Grafica a lusiva a  ¿Llegó la guerra del agua a la Sabana de Bogotá?
CORPORACIÓN

GRUPO
SEMILLAS


COLOMBIA

Publicaciones

Revista Semillas

Gráfica alusiva a 51/52

Edición
51/52

Revista Semillas

Suscribase por $45.000 a la revista Semillas y reciba cuatro números, dos por año

Equipo Editorial

Publicación auspiciada por Swissaid

Contexto

¿Llegó la guerra del agua a la Sabana de Bogotá?

Rafael Colmenares , Agosto 20 de 2013, Este artículo ha sido consultado 391 veces

Hace algunos años, el ex vicepresidente del Banco Mundial, Ismael Sarageldin, lanzó una frase que con el tiempo se haría en famosa: “Las guerras del siglo XXI serán por el agua”. ¿Le ha llegado el turno a la Sabana de Bogotá? Si bien es cierto que la EAAB utiliza solo la mitad del agua que potabiliza para atender las necesidades de Bogotá y diez de los municipios contiguos a esta, no lo es menos que esta aparente abundancia puede convertirse en dramática escasez. La calidad del agua que llega a las plantas de tratamiento de Tibitoc y Wiesner es cada vez peor, lo cual determinó que la primera estuviera cerrada, en suma, durante cien días en el 2012 y la segunda durante sesenta. Esto ha implicado que tengan que invertirse mayores cantidades de depurantes químicos lo cual aumenta los costos de potabilización.

Lo anterior se debe al asentamiento desordenado de viviendas campestres, empresas y diversas actividades cuyos vertimientos se realizan en los ríos Bogotá o Teusacá, cuando no contaminan los acuíferos mediante la disposición inadecuada de las excretas. La Sabana, en particular la zona al norte de Bogotá, presenta desde hace varios años un desbalance entre el agua que recibe por infiltración y la que se le extrae mediante pozos que en buena parte operan sin permiso de la CAR, es decir son ilegales.

La situación se ha visto agravada, en los últimos años, al amparo de la autorización dada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial para el establecimiento de la denominada “Vivienda Campestre” , que puede operar disponiendo sus aguas residuales en pozos sépticos. Esta modalidad atenta contra el principio de que las aguas servidas deben ser tratadas antes de su vertimiento al medio natural. Al tiempo, grandes industrias productoras de cerveza y gaseosas se han instalado en el entorno sabanero demandando ingentes cantidades de agua y produciendo los consiguientes vertimientos que no siempre son tratados adecuadamente, como ha podido constatarse durante el año pasado por la EAAB. La minería extractora de arena y otros materiales de construcción implica igualmente un gran impacto claramente visible en los Cerros Orientales de la ciudad y en los municipios circunvecinos alterando el ciclo hidrológico y deteriorando gravemente el paisaje, además de generar riesgos por deslizamientos y desestabilización de las estructuras geológicas.

Pareciera que el tipo de desarrollo que se ha venido impulsando en Bogotá y la Sabana se hubiera propuesto, paradójicamente, contravenir el mandato del artículo 61 de la Ley Ambiental según el cual la Sabana de Bogotá es de “interés ecológico nacional” y su destinación prioritaria debe ser “agropecuaria y forestal”. Entonces, ¿Para qué sirve el ordenamiento territorial? Podrá preguntarse ante el panorama descrito. Si se trata de una simple adecuación y convalidación de las actuales formas de ocupación del territorio, que son el principal factor de vulnerabilidad para que el riesgo se convierta en desastre, nos podríamos ahorrar el complejo proceso que implica la expedición y aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial. Una rápida mirada a los perímetros urbanos de los municipios aledaños a Bogotá muestra que estos no son definidos con base en las características geológicas, edafológicas, hidrológicas y paisajísticas del territorio sino que se acomodan a los planes de expansión urbana resultantes del fabuloso negocio de convertir las tierras de rurales en urbanizables, o en zonas industriales.

