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¿Prosperidad para quién?

Danilo Urrea, Colombia, Agosto 20 de 2013, Este artículo ha sido consultado 117 veces

Hacer referencia a la relación urbano – rural del agua en Colombia implica, necesariamente, tener presentes dos miradas diferenciadas y complementarias. Por un lado, la manera en que se ha estructurado la política pública y desde allí cómo se ha trazado ─si es que acaso eso hubiese llegado a suceder─ una valoración de las formas de ocupación del territorio y la disponibilidad de agua en el campo colombiano, aunado a un modelo correlativo de gestión hídrica para la ciudad.

De otro lado, la forma en que, de hecho, se construye la territorialidad rural colombiana y se constituyen formas autónomas de gestión del agua, que generalmente están por fuera de la administración estatal y que se contraponen al abandono sistemático del campo por parte del Estado y sus instituciones, pero que no por ello se abstraen de la posibilidad de garantizar aguas para la población, más allá de la ruralidad misma.

Este artículo presenta, en primer lugar, un análisis del camino de construcción que sigue la actual política rural de aguas en el país, haciendo referencia al contexto en el que ésta se ha pretendido generar. En segundo lugar, describe el modelo público–comunitario de gestión territorial que vislumbran las comunidades organizadas como salida a la encrucijada de la privatización y la afectación al ciclo hidrológico producto del modelo de desarrollo colombiano, y que a su vez enfrenta las políticas de favorecimiento privado y trasnacional de las últimas dos décadas. Finalmente señala algunas consideraciones respecto a la actualidad de los conflictos ambientales por el agua y la coyuntura del país, tanto en términos del modelo minero-energético como frente a la construcción de la paz, a mi modo de ver temas en los que las aguas, como elemento articulador de la vida, resultan afectadas y al tiempo se convierten en condición de posibilidad para entender las dinámicas sociales y las posibilidades de reconstrucción de nuestro complejo y parcialmente descompuesto tejido social.


Política rural de aguas y ¿participación? comunitaria

En noviembre de 2011, Beatriz Uribe, la entonces titular de lo que en ese momento fuese el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT- anunciaba la desaparición de los Planes Departamentales del Agua[1]-PDAg-, uno de los fracasos más sonados en las últimas décadas en materia de política de aguas para el país. La supuesta desaparición de los PDAg obedeció a que luego de 5 años, según la exministra, habían caído en la burocracia y se necesitaba una estrategia más efectiva para solucionar la problemática hídrica de las y los colombianos. Meses antes, la firma ACODAL señalaba en el periódico El Espectador que las obras proyectadas se encontraban retrasadas hasta en un 75%, y no se veía una salida concreta a la equívoca estructuración de los PDAg, que entre otras cosas implicaban en su modelo de inversión el endeudamiento departamental con la banca nacional y multilateral y la pignoración de recursos de regalías y Sistema General de Participación. Las críticas a los PDAg se expresaron en su momento, principalmente desde la articulación intersectorial del Referendo por el Agua, y existen diferentes enfoques que demuestran su inviabilidad[2].

Para el tema en cuestión, la política rural de aguas, nos interesa, principalmente, uno de los puntos críticos de los PDAg: fueron construidos sin perspectiva territorial, y sin tener en cuenta las necesidades específicas de la población. En la estructuración de los Planes, los diagnósticos departamentales no se realizaron bajo un esquema de participación comunitaria, y como algunos de los consultores de dichos diagnósticos expresaron[3], no existió valoración estricta de la relación urbano – rural para la implementación de las obras, y la ruralidad no fue tenida en cuenta como unidad territorial para la inversión ni para el mejoramiento de sistemas de agua. Estas limitaciones, entre muchas otras, mostraron la inexistente integralidad de estos instrumentos, y llevaron a que su permanencia, por lo menos frontal y públicamente, fuese insostenible.

