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La situación triste de la agricultura colombiana se descubre en su sector supuestamente más desarrollado, la producción de caña de azúcar para fabricar etanol. El país no puede exportar ni una gota de etanol, porque el costo de producción supera en 50% el de Brasil y Estados Unidos. Un estudio contratado por los empresarios agrícolas demostró que la tierra del Valle del Cauca es la más cara para caña en el mundo.[1]El café, orgullo de Colombia por su calidad, está en la olla. Su producción se redujo a la mitad y Colombia pasó de ser el segundo productor mundial a ser el cuarto, superada primero por Vietnam que ahora produce tres veces más cantidad y que aunque produce la mitad que Brasil es desde agosto el primer exportador y además superada desde 2011 por Indonesia. Para completar, Colombia importa ahora café de Perú y otros países. Desastre.[2]
[1] El País (2007) “Amargo debate por precio de la caña”; El País, Cali, 23 de febrero de 2007. [2] Robledo, Jorge Enrique (2012 “En la peor crisis cafetera, presuntos detrimentos patrimoniales en el Fondo Nacional del Café por más de $60 mil millones, dice Robledo”, 20 de marzo de 2012.
La estrategia exportadora de otrora está agotada. El mercado internacional de las flores continuó en crisis, en 2011 se redujeron las exportaciones en 29,7% y la producción bajó 5,6%. Mala también fue la situación del banano, cuyas exportaciones se redujeron 5,8%, en tanto las reducciones de producción habían alcanzado ya 4% y 1,8% en 2009 y 2010. Colombia está importando cada vez más productos agropecuarios, entre ellos la casi totalidad del trigo, la cebada y la soya que consume y más del 70% del maíz, productos caros en el mercado mundial.
En 2010 el país importaba 10,5 millones de toneladas de productos agropecuarios y agroindustriales, que costaron 5.647 millones de dólares[3]. Las importaciones del sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura aumentaron de 799 millones en el 2000, a 2.543 millones de dólares en 2011[4]. Se destacaron las importaciones de maíz, soya, trigo, algodón, cebada, frutas y legumbres. [5] El país ha perdido su soberanía alimentaria. Las tierras de Colombia son las más caras de la región y su precios son hasta cuatro o cinco veces mayores que en Ecuador, Brasil o Costa Rica [6], al tiempo que el crecimiento de la producción agrícola es el más pequeño en Latinoamérica[7]. La causa de los altos precios de la tierra es la concentración especulativa de su propiedad.
El índice Gini que mide la concentración de la propiedad de la tierra, entre 0 y 1, llegó en 2009 a 0,875[8]. Este era de 0,867 en 1960 y de 0,840 en 1984. El hecho de mantenerse siempre por encima de 0,8 indica una alta concentración estructural histórica, pero las variaciones de centésimas, son cruciales cuando se trata de estudiar los fenómenos ocurridos en los últimos 50 años: las políticas de reforma agraria limitada y estímulo a la empresa agropecuaria permitieron reducir la concentración en casi 3 centésimas, pero en el período reciente la relatifundización la elevó de nuevo en tres y media. Esta agudización del problema ha tenido sus epicentros. En 2000, Antioquia era el sexto departamento en concentración de la propiedad de la tierra se refiere con un índice de Gini de 0,86, pero en 2009 pasó a ser el primero con un índice de Gini de 0,91, el más alto del país, junto con el del Valle, que pasó de 0,89 a 0,91[9] .
La tierra no se concentra para ponerla en producción de acuerdo con las calidades del suelo, sino para monopolizarla, aumentar su precio y elevar la renta que obtienen con ella los grandes propietarios. Este uso ineficiente de la tierra baja la competitividad y productividad agraria. Existe por ello una subutilización de tierras óptimas para la agricultura, ya que del total de la superficie con vocación agrícola y silvoagrícola, 21’500.000 de hectáreas sólo se utilizan 4’900.000 de hectáreas[10] .
