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Experiencias Locales

Plan para el desarrollo minero y política del despojo

Con el Plan Nacional para el Desarrollo Minero Visión 2019 aprobado en el año 2006, se adoptó como visión que “en el año 2019 la industria minera colombiana será una de las más importantes del continente y habrá ampliado significativamente su participación en la economía nacional”, política impuesta por las bancas multilaterales para mantener el nuevo capitalismo globalizado y su fase neoliberal, debido entre otros aspectos, al agotamiento de las reservas de minerales en el planeta y el aumento de la demanda de estos recursos. Hoy vemos aplicada esta política en el actual Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, donde la actividad minera es uno de los principales ejes para jalonar la economía del país.

Con esta política extractivista, territorios que nunca antes habían sido mineros,de la noche a la mañana aparecen solicitados para la extracción de sus minerales, dándole un estatus a la actividad, al declararla de utilidad pública e interés social, con el propósito de permitir el saqueo de nuestros minerales y permitiendo que dicha actividad económica- privada esté por encima incluso, de la conservación de nuestra cultura, o de la conservación del aire y del agua, o de procurar la seguridad y soberanía alimentaria de la población, o de las decisiones delordenamiento de nuestros territorios.

Precisamente es lo que está sucediendo con nuestra subregión del suroeste, de una vocación y un ordenamiento agroalimentario, turístico y proteccionista y voy a referirme específicamente a un territorio geográfico comprendido entre los ríos San Juan y Cauca hasta su confluencia, los cuales conforman un ramal secundario de la cordillera occidental en el corazón del medio cauca, al que geológicamente han denominado el cinturón de oro de Colombia (Sillitoe 2008). 

Este territorio lo configuran nueve pequeños poblados que se iniciaron desde finales del siglo XVIII con la colonización antioqueña, de topografías quebradas y muy montañosas, con vertientes húmedas, cálidas y frías, con áreas de bosques secundarios, subandinos y alto andinos, de alta biodiversidad y exuberantes paisajes, que dan origen a una importante estrella hidrográfica. Y con actividades socioeconómicas similares, sustentadas principalmente por una economía de subsistencia o campesina, ligada a la producción cafetera. 

Una población principalmente mestiza de aproximadamente 123.542 habitantes(Censo Dane 2009), en una extensión de 1.578 Km2, donde también cohabitan cinco (5) asentamientos de la etnia emberáchamí, que se establecieron desde mediados del siglo XVI, provenientes del Chocó y Risaralda, por la persistente presión colonizadora y por sus características de sobrevivencia (caza y pesca). 

Si revisamos el actual catastro minero imputado a estos nueve municipios, podríamos afirmar que más del 90% de su territorio está solicitado y titulado para exploración minera por parte de empresas transnacionales, entre las que se encuentran la Anglo Gold Ashanti AGA (Sudáfrica) con su proyectoQuebradonaen los municipios de Jericó, Pueblorrico y Támesis, Solvista Gold (Canadá) con su proyecto Caramanta en un área mayor a 20.000 hectáreas en los municipios de Caramanta, Vaparaíso y Támesis, Continental Gold (Canadá) con su proyecto Andes, Tolima Gold (Canadá) con su proyecto Propiedades Ancal en un área de 20.632 hectáreas, Colombian Mines Corporation (Canadá) y su proyecto Yarumalito en Caramantacon un área de 1.425 hectáreas. 

Todas estas empresas se encuentran en su fase de exploración, algunas desde 2006, otras desde 2008 y así sucesivamente, teniendo en cuenta que el período para esta etapa según la Ley 685 de 2001 es de tres años y prorrogables por dos años más, y ha sido un período donde se han venidopresentandoinnumerables conflictos socioambientales y afectaciones, entre los que se encuentran: 