Con la desaparición de los PDAg se anunció la aparición de la nueva política, aguas para la prosperidad. Sorprendentemente, la prosperidad parecía no tener ninguna diferencia con los PDAg, pues la información pública y la página web del entonces MAVDT no mostraban ningún cambio en el contenido de los instrumentos de construcción de la política. Más allá de la diferencia nominal se mantuvieron los mismos esquemas de financiación, las mismas estructuras en las que se reconocía la burocratización, y, más sorprendentemente aún, se anunciaba la masiva entrada de operadores privados al país bajo el argumento de su eficacia y eficiencia en la gestión del agua. La exministra nunca aceptó la posibilidad de un debate público en el Congreso de la República en el que se rindieran cuentas de los 5 años de implementación de los PDAg, y se despejaran los interrogantes frente a cómo se daría la transición entre el fracaso anterior y las aguas para la prosperidad.

La construcción de una política rural de aguas para el país fue concebida como la gran variación respecto del programa anterior y se presentó, mediante documento CONPES 3715, el inicio de un nuevo intento de solución a la problemática del agua en el campo colombiano. La lectura de dicho documento no entrega un panorama alentador. El CONPES 3715 se estructura “con el fin de obtener concepto favorable para contratar por parte de la Nación un empréstito externo con la Banca Multilateral, hasta por sesenta millones de dólares (US$ 60.000.000) o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar parcialmente el Programa de Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales en Zonas Rurales, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT”[4]. Y las categorías de inversión se reúnen en 4 ítems, a saber: : “i) infraestructura, ii) desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional del prestador, iii) asistencia técnica y modelos de apoyo postconstrucción en zonas rurales, y; iv) administración, seguimiento y evaluación del programa”[5]. Nuevamente, como en el modelo de privatización inaugurado en el año 94, con la ley 142, la banca multilateral es protagonista en la creación de una propuesta de política de agua.

Más allá de presentar el documento CONPES, que bien vale la pena conocer para entender el enfoque gubernamental respecto a la prestación del agua en la ruralidad colombiana, este escrito intenta advertir lo que esa intencionalidad pone en juego. Como lo señala el CONPES 3715, el crédito con el BID sirve para financiar sólo parcialmente el Programa, y, según lo expresado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la gobernación de Cundinamarca[6], con el crédito se realizaron los talleres de socialización y se invertiría en la construcción de algunos proyectos piloto y en la sustentabilidad de las zonas rurales dispersas. Para atender las necesidades de la población rural, se estima al año una inversión de 82.000 millones de pesos, y la asignación del gobierno Santos es de 36.000. La diferencia se espera cubrir con la participación de la Agencia Española Internacional para el Desarrollo en Colombia -AECID[7]. Además de las preocupaciones que surgen del análisis de la participación de la banca multilateral en la construcción de la política de aguas en Colombia[8], genera inquietudes el papel que podría jugar la cooperación española, pues desde el año 94 las empresas provenientes de este país han secundado el proceso de privatización[9]. Queda por indagar directamente con la AECID y el Ministerio, cuál será el esquema de financiación que se generará con la participación española, y cuáles las condiciones de inversión-cooperación definidas[10].

Ahora, la participación comunitaria en la construcción de la política rural de aguas consistió en la realización de cinco talleres -cuatro regionales y uno internacional- facilitados por la Funadción AVINA -definida como actor estratégico para garantizar dicha participación-. Llama la atención que en un país con una población rural que supera el 20 %, la perspectiva de consulta y deliberación comunitaria se reduzca a la realización de talleres en las sedes de algunas gobernaciones y en los que sin duda no se hicieron presentes las comunidades rurales organizadas para la prestación del servicio del agua. Así, por un lado, uno de los problemas principales que llevó a su rotundo fracaso a los PDAg, la falta de perspectiva territorial y la nula participación de los directamente afectados e involucrados con la problemática, vuelve como eterno retorno en la supuestamente innovadora política rural de aguas para la prosperidad. Por otra parte, la definición de la cuestionada Fundación AVINA como facilitadora de la participación comunitaria despliega un manto de duda sobre la concepción gubernamental de un proceso participativo. Recordemos que la Fundación AVINA ha sido fuertemente cuestionada por el papel que supuestamente ha jugado en algunos países en relación con la cooptación de líderes que luchan frente a la privatización de los bienes comunes[11].