La llamada “apertura económica”, al desatar las importaciones agropecuarias, lejos de lograr que la competencia estimulara, mediante las leyes del mercado, la competitividad del sector agropecuario colombiano, causó todo lo contrario. El área cosechada anual se redujo hasta en 22% con respecto a 1990 y siempre ha sido 15% inferior a ese año[11]. El problema de la tierra desperdiciada se agudizó. La apertura produjo además un viraje en las fuentes de la renta de la tierra. El descenso de la rentabilidad agropecuaria condujo a los acaparadores a tratar de obtener rentas diferenciales de ubicación en las zonas donde se efectuaban inversiones de otros sectores, como la construcción de vías, hidroeléctricas y otros megaproyectos y las explotaciones petroleras y mineras. La “locomotora minera” es hoy pues la otra cara de la moneda del estancamiento de la agricultura por la concentración de la propiedad de la tierra.
La tierra agrícola se está desperdiciando, porque el latifundio no la quiere para producir, sino para “engordar”, para que su precio aumente, como resultado de la inversión del estado y de la minería y las explotaciones petroleras. En Colombia, en términos de Keynes[12] existe una situación en que la “prima a la tenencia de la tierra” supera la rentabilidad de la inversión agropecuaria. El acaparamiento de 16,6 millones de hectáreas aptas para la agricultura constituye un obstáculo enorme para el desarrollo rural. Elevar la renta de la tierra de los grandes propietarios ha significado despojar al campesino, al indígena y al afro; paralizar la inversión productiva agropecuaria y sobreexplotar al trabajador agrícola. Las altas rentas territoriales se identifican directamente con salarios bajos, el alto nivel del precio de la tierra coincide con el bajo nivel del precio del trabajo[13] ,logrado con diferentes mecanismos que tratan de ocultar la relación laboral como las mal llamadas “cooperativas de trabajo asociado” o “contratos sindicales”. Alimentos caros, hambre del trabajador. Círculo vicioso en el cual, el empresariado agrícola colombiano perdió el ritmo de la competitividad, la productividad y la modernización, las tres ofertas que le hacían a la sociedad.
En una situación así es inútil esperar que las “leyes del mercado” resuelvan el problema. Por el contrario, un mercado de tierras especulativo y monopolizado tiende a perpetuar el estancamiento agropecuario. La situación empeora cuando el acaparamiento de tierras se rige por la ley del revólver como ha sucedido con el desplazamiento forzado en Colombia. Desde la vigencia de la Ley 160 de 1994 hasta 1998, se estableció el programa de mercado subsidiado de tierras propuesto por el Banco Mundial en diferentes países. En sus primeros cuatro años, este programa subsidió la adquisición de un promedio de 38.625 hectáreas al año, con un mayor alcance en 1996, año en que fue subsidiada la compra de 71.616 hectáreas para 4.633 familias. Desde 1999 se produjo el marchitamiento del programa hasta el intento de desaparición definitiva de los programas de redistribución de tierras.
En 1999 el Incora subsidió la adquisición de 10.454 hectáreas para 845 familias y los programas de adquisición del instituto sumaron 18.018 hectáreas; en 2000 solamente subsidió la compra de 7.088 para 646. Este programa no tocó las tierras de los grandes propietarios y apenas tuvo una pequeña incidencia en un segmento del mercado, las ofertas de los medianos propietarios, con un promedio de 223 hectáreas hasta 1997 y de 180 hectáreas entre 1998 y 2001, por fuera del circuito de las tierras mejor ubicadas y de mejor calidad[14] .El gobierno de Andrés Pastrana priorizó el programa de subsidio “alianzas estratégicas” entre pequeños y grandes propietarios. El gobierno de Alvaro Uribe expidió el Decreto 1300 de 2003 que unificó, en el Incoder, al Incora con otros tres institutos destinándole a la nueva entidad un presupuesto semejante al que manejaba el Incora. Fue un entierro de pobres para el programa del Banco Mundial.
La ley 1152 de 2007 o Estatuto Rural, que fue declarada inconstitucional, intentó demoler las conquistas campesinas e indígenas obtenidas desde 1926. Por ejemplo, estableció la validez de las escrituras no originadas en el Estado, fabricadas hasta 1997, con lo cual permitía legalizar despojos de tierras hechos por grandes propietarios; ordenó adquirir grandes predios incultos a los cuales se podía aplicar la extinción de dominio y en cambió permitió aplicarla a los predios menores de 300 hectáreas. Le retiró al Incoder las funciones relacionadas con extinción de dominio, adjudicación de baldíos, deslinde y clarificación de propiedad, así como la constitución y/o ampliación de resguardos y territorios colectivos de comunidades negras, desvertebrando el ordenamiento social de la propiedad. Se trataba de medidas destinadas a afianzar el proceso de alta concentración de la propiedad, mientras se reducía a su menor expresión cualquier esfuerzo de redistribución de tierras.