• - Los primeros títulos para la exploración de estas compañías mineras, los solicitaron principalmente en las áreas donde nacen las principales fuentes de agua de cada localidad y que conforman la más importante estrella hídrica de la subregión. Ejemplo: Áreas de nacimientos del río Conde, uno de los principales ríos de Caramanta y Támesis, títulos mineros otorgados a la empresa Solvista Gold desde los 3.200 msnm, áreas de nacimientos del Riofrío y La Guamo en Támesis y quebradas El Chaquiro y Quebradona en Jericó, títulos otorgados al proyecto Quebradona de la AGA, nacimientos de la quebrada La Linda, el Ríoclaro y el San Juan en Jardín, títulos otorgados a Continental Gold Jupiter S.O.M., entre otros.
• - Bajo el lema de la Responsabilidad Social Empresarial, han deteriorado tejidos sociales de las comunidades de base, confrontándolas, dividiéndolas, apelando a sus necesidades insatisfechas como empleo, salud, educación, reemplazando al Estado responsable de resolver estas necesidades sociales. Caso del proyecto Quebradona en Jericó donde la alcaldía municipal trabaja en llave con la compañía minera Anglo Gold Ashanti y del proyecto Caramanta de la Solvista Gold S.A. donde el Alcalde de manera solapada recibe recursos de la esta transnacional minera. 
• - Invasión de predios particulares sin permiso de los propietarios. 
• - Prohiben la libre locomoción por servidumbres públicas que recorren susproyectos de exploración, como sucede en el proyecto Quebradona de la AGA y Caramanta de la Solvista Gold, con el apoyo de la fuerza pública. 
• - Violación del espacio aéreo en todas las jurisdicciones territoriales. 
• - Afectación y usurpación del agua de los acueductos rurales y aguas subterráneas, como hasucedido con la empresa Tolima Gold en la comunidad Chirapotó de Caramanta, Sociedad Minera de Colombia en el proyecto Yarumalito de Caramanta y la B2Gold con el proyecto Quebradona en Jericó, entre otros. 
• - Tráfico de títulos entre empresas junior de papel que especulan con los territorios, así no tengan todavía dicho título. Tal es el caso de la empresa Solvista Gold, que en su página web anuncia propiedades que aún no están tituladas. 
• - Burla al Estado colombiano por parte de estas grandes empresas mineras al fraccionar las áreas de los títulos solicitados, con el único propósitode pagar menos cánon superficiario por el derecho a explorar la respectiva área, causando detrimento patrimonial, tal y como lo describe el artículo 230 de la Ley 685 de 2001. Puede revisarse cualquier caso de estas empresas mineras y en cualquiera de los municipios. 
• - Entrada a los territorios de supuestas “ongsconservacionistas” extranjeras, las cuales vienen adquiriendo tierras en áreas de ecosistemas estratégicos, como está sucediendo especialmente en el municipio de Jardín en las zonas de más alta biodiversidad. 
• - Violación de los ordenamientos territoriales, que no contemplan la actividad minera en su plan de ordenamiento, desplazando las competencias constitucionales asignadas a los concejos municipales. 
• - Violación de los derechos de los pueblos indígenas por intereses económicos que favorecen la propiedad privada, socavando las múltiples autonomías indígenas por estas dinámicas de poder. Como es el caso de la intervención de títulos mineros de la Solvista Gold, la Colombian Mines Corporation, Angel Gold y la Anglo Gold Ashanti en ecosistemas estratégicos y sitios sagrados de las etnias emberachamí de Karmatarrúa, Miguel Cértiga y Marcelino Tascón. 
• - Desplazamiento de la cultura campesina por ofertas de empleo mejor remuneradas y de manera intencional. 
• - Se ha incitado la fiebre del oro en la región, originando la entrada de mineros ilegales que vienen provocando alteraciones en los ecosistemas. Como el caso del alto San Juan, Riofrío, Santa Rita, Cartama, entre otros. 

A este modelo extractivista se suma la intención de construir microcentrales hidroeléctricas en todos los ríos de la región objeto de este análisis. En la CAR existen solicitudes de concesiones de aguas para todos los principales ríos (alrededor de 42 trámites) por parte de empresas y personas particulares. 

Además de la expansión de sistemas artificiales de monocultivos de pinos y concentración de la tierra en áreas estratégicas, con el único propósito de suplir las necesidades del modelo económico vigente. 

Ante la inconformidad de las comunidades por la arremetida territorial de estas compañías mineras, el gobierno nacional, departamental y algunos de carácter municipal y otras autoridades competentes, se limitan a decir que lo único que pueden hacer es vigilar el cabal cumplimiento de la ley para que haya responsabilidad social y ambiental por parte de las empresas y también hacer la gestión para la posible instalación de una base militar en la región, cuyo objetivo principal, sin duda es el de facilitar las condiciones para la inversión extranjera y la extracción de los recursos propios de la región.  

Por estas razones nos hemos fundado en un proceso de articulación regional que denominamos Cinturón Occidental Ambiental, que nos permita visibilizar los conflictos socioambientales que se vienen dando y plantear acciones  de resistencia a este modelo de desarrollo de “desterritorialización”. Para esto, hemos constituido cinco áreas estratégicas para la acción: 

En conclusión desde el Cinturón Occidental Ambiental -COA, consideramos que no podemos poner en riesgo nuestras fuentes de vida que nos sustentan por generaciones, por unos pocos y oscuros beneficios económicos a corto plazo, los cuales nos van a costar mucho en términos ambientales y sociales y que la resistencia es la pervivencia de lo que somos y hacemos.

1. Fortalecimiento organizacional interno: Hemos logrado articular personas y organizaciones de los diferentes municipios y legitimarnos en nuestro territorio a través de las diferentes actividades académicas, políticas y de movilización programadas por el COA. 
2. Comunicación y divulgación: Hemos logrado articularnos con otros procesos nacionales y de América Latina, de resistencia a estos modelos extractivistas, tales como comunidades organizadas en resistencia al proyecto La Colosa en el Tolima, el OCMAL, la OIA, entre otros. Artículos escritos para prensa nacional y regional; programas radiales, entre otros.
3. Relaciones interinstitucionales. Relaciones con organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales, como CAJAR (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo), Amigos de la Tierra Internacional, Censat Agua Viva y otras ongs internacionales defensoras de derechos humanos. 
4. Investigación y formación: Realización de escuela de la sustentabilidad, capacitación en derecho constitucional, asesorías jurídicas para la realización de la acción popular y proyectos de acuerdo municipales de defensa del territorio, talleres de capacitación con las comunidades de base para hacer concientes el problema actual, elaboración de videos documentales. Actualmente venimos diseñando de manera participativa con las comunidades locales una campaña denominada “Suroeste de Antioquia territorio sagrado para la vida”, la cual pretende visibilizar todas las riquezas que poseemos y las diferentes concepciones de lo que significa el territorio.
5. Incidencia y acción política: Cabildeos ante la asamblea departamental y los concejos municipales para visibilizar los conflictos que se vienen presentando, incidencia en la presentación de un proyecto de acuerdo para los municipios, de defensa al territorio, movilizaciones en varios de los municipios y actividades de conciencia como la vigilia por la defensa del territorio (2012), travesía por el suroeste “un abrazo a la montaña” realizado en el año 2012 por varios de los municipios de la subregión cuyo propósito ha sido el de visibilizar los conflictos, educar y sensibilizar a la población.