. Cuando pensaron que ya tenían el documento que avalaba su idea de impulsar un territorio con economía campesina, en abril de 2003 el gobierno sin darles explicaciones suspendió la Zona de Reserva. En ese momento, la Acvc exigía protección porque la violencia arreciaba: los paramilitares estaban asesinado a los líderes de la Asociación. En marzo de 2000 mataron a Diomedes Playonero; en septiembre de ese mismo año a Orlando Triana; y en abril de 2002 a Nelsy Gabriela Cuesta. Un año antes habían denunciado que después de un operativo realizado por el Ejército, conocido como Operación Bolívar, fue asesinado Carlos Ramírez.

La situación llevó al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo a enviar en abril de 2004 un oficio al Ministerio del Interior y de Justicia, pidiéndole tomar medidas para frenar la tragedia en Yondó. Luis Carlos Ariza relata que ya en 2007 no aguantaron más, se declararon en refugio humanitario y solicitaron una reunión con el presidente Álvaro Uribe para que levantara la suspensión de la Zona de Reserva. Reunidos en Barrancabermeja, el mandatario les dijo que eso solo sucedería si el Ejército daba el visto bueno, cosa que nunca sucedió. Por el contrario, los campesinos denunciaron que el Ejército los tildó de guerrilleros y la Fiscalía ordenó capturar a 18 integrantes de la Acvc. Como si fuera poco, el Batallón Calibío presentó en julio de 2008 a Aicardo Ortiz como un guerrillero muerto en combate. Las ejecuciones extrajudiciales, llamadas ‘falsos positivos’, también fueron noticia en Yondó.

Sólo dos años después, la tormenta cesó. En 2010 la Acvc fue reconocida con el Premio Nacional de Paz y en febrero de 2011 el gobierno de Juan Manuel Santos reactivó la Zona de Reserva Campesina. Con esta decisión, los campesinos siguieron apostando por ese proyecto bufalero que, con todo y conflicto, ya venían desarrollando de tiempo atrás en Puerto Matilde.

 

La esperanza

Los labriegos reconocen que en esta región del Magdalena Medio la hoja de coca para uso ilícito fue por muchos años su único sustento. Así lo explica Orlando Angarita, campesino desplazado del Bajo Simacota, en Santander, quien llegó en 1998 a Puerto Matilde a rebuscarse la vida: “Los golpes me enseñaron a vivir. Con la coca y el conflicto hubo desplazamientos… Luego vinieron las fumigaciones… Con los proyectos productivos yo dejé las matas; me puse a sembrar comida”.

Carlos Ramírez cuenta que ha sido la cooperación internacional y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio los que han apoyado proyectos productivos de panela, ganado blanco, arroz y búfalos. La idea de desarrollar una empresa propia con ganado, por ejemplo, comenzó en 1996, cuando nació la Asociación. La experiencia de años atrás les había enseñado que depender de las rentabilidades ofrecidas por los fondos ganaderos no les permitía progresar.

Así fue como diseñaron una propuesta que aprobó el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (Pnud). Con 200 millones de pesos, los campesinos adecuaron dos fincas que habían comprado para la cría de los animales, también una báscula, cercas eléctricas, construyeron un corral, una bodega y tocaron a las puertas de la bufalera de José Henao, en Barrancabermeja, a quien le compraron los 70 búfalos para comenzar con el proyecto. Henao les regaló un burro, una yegua y un caballo. Luis Carlos Ariza recuerda que al principio eran temerosos de que la idea no prosperara, por lo que para el año 2000 sólo 12 campesinos se afiliaron. Establecieron normas de rentabilidad, de manera que cada familia lograra con el tiempo un patrimonio y no se quedara simplemente como administradores o depositarios del ganado. En quince años aumentaron los 70 búfalos a 900, de los cuales 145 están en la finca de cría y el resto distribuidos en las parcelas de las 47 familias que en la actualidad son socias.

Ariza cuenta que comenzar fue difícil, pues la gente no quería afiliarse porque corría el rumor que esos búfalos eran de la guerrilla. En 2000, los insurgentes se robaron varios búfalos de la hacienda Rancho Verde, cercana a la ciénaga La Magdalena, y el chisme terminó en que estos estaban en la finca de la Acvc: “El Ejército nos acusó. A José Henao le tocó explicar que nuestros búfalos provenían de su bufalera”, dice. Los altercados con el Ejército continuaron. En 2010, soldados del Batallón Reyes, de Cimitarra, mataron una búfala del campesino Mario Martínez y el Programa de Desarrollo y Paz tuvo que intervenir para que el Ejército repusiera el animal.

