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Contexto

Fumigando en solitario

El pasado 14 de mayo, el Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia (CNE en adelante) decidió “suspender las fumigaciones con glifosato”, lo cual fue aplaudido por distintos sectores del país y el mundo. Las aspersiones aéreas habían comenzado a finales de los años 70’s en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y su aplicación se ha prolongado hasta la actualidad, siendo el Estado colombiano el único que lo hace.
Sin embargo, dicha determinación no ha sido cumplida todavía, puesto que en la práctica el CNE traspasó a la Agencia de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) la decisión de revocar la licencia del Plan de Manejo Ambiental (en adelante PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG en adelante), requisito con el cual la Dirección de Antinarcóticos (en adelante DIRAN) que la Policía Nacional puede seguir fumigando. Hasta el momento de escribir esta nota, aun no se conocía pronunciamiento del Ministerio de Ambiente o de la ANLA sobre la licencia de fumigación con el mencionado herbicida, más allá de declaraciones en las que ésta última entidad señala que están rigurosamente evaluando los riesgos ambientales de aquel programa.

En Junio, la DIRAN ha seguido fumigando en varios municipios del Departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador, según comunicación que dicha entidad le hizo llegar a los Alcaldes de esa región . También se han conocido denuncias de pobladores del nordeste de Antioquia y de Nariño en las que manifiestan que en esas zonas también se han aplicado aspersiones. La Policía Nacional viene aprovechando este periodo para utilizar un glifosato que tenía en sus bodegas y está dispuesta a seguir haciendo uso de este instrumento hasta que la ANLA le revoque la licencia. A esto se suma que el CNE ordenó la conformación de una comisión técnica que prepare un conjunto de alternativas al glifosato. Al momento de escribirse esta nota no se conocía pronunciamiento al respecto de tales alternativas por parte del Ministerio de Justicia, entidad coordinadora del sistema de lucha contra las drogas.

A su vez, el Ministerio de Defensa ha venido planteando la necesidad de seguir fumigando y señala que la renuncia a este método implica que el país se convertirá en “un mar de coca”, por lo que anunció que sus técnicos vienen ensayando con nuevas moléculas químicas que podrían ser reemplazo del glifosato.

El Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos de INDEPAZ tiene información de que en la base Pijaos de la DIRAN, muy cerca de Chicoral en el Departamento del Tolima, la Policía posee cultivos experimentales de variedades de coca con los que mide los rendimientos de cosecha, cuenta con laboratorios de producción de pasta base y “cocinas” de producción de clorhidrato de cocaína para medir índices de productividad, y hasta cuenta con un semisumergible capturado en aguas del océano Pacífico. La cuestión es que en esa base también se experimenta la fumigación con herbicidas . En dichas instalaciones es ostensible la presencia de asesores de la Drug Enforcement American (DEA) y de personal de la Embajada de Estados Unidos que también recomiendan la continuidad de las aspersiones aéreas.

Al momento de escribir esta nota la Oficina de Naciones Unidas para el control de las drogas y el delito (en adelante ONUDC) en conjunto con el Ministerio de Justicia y del Derecho han dado a conocer el “Informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo Satelital (SIMCI) sobre Cultivos Ilícitos”, el cual revela que las hectáreas sembradas con coca en el país en el año 2014 subieron de 48.000 a 69.000 aproximadamente, mientras que la producción de cocaína aumentó de 290 a 442 toneladas . La mayor cantidad de cultivos se ubica en Nariño al que le sigue Putumayo, Norte de Santander y Cauca. Municipio por municipio, la medición indica que más del 40 % de los cultivos se concentra en diez lugares: Tumaco tiene el 13 % nacional, le siguen Puerto Asís, Tibú y el Tambo. El Informe también señala que tres departamentos están “libres de ilícitos”, Guajira, Caldas y Cundinamarca.