En 2008, 16.009 familias presentaron solicitud al Incoder para 1.254 proyectos subsidiados; fueron seleccionadas apenas 768 familias con 134 proyectos productivos para la adquisición de 7.221 hectáreas. En cuanto a los desplazados, lograron presentar su solicitud 5.534 familias de las más de medio millón de familias campesinas desplazadas por la violencia. Solicitaron 402 proyectos. Los técnicos únicamente encontraron como elegibles 68 de estos proyectos en beneficio de apenas 562 familias. Pero, tragedia, los recursos presupuestados solamente alcanzaron para 37 proyectos de 357 familias, apenas el 6,45% de las familias solicitantes y el 0,06% de las desplazadas por la violencia.[15]
En cuanto a la legislación de tierras el gobierno actual ha dado muestras claras de que sigue el modelo vigente de alta renta de la tierra y dependencia de las importaciones agrícolas y quiere profundizarlo. Por ejemplo, quiere elevar de 3 a 5 años el plazo para la extinción del dominio en fincas no aprovechadas de ninguna forma, en total contradicción con el diagnóstico oficial sobre el gigantesco desperdicio de tierras aptas para la agricultura y ha insistido en que las empresas se desarrollen a costa de tierras de los campesinos en lugar de establecerse en las áreas aptas de grandes propiedades que no están cultivadas.
Así, en la Ley 1450 del Plan Nacional de Desarrollo quiso imponer la “flexibilización de la UAFl”, permitiendo que tierras tituladas a colonos campesinos que las trabajaron previamente y tierras adquiridas por campesinos con subsidios del Incoder, pudieran ser transferidas a grandes empresarios. El campesino vendería barato por ser un colono que adquirió con trabajo o el beneficiario de un subsidio y al otro día el comprador tendrá una tierra cara y así cualquier inversión suya será rentable.
El inversionista comprador vería cómo rápidamente la finca que compró subía de precio “como por arte de magia” y aunque su objetivo inicial fuera producir, se desviaría hacia un negocio mejor, la valorización de la finca. Se inflaría así una burbuja de tierra. Aunque se creara una empresa agrícola, el efecto macro de pasar la tierra al mercado financiero, terminará siendo un obstáculo mayor para la inversión agropecuaria en el resto del país. Se incrementaría la “prima a la tenencia de la tierra”, desalentando la inversiones productivas. La Corte declaró todo esto inconstitucional.
En la ley de víctimas, se establece que el desplazado tenga que aceptar que el reintegro jurídico de la tierra no se vea acompañado de su devolución efectiva y que empresas establecidas sin su autorización continúen en su tierra, convirtiéndolo así en arrendador forzado. Aquí se trata de otro caso en el cual el empresario en vez de invertir en tierras aptas para la agricultura que están desperdiciadas, desplaza al campesino, manteniendo la alta renta de la tierra.
Otro tanto vale la insistencia en el regresivo derecho de superficie en el proyecto de ley de tierras, cuyo sentido es garantizar la especulación con la tierra en los mercados financieros. El proyecto del gobierno quiere echar atrás garantías conquistadas por los pueblos indígenas para que sus territorios no sean adjudicados a particulares: excluye de los territorios protegidos contra esas adjudicaciones las áreas que no son de asentamiento sino que constituyen el hábitat de esos pueblos o sirven para su agricultura itinerante o la caza y recolección. Elimina la norma que protege las reservas indígenas. Quiere además recortar el derecho adquirido por los indígenas sobre los resguardos coloniales y desconocer la propiedad de las tierras que han dejado de poseer los desplazados.
La regresividad del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural del gobierno se demuestra entonces en cuestiones claves, que han sido el motivo de muchos conflictos agrarios:
a. Elevar a 5 años el término para la extinción de domino de predios incultos, que actualmente es de 3 años.
b. Las normas sobre clarificación de la propiedad eliminan el importante concepto de “títulos originarios del estado” y permite establecer la propiedad originada en cualquier “negocio jurídico”. Esto facilitará la legalización de despojos de tierras de la nación y particulares.
c. Las normas sobre “formalización” de la propiedad que prolongan la ley 1182 de 2008, permiten también la legalización de despojos.
d. El golpe a los derechos de los indígenas al eliminar o sustituir normas por ellos conquistadas en las leyes 30 de 1988 y 160 de 1994.
e. El establecimiento de monopolios de comercialización de alimentos y otros productos agropecuarios en las ciudades.