 

La Huella Ecológica, alimentaria e hídrica de Bogotá

Lo anterior ha determinado que la capital de la república y los cascos urbanos de los municipios más próximos dependan para su alimentación de suministros traídos de comarcas cada vez más alejadas y comporta igualmente el desplazamiento, por la dinámica económica del modelo, de la población campesina de la Sabana de Bogotá. Es decir a la vulnerabilidad ambiental se añade la alimentaria y la descomposición del tejido social.

Esto nos introduce en el concepto de “huella ecológica”, es decir pasamos del impacto que la ciudad genera en su entorno más inmediato al que se extiende más allá de sus fronteras. La “huella ecológica” es un indicador formulado por Wackernagel y Rees, en la segunda mitad de los años noventa y representa el área de tierra productiva y de ecosistemas acuáticos requeridos, para generar los recursos usados y asimilar los desperdicios producidos por una cierta población, para un específico nivel material de vida. La huella ecológica urbana refiere la noción anterior a una población urbana determinada.

El investigador Bladimir Rodríguez afinó los cálculos y basándose únicamente en los productos que ingresaron a Corabastos, en 2002, estableció que estos generaron una huella ecológica de 227 mil hectáreas de las cuales 117 mil se ubican en Cundinamarca. Es igualmente interesante en el estudio de Rodríguez que la superficie dedicada al cultivo de hortalizas (26%) sumada a la de tubérculos y plátano (15%) representa un poco menos de la mitad del total impactado. El estudio concluye que el 55% del total de alimentos que ingresan a Corabastos es de origen campesino, producidos en pequeñas y medianas propiedades.

A partir de la identificación y la cuantificación de la huella alimentaria sería posible y necesario determinar la huella hídrica es decir la cantidad de agua incorporada en la producción de los alimentos que actualmente no se considera como consumida por la urbe. Igualmente se deben explorar los impactos generados por los vertimientos de residuos químicos a las fuentes de agua y a los suelos, o el aumento del arrastre de los suelos por deforestación y potrerización producto de la ampliación de la frontera agropecuaria.

Dos factores relativamente nuevos contribuyen a la vulnerabilidad de la ciudad en el aspecto alimentario, que es uno de los fundamentales para su sostenibilidad. El primero es la globalización neoliberal y al respecto tanto el estudio de la Contraloría como el de Bladimir Rodríguez, hacen preocupantes advertencias. Este último, luego de evidenciar el peso de la economía campesina en el abastecimiento alimentario de la ciudad, señala: “Desafortunadamente tanto las nuevas políticas económicas y acuerdos comerciales internacionales (ALCA, TLC) junto con el desplazamiento forzado como un proceso de reorganización de la tenencia de la tierra dentro del territorio nacional, son factores que obstaculizan y restringen tanto la permanencia como la expansión de estas economías” .

Otro tanto pronostica el estudio de la Contraloría General en cuanto a la profundización de la huella ecológica: “En síntesis un modelo productivo y territorial en la región orientado exclusivamente a participar en los procesos de globalización económica llevará a inducir un creciente impacto ambiental, generará menos empleo asalariado o dependiente, incentivará la profundización en los desequilibrios regionales y en las desigualdades sociales, ampliando la Huella Ecológica”.El segundo es el cambio climático que amenaza con generar una inestabilidad peligrosa para la agricultura y cuyos efectos en la región han comenzado a ser analizados en las dos comunicaciones sobre el asunto elaboradas por el IDEAM.

