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Contexto

La paz y la eco-territorialidad campesina. Tensiones, dilemas y oportunidades

Alejandro Mantilla, Colombia, Diciembre 22 de 2016, Este artículo ha sido consultado 30 veces

El avance en la búsqueda de solución política del conflicto social y armado es una buena noticia para el país. La implementación de los acuerdos con las FARC-EP y el inicio de los diálogos con el ELN, son dos escenarios que generan retos para los movimientos sociales de oposición y las comunidades que se han opuesto al modelo económico y el régimen político vigente.

Uno de esos movimientos es el campesino. No en vano el resurgir de la movilización campesina coincide con el período de negociaciones de paz. El ejemplo por excelencia es el Paro Agrario de agosto 2013, acontecimiento que ya ganó el carácter de hito histórico para las luchas campesinas en Colombia. En la línea de tiempo de las luchas sociales contemporáneas, esas jornadas de movilización son un "parteaguas" en la memoria colectiva. Varias razones me llevan a lanzar tal afirmación.

 

 

En primer lugar, la capacidad de movilización desplegada entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre de ese año por las tres organizaciones protagonistas - el Coordinador Nacional Agrario (CNA), la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA) y las Dignidades Agropecuarias -, no se había visto en la historia reciente[1].

Aunque la prensa habló de diez departamentos afectados, análisis más juiciosos hablaron de protestas y movilizaciones en al menos quince departamentos del país (Ver mapa anexo). Además, el Paro generó manifestaciones de simpatía en varias de las principales ciudades del país, como pudo constatarse en Bogotá, Tunja, Medellín, Pasto y Popayán, situación con pocos precedentes en el país. En tercer término, los pliegos de peticiones lanzados en esa movilización mostraron el enriquecimiento de las agendas políticas del movimiento agrario. Como lo expresé en su momento[2], a pesar de las tensiones y las limitaciones de las exigencias, las organizaciones agrarias combinaron reivindicaciones específicas, como subsidios y regulación de precios, con propuestas de mayor alcance que cuestionaron el núcleo del modelo neoliberal y extractivista que quebró la economía nacional, generó mayor desigualdad en el campo y puso en riesgo los territorios donde habitan millares de comunidades rurales. Por último, el Paro de 2013 constituyó el inicio de la articulación entre campesinos, indígenas y afrocolombianos que cristalizó en el nacimiento de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular al año siguiente. 

En los dos años siguientes los paros y las mingas tuvieron continuidad, aunque con menor contundencia, en razón de la dificultad para generar una coincidencia de esfuerzos movilizadores. No obstante, en la minga de mayo y junio de 2016, la movilización volvió a tener alcance nacional, llegando a contar con más de cien puntos de protesta, así como una rica articulación interétnica protagonizada por el Congreso de los Pueblos, el Coordinador Nacional Agrario (CNA), la Marcha Patriótica, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Movimiento Ríos Vivos[3].

La reciente persistencia de los paros agrarios es reflejo de un período histórico que evidencia un interesante ascenso de la movilización social. El trabajo de Mauricio Archila en el Cinep ha revelado el aumento del número de protestas en diversos lugares del territorio nacional, así como los motivos de tales acciones colectivas: el factor que genera mayor número de movilizaciones tiene que ver con el rechazo de políticas de Estado (19 %), seguido por reivindicación de derechos (15 %), incumplimiento de pactos (15 %) y exigencia de servicios sociales (14 %)[4].

En mi análisis de la minga de 2016, planteé que "tal ordenación de los motivos de la protesta muestra que la movilización estaría orientada principalmente al rechazo de la implementación del modelo económico expresado en políticas que resultan impopulares; a la reivindicación de derechos y la exigencia de bien-estar social; y al incumplimiento de acuerdos por parte del Estado colombiano"; en ese sentido, la minga de 2016 convocada por "la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, se inserta en esas tendencias sobre los motivos predominantes de la movilización en los últimos tiempos: rechaza las políticas impulsadas por el gobierno nacional, reivindica derechos y bien-estar, y resalta los acuerdos incumplidos por el Estado colombiano"[5].