Un proyecto con estos elementos no es modernizador como algunos creen. Por el contrario, al sostener la elevación especulativa de la renta de la tierra prolonga el estancamiento del sector agropecuario y crea condiciones para los despojos violentos y el desplazamiento. Así, las prioridades en el área rural son la minería, la explotación de petróleo y la generación hidroeléctrica.
La Mesa de Unidad Agraria ha elaborado un proyecto alterno de ley rural que muestra que hay un movimiento campesino dispuesto a sembrar y cosechar la paz. El proyecto alternativo parte de la necesidad de que los 16,6 millones de hectáreas aptas para la agricultura que están desperdiciadas sean utilizadas y rechaza la idea de que los inversionistas despojen al campesino y reduzcan los bosques en vez de aprovechar las extensiones ahora incultas. Tiene como objetivos la recuperación de la soberanía alimentaria, la defensa de la diversidad étnica y cultural y los derechos territoriales de los grupos étnicos; la reivindicación de la importancia del fortalecimiento de la economía campesina y del papel de la mujer rural y el establecimiento de medidas que conduzcan a la protección del ambiente, el adecuado aprovechamiento del suelo y la reversión de la extrema concentración de la propiedad de la tierra mediante la redistribución. Rechaza cualquier formalización de la falsa tradición y cualquier norma que permita legalizar despojos.
El proyecto parte de la importancia actual de la economía campesina en la producción agropecuaria y el abastecimiento de alimentos. Hay que tener en cuenta, que a pesar de todo tipo de circunstancias adversas, la contribución del campesinado es decisiva en la alimentación de los colombianos. En el 2002, mantenía el 67,3% del área sembrada del país en cultivos legales y el 62,9 del valor de la producción agrícola[16]. Entre 2004 y 2007 la agricultura familiar respondía por el 62,1% del área sembrada y el 60,4% del valor de la producción agrícola, excluidos café y flores[17]. El 78% del área en café es campesina y el 74% de la producción nacional de maíz.[18]
La Encuesta Nacional Agropecuaria destaca la participación campesina, tanto en área como en producción, en cultivos como cebolla larga (98%), haba (96%), cebolla cabezona (89%), papa (82%), fríjol (81%), cacao (81%), arveja (79%), zanahoria (79%), banano (75%), café (74%), caña panelera (70%) y plátano (70%). Aunque minoritaria su participación es importante en el número cerdos (35%), especies menores (38%), vacas lecheras (25%), aves (17%) y bovinos para carne (12%)[19]. En Colombia, son los pequeños productores los que dedican mayor porcentaje de su finca a la agricultura. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2005, 51% del área cosechada era de unidades campesinas[20].
En el campo internacional, la idea según la cual la pequeña propiedad no puede ser dinámica y competitiva no tiene base. Vietnam es un país en el cual no existe el latifundio y la unidad agrícola familiar no supera 6 hectáreas y en algunas regiones es de apenas una. De ser un importador, Vietnam se convirtió en el segundo exportador mundial de arroz y actualmente es el segundo productor y primer exportador de café y segundo exportador de nuez de marañón y, un gran productor de ñame y de té. Esto a partir de un decreto de 1981 que promovió el predominio de las parcelas familiares y el respeto y fomento de la iniciativa campesina. A partir de ahí, la agricultura vietnamita se convirtió en un éxito de dimensión mundial[21]. La producción de alimentos pasó de 18,4 millones de toneladas en 1984, a 33,8 millones en 1999[22]. Un factor clave del éxito vietnamita, ha sido la generación y transferencia de tecnología, por el Instituto de Ciencias Agronómicas y más de 40 institutos estatales y de organizaciones no gubernamentales, dedicados sistemáticamente a la investigación sobre problemas agropecuarios específicos, por ecosistema, producto, forma de producción y problema a resolver, que en total empleaban, en 2003, a 2.964 científicos[23] . Bien se ha dicho que no basta la tierra y el modelo vietnamita tiene como elementos además de la tierra, tecnología propia.
