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Las líneas rojas de la paz de Santos: También para la Cumbre Agraria

Eduardo León Navarro - Congreso de los Pueblos, Julio 01 de 2016, Este artículo ha sido consultado 198 veces

En un contexto de imposición de políticas neoliberales y de anuncio del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades definitivo y dejación de las armas entre el gobierno nacional y las FARC-EP, la decisión de la Cumbre Agraria de convocar a un paro nacional significaba un obstáculo para su formalización - desde perspectivas distintas pero convergentes - para algunos sectores de izquierda que ven en la mesa de la Habana el referente principal para la paz, sectores democráticos e iniciativas de paz que consideran que los cambios sólo serán posibles en el llamado post conflicto, y el gobierno nacional que reduce la paz a la desmovilización de las insurgencias.

La Minga Agraria, Campesina Étnica y Popular[1], precedida por la minga indígena, las movilizaciones agrarias y las jornadas de indignación adelantadas durante los años 2013, 2014 y 2015 por la Cumbre Agraria, demostró, una vez más que la movilización es el único camino que le queda al pueblo para obligar al gobierno nacional a escuchar sus justas reclamaciones. Luego de dos años de incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno nacional, la Cumbre Agraria optó por demandar en las carreteras y en las calles lo que el gobierno se negó a discutir en la mesa única de negociación[2].

Para los primeros, porque su prioridad es la agenda centrada en la refrendación e implementación de los acuerdos de La Habana en perjuicio de  los acuerdos unitarios en la Cumbre Agraria y, además, la convocatoria a un paro los ponía en una encrucijada con sus propias bases que si querían movilizarse. Para los segundos, porque pensaban que la minga debilitaba aún más la maltrecha gobernabilidad del presidente Santos y supuestamente se le daba juego a la llamada ultraderecha en los debates acerca de la paz. Y para el tercero, porque le enturbiaba el anuncio triunfalista del fin del conflicto armado.

En efecto, la minga cuestionó que los acuerdos de La Habana constituyan el piso y el techo para las aspiraciones de cambios del pueblo colombiano para que sea posible una paz con justicia social y ambiental; denunció que Santos y Uribe como agentes de dos facciones de la oligarquía colombiana, excepto por su diferencia sobre cuál es la mejor fórmula para derrotar a la guerrilla, están sintonizados en la guerra contra el pueblo y la profundización del modelo de dominación capitalista conforme a los dictámenes neoliberales; y le aguó la fiesta al presidente Santos que busca convencer que el conflicto en Colombia se reduce a la confrontación bélica y que está  punto de terminarla.

La movilización, de alcance nacional, que fue mirada con desdén desde estas tres distintas orillas, tuvo un éxito contundente. Los medios de comunicación oligárquicos no pudieron ignorarla y tenderle un cerco mediático. Amplios y diversos sectores de la sociedad se solidarizaron y la acompañaron. Procesos vacilantes al interior de la Cumbre Agraria terminaron por sumarse. Hubo un importante respaldo y movilización solidaria internacional desde diversos sectores populares y democráticos de nuestra América y Europa. Y el gobierno nacional se vio obligado a enviar a Santander de Quilichao a una delegación de alto nivel a discutir y buscar acuerdos, ante el fracaso de sus intentos por deslegitimarla, de sembrar confusión en la opinión pública, de su maquiavélico juego - que terminó siendo objeto de burlas - para dividir a la Cumbre Agraria, y de poner en tela de juicio su autonomía con el manido argumento de que el paro estaba infiltrado por el ELN.

La negociación representó avances importantes para la Cumbre Agraria en los ocho puntos del pliego mandatos para el buen - vivir, por la reforma agraria estructural territorial, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social, que seguramente tendrá que hacer cumplir en futuras jornadas de movilización. Algunos de los puntos acordados fueron los siguientes:

En el tema de tierras, territorios y ordenamiento territorial se acordó establecer una ruta concertada entre la Cumbre Agraria y el gobierno nacional para discutir la reforma a la ley 160 de 1994, de manera participativa y consultada. En este marco y mientras avanza dicha reforma, se planteó explorar la viabilidad jurídica y política para el reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas legítimas de hecho[1], no contempladas explícitamente en la ley 160 que normatiza solamente la Zonas de Reserva Campesina.En materia de garantías el gobierno nacional reconoció que la protesta social es un derecho que debe ser respetado y garantizado por todas las autoridades y, en particular, a la Minga nacional como un ejercicio de la misma, legítimo y constitucional. Se pactó la implementación de  un protocolo de tratamiento y protección a la protesta social.