 

El modelo depredador se refleja en el río Bogotá

Los requerimientos de la expansión urbana han ido moldeando otros factores de la tragedia que se condensa en la actual situación del río Bogotá. Ya desde los años cincuenta del siglo pasado se decidió aprovechar el agua del río para generar energía eléctrica, y con el objeto de garantizar los volúmenes necesarios en épocas de estío se construyó el embalse de El Muña. En la medida en que las aguas del río se fueron contaminando aquel reservorio que fue escenario de deportes náuticos se fue convirtiendo en un mar muerto de desechos urbanos de todo tipo. Ante tamaño desastre ambiental, que incluye la tragedia humana de los habitantes del municipio de Sibaté, sometidos a insoportables olores, emanaciones que emponzoñan el aire y a una inclemente plaga de mosquitos, no se ha pensado en ponerle fin a semejante pesadilla sino que por el contrario se construyó una segunda cadena de generación de energía eléctrica, la cadena Paraíso - La Guaca (Pagua), cuando ya las aguas que llegaban al embalse estaban altamente contaminadas. Hoy en día el llamado plan de recuperación del río Bogotá incluye, a costa de todos los bogotanos, que lo pagaremos en la tarifa de alcantarillado, la construcción de una costosa estación elevadora que permita continuar la generación de energía eléctrica en la mencionada cadena Paraíso-La Guaca, como si alguien se hubiera propuesto darle el nombre mas contradictorio a la oscura realidad generada por los intereses del “desarrollo”, hoy agenciados no solo por el Distrito Capital sino por la multinacional italiana Entesa que adquirió las acciones de la española Endesa en Emgesa.

La urbanización desbordada de Bogotá y sus alrededores han ido arrasando a su paso los humedales y sepultando bajo el cemento y el pavimento los afluentes del río. Los Cerros Orientales de Bogotá, donde se inicia el viaje del agua hacia el río han sido sometidos a diversos procesos destructivos: urbanización legal e ilegal, deforestación, prácticas de artillería y explotación intensiva de arena y otros materiales de construcción a cargo de las transnacionales Holcim y Cemex y la Fundación San Antonio de la Curia Arquidicesana. Otro tanto viene ocurriendo con los sistemas montañosos que circundan la cuenca en jurisdicción de los municipios vecinos. Las heridas en los cerros están a la vista.La creciente desigualdad social se expresa espacialmente: en las zonas más vulnerables se aglomeran los pobres, víctimas de los urbanizadores piratas, se someten a las peores condiciones con tal de tener una precaria vivienda. Luego toda la ciudad paga los costos de dotar de servicios públicos, particularmente de agua potable, zonas de difícil acceso. La mercantilización y privatización de este servicio agrava su situación pues el crecimiento de la tarifa ha sido exponencial en los últimos años y un promedio de 300.000 usuarios ven suspendido el servicio por falta de pago. De ellos 70.000 han perdido definitivamente la conexión a la red.

Por otra parte el modelo se torna cada vez más insostenible. Así lo pusieron de presente las inundaciones de los últimos dos años, que son la demostración trágica, en particular para las clases populares y medias, de la insostenibilidad del tipo de ciudad actual. El agua fluye como un torrente hacia el río y las calles que bajan de los cerros se convierten en canales. Otras ingentes cantidades del líquido provienen de la cuenca alta y de los municipios que anteceden a Bogotá en el sentido de la corriente del río. Cuando las aguas llegan a las compuertas de Alicachín construidas para remansar el agua y permitir su bombeo al Embalse del Muña, se encuentran con estructuras que detienen su flujo así las mencionadas compuertas estén abiertas . Fueron construidas para garantizar un volumen de agua suficiente para la operación de las bombas. Deforestación, urbanización e intereses energéticos confluyen así como generadores de vulnerabilidades que convierten el riesgo en desastre.

Lo que menos importa es el río y la gente más pobre. Aquel es visto como cloaca, como proveedor de agua para la generación eléctrica, como fuente para riego (a pesar de la contaminación de sus aguas) como recurso para cualquier actividad económica que pueda producir ganancias. El río ha dejado de serlo, ha sido sepultado por los oscuros intereses que imponen el tipo de sociedad, y de Estado, que oscurece sus aguas y se refleja sin brillo en ellas.

