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¿Para qué democracia sin aire y sin suelo?

Zohanny Arboleda Mutis y Martha Cecilia García , Colombia, Septiembre 25 de 2014, Este artículo ha sido consultado 215 veces

El objetivo de este artículo es presentar un panorama sobre la movilización social que se ha dado en la última década (2004-2014) con relación a proyectos extractivos de distinta índole en Colombia. Por un lado, se visibiliza el aumento de las acciones y luchas sociales en oposición a determinados proyectos extractivos así como sus actores, adversarios y su ubicación geográfica en el país. Por otro lado, se presenta el aumento de riesgos y amenazas en contra de defensores de derechos sobre la tierra, el territorio y el ambiente, el cuales directamente proporcional al aumento de concesiones mineras durante el periodo 2002-2010. Los riesgos que corren los defensores se han incrementado, a su vez, por la criminalización tanto física como discursiva de la lucha social por la defensa del medio ambiente y de los territorios.

En Colombia, la movilización social asociada con el extractivismo de recursos mineros e hidrocarburos ha venido en aumento de la mano del crecimiento de la inversión extranjera destinada a actividades minero energéticas (García, 2012:23). Ya sea por la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales por una parte de la población o por la defensa de un territorio y condiciones de vida digna, como en el caso de comunidades rurales que habitan directamente en los territorios amenazados, las luchas sociales cada vez se enmarcan más dentro de un contexto de crisis ecológica. Desde la ecología política, estas disputas se entienden como conflictos territoriales en los que tanto los recursos naturales, como la permanencia en los territorios hacen parte de un conflicto político con unas relaciones de poder e intereses económicos determinados. SegúnSlavoj Zizek,estos conflictos privan la substancia natural de la esencia humana de las colectividades sociales, es decir, hay un proceso peligroso de proletarización en el que a las comunidades se les priva de su hábitat para utilizarlo en fines productivos y generar mayor capital (2009) . Es a esta crisis que responden las numerosas luchas sociales y su incremento en los últimos años, cuando la movilización social, más allá de ser un ejercicio democrático de exigencias, se convierte en unproceso de defensa de lo esencial para la vida. 

 

Contexto periodo actual

“Entre 1990 y 2001 se entregaron 1.889 títulos mineros, es decir, casi 157 por año, pero en el periodo 2002-2010 la expedición de títulos se disparó exponencialmente y llegó a 8.832 títulos otorgados, casi 1.104 anuales, que incluyeron la concesión de zonas de páramos, humedales, parques naturales y manglares, en abierta violación de las normas de protección de estos ecosistemas” (García, 2012:17). De manera correlacionada, la siguiente gráfica muestra la trayectoria de las luchas sociales desde 1975 hasta 2013, y permite constatar que han venido en aumento desde mediados de la década anterior, (con un hipo en 2008)concrecimiento sostenido desde 2008 hasta 2011. En 2012 se registra una leve caída de las acciones contenciosas, para volver a aumentar  en 2013, cuando alcanzan el pico máximo. En el periodo comprendido entre 2010 y 2013, las protestas sociales relacionadas con actividades extractivas llegaron a representar el 7,61% del total de luchas sociales en el país, mientras que entre 1975 y 2009 éstas solo representaron el 0,31% del total en esos años (Equipo Movimientos Sociales Cinep, 2014).

A partir de 2005, con la ampliación del sector minero y de hidrocarburos, se produce una expansión de los repertorios de movilización social conmarchas, bloqueos de vías, huelgas y paros cívicos,tomas de entidades públicas, acampadas, huelgas de hambre, acciones de desobediencia civil, recolección de firmas, vigilias, uso de mecanismos de participación ciudadana y de protección individual y colectiva establecidos constitucional y legalmente, declaratorias de emergencia social y ambiental, construcción de alianzas y redes locales y regionales, participación en otras de carácter transnacional, y el uso de redes de comunicación a través de Internet (García, 2012: 23). Entre 2010 y 2013, casi la mitad de las protestas asociadas con extractivismo tuvieron que ver con la exploración y explotación de petróleo, y actividades complementarias, seguidas por las relacionadas con la extracción de oro y carbón incluyendo su transporte y embarque y, en mínima medida, con la explotación de níquel (Gráfica 2 y 3)(Ibid, 2012). Así mismo, en la gráfica 3a se pueden ver los principales motivos que impulsaron estas movilizaciones, teniendo gran peso el incumplimiento de pactos y los motivos ambientales.

En 27 de los 32 departamentos en los que está dividido el país se han presentado luchas asociadas con la extracción de recursos naturales no renovables. Aunque ellas se concentran en los municipios donde se llevan a cabo estas actividades extractivas, algunas han tenido lugar en puntos geográficos que son afectados por actividades complementarias, comotransporte o embarque (particularmente de carbón). A continuación se observa una ubicación geográfica de las luchas sociales identificadas en el periodo 2001-2011:

Por otra parte, la Gráfica 4 da cuenta de la participación de diversos actores sociales en las acciones sociales contenciosas asociadas con actividades extractivas. En los últimos años se ha ampliado el espectro de actores donde“se encuentran trabajadores asalariados de empresas nacionales y multinacionales dedicadas a este negocio, campesinos desposeídos o amenazados por proyectos minero energéticos, pobladores urbanos solidarios con los pobladores rurales y preocupados por la preservación de bienes comunes o su territorio (fuentes de agua, páramos, parques naturales, reservas forestales), indígenas y afro-descendientes que exigen su derecho a ser consultados, a decidir sobre las actividades extractivas en sus territorios colectivos para preservarlos; mineros artesanales ; desempleados, comerciantes y transportadores afectados por el incumplimiento de acuerdos. Estudiantes solidarios con las causas de otros sectores sociales o directamente afectados ya sea por la megaminería o por las reformas al manejo de las regalías, que inciden en los presupuestos asignados a la educación. Mujeres y organizaciones de derechos humanos, convocantes y activistas” (García, 2012:24). En la Gráfica 5 se observa que los principales adversarios son los agentes privados, es decir las empresas en su gran mayoría, seguidos por las instituciones del estado.

