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Contexto

Editorial

En las últimas dos décadas, las políticas rurales y los modelos de desarrollo que se han implementado en el país, han profundizado las crisis económica, ambiental y social, que enfrentan día a día las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. En América Latina, Colombia es uno de los países con mayor inequidad en la posesión y concentración de tierras en pocas manos. En el país la mayor parte de las tierras productivas y gran parte de la población rural esta ubicada en zonas con vulnerabilidad ambiental, en donde se implementan actividades productivas y extractivas insostenibles, como la tala de bosques, el establecimiento de monocultivos agroindustriales y forestales, la ganadería extensiva y la minería a gran y pequeña escala; actividades que han generado degradación de los ecosistemas, de cuencas hidrográficas, de las fuentes de agua y erosión de los suelos. Adicionalmente la guerra, durante muchas décadas, ha generado destrucción de los tejidos sociales y de las formas de vida de las comunidades rurales y ha profundizado la pobreza especialmente en el campo.

Estos modelos de desarrollo insostenibles han sido unos de los responsables mas relevantes del cambio climático, que han afectado los ecosistemas y el generador de la crisis económica, tecnológica y cultural que ha depredado la naturaleza y vulnerado los derechos de las comunidades rurales sobre su cultura, conocimientos y prácticas tradicionales. Como lo sostiene el pensador argentino Carlos Galano “El modelo civilizatorio dominante degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al otro (al indígena, al pobre, a la mujer, al negro, al Sur), mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida insustentable que se ha vuelto hegemónico en el proceso de globalización”.

En la reciente reunión global de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), que se realizó en Paris, se evidenció la falta de voluntad política de los países mas responsables del desastre ambiental, y no se llegó a compromisos reales y obligatorios, que detengan el camino hacia el precipicio global; por el contrario surgen con mayor fuerza las falsas alternativas basadas en “economías verdes”.

En el planeta desde hace millones de años se han presentado histórica y periódicamente los fenómenos del niño y de la niña; pero cuando estos fenómenos se expresan de forma severa sobre ecosistemas que han sido fuertemente degradados, los efectos de sequias e inundaciones extremas, limitan la capacidad de resiliencia y de adaptación al cambio climático. Es por ello que los verdaderos responsables de la catástrofe generada por el actual fenómeno del niño, han sido los gobiernos nacional y regionales, los ministerios, y las autoridades de control, las cuales han promovido y tolerado el desarrollo de proyectos de desarrollo e infraestructura que detonan las crisis socio ambientales por todo el territorio nacional. Existen numerosos ejemplos, que muestran que vamos por caminos equivocados para solucionar estos profundos conflictos. Es así como Colombia ha pasado de ser uno de los países con mayores fuentes hídricas del mundo, a tener casi la mitad de los municipios sin agua, en medio de una fuerte sequía; pero a pesar de esta critica situación, el gobierno sigue soñando e insistiendo en el país minero en gran parte de la zona Andina.

El actual gobierno de Santos en medio de la euforia por la posibilidad de firmar un acuerdo de paz con las Farc, y frente a las expectativas surgidas por las políticas públicas que implementara para salir de la crisis del sector rural, maneja un doble discurso que confunde a la opinión pública; puesto que por un lado, se están acordando en la Habana políticas para el campo colombiano que supuestamente avanzarían hacia una reforma agraria integral, apoyo a la economía campesina y comunidades rurales mediante el acceso a la tierra, desarrollo de tecnologías apropiadas, acceso a créditos y a mercados, entre otros. Pero por otro lado, se implementan políticas rurales que van en contravía de estos enfoques. Es así como el actual Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, se basa en la premisa económica de implementar los Tratados de Libre Comercio, en donde se busca generar confianza a los inversionistas, la privatización de los patrimonios públicos y recursos naturales de la nación, la implementación de proyectos minero energéticos y de infraestructura multimodal, para mejorar la competitividad y la inserción en el comercio global; aunque en realidad en nuestro caso, es mas para consolidarnos como importadores y muy poco como exportadores.

Los desaciertos del modelo de desarrollo y de las políticas públicas agrarias han dejado como balance la desaparición de gran parte de la producción nacional agropecuaria y la importación de buena parte de alimentos básicos del país, (más de 12 millones de toneladas de alimentos al año), siendo crítica la situación de productos como el trigo, maíz (4,6 de toneladas importadas), soya, arroz, fríjol, entre otros y también más del 95 % de los fertilizantes. En 1990 la agricultura representaba el 17.7 % del PIB y el 25 % del empleo rural, pero en 2013 cae al 6,1 % y 16,9 % respectivamente. El gobierno ha planteado reiterativamente que la producción y la economía campesina es atrasada, ineficiente y poco competitiva; pero han desconocido que a pesar del abandono de la agricultura campesina, son los pequeños agricultores los que producen cerca del 70 % de los alimentos básicos que se consumen en el país.