A estas alturas la construcción de costosas megaplantas de tratamiento parece inevitable. En parte porque la desaceleración del crecimiento urbano, cuya primera fase sería la no expansión urbana de Bogotá y los municipios aledaños, tardará e producir sus efectos y entre tanto es necesario tratar los ingentes volúmenes de aguas residuales que la ciudad genera. En parte porque costosas inversiones, como los interceptores, ya fueron realizadas.La Contraloría Distrital realizó un ejercicio de medición de la huella ecológica de Bogotá hasta el año 2000 y concluyó que la huella ecológica de Bogotá era de 2.85 hectáreas per capita. La huella ecológica de Bogotá es ya elevada pues supera en el 23.5% a la huella ecológica de la humanidad calculada por Wackernagel en 1997 y en el 67 % a la estimada para Colombia por el mismo autor. Un aspecto esencial e ilustrativo de todo lo anterior es la denominada “huella alimentaria” es decir la cantidad de tierra involucrada en la producción de los alimentos que la ciudad consume. Según el estudio de la Contraloría esta asciende a 4.4 millones de hectáreas, considerando una población de 6.4 millones de habitantes y 55 productos.

 

La triple crisis del agua

En reciente documento la conocida activista de la “Justicia del agua”, Maude Barlow, identifica tres crisis del agua: deterioro de los ecosistemas y disminución del agua dulce; acceso desigual al agua y privatización y mercantilización del agua. La primera se puede ejemplificar con hechos como la contaminación de los sistemas hídricos, donde cada día dos millones de toneladas de aguas cloacales y desechos industriales, el equivalente al peso de toda la población humana, son vertidos. En consecuencia diminuye la cantidad de agua dulce disponible, frente a una demanda creciente que según el Banco Mundial superará en un 40% a la oferta en 2030 . Para ilustrar la segunda basta decir que un niño nacido en el primer mundo consume entre 30 y 50 veces más agua que uno en el tercer mundo. Enfrentando una escasez creciente de agua dulce disponible la población pobre se encuentra discriminada y consume menos agua que la de los países ricos.

La tercera de las crisis arriba mencionadas, obedece a las políticas del Banco Mundial y el Consejo Mundial del Agua que han promovido la privatización y mercantilización de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, acentuando la desigualdad y poniéndole precio de mercado al agua. Esta política, como señala Barlow, impidió por mucho tiempo que se reconociera el derecho humano al agua. En Colombia, recordemos, hay diez millones de personas que no acceden al agua potable. Sin contar con quienes ven suspendido el servicio por no poder pagar las altas tarifas que ha implicado la privatización y mercantilización de este. Una de las políticas impulsadas por la actual Alcaldía de Bogotá y la Administración de la EAAB, como respuesta a la movilización social y en particular a la iniciativa del Referendo por el Derecho Humano al Agua, fue hacer efectivo, para los estratos uno y dos, el mínimo vital gratuito de agua.

Otra medida fundamental tomada por la actual administración ha sido la denominada “retoma”, a partir del primero de Enero del presente año de las funciones delegadas a empresas privadas . Estas temían a su cargo la medición del consumo de agua, la correspondiente facturación y el mantenimiento de las redes secundarias del acueducto en tres de las cinco zonas en que se divide la ciudad para estos efectos. La decisión anterior se tomo no solo en desarrollo de la política de fortalecimiento de lo público, bandera del movimiento social y sindical acogida por la Administración, sino con base en un estudio que demostró los elevados costos y la notable ineficiencia del sistema de “tercerización” plasmado en los denominados “Contratos Especiales de Gestión”, frente a los cuales se produjo la mencionada “retoma”.

Las anteriores medidas no se consolidarán e incluso podrían revertirse si no son rodeadas e impulsadas por el movimiento social pues desafían importantes intereses y núcleos estructurales del modelo neoliberal. Hasta ahora hay un notable déficit en la participación de dicho movimiento y solo el Sindicato de la EAAB aparece como soporte de las mismas a este nivel.