En cuanto a tierras para el campesinado se estableció el compromiso de realizar una identificación física y jurídica de las tierras productivas con fines de redistribución para campesinos sin o con poca tierra. La legalización, en el marco de los planes de ordenamiento social de la propiedad, de los predios en posesión u ocupación por parte de familias campesinas en varios departamentos del país.

La exigencia de adjudicación de la Cumbre Agraria de dos millones de hectáreas no fue aceptada por el gobierno, bajo el argumento de no tener identificadas las tierras productivas disponibles.

Respecto al reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, el gobierno nacional se negó rotundamente. Tan sólo se comprometió a través del Ministerio de Agricultura a gestionar ante el DANE la inclusión de la “categoría” campesino en el censo nacional que se adelantará durante el segundo semestre de 2016 y el año 2017, indagando la tenencia y propiedad de la tierra, la demanda social agregada de tierras entre la población rural y el potencial de oferta pública y privada de tierras para redistribución.

En cuanto al fortalecimiento de la economía propia campesina el gobierno asumió el compromiso de impulsar un programa de compras públicas de productos campesinos que no interpretó una propuesta dirigida a fortalecer la soberanía alimentaria del país. La Cumbre, en el pliego del paro, exigía: “Compras públicas de cosechas, con precios de sustentación, bajo un sistema piloto para la comercialización, de conexión entre producción campesina y  mercados urbanos, y para el abastecimiento de instituciones y programas de gobierno con precios justos. La creación de un fondo de compra de cosechas con red de acopios y adquisición de al menos el 70 % de la producción de alimentos”[2].

Sobre territorios indígenas, el gobierno se comprometió a destinar cuarenta mil millones de pesos para cumplir los acuerdos pendientes con los pueblos indígenas, y a través de la Agencia Nacional de Tierras asignar tres mil millones de pesos anuales para la delimitación y demarcación de territorios ancestrales, conforme a lo establecido en el decreto 2333 de 2014.

En materia de territorios del pueblo negro se constituirá una comisión mixta para acordar la metodología de caracterización integral de los territorios afro de los procesos que hacen parte de la Cumbre Agraria, simultáneamente se formulará e implementará un plan de choque para agilizar la titulación colectiva y la compra de tierras que están en trámite.

En el tema de política minero- energética se constituirá una comisión mixta para revisar los títulos minero - energéticos y los contratos de concesión y asociación otorgados en los territorios campesinos, afros, indígenas y urbanos para verificar que se cumplan los parámetros legales, constitucionales y jurisprudenciales vigentes, así como el cumplimiento de las sentencias judiciales que protegen los derechos de estos pueblos y comunidades. El gobierno nacional se comprometió con el apoyo a la realización de un diálogo minero- energético y ambiental liderado por la Cumbre Agraria y la mesa social minero- energética, así como a tener en cuenta las recomendaciones que de este diálogo surjan para la construcción de una política en el tema. A la par, el gobierno financiará estudios pilotos independientes de evaluación social y económica de proyectos minero - energéticos en ejecución.

Una profunda discusión se dio alrededor del carácter de la participación de la sociedad en el proceso de paz que la Cumbre Agraria planteó en los siguientes términos: “Garantizar la participación autónoma, vinculante y decisoria del movimiento popular en el proceso de paz a través escenarios y mecanismos pactados. Los pliegos presentados y otros concertados por los movimientos sociales harán parte de una agenda social para la paz que junto a los mecanismos de negociación, actualmente existentes, entre el movimiento popular y el gobierno y otros que se generen, serán considerados como parte de la dinámica de participación de la sociedad”[3]. La delegación del gobierno, encabezada por el ministro del interior Juan Fernando Cristo, se opuso y develó la precariedad de la política de participación de la sociedad, coherente con el reduccionismo de la paz a la desmovilización de la insurgencia sin considerar la necesidad de cambios estructurales. A lo sumo que se llegó fue a la concertación futura de un mecanismo de participación efectiva e interlocución directa, que dejó abierto el debate y le plantea un reto al movimiento popular para situarse como un actor social y político protagónico en la disputa por los contenidos y alcances de la paz.