Brilla por su ausencia la correlación entre la creación de la política rural de aguas y la protección territorial para asegurar aguas para la población urbana. Pareciera que los afanes por garantizar la trilogía endeudamiento-inversión-cooperación, generalmente desde la intervención extranjera, reducen la posibilidad de pensar un país en el que las dinámicas urbanas reconfiguran día a día el futuro del campo colombiano, y en el que la posibilidad de agua para la población urbana depende de la lógica de ocupación territorial producto de esa reconfiguración.

 

Modelo Público – Comunitario vs privatización del agua

Históricamente, las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua en Colombia han trabajado sin el apoyo estratégico del Estado y en condiciones adversas frente al modelo de desarrollo que impacta los territorios. Sin embargo, las comunidades y sus sistemas de agua han garantizado el acceso de la población y se calcula que en Colombia existen alrededor de 12 mil pequeños prestadores, muchos de ellos en zonas rurales. Posterior al proceso de Referendo por el Agua, y como correlato de dicha iniciativa, la organización de los sistemas comunitarios ha emergido bajo la figura de Red Nacional de Acueductos Comunitarios. Además de la articulación para enfrentar los ataques de la Super Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD- y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA-, que cada vez ahogan más a las comunidades organizadas con exigencias en la normatividad (en una clara contradicción con la inasistencia que el Estado y sus instituciones, como las nombradas, han tenido para con las comunidades), la propuesta de construcción del modelo público-comunitario de gestión del agua y territorial ocupa los debates y esfuerzos de la Red.

Existen diferencias dependiendo de las características geográficas de los territorios donde se ubican las diferentes comunidades y organizaciones pertenecientes a la Red, no obstante, generalmente la construcción del modelo público - comunitario parte, en principio, de los análisis de las dinámicas territoriales que han dado lugar a la gestión del agua por parte de las comunidades y a la autonomía territorial que se presume necesaria en un país entregado al corporativismo en lo que puede ser definido como la consolidación de una corporación – nación. Frente a una política de aguas construida para favorecer la inversión privada y el control trasnacional de los territorios, las organizaciones comunitarias contraponen un modelo comunitario que de hecho ha funcionado en Colombia desde hace más de 50 años. Ese modelo ha partido de la protección del territorio bajo la concepción según la cual territorios degradados no pueden producir aguas de calidad y en cantidad suficientes para los seres vivos. Por tanto, la defensa y cuidado del territorio es condición necesaria para la gestión del agua, no solamente para garantizar el consumo de la población rural, también para asegurar el cuidado de las fuentes de las que dependen poblaciones urbanas (como ha sucedido en los páramos de El Almorzadero, San Turbán y Sumapaz, sin los cuales la población urbana de diferentes ciudades no tendría garantía del líquido vital).

Adicionalmente, las relaciones de solidaridad y reciprocidad al interior de las comunidades se convierten en la segunda condición objetiva para la posibilidad del modelo. La división social del trabajo se realiza en función del bien general y al agua no se le asignan valores de cambio, de acuerdo a lógicas de oferta y demanda, como sucede con el fenómeno de la privatización. Las tarifas por el servicio se definen en asambleas populares y las ganancias, cuando se obtienen, se reinvierten en el mejoramiento de los sistemas, procurando la dignificación de la vida de la población.

De fondo, esta alternativa entraña la resignificación de lo público -en riesgo de desaparición en la etapa neoliberal del capitalismo, que mercantiliza el patrimonio natural a través de estrategias como la financiarización- desde la gestión comunitaria. Así, la dimensión comunitaria del manejo de los bienes comunes pretende demostrar que es posible concebir lo publico más allá del Estado, pero sin renunciar a que esa resignificación se convierta en proceso de recuperación estatal frente al embate corporativo. Lejos de compartir la visión de la necesidad de acabar con el Estado, por no cumplir sus funciones como garante del derecho de los pueblos, las comunidades organizadas comprenden que contribuir a su desaparición sería de alguna manera favorable al modelo corporativo.