 

La sabana de Bogotá y la indispensable dimensión regional

Todo lo anterior, sin embargo, tampoco será duradero ni sostenible si no se trabaja en la restauración y preservación del ciclo hidrológico. Este aspecto es fundamental para la “justicia del agua”. En el caso de la Sabana de Bogotá reviste particular importancia pues se trata de una cuenca cerrada articulada en torno al río Bogotá que no cuenta con agua suficiente para atender las necesidades de la numerosa población asentada en ella y concentrada fuertemente en el perímetro urbano del Distrito Capital. El agua que actualmente se consume en Bogotá buena parte de la región es “importada” de la cuenca del Orinoco, a través del sistema Chingaza. En la dirección anterior el Plan de Desarrollo de Bogotá, adoptado mediante el Decreto 489 de 2012 se propone, en el segundo de sus ejes, enfrentar el cambio climático y ordenar el territorio alrededor del agua. Se utiliza el confuso concepto de “gobernanza del agua”, anotando sin embargo que esta: “… partirá de considerar una visión integral de cuenca para el río Bogotá, sus afluentes y demás cuerpos de agua, en un sistema que integra el agua superficial, freática y subterránea, el clima y los demás sistemas que conforman su ciclo” . El concepto, en el Plan de Desarrollo, incluye aspectos como una nueva cultura alrededor del agua y una nueva relación de la ciudadanía con el Estado.

Las anteriores perspectivas deben ser desarrolladas pasando de los enunciados a las acciones para lo cual será indispensable el concurso del movimiento social. Lamentablemente este movimiento le ha faltado convocatoria desde la Administración Distrital, ni siquiera está suficientemente informado sobre las medidas y planes adoptados y tampoco se autoconvoca, pareciendo no entender que las medidas adoptadas son ante todo el resultado de sus luchas de muchos años. La visión que hasta ahora ha proyectado la actual Administración Distrital contrasta con la imperante en la gran mayoría de los municipios sabaneros, con notables excepciones, entre las que se podrían contar Soacha, Mosquera y Sopó. Predomina en gran parte de la región una visión desarrollista que pretende el crecimiento económico y el fortalecimiento de los fiscos municipales a partir de una urbanización desaforada o de la instalación de complejos industriales y agroindustriales. La ocupación del territorio de la Cuenca Alta del Río Bogotá supone, por el contrario, atender a las características ecológicas que le son propias, desechar las actividades que se contraponen a ellas, adelantar procesos de transformación siguiendo su lógica. Para ello es necesario emprender, sin dilación, la construcción de un Plan de Ordenamiento Ambiental Territorial que debe ser precedido de un diálogo regional. De manera constructiva es necesario sentar a la mesa de conversaciones a todas las posiciones y confrontar de manera directa pero respetuosa las distintas visiones, profundizando sus alcances y supuestos. Obviamente más que una conciliación ecléctica en la cual se terminen imponiendo los intereses de urbanizadores, industriales o agronegociantes, la oportunidad de escudriñar a fondo las alternativas, que indudablemente existen, al actual modelo depredador. Lo que hay que gobernar no es el agua, sino las actividades que la sociedad realiza en el territorio.

El agua esta gobernada por la lógica de la naturaleza a la cual ella pertenece. La cultura que es la forma como los seres humanos nos adaptamos o desadaptamos a la lógica ecosistémica y que comprende las formas de producir, la organización social y política y el mundo de lo simbólico, es el campo donde debemos construir una nueva forma de vivir ambientalmente sostenible. No gobernemos el agua, construyamos una nueva sociedad.

 

¿Qué hay detrás de la venta de agua en bloque?

La expansión de Bogotá sobre la sabana requiere, sin lugar a dudas, de ingentes cantidades de agua. Por ello quienes se benefician de ella, y quienes la prohijan desde los altos cargos del Estado, pusieron el grito en el cielo ante la decisión de la Alcaldía de Bogotá y de la Gerencia de la EAAB, anunciada el año pasado, de no continuar facilitándolo mediante la denominada “venta de agua en bloque”, que consiste en transferir a los operadores de los municipios vecinos de grandes volúmenes de agua que estos comercializan a precios superiores a los que rigen para Bogotá. Esta decisión ha sido cuestionada haciendo creer a la ciudadanía que se ha suspendido el suministro de agua a los municipios, lo cual contraviene la evidencia de que estos continúan disponiendo del líquido vital.