 

De la tierra al territorio

El renacer de la movilización campesina tiene como correlato una reformulación de sus agendas y propuestas. La principal transformación radica en un cambio de énfasis, al conjugar la exigencia tradicional de propiedad individual con la procura de la gestión colectiva del territorio. Tal concepción se evidencia en el primer punto del pliego de la Cumbre Agraria redactado en el año 2014:

El país necesita un proceso de Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias.

Por lo anterior, exigimos y mandatamos:

Que sean las comunidades y los pueblos quienes definan cuáles deben ser los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades agrarias, de acuerdo a una política diferencial propia que incluya a las distinciones étnicas, regionales y productivas, y que garantice la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos.

El ordenamiento territorial exigido tendrá como base la definición y el respeto de las figuras colectivas de gobierno propio y defensa del territorio, incluyendo:

  • Resguardos indígenas y territorios ancestrales
  • Territorios colectivos afrocolombianos
  • Zonas de Reserva CampesinaZonas agroalimentarias
  • Zonas de biodiversidadTerritorios interétnicos e interculturales
  • Otras formas de ejercicio de la territorialidad de las comunidades. Estas tendrán el carácter de inalienables e imprescriptibles[6].  

 
   

No es una casualidad que esta sea la exigencia que abre el conjunto de mandatos y exigencias de la Cumbre. Aquí se condensa la perspectiva política campesina del siglo XXI, una posición que empezó a consolidarse con el Mandato Agrario de mayo de 2003 y que revela el enriquecimiento de la agenda de estos movimientos. En este punto del pliego se destaca la combinación entre exigencia y mandato, esto es, la mixtura entre la exigencia de política pública redistributiva al Estado, y la consolidación de autogobierno - autogestión en los territorios. En segundo término, gana fuerza la exigencia de ordenamiento territorial, esto es, de redefinir los usos, límites y regulaciones del territorio, tanto para proteger el ambiente, como para garantizar la producción de alimentos.

Lo anterior implica, en tercer lugar, un cambio crucial en la comprensión de las luchas sociales agrarias, pues se teje un vínculo entre la exigencia de dotación de tierras para las familias que carecen de ella, con la protección comunitaria del territorio compartido. Así la insistencia en la lucha por la redistribución de tierras, se ve acompañada con el proyecto de defensa del ambiente y los bienes comunes. De esta manera se redefine la comprensión de la reforma agraria, que sin abandonar la búsqueda de tierras para las familias, también persigue la consolidación de territorios para el buen vivir.    

 

 

Los territorios campesinos como eco-territorialidad

La creciente importancia de la territorialidad del movimiento campesino colombiano entra en sintonía con las demandas recientes que se expresan en el continente. Para Maristella Svampa, los movimientos sociales en América Latina pasan por un proceso marcado por el giro eco-territorial, definido por el "cruce novedoso entre la matriz indígena - comunitaria y el lenguaje ambientalista, cuyo resultado ha sido la potenciación de un lenguaje de valoración acerca de la territorialidad, que se opone al discurso ecoeficientista y la visión desarrollista, propia de la narrativa dominante"[7].   

