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Del 3 al 10 de julio se llevó a cabo la Misión internacional de agrocombustibles, en 5 regiones del país: Tumaco, Magdalena medio, Chocó, Vichada (en donde se adelantan y proyectan plantaciones de palma aceitera para la producción de agrodiesel) y Valle y norte del Cauca (donde está el monocultivo de caña de azúcar para la producción de etanol). En esta Misión participaron representantes de cuerpos legislativos y organizaciones de la sociedad civil de Austria, Alemania, Bélgica, Brasil, Francia, España, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Indonesia, México, Paraguay y Uruguay.
La Misión pudo revisar los impactos que genera este modelo agroindustrial en la soberanía alimentaria, así como en las condiciones de las poblaciones y de los trabajadores. Para ello se realizaron reuniones, encuentros con organizaciones afrodescendientes, colectivos de trabajadores, organizaciones campesinas, organizaciones ambientalistas, representantes de autoridades locales e integrantes de Cooperativas de Trabajo Asociado.
El informe final de la Misión, es trabajado actualmente por las organizaciones colombianas convocantes: Comisión Interclesial de Justicia y Paz, ONIC, Proceso de Comunidades Negras, Censat Agua Viva y Vía Campesina Colombia, y estará hacia el mes de septiembre.
La Misión estuvo en 4 regiones palmeras, a continuación señalamos algunos de los principales hallazgos encontrados en su observación.
En diciembre de 2004 el gobierno del Presidente Uribe presento un proyecto ambicioso de plantaciones con palma aceitera en los departamentos del Meta y Vichada (6 millones de hectáreas), el cual se ha venido implementando conjuntamente con una importante presencia militar en la región. En el Vichada durante los años 2004 y 2006 se conocieron tan solo 12 titulaciones, pero sorprendentemente para el año 2007 se dieron más de 100 adjudicaciones, que en muchos casos sobrepasan la unidad familiar territorial, e inclusive en Primavera y Cumaribo se otorgaron predios a políticos vinculados a la parapolítica, lo cual demuestra el enorme interés sobre estas tierras, que además ya tienen en la actualidad otro tipo de monocultivos como el del caucho y el del pino Caribe, más la explotación petrolera que se desarrolla. Es así como se pasó de ser un departamento en donde primaba la posesión de la tierra por parte de los campesinos, ahora a otorgamiento de títulos a personas que ni siquiera son de la región. La Misión conoció de un proyecto que planea ejecutarse en esta región a partir de Palma de azúcar, el cual será financiado por la Embajada de Holanda, y que cuesta 2 millones de euros, lo ejecutará una firma de Indonesia. La problemática se complejiza aun más si se tiene en cuenta que según la Defensoría del Pueblo, el Vichada es el departamento que a nivel nacional presenta los más altos niveles de expulsión de la población, y que engrosan el número de desplazados que existen a nivel nacional.
Derechos Territoriales: problema en la titulación de tierras para las comunidades, diferencias en relación con el número de hectáreas destinadas a los colonos, se han venido otorgando títulos en territorios que han sido habilitados tradicionalmente por los indígenas, usurpación de territorios ancestrales reservas y resguardos a través de engaños con contratos fraudulentos, mecanismos de corrupción a las comunidades, falsas consultas previas, bloqueo a la movilización.
Derecho a la alimentación y medio ambiente: Quizás la más evidente es la que tiene que ver con la imposición de una economía de importación, sobre la forma tradicional indígena que cambia la forma como deben producir para su subsistencia; también el avance de las empresas que están interesadas en los territorios ancestrales para imponer cultivos para agrocombustibles; la problemática relacionada con la contaminación de fuentes hídricas por el uso de fertilizantes y agrotóxicos acabando con los peces y ocasionando serios problemas en la salud humana.