Se ha invocado igualmente el derecho humano al agua, del cual fueron recientes opositores quienes ahora se acogen a él, para sustentar que está por encima de todo intento de ordenamiento y racionalización del uso del suelo y en general del territorio. Nada más contrario al derecho humano al agua pues un ordenamiento territorial que garantice la sostenibilidad del agua y el territorio es precisamente la base para que aquel derecho pueda ser ejercido por las generaciones futuras, que también lo tienen, como se desprende de la definición consagrada en la Ley Ambiental .

El contexto anterior permite apreciar en toda su dimensión los anuncios del Ministro de Vivienda y el Gobernador de Cundinamarca, según los cuales demandarán a la EAAB por su negativa a continuar vendiendo “agua en bloque” a los municipios de la Sabana, más allá de los perímetros urbanos. Anuncian también que solicitarán una concesión de aguas a la CAR para construir un acueducto regional que independice a la región del yugo de la EAAB.

¿Será que la guerra es por el agua o por la defensa de los grandes negocios que ponen en riesgo a la región pero enriquecen a unos pocos y para los cuales el agua es decisiva? El trasfondo es sin embargo la insostenibilidad del modelo de ocupación del territorio y de construcción de ciudad que se ha desarrollado en beneficio de los urbanizadores, de los especuladores con el suelo, de los vendedores de servicios públicos, de los transportadores, de los monopolios transnacionales y nacionales y de un sinnúmero de redes clientelares, no exentas de corrupción, que se articulan alrededor de los anteriores y cuyos intereses son agenciados por diversos actores políticos.

Bogotá ha crecido y la Sabana se ha urbanizado en forma acelerada. Hoy en día la denominada Sabana Centro concentra el 20% de la población del país. Este proceso de concentración poblacional y de actividades económicas se explica por diversos factores que es imposible analizar en este artículo pero es indudable que el mismo ha sido aprovechado por los urbanizadores legales e ilegales para realizar un excelente negocio de venta de suelo y vivienda. Para ello ha sido incesante la conversión de las áreas rurales y suburbanas en suelo urbanizable. No en vano el Concejo Distrital ha aprobado varios Acuerdos de Legalización de barrios informales y ha ampliado también varias veces el perímetro urbano de la ciudad.

El suministro de agua potable ha sido a la vez condición y estimulante del anterior proceso. Tempranamente, varios Acuerdos del Concejo Distrital autorizaron a la EAAB la venta de agua en bloque, práctica que continuó a pesar de haber sido prohibida en el Acuerdo 6 de 1990. A mediados de esa década dicha actividad, contraria a la Ley, avanzó con gran ímpetu y se integró sin dificultad al esquema de mercantilización y privatización del agua instaurado en la Ley 142 de 1994, bajo la mirada complaciente de la Comisión Reguladora de Agua Potable -CRA- . Hoy en día varios de los principales compradores de agua en bloque a la EAAB son empresas privadas o mixtas de servicios públicos que abastecen a las urbanizaciones campestres que proliferan en los municipios vecinos a Bogotá y desde luego a la población de los cascos urbanos.

Publicado en Agosto 20 de 2013| Compartir
compartir en facebook compartir en facebook

Recomiende este contenido

Los campos marcados con (*) son obligatorios






Do not fill, please:

Grupo Semillas

Calle 28A No. 15-31 Oficina 302 Bogotá Teléfono: (57)(1) 7035387 Telefax: (57) (1) 2855728 Bogotá, Colombia. semillas@semillas.org.co
Sitio web desarrollado por Colnodo bajo autorización del Grupo Semillas
MAPA DEL SITIO | CONTACTENOS