Sectores importantes del movimiento campesino colombiano también pasan por ese giro eco-territorial, y tal vez allí encontramos un rasgo clave de sus luchas en el siglo XXI. Su contacto con los movimientos indígenas y afrocolombianos enriqueció su manera de comprender la territorialidad como programa político. Por otro lado, el lenguaje ambientalista, en clave de ecologismo popular, es tanto una complejización de perspectivas, como una reacción frente al modelo de despojo que ha sufrido en las últimas décadas. El desplazamiento forzado, la reconcentración de la tenencia de la tierra, el crecimiento del agronegocio, la explosión de títulos mineros, la expansión de hidroeléctricas o el despojo legal mediante la aplicación de figuras como la utilidad pública, generaron nuevas formas de resistencia y de contrapoder forjado en la defensa de los territorios y los bienes comunes. No en vano la minga campesina e indígena de 2016, fundió las reivindicaciones campesinas con diversas expresiones populares de defensa del territorio. Entre ellas se destacan: la lucha de los U’wa en defensa del nevado del Cocuy (El monte sagrado zizuma); las denuncias de afros, indígenas y campesinos contra la minería que hizo desaparecer al río sambingo; la lucha de las mujeres afro del norte del Cauca encabezadas por Francia Márquez; la lucha de los indígenas wayúu y los trabajadores de Sintracarbón contra el desvío de arroyos en la Guajira; la valiente lucha del Movimiento Ríos Vivos contra los megaproyectos hidroeléctricos en Santander, Antioquia, Cauca y Huila.

En ese sentido, la matriz comunitaria y el lenguaje ambiental se funden y concretan en un proyecto territorial campesino. Ese es el sentido del proyecto de ecoterritorialidad puesto en marcha con la propuesta de Territorios Campesinos Agroalimentarios en departamentos como Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Norte de Santander, sur de Bolívar y sur del Huila, entre otras regiones. 

 “El desplazamiento forzado, la reconcentración de la tenencia de la tierra, el crecimiento del agronegocio, la explosión de títulos mineros, la expansión de hidroeléctricas o el despojo legal mediante la aplicación de figuras como la utilidad pública, generaron nuevas formas de resistencia y de contrapoder forjado en la defensa de los territorios y los bienes comunes.”

A finales de noviembre de 2016 se proclamó el primer Territorio Campesino Agroalimentario en San Pablo, Nariño. Este territorio abarca alrededor de 15 municipios del sur del Cauca y el norte de Nariño, en una zona rica en agua, producción agrícola, biodiversidad y cultura campesina. Como bien plantea Carlos Duarte en un artículo reciente, los territorios campesinos no son patrimonio de una organización agraria o de una determinada tendencia política, sino que expresan un proyecto comunitario de defensa del territorio, la vida y la cultura:  

"...los TCA no buscan ser la expresión aislada e independiente de un sector poblacional que se organiza contra el resto de la sociedad. Todo lo contrario, el trabajo previo de este evento ha implicado la realización de cerca de 45 asambleas municipales (3 por municipio); la asistencia de varios alcaldes que integran su territorialidad con el motivo de su lanzamiento en la esfera pública, la presencia de representantes del Ministerio de Agricultura; así como de 2.500 campesinos liderados por el Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC, el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica. Durante la jornada de lanzamiento, las diversas intervenciones campesinas remarcaron que la figura de Territorio Campesino Agroalimentario debía servir como un dispositivo articulador entre las necesidades de las poblaciones campesinas y los representantes de la política pública local y sectorial"[8].

De acuerdo con los documentos elaborados por el Coordinador Nacional Agrario (CNA), los Territorios Campesinos Agroalimentarios se constituyen como formas de protección y pervivencia cultural del campesinado, de garantía de sus prácticas de gobierno propias en sus espacios de prevalencia y existencia, así como espacios donde se fortalece y consolida la economía campesina. Un proyecto de eco-territorialidad desde la vida campesina, que propugna por defender los modos de vida del campesinado, su cultura, su economía y, sobre todo, la defensa de los bienes comunes necesarios para la reproducción de la vida familiar y colectiva.

 

La eco-territorialidad como proyecto de paz transformadora

La coincidencia entre el ascenso de la movilización campesina y los avances en la búsqueda de solución política del conflicto, puede comprenderse por la tensión generada entre la búsqueda de cambios sociales que generen una paz estable y duradera, y la profundización del modelo económico que bloquea el alcance de esos cambios. En ese orden, el período actual abre paso a una disputa de larga duración, que pasa por abrir escenarios reales de debate nacional sobre los cambios que requiere el fin de la guerra, en el espíritu de una propuesta como la mesa social para la paz, así el reto del cumplimiento de acuerdos y su implementación, reto que también traerá consigo movilización social y exigencias de cumplimiento.