En Brasil, un ejemplo latinoamericano destacado de la expansión de los grandes agronegocios, la agricultura familiar tiene un papel muy importante[24], respondiendo por la mayoría de la producción de alimentos. Las investigaciones han demostrado la eficiencia de la agricultura familiar y su capacidad para aprovechar mejor los recursos de tierra y el crédito en el estado brasilero de Minas Gerais[25] y en todo Brasil[26]. Aunque Brasil ha sido un país con alta concentración de la propiedad de la tierra, la existencia de un fuerte movimiento campesino que ha presionado al cumplimiento de la función social de la propiedad y la protección de la producción nacional con impuestos a las importaciones, han impulsado el crecimiento de la producción agropecuaria. El modelo colombiano con alta renta de la tierra, multiplicación de las importaciones, cero generación de tecnología y ausencia de institucionalidad agropecuaria, es todo lo contrario de un modelo de desarrollo rural.
[3] Restrepo, Juan Camilo (2011) “Informe de Rendición de Cuentas (Gestión 2010-2011)” Bogotá. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, p. 8
[4] DANE (2012) “Colombia, importaciones según clasificación CIIU. 2000-2011”.
[5] Ministerio de Comercio Exterior (2011) “Importaciones colombiana de productos por sectores agroindustriales. Período enero –diciembre 1991 – 2010”. Bogotá.
[6] Portafolio (2009) “Colombia tendría la tierra más cara de la región, según estudio de la SAC”, 30 de octubre de 2009.
[7] CEPAL, Anuario Estadístico 2010.
[8] PNUD (2011) “Colombia Rural: Razones para la Esperanza”. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, p. 197.
[9] PNUD Op.cit. p. 200.
[10] DNP (2010) “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos”. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, p. 172.
[11] MADR Anuarios Agropecuarios.
[12] Keynes, John Maynard (1936) Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México: Fondo de Cultura Económica, quinta edición, 1958, p. 232.
[13] Marx, Karl 1894. El Capital III. México. Fondo de Cultura Económica, 2ª ed. 1959, p. 586.
[14] Mondragón, Héctor (2005) “Colombia: mercado de tierras o reforma agraria”; El Banco Mundial y la Tierra: 144. San José, Costa Rica: Viramundo - DEI.
[15] Sintraincoder (2009) “Las Convocatorias para el Subsidio De Tierras 2008: Entre la Farsa, el fracaso y la Fechoría”; Realidad Rural, marzo de 2009.
[16] Forero, Jaime (2002) “Campesinado, mercado y cambio técnico, a propósito de prejuicios”. Cuadernos Tierra y Justicia 2. Bogotá: ILSA.
[17] Forero, Jaime (2010) “Economía Campesina, Pobreza y Desplazamiento en Colombia” ; J. Forero A. (ed.) El campesinado colombiano: 64. Bogotá: Universidad Javeriana.
[18] Forero (2002) Op.cit.
[19] Garay, Luis Jorge; Fernando Barberi e Iván Cardona (2010) “Impacto del TLC con Estados Unidos sobre la economía campesina en Colombia”; J. Forero A. (ed.) El campesinado colombiano: 41.
[20] Garay et.al. Op.cit. p. 42.
[21] Merlet, Michel (2002) “La serie de reformas agrarias y el éxito de la agricultura familiar”; Fondo Documental Dinámico sobre la gobernanza de los recursos naturales en el mundo. AGTER. Fuente: Dao The Tuan (2001) “Communications écrites et orales à l’atelier Agriculture paysanne et réformes agraires du Forum Social Mondial”, IRAM - APM - CONTAG, Porto Alegre.
[22] Bui Ngoc Hung et Duc Tinh Nguyen (2002) “Le développement de l’agriculture vietnamienne au cours des 15 dernières années”; Vertigo 3:2.
[23] Bui Ngoc Hung et Duc Tinh Nguyen (2002) “Le développement de l’agriculture vietnamienne au cours des 15 dernières années”; Vertigo 3:2.
[24] Júnia, Raquel “Agronegócio não garante segurança alimentar”; Adital, 29 de março de 2011.
[25] CPT “Agronegócio no MS perde em eficácia para a agricultura familiar camponesa”; Ecdebate, 13 de janeiro de 2011.
[26] Caume, David José “Segurança Alimentar, Reforma Agrária e Agricultura Familiar”; Revista da UFG 5 (1) PROEC, abril de 2003.
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