A largo plazo, el proceso de articulación de acueductos comunitarios proyecta la creación de una ley propia que tenga en cuenta las particularidades y especificidades de las organizaciones, comunidades y territorios. La definición de un marco jurídico de prestación del servicio adecuado a las necesidades y posibilidades de las comunidades organizadas, puede anclarse también en la autonomía política de las legislaciones populares que se han expresado en escenarios como el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, realizado en octubre de 2011 en la ciudad de Cali, y en el que pueblos, organizaciones y movimientos sociales proyectaron siete mandatos para el control y administración territorial, entre ellos el mandato por el agua[12].

 

Aguas, modelo minero –  energético y paz

Sin lugar a dudas, con la puesta en marcha de la llamada locomotora minero-energética del gobierno de Juan Manuel Santos los conflictos por el agua se exacerban, y los impactos sobre los territorios del agua no se hacen esperar[13]. La minería pone en riesgo la disponibilidad de agua de calidad y en cantidad suficientes para los seres vivos, y genera competencias desiguales y conflictos por el uso entre las empresas de actividad extractiva y, por ejemplo, las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua. Asimismo, la actividad extractiva minera, y en directa relación con las afectaciones al ciclo hidrológico, pone en riesgo la soberanía alimentaria de las y los colombianos, como ha sido demostrado en casos concretos como el de la pretendida explotación en Cajamarca -Tolima-, donde la Anglo Gold Ashanti pretende la explotación del oro y pone en riesgo, entre otras cosas, la producción alimentaria de la llamada Despensa Agrícola de Colombia. En casos como éste se hace manifiesta la equívoca y limitada concepción de la prosperidad democrática respecto a las relaciones urbano - rurales y las dinámicas que dentro de ellas deben respetarse para garantizar territorios que a su vez aseguren el acceso al agua de la población del campo y la ciudad, y la alimentación de los pobladores urbanos a partir de la producción nacional. La lógica del crecimiento económico y de favorecimiento para negocios privados y trasnacionales atropella la tradición y ancestralidad colombianas y favorece la territorialización del capital al tiempo que desterritorializa a comunidades étnicas, campesinas y urbanas.

El modelo energético basado en la producción hidroeléctrica desplaza comunidades de pescadores, campesinos, afrodescendientes e indígenas para asegurar la construcción de megarepresas en los ríos que otrora entregaban sus aguas para configurar el sentido de la vida de esas poblaciones. Las empresas definen los censos en las regiones y arbitrariamente generan compensaciones que no resuelven la desterritorialización y la pérdida de las formas de subsistencia de las y los afectados. Las aguas se privatizan y el Estado se aplica en función de garantizar la inversión extranjera directa, permitiendo el despojo de las tierras y la desaparición de los saberes ancestrales y de la cultura del país. Infortunadamente, frente a la legítima protesta social por la privatización de las aguas y los territorios, el gobierno colombiano oferta represión, militarización de territorios, detenciones masivas, judicialización de líderes y liderezas, protegiendo negocios como los de Empresas Públicas de Medellín, en el caso de Hidroituango[14]. También queda por esclarecer a dónde van los desaparecidos que se han opuesto a este modelo energético y han defendido las aguas, como en el caso de Miguel Ángel Pabón Pabón, integrante del Movimiento Ríos Vivos, a quien se le vio por última vez el 31 de octubre de 2012.

Mientras el gobierno de Juan Manuel Santos habla de paz y sostiene diálogos bilaterales con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- para poner fin al conflicto armado de más de 50 años en Colombia, simultáneamente aplica acciones nada pacíficas contra la población colombiana, contra las y los pobladores, principalmente de zonas rurales, en oposición al modelo minero – energético que, como se ha señalado, destruye los territorios de agua y con ellos las vidas y los sueños de los pueblos. Es evidente la contradicción. Por tanto, la paz en Colombia, además de requerir un proceso de negociación con los agentes alzados en armas, implica, necesariamente, la búsqueda de la justicia social y ambiental, con la participación de las comunidades que históricamente han configurado relaciones de solidaridad y reciprocidad entre ellas y con la naturaleza. La paz no puede significar el fin del conflicto armado para dar paso a la consolidación de un modelo corporativo destructor de las aguas y de las relaciones entre el campo y la ciudad. La paz debiera configurar la búsqueda de alternativas de vida digna para el conjunto del cuerpo social en Colombia. Probablemente, el agua como elemento generador de vida tiene mucho que enseñar en estos procesos, y la comprensión de sus ciclos puede orientar la reconfiguración de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, sí y sólo sí oponemos, desde nuestros esfuerzos y propuestas, el metabolismo de vida al de muerte que sustenta la acumulación irracional de capital a partir de las guerras y la destrucción.