Sin embargo, la pregunta por la solución política del conflicto no anula el debate sobre cuál es el modelo de sociedad, de Estado y de economía que los diversos sectores políticos persiguen. Esta discusión desborda los acuerdos de paz con las insurgencias, pues muchos movimientos sociales tienen aspiraciones de cambios profundos, mientras los sectores que gobiernan buscan profundizar el modelo político y económico vigente. Tal debate no se separa de las diferencias entre las diversas concepciones de paz que defienden los sectores sociales en conflicto:

  • La concepción minimalista: El objetivo de la paz es permitir el tránsito de la insurgencia hacia la conformación de partidos y movimientos políticos legales. En ese orden, los procesos de paz están encaminados a delinear las instituciones políticas que permitan tal participación política de la insurgencia.
  • La concepción instrumental: Defendida especialmente por sectores empresariales y por el gobierno nacional, concibe la paz como una oportunidad para brindar mayores garantías para la inversión y así lograr un mayor crecimiento económico. Como planteó el Departamento Nacional de Planeación en las bases del Plan de Desarrollo 2014 - 2018, “La violencia y la inseguridad no solo afectan de manera directa la calidad de vida, sino que desestimulan la inversión, con grandes efectos negativos sobre el crecimiento económico”[9].
  • La concepción transformadora: Plantea que avanzar hacia el fin del conflicto armado requiere incorporar las agendas de las organizaciones sociales en la discusión sobre la paz, y que sean estas organizaciones, con sus propias vocerías, quienes puedan defender tales agendas en diversos espacios de participación. Para el caso de los movimientos sociales populares, tales agendas incorporan exigencias transformadoras del régimen político y el modelo económico vigente.

 “Los territorios campesinos no son patrimonio de una organización agraria o de una determinada tendencia política, sino que expresan un proyecto comunitario de defensa del territorio, la vida y la cultura.”

La propuesta de los territorios campesinos agroalimentarios se plantea entonces como una propuesta de construcción de paz transformadora, basada en la defensa del ambiente y los modos de vida campesinos. La eco-territorialidad campesina y su visión de paz se diferencia de la concepción minimalista y la concepción instrumental. Se diferencia de la visión minimalista, al defender nuevas formas de gobierno propio y de consolidación de lo público - popular que rebasan las fronteras de la democracia representativa; y entra en abierto conflicto con la concepción instrumental al oponerse a los proyectos extractivistas que podrían expandirse por las regiones tras la firma de los acuerdos de paz, como ya se evidencia en los departamentos de Caquetá y Putumayo.

La consolidación de esta territorialidad propia, puede evitar que se sigan incubando nuevos factores de violencia tras la firma de acuerdos de paz con las insurgencias. Dentro de ellos se cuenta el desorden territorial propiciado por el modelo económico vigente, la persistencia de una política agraria que no ha favorecido a la economía campesina, la expansión de los cultivos de coca, amapola y marihuana, y el ascenso de la explotación minera no legal. Tales situaciones pueden constituir amenazas contra las comunidades rurales en la era del pos acuerdo, como la nueva dispersión de disputas violentas por el control territorial, apalancada por el negocio del narcotráfico o de la minería no legal, así como la profundización de megaproyectos que vulneran el ambiente y socavan los modos de vida de las comunidades campesinas.

Por lo anterior, los acuerdos de paz deben generar soluciones que frenen la amenaza de las posibles nuevas violencias en la etapa del pos acuerdo. Mientras tanto, el campesinado colombiano construye sus propios proyectos de vida digna eco-territorialidad y paz transformadora en la vida rural. 

 

Alejandro Mantilla. Educador, integrante del Instituto Nacional Sindical. Columnista del blog “En Pie de Página” y el portal “Palabras al Margen”.

 

 

[1] Para un detallado análisis puede verse el