Frente a esta situación el Ministro de Agricultura este año anunció que va ha promover la siembra de un millón de hectáreas para sustituir la importación de alimentos, especialmente de cereales: maíz amarillo, soya y cebada y de frijol, también algunas frutas para la exportación y monocultivos agroindustriales como la caña de azúcar y palma de aceite, entre otros. Se pretende reducir en un 50 % las importaciones de alimentos. Pero estas buenas intenciones del Ministro se convierten en solo anuncios si no se hacen cambios estructurales sobre el modelo de desarrollo que se implementa en el campo colombiano y tampoco si no existen garantías para que los campesinos no sean aniquilados por la competencia desleal de la importación masiva de productos en el marco de los Tratados de Libre Comercio.

Desde el gobierno de Uribe se ha intentado muchas veces introducir reformas estructurales sobre políticas de tierras y desarrollo rural, que permitan profundizar la concentración de la tierra en manos de inversionistas y que buscan “modernizar” el campo hacia la competitividad, mediante el fomento y protección de sectores agroindustriales. Luego de ser derogado el Estatuto de Desarrollo Rural, el gobierno ha intentado cinco veces aprobar leyes que permiten crear las condiciones para reordenar la ocupación y los usos de los territorios, especialmente dirigido a hacer viable las grandes inversionistas, en el soñado modelo de la nueva frontera agrícola de la altillanura. En este intento legislativo se quedó en el camino la famosa “ley Urrutia”, promovida por el ex embajador de Estados Unidos y también fracasó el proyecto de tierras del Ministro palmicultor Lizarralde.

Luego el actual gobierno introdujo en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, políticas rurales regresivas para los campesinos, que promueven los modelos de la producción agroindustrial, proyectos minero energéticos y de infraestructura, a través de la definición de zonas con Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PIMES): además se eliminaron los requisitos de la Unidad Agrícola Familiar UAF, que limitan el área para la adjudicación de baldíos, para establecer proyectos agroindustriales y plantaciones forestales comerciales.

Adicionalmente, a finales de 2015 el gobierno nacional logra la aprobación de la ley de Zidres, que establece las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, en donde se pretende entregarle los baldíos de la nación a grandes inversionistas, y busca involucrar a las poblaciones indígenas, afro y campesinas en proyectos agroindustriales, mediante alianzas asociativas y la agricultura de contratos a bajo costo. El mecanismo para permitir la acumulación de tierras es a través de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios –UPRA, que identifica las potenciales Zidres, teniendo en cuenta los principios de ser zonas alejadas de centros urbanos, con elevados costos de adaptación, baja densidad poblacional, altos índices de pobreza y carencias de infraestructura. Para hacer viable la acumulación de tierras, la ley elimina la restricción de la UAF y además permite la entrega de predios baldíos a empresarios, sin que siquiera tengan que comprarlos. Estas zonas son declaradas de utilidad pública “salvo para efectos de expropiación”. En síntesis, permite que el ordenamiento del territorio se realice en función del agro negocio y de manera inconsulta con quienes constitucionalmente tienen las facultades para ordenarlo, como son los entes territoriales y también en contra de la ciudadanía que igualmente tiene derecho a participar en las decisiones sobre los territorios que habita; es decir, se podría constituir Zidres en casi cualquier lugar.

En Colombia como en la mayoría de países del mundo no se ha reconocido los derechos de los campesinos como actores sociales y políticos plenos. Adicionalmente la profundización del modelo económico basado en el impulso de la industria minero-energética, el crecimiento de la agroindustria, la continuidad de la ganadería extensiva y el despliegue de proyectos de infraestructura para facilitar la movilidad del capital, han tenido como consecuencias el despojo forzado y el reordenamiento de los territorios en detrimento de la economía campesina. En este contexto se presentará en 2016 en el Congreso de la República, un proyecto de reforma constitucional que busca el reconocimiento de los campesinos como sujetos políticos, con el fin de avanzar hacia la justicia social para el campo y para sus habitantes.

Si queremos lograr en el país la tan anhelada “paz territorial” luego del pos acuerdo de la Habana, es fundamental que también hagamos un acuerdo de “paz con la naturaleza”, respetando sus derechos; en donde reconstituyamos los ecosistemas que han sido degradados y fortalezcamos las formas de vida y los tejidos sociales que han sido alterados por los conflictos socio ambientales; también tenemos que reconocer y potenciar las numerosas iniciativas productivas locales que están conservando y realizando un uso sostenible de los recursos naturales, de tal forma que le garantice a los pueblos y comunidades vivir dignamente en sus territorios y alcanzar su soberanía alimentaria.

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