[1] Los Planes Departamentales del Agua hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo del segundo mandato del gobierno Uribe; fueron presentados como la solución a la falta de acceso de la población al agua potable y al saneamiento básico, privilegiando el endeudamiento con la banca privada y las instituciones financieras internacionales, y llevando a escala departamental el modelo de privatización inaugurado en el año 94, principalmente en la costa caribe colombiana.

[2] Veáse, por ejemplo, Urrea y Cárdenas. Aguas sin Planes ni dueños. Políticas de privatización y procesos de resistencia en Colombia. 2011. CENSAT agua Viva. También disponible en http://censat.org/publicaciones?task=view&id=56&catid=10049

[3] Idem.

[4] Documento CONPES 3715. Página 6. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=M7dKVCJR8uw%3D&tabid=1260

[5] Idem.

[6] Esta socialización fue realizada el 3 de febrero de 2012 con la participación de un promedio de 30 personas, casi ninguna de ellas perteneciente a sistemas comunitarios rurales de agua. El taller fue facilitado por la Fundación AVINA y el Instituto SINARA.

[7] Bien vale recordar que la AECID sostuvo varias reuniones para definir el modelo de cooperación en agua que implementaría en Colombia. A estas reuniones asistieron varias de las organizaciones que participaron activamente en el Referendo por el Agua, presentando la necesidad de avanzar hacia un modelo público – comunitario y advirtiendo los conflictos por el agua generados por las asociaciones público – privadas y que en general la privatización ha conllevado principalmente en la ruralidad y zonas menos favorecidas del país.

[8] Para conocer más acerca de la participación de la banca multilateral y la política de agua en Colombia puede consultarse Camacho y Urrea. Agua y trasnacionales en la costa caribe: laboratorio experimental del modelo privatizador en Colombia. 2007. CENSAT Agua Viva. También disponible en: http://censat.org/publicaciones?task=view&id=2&catid=10049

[9] Filiales españolas de la trasnacional Suez, como Aguas de Barcelona, han tenido una amplia participación en los procesos de privatización del agua en Colombia. En la costa caribe colombiana también han participado de asociaciones público – privadas el Canal isabel II y Fomento de Construcciones y Contratas.

[10] Uno de los antecedentes que también generan preocupación se hizo manifiesto durante la pasada Cumbre de los Pueblos en Chile. Allí, y analizando los resultados de la Cumbre Unión Europea (UE) – Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que transcurrió simultáneamente, se mostró cómo la crisis económica europea ha llevado a la UE, y concretamente a países como Alemania, a generar un modelo de cooperación con América Latina que en realidad es un esquema de protección de inversiones. Para información concreta de esta modalidad: http://radiomundoreal.fm/Cooperacion-para-la-explotacion

[11] Para la ampliación de esta información se sugiere el texto de Paco Puche: Dos mil doce, un año clave en la lucha contra AVINA y ASHOKA. Publicado en diciembre de 2012. Disponible en: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Contaminacion/Dos_mil_doce_un_ano_clave_en_la_lucha_contra_AVINA_y_Ashoka

[12] Veáse: http://www.radiomundoreal.fm/Protectores-del-agua

[13] Los intereses de las corporaciones trasnacionales y en general de las empresas mineras y de construcción de represas se ubican en las principales estrellas hidrográficas del país, y en los principales ríos cuyas aguas son utilizadas para el procesamiento de minerales o estrangulados para la producción hidroeléctrica. Ejemplos sobran en el país -desviación del Río Ranchería para minería de carbón en La Guajira, construcción de la represa El Quimbo sobre el Río Magdalena, entre muchos otros.

[14] Véase http://censat.org/component/content/article/10684

Publicado en Agosto 20 de 2013| Compartir
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