En la zona Pacífico del departamento de Nariño se estableció las primeras empresas palmeras desde 1970. Hoy en día, en esta región operan las siguientes empresas palmeras: Palmas de Tumaco, Palmeiras, Salamanca, Astorga, Santa Helena, y Santa Fe. Según las cifras obtenidas hay aproximadamente 35,000 hectáreas de palma plantadas en el departamento. También se encuentran 7 plantas extractoras. En el año 2008, Nariño se ubicó como el primer exportador de aceite de palma en el país. Desde el 2005 esta producción ha venido decayendo debido a la rápida expansión y letalidad de la plaga de la Pudrición del Cogollo que ha infectado aproximadamente entre el 60 y 70% de la palma cultivada en la zona. Sin embargo información obtenida de identidades departamentales incluyendo la gobernación de Nariño, confirman que la política a nivel nacional es la renovación y continuar la expansión de cultivos de palma en Nariño. Un aspecto a tener en cuenta es que la expansión de la palma en la región Pacífico del departamento de Nariño, ha generado un notable cambio en el uso del suelo, con una consiguiente concentración en la tenencia de la tierra. La iniciativa palmera se ha ampliado a través de proyectos que fomentaron e impulsaron la fácil obtención de créditos, a que pequeños productores para que se dedicaran al monocultivo de palma, esto ha conllevado a la pérdida de los cultivos tradicionales y de pancoger, y a una suplantación de las prácticas ancestrales. Ligado a esto están las preferencias de entidades estatales y de crédito para los monocultivos, frente a los cultivos tradicionales, hay una solicitud extendida y recurrente por parte de la población para que existan posibilidades que apoyen el cultivo de productos tradicionales y que de esta manera se constituyan como una alternativa rentable para la población.
Ambientales. De acuerdo a Corponariño los cultivos de palma han llevado a la perdida de aproximadamente un 30% de la cobertura vegetal en el área del Alto Mira en el municipio de Tumaco. La deforestación se lleva acabo no solo para la plantación de palmas sino que también se lleva a cabo para la construcción de vías de acceso y transporte del fruto palmero. La contaminación de los ríos por agroquímicos, fumigación y vertimiento de residuos en el procesamiento de la palma, es otro importante impacto ambiental. Las comunidades locales se han quejado reiteradamente de una disminución notable en la pesca debido a la contaminación de los esteros cercanos a plantaciones de palma. Asimismo Corponariño afirmo que ha habido un número significativo de sanciones a compañías palmeras debido al mal manejo de residuos y de las aguas. Sin embargo esta misma entidad reconoció las limitantes de estas multas, puesto que frecuentemente las empresas simplemente prefieren pagar las multas antes que corregir sus procedimientos. Además, debido a la contaminación y mal manejo de aguas, se reporta una importante proliferación de insectos vectores de enfermedades como el paludismo y el dengue, entre otras. Además la pérdida de diversidad de fauna y flora. Según autoridades agro-ambientales, el monocultivo tan extenso de la palma causa un inevitable desequilibrio ecológico y una pérdida de diversidad biológica en la zona, la región del Pacifico no es apta para monocultivos dado que presenta muy altos niveles de humedad. Esto se traduce en un ambiente propicio para hongos, tales como la monilia en el caso del cacao y la pudrición del cogollo. Igualmente se han reportado cambios en los microclimas, lo que incluye las lluvias debido al ciclo hídrico de la palma, los vientos debido a la deforestación y un incremento de la temperatura en zonas aledañas a los cultivos de palma.
La implementación del monocultivo de Palma aceitera en el territorio del Magdalena medio, ha provocado un cambio cultural que se manifiesta en la pérdida de las prácticas tradicionales, en la alimentación, en la relación con la naturaleza, cambios en los patrones y sistemas productivos, y la desterritorialización. Las empresas que están en la zona son: Palma Monterrey, Brisa SA, Bucarelia, Extractora Agrícola la Palma, Palmera Agrícola del Norte, Palmeras del Ocho, Agropalma, Yarima, Hacienda las Flores (Norte de Santander). El método de ocupación utilizado por parte de los empresarios fue:
• Compra de tierra a campesinos de forma aislada por sumas exuberantes de dinero,
• Compra de tierras acompañado de engaños diciendo que la palma aceitera significaba el progreso de la comunidad, que sería sinónimo de trabajo, que obtendrían beneficios para las familias
• Por medio de la violencia, grupos paramilitares ingresan a los campos de los campesinos obligándoles a vender o entregar sus tierras por pequeños montos de dinero y/o por medio de desalojos.
Ambientales: El uso de químicos tóxicos por pulverización o por aire en la palma, contamina el agua subterránea que ya tiene un nivel muy bajo en las llanuras de Magdalena Medio. Además, que contamina las aguas superficiales. La población local tiene miedo de utilizar el agua ya que está contaminada. Otro impacto que afecta a la población local es la inundación en los cultivos para auto-consumo. Empresas palmeras desviaron el agua de ríos y hacia cultivos para auto-consumo lo que causó una cosecha reducida para campesinos. También se constató que empresas palmeras estancan ríos pequeños.