Las cifras publicadas reflejan buena parte del círculo vicioso en que Colombia se ha sumergido en las últimas décadas. El aumento de los cultivos refleja el fracaso de la erradicación forzada sea ésta aérea o manual. Cuando las hectáreas sembradas han disminuido los encargados de las fumigaciones han vendido esto como un triunfo por lo que reclaman más recursos para seguir aplicándolas, en tanto que alarmadas piden más bases, aviones, pistas y químicos para seguir fumigando cuando se registra un aumento en las cifras. Por esta vía, en menos de 40 años el país terminó inundado de bases antidrogas y elevó a miles el número de policiales dedicados a tareas de control de la oferta (desde erradicación hasta interdicción). Lo que se tradujo en una vorágine de contratistas, asesores, entrenadores, pilotos y firmas beneficiadas en el periodo de implementación del denominado Plan Colombia . Al disminuir la “ayuda” de Estados Unidos, el sostenimiento de este aparato bélico y de interdicción debe ser sostenido ahora con recursos nacionales.

Respecto de la eficacia del gasto público en las campañas de fumigación, varios economistas han señalado enormes falencias. Daniel Mejía y Adriana Camacho del Centro de Estudios Drogas y Seguridad, adscrito a la Universidad de los Andes, realizaron un estudio en el que evidenciaron que para erradicar una hectárea tocaba asperjar más de 30, lo que refleja el excesivo costo y el bajo nivel de eficacia de tales operaciones lo que de paso cuestiona su validez como método de control de los sembradíos . Al observar los datos globales algo parecido ocurre en 1994, los cultivos de coca cubrían menos de 30 mil hectáreas, en dos décadas se fumigaron cerca de dos millones (2.000.000) de hectáreas y ahora el país tiene casi 70 mil, lo que indica la magnitud del sobrecosto. Por otra parte, los cultivos hace 25 años se ubicaban en cinco departamentos y ahora están regados en 21 de ellos.

Otra faceta es la referida a daños a la salud y a los derechos humanos de campesinos, indígenas y afrodescendientes. La Defensoría del Pueblo tiene registro de decenas de miles de quejas por estos motivos, las que no fueron atendidas por el mecanismo de indemnización establecido en el PECIG. Actualmente, cerca de 35.000 demandas contra el Estado por parte de pobladores del Cauca, apoyados por el Comité de Integración del Macizo colombiano, surten trámite ante tribunales de Popayán y Cali; en Cartagena, otro masivo proceso, esta vez de habitantes del Sur de Bolívar, se adelanta con el apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, al tiempo que la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) continúa reclamando la correcta consulta previa en los casos en que las aspersiones se apliquen sobre resguardos indígenas y zonas que colinden con ellos . Situación similar sucede en los territorios de comunidades negras dado que los consejos comunitarios se quejan frecuentemente de la falta de consulta sobre dichas campañas.

Algunos otros elementos de orden jurídico se han presentado en estos años. Por una parte, campesinos desplazados del área de manejo especial de la Macarena en 2005 demandaron su inscripción en el registro de población desplazada de la Presidencia de la República, lo que les había sido negado bajo el argumento de que el Estado no causa desplazados, pero ello les fue reconocido por altos tribunales judiciales que ordenaron incluirlos como víctimas de la violencia. Por otro lado, dos tutelas se encuentran pendientes de ser resueltas en la Corte Constitucional, una fue interpuesta por la Personería de Puerto Guzmán y la otra por una autoridad tradicional indígena del Chocó.

En materia ambiental se ha solicitado en repetidas oportunidades atender al hecho de que la constitución política contiene aspectos que la hacen una carta ecológica. La Contraloría delegada para el medio ambiente en el año 2001 evaluó los impactos de las fumigaciones sobre ecosistemas frágiles y consideró que ellas trasladaban de un lado a otro los cultivos a través del conocido efecto globo y pidió aplicar el principio de precaución. Durante los años 2000 la Defensoría del Pueblo reclamó la necesidad de contener las fumigaciones para preservar los recursos naturales, impedir la contaminación de aguas y detener el daño a la seguridad alimentaria de los campesinos. Este enfoque preventivo fue tenido en cuenta por el Consejo de Estado que en 2011 prohibió expandir los planes de aspersión a los parques naturales y las reservas ambientales del país, con lo cual se limitó la pretensión de la DIRAN de fumigar aquellas áreas de especial interés por su biodiversidad.