 

Violaciones de derechos y criminalización de la protesta:

“Cualquiera que esté en contra del sistema, es un subversivo” Plutarco Sandoval, 2012 Ante el incumplimiento gubernamental de acuerdos pactados en diciembre de 2011 y julio de 2012, pequeños y medianos mineros informales de 80 municipios del país protagonizaron un paro nacional, en julio 2013, liderados por la Confederación de Mineros de Colombia (Conalminercol), en defensa de la pequeña minería y contra la minería transnacional. El día del inicio de esta protesta, el presidente Santos dijo que los "mineros criminales" –culpables de acabar con el medio ambiente y de financiar a los grupos armados al margen de la ley– habían incitado a los artesanales a ir al paro y que no era pretensión de su gobierno acabar con los pequeños mineros sino ayudarlos y fortalecerlos.  Ante la acusación de presunta infiltración del paro, Conalminercol llamó a los grupos armados ilegales a respetar la movilización, mientras los manifestantes portaban camisetas que decían: "Criminales son las decisiones del gobierno nacional que apoyan a las multinacionales" (García, 2012). 

En este sentido, la criminalización con relación a las actividades extractivas y la defensa de los territorios y formas de vida se ha incrementado a medida que crecen las movilizaciones sociales. Esta criminalización se da en contra de ambientalistas y en general hacia defensores de los territorios que se oponen a cualquier proyecto extractivo, sea gran minería, mediana o ilegal; defensores de medios de vida como la minería artesanal (como el caso del Consejo Comunitario de La Toma en el Norte del Cauca), y pequeños mineros que se oponen a la minería ilegal y a proyectos de gran minería, de minería transnacional y quienes luchan por mayor acceso a los supuestos beneficios de los proyectos mineros (como trabajadores). 

La criminalización se fundamenta en el uso de determinados discursos que legitiman la posterior amenaza o violación de derechos humanos de los actores de las luchas sociales. Principalmente, los líderes y comunidades que han sido criminalizados afirman que su estigmatización se basa en la acusación de que son mineros ilegales, anti-desarrollistas, enemigos de la nación, enemigos del bien común, subversivos, guerrilleros,así como en la supuesta infiltración de movilizaciones sociales por guerrilleros y por actores políticos. Cabe anotar que la movilización social es de por sí una acción política que por lo tanto cuenta con actores políticos, así, un análisis del discurso criminalizador resulta impactante por la simpleza y la facilidad con la que se legitima una acción violenta en contra de quienes defienden aspectos tan esenciales para la supervivencia y las condiciones de vida digna.

El informe “Deadly environments” hecho por Global Wittness Limited, en memoria de los veinticinco años del asesinato de Chico Mendes en Brasil, da una perspectiva global de la cruda situación en la que se encuentran defensores de derechos a la tierra y ambiente. El reporte asegura que entre 2002 y 2013, 908 personas de 35 países distintos fueron asesinadas por proteger sus derechos a la tierra y medioambientales, de los cuales 52 asesinatos son casos colombianos. Así como en el incremento de las luchas sociales, ha habido un considerable aumento de estos asesinatos a partir de 2012, lo que evidencia una problemática mundial que se asocia con la crisis ecológica, el boom minero en Latinoamérica y África y fenómenos como el acaparamiento de tierras, despojos y desalojos forzados. 

Así pues, la extracción minera, tanto la legal a mediana y a gran escala, como la minería ilegal vinculada a la acción de los grupos armados, conducen al incremento de amenazas y riesgos contra defensores que a su vez desencadenarán más movilizaciones sociales.Se hace necesario tener un monitoreo más sistematizado sobre estas criminalizaciones y los asesinatos de defensores y líderes, que se vuelven una estadística más obviando que sus muertes no son hechos aislados y tampoco son necesariamente parte del conflicto armado colombiano al que estamos ya tan acostumbrados. Esto con la intención de visibilizar, de dar nombre a estas vidas y proteger las de quienes siguen luchando por la protección y preservación de sus territorios y los de todos y todas. 

Las luchas sociales y las criminalizaciones asociadas con actividades extractivas mineras y petroleras en Colombia, ponen en evidencia, que los conflictos relacionados con el acceso y control de los recursos naturales, constituyen un factor clave en la reciente concurrencia de movilizaciones sociales de diversos sectores sociales,que buscan democráticamente hacer cumplir sus exigencias y en la crisis derivada de las contradictorias respuestas que ha dado el gobierno nacional a ellas. Hay en el país una enconada disputa de poder en torno a lo que se concibe como desarrollo, como principio central alrededor del cual se organiza la vida económica y social, que privilegia el crecimiento económico, la explotación de recursos naturales, la lógica del mercado y la búsqueda de satisfacción material e individual por sobre cualquier otra meta (García, 2012).

 

Referencias:

GARCÍA, Martha Cecilia, 2012. “Movilización Social” En Extractivismo en Colombia, asociado con minería y explotación de hidrocarburos; Contribución al Informe de Desarrollo y Democracia 2012-2013 de Alop. Bogotá. (Informe sin publicar). 

GUDYNAS, Eduardo. 2013 “Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales”, en Centro Latino Americano de Ecología Social, Observatorio del Desarrollo, N° 18, Febrero de 2013.

Equipo de Movimientos Sociales del Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz, 2014. Informe Especial, Abril 2014. “Luchas Sociales en Colombia 2013”.

Publicado en Septiembre 25 de 2014| Compartir
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