Situación laboral: Grave deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de la palma aceitera debida principalmente al sistema de trabajo asociado en Cooperativas de Trabajo Asociado. Este sistema aboca a los trabajadores a una situación de sobre explotación en la medida en que los patronos lograron con este sistema liberarse de sus obligaciones de proveer, por ejemplo, equipos de trabajo y prestaciones sociales; y de que el sistema de pago es por producción y no por jornada laboral. Por otra parte, los salarios que reciben son muy bajos y no garantizan un nivel de vida digno. Muchos trabajadores denunciaron también que el sistema de cooperativas presenta graves irregularidades y proclividad a la corrupción ya que, a pesar de que se les descuenta lo correspondiente a salud, en realidad no gozan de atención médica cuando así lo necesitan porque no aparecen en los sistemas de las empresas prestadoras de salud. Además de no cuentan con mecanismos de queja y fiscalización a los cuales puedan acudir para denunciar este tipo de problemas. Estas deplorables condiciones laborales motivaron huelgas en cooperativas de Puerto Wilches y en Yarima en el 2008 para protestar por su situación. La huelga paralizo la producción durante 72 días.
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Caso Las Pavas (Sur de Bolívar) Como ejemplo de violaciones de derechos, desplazamiento e incapacidad del Estado de proteger los derechos a la tierra de los campesinos está el del Predio Las Pavas, en el municipio de El Peñón, corregimiento de Buenos Aires, en el departamento de Bolívar, el cual, luego del abandono por su propietario señor Jesús Emilio Escobar Fernández (Testaferro del narcotraficante Pablo Escobar) en 1997, fue ocupado por 123 familias, agrupadas en la Asociación de Cacaoteros de Buenos Aires (ASOCAB). Después del desplazamiento en 2003 por grupos “paramilitares”, los campesinos retornaron y solicitaron al INCODER extinguir el dominio del predio por la no explotación de su anterior propietario, y adjudicarlo a las familias de ASOCAB. En noviembre de 2008, el Incoder inicia el proceso de extinción (Resolución 1473 de 2008 del 11 de Noviembre de 2008) de los predios rurales denominados Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere. Al retorno los campesinos encontraron que sus predios estaban ocupados por cultivos de palma de dos empresas: Aportes San Isidro S.A. y C.I. Tequendama. Estas empresas que alegan ser adquirientes parciales de mejoras y dominio del predio tramitaron una acción de policía de amparo a la posesión. Con base en una decisión judicial, sin que previamente se hubiere establecido un espacio de concertación entre las empresas y los campesinos, las autoridades desalojaron a estos últimos sin brindar alternativas para su reubicación y sin atender la prohibición de realizar desalojos en tanto se tramita un proceso de extinción de dominio por parte del Incoder. Ello pese a las advertencias de esa entidad respaldadas por la Procuraduría y la Defensoría del pueblo. |
Desde el 1997 hasta el 2001 las operaciones militares y paramilitares de la Brigada 17 bajo el pretexto de combatir la guerrilla, han desplazado masivamente a las poblaciones afro, indígenas y mestizas de las Cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó que son parte de una reserva forestal decretada por el gobierno desde 1957. Por medio de esta acción 43.700 hectáreas de título colectivo reconocido por la ley 70 de 1993, fueran usurpadas ilegalmente. Desde ese año (1996) hasta hoy se produjeron más de 14 crímenes de lesa humanidad, 13 desplazamientos forzosos. Desde el 2001 por parte de empresas y asociaciones campesinas conformadas por narco paramilitares y beneficiarios de agronegocios bananeros y ganaderos que desalojaron y usurparon los predios. Los ocupantes ilegales han reconfigurado los territorios implementando monocultivos intensivos de palma aceitera, plátano, y ganadería extensiva; la ocupación con siembra de palma es aproximadamente de 7.000 hectáreas. En los últimos años, la yuca y la teca están avanzando de manera preocupante. Las empresas han hecho llegar desde diferentes regiones del país, familias y grupos de repobladores ajenos a la zona y dependientes de las mismas empresas que actualmente ocupan el territorio colectivo, conformando el 85% de la población total presente en la zona. Los pobladores legítimos facultados a establecerse y permanecer sobre el territorio, que habían sido desplazados, regresaron y encontraron la tierra ocupada y vigilada con la constante presencia de militares, paramilitares y policía. La violencia que sufren las comunidades está basada en una estrategia deliberada e intencional de control tanto del territorio como de la población por parte del estado y de las empresas. Para defenderse y protegerse, las comunidades han formado zonas humanitarias (pequeñas porciones de territorio suficientemente grandes para la residencia pero no para cultivar) que cuentan con el respaldo de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que debería garantizar el acceso únicamente a los civiles, pero de hecho, esta medida no está siendo respetada. A pesar de que los gobiernos nacionales, la industria misma, y las grandes ONG ambientalistas con el WWF a la cabeza hablan mucho de las bondades de cultivar palma «sostenible», basada en la certificación. Muchas organizaciones sociales, ambientalistas y organizaciones locales consideran que las comunidades no mencionan nunca este concepto. Por lo tanto, se rechazan los procesos de certificación. Iniciativas como la RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) no son una salida al problema sino una estrategia de mercado para "lavar" la imagen de los agrocombustibles derivados de la palma. Se concluyó que los monocultivos no pueden ser ni sustentables ni certificables bajo ningún aspecto debido a las sistemáticas y constantes violaciones de los derechos humanos, ecológicos y sociales.
Los incentivos y estímulos que reciben los ingenios para la producción de etanol son enormes, 3 de los 5 ingenios que producen etanol son del mismo propietario (Ardila Lulle), lo cual refleja la estructura monopólica de este negocio. Mediante los testimonios y observación de la situación en esta región se comprobó como el cultivo de la caña de azúcar (alrededor de 220 mil has), ha afectado los pocos cultivos variados que aun se encuentran, debido a que el uso de fertilizantes y agro tóxicos empleados para la fumigación de la caña mediante aspersión aérea, además de contaminar el aire, las fuentes hídricas también han caído sobre otros cultivos prácticamente acabándolos. En cuanto a los derechos laborales, resulta preocupante que la mayoría de los corteros de caña (que son los que hacen el trabajo físico más exigente y difícil), son contratados a través de las Cooperativas de Trabajo Asociado, las cuales menoscaban la calidad del trabajo, los ingresos de los trabajadores y el bienestar de sus familias. Es una forma de contratación a través de un intermediario, haciendo que los ingenios azucareros mediante esta vía reduzcan los costos de producción a costa de una sobre explotación de la mano de obra y les trasladen a los corteros la responsabilidad del pago del sistema de seguridad social. Esta vulneración en los derechos laborales es la constante en los corteros de caña, quienes no han visto mejorada su situación después de la huelga desarrollada en septiembre y octubre de 2008. Los impactos ambientales provocados por el monocultivo de caña son de enormes proporciones, ya que por ejemplo el departamento del Valle del Cauca depende de un 90% de los alimentos que consumen de otras regiones del país, ya que las tierras para cultivos transitorios han sido ocupadas por la caña de azúcar. Otro aspecto a tener en cuenta es el que tiene que ver con la quema de la caña de azúcar para el corte, esto genera gran cantidad de emisiones atmosféricas, provocando serios impactos en la salud, de hecho se conocen estudios que señalan que los municipios que están cerca de donde se realizan estas quemas, tienen altos índices a nivel nacional de enfermedades de tipo respiratorio. Los ingenios promueven estas quemas, ya que al quemar la caña se deshidrata en un 30%, y esto obviamente disminuye lo que se les paga a los corteros (ya que a estos se les paga por tonelada de caña cortada), y disminuye también para los ingenios los costos de transporte. Además el uso intensivo del agua para el riego de la caña ha dejado poblaciones abajo sin este recurso, es por esto que el monocultivo ha generado grandes conflictos ambientales y generará muchos más por la disputa de quién se queda con el agua. En suma este modelo que se promueve desde el gobierno nacional, mediante la entrega de enormes subsidios y exenciones de impuestos a la agroindustria para su funcionamiento, se ha reforzado gracias a la apropiación y degradación de los recursos naturales generando enormes conflictos ambientales y desplazamiento de comunidades locales, así como una enorme presión para que los campesinos o pequeños propietarios de tierras se vinculen a este tipo de cultivos, teniendo que renunciar a la agricultura familiar y acabando prácticamente con su soberanía alimentaria. Adicionalmente sobre la base de reducir los costos de producción, la agroindustria ha optado por la contratación a través de las CTA, las cuales tercerizan el trabajo y reducen los ingresos de los trabajadores a casi la mitad.
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