En la reunión con el presidente Santos, luego de la firma de los acuerdos, a propósito de la discusión sobre la participación del movimiento social popular y de la Cumbre Agraria en particular en el proceso de paz, la redujo a un status consultivo. El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, en declaraciones radiales señaló que “los integrantes de la Cumbre Agraria plantean una serie de cambios estructurales al modelo económico y social del país y (...) esos cambios estructurales no se pueden acordar en una mesa de negociación como esta”. Además, afirmó categóricamente que “no tomaremos decisiones en esa materia de espaldas a los colombianos, ni de espaldas al Congreso”. Adicionalmente, vetó el ejercicio de los derechos a la movilización y la protesta bajo el supuesto de que “el talante democrático del gobierno que mantiene abiertas las puertas al diálogo (…) hace innecesaria e injustificada cualquier movilización o protesta”[4]. En esa perspectiva el Nuevo Código de Policía, que restringe los derechos a la movilización y la protesta, refleja el real carácter del supuesto talante democrático del gobierno del presidente Santos.

De esta manera, el ministro hizo eco a la alocución presidencial a propósito de la presentación en Venezuela de la agenda acordada entre el gobierno y el ELN, en la que el presidente Santos manifestó  que “el gobierno tiene unas líneas rojas muy claras en sus conversaciones con las guerrillas, que no hemos traspasado – ni vamos a traspasar – ni un solo milímetro”, puntualizó además que “desde el principio hemos dejado en claro al ELN –tal como lo hicimos con las FARC– que la agenda para acabar la guerra no incluye la negociación de nuestro sistema económico o político, ni del régimen de propiedad privada. Ni mucho menos temas relacionados con la doctrina militar o nuestra fuerza pública”[5]. Esas claras líneas rojas, según las declaraciones del ministro Cristo, también se extienden a los movimientos populares. Esta postura configura una contradicción de fondo con la Cumbre Agraria que en su pliego plantea la necesidad de cambios sustanciales en las políticas sociales, económicas, culturales, de derechos humanos y la doctrina de seguridad nacional.

El reinicio de las negociaciones en la mesa única nacional, se ha caracterizado por el incumplimiento por parte del gobierno de los protocolos  y las agendas para que las mesas temáticas y sectoriales tengan el nivel acordado. El argumento sobre la necesidad de concertar una metodología de negociación, entreverado con discusiones sobre la pertinencia de negociaciones en temas sustanciales que implican cambios en las políticas públicas, las cuales se reduce a diálogos con la Cumbre Agraria para que presente sus puntos de vista sin que implique llegar a acuerdos políticos, confirma la postura del gobierno nacional sobre las “claras líneas rojas” y la intención de embolatar los acuerdos suscritos en la Minga. Este escenario anuncia nuevas movilizaciones para que el movimiento popular logre situarse como actor social y político protagónico y determinante en el escenario de disputa sobre los cambios necesarios para una paz con justicia social y ambiental.

 


 

[1] Territorios Campesinos Agroalimentarios, Consejos territoriales agroecológicos, Zonas Agroalimentarias, Zonas de biodiversidad, entre otras figuras.

[2] Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, Propuesta política para la negociación presentada al presidente Santos el  1 de junio de 2016.

[3] idem

[4] Radiosuperpopayan.com noticias cumbre agraria

[5] http://es.presidencia.gov.co/discursos/160330-Alocucion%20del%20Presidente%20Juan%20Manuel%20Santos%20sobre%20el%20acuerdo%20de%20dialogos%20para%20la%20paz%20entre%20el%20Gobierno%20Nacional%20y%20el%20ELN


[1] Denominación que le dio la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular al paro nacional realizado entre el 30 de mayo y el 12 de junio de 2016.

[2] Creada mediante el decreto 870 del 8 de mayo de 2014.

 

 

Publicado en Julio 01 de 2016| Compartir
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