En 2011, ya con varias parcelas asociadas al proyecto, la Acvc le donó 70 búfalos y tres toretes a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) para que esta comunidad campesina desarrollara también su propia empresa. Desde que comenzaron con la bufalera, los campesinos de Puerto Matilde acordaron que todas las semanas les garantizarían leche y carne a los adultos mayores de la vereda así como a las mujeres en estado de embarazo y enfermos. Para pagar al administrador elaboran y venden queso, que ya les deja ganancias: el kilo lo venden a 6 mil pesos y hay días que las ventas suman 200 mil pesos.

Los campesinos de la Acvc son conscientes que para volverse empresarios necesitan tres cosas: infraestructura, nuevos productos y comercialización. Para lograrlo, el año pasado se postularon al Concurso Ventures, una iniciativa de la empresa pública y privada, que premia las mejores propuestas de emprendimiento sostenible. Los campesinos se reunieron, formularon su idea como Ecobúfalo campesino, aldea comunitaria de Puerto Matilde, que consiste en vender carne empacada al vacío y lácteos en Bucaramanga y Medellín.

Entre las 900 propuestas que se presentaron al concurso, los campesinos de Puerto Matilde lograron el primer puesto en la categoría Iniciativas para superar la pobreza. Para la Acvc, este es el primer paso para abrirse camino y que el queso que todas las semanas prueban los habitantes de la aldea llegue también a los paladares de los citadinos. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) los apoya en mejorar el logo, “pues una profesional nos explicó que el diseño parece el de una empresa que produce carteras”, dice, entre risas, Luis Carlos Ariza.

Un profesor, también del Sena, los instruye en la elaboración de diversos tipos de queso, entre ellos el mozzarella, así como en kumis, cremas, yogures y arequipes. “Nosotros soñamos con algún día llegar a exportar”, reitera Ariza. Aunque ya tienen la asesoría, el problema es que carecen de infraestructura. Para refrigerar la comida deben traer el hielo desde Barrancabermeja, una osadía en una zona donde la temperatura llega a los cuarenta grados centígrados y la vía no ayuda a acortar distancias. Eso explica también por qué el plátano, la yuca y el maíz que siembran no lo venden, pues comerciarlo en esas condiciones no les da rentabilidad.

Carlos Martínez, María Helena Maldonado, Nury Cárcamo, César Palacio y Albeiro Guerra y Orlando Angarita coinciden en que el proyecto bufalero es la evidencia de cómo campesinos sí pueden sacar adelante un proyecto y sobre todo, formar empresa. “Este futuro lo hemos construido en un lugar donde vivimos la violencia. El proyecto bufalero significa salir de pobre y mejorar la calidad de vida de las familias”, dice César Palacio.

Ahora que el gobierno habla de posconflicto, los campesinos creen que no habrá excusas para que haya inversión en infraestructura. Puerto Matilde carece de electrificación, alcantarillado y puesto de salud. También esperan que el Incoder les entregue la resolución de las parcelas que explotan desde hace tres décadas, pues en las Zonas de Reserva Campesina la propiedad no es colectiva. Para desarrollar el proyecto, algunos campesinos han tenido que buscar apoyo en otros que tienen parcela o tierra adecuada para la cría de los búfalos.

Con su experiencia, los campesinos de la Asociación del Valle del Río Cimitarra quieren desmitificar que las Zonas de Reserva Campesina son improductivas y una estrategia de la guerrilla para apropiarse de territorios, que favorecen el desarrollo de cultivos ilícitos o que promueven “repúblicas independientes”. En Puerto Matilde, demuestran que la economía campesina es capaz de generar desarrollo.

Es por eso que en varias regiones del país otras comunidades le exigen al Incoder celeridad en aprobar nuevas Zonas de Reserva Campesina. Pero el Instituto responde que algunas de estas solicitudes están en análisis de viabilidad; varias en etapa de consulta con comunidades étnicas; otras en revisión de planes de desarrollo; y unas más en lista de espera para comenzar con el trámite administrativo (ver mapa).

“Nosotros queremos defender nuestra cultura campesina, el derecho a la vida y a permanecer en la tierra”, reitera Carlos Martínez, quien exhibe con orgullo el plegable de la empresa Ecobúfalo Campesino, que ya le da las primeras utilidades.