Sobre este tópico es de interés ampliar un poco más. Las fumigaciones han sido la herramienta privilegiada en el ataque a los cultivos de uso ilícito, pero no siempre ellas afectan a los cultivos de coca sino que también arrasan cultivos de pan coger, de alimentos lícitos y huertos caseros, lo que genera desplazamiento forzado. El afectado con esta práctica se ha visto compelido a huir ante la pérdida de su sustento y muchos se han desplazado hacia las ciudades, mientras que ante la falta de oportunidades, otros se han refugiado más adentro de los bosques para volver a sembrar, lo que ha conllevado un fenómeno que he denominado la duplicación de la deforestación.

En departamentos como el Meta, Caquetá y Putumayo es evidente que las campañas de aspersión han favorecido la concentración de la tierra en pocas manos, lo que además ocurre en el norte del municipio de San José del Guaviare, zona que en menos de 15 años se convirtió en la de mayor latifundio en el norte amazónico. En el caso de Mapiripán - Meta, acumuladores de tierras aprovecharon el miedo y el despojo causado por la violencia paramilitar, así como la quiebra de los pequeños productores rurales luego de una campaña de fumigación para hacerse a miles de hectáreas y darle paso posteriormente a la llegada de proyectos agroindustriales y de la industria petrolera.

En Putumayo, las campañas de fumigación han buscado el empobrecimiento del campo, lo que estimula su abandono a la vez que medidas gubernamentales como la creación de un distrito minero petrolero abre espacios a la ampliación de las actividades de las compañías multinacionales que acuden tras dichos negocios.

En Caquetá, las fumigaciones han ampliado la frontera agrícola a niveles incomprensibles dejando tierras desocupadas que son praderizadas y usadas posteriormente con prácticas ganaderas extensivas e insostenibles. Los índices de deforestación ya tienen al Caquetá en el segundo lugar de Suramérica después de la región del Chaco en Paraguay.

El gobierno nacional cada vez oculta menos las razones que le motivan a mantener esta estrategia y la embajada de Estados Unidos en Colombia ha dicho que respeta la decisión adoptada por el CNE pero que no la comparte. El subsecretario de asuntos narcóticos de la Casa Blanca William Brownsfield, sostuvo que las fumigaciones son una excelente herramienta y que a pesar de que estuvo ejerciendo como embajador en Bogotá nunca supo de daños a la salud animal, vegetal o de las personas. Varios funcionarios colombianos del sector de seguridad argumentan en privado que fue gracias a las fumigaciones que los guerrilleros de las FARC-EP se sentaron a negociar con el gobierno en La Habana. Por supuesto, este enfoque no contempla los derechos de los productores sino que los concibe como meros “financiadores del terrorismo” y mucho menos incluye una mirada respetuosa de la naturaleza y los territorios donde están presentes los cultivos.

En el seno de las Naciones Unidas se adelanta actualmente el proceso preparatorio de una sesión especial de su Asamblea General, la que tendrá lugar en Nueva York en Abril de 2016. La diplomacia de Colombia ha liderado varios estudios previos, entre los que se cuenta uno sobre “alternativas al encarcelamiento” que fue presentado en la última reunión de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ésta ha promovido un debate hemisférico interesante sobre las políticas de los países basándose en la evidencia después de que en 2012 el Presidente Juan Manuel Santos pidiera en Cartagena en el marco de una cumbre de las Américas revisar objetivamente los resultados de la “guerra a las drogas”. Pero Colombia dista mucho todavía de traducir a los hechos sus discursos reformistas internacionales. Una materialización de sus interesantes posturas en favor de la paz y las reformas implicaría, además de reconocer los derechos de las comunidades, poner en marcha alternativas soberanas que reconozcan el derecho al goce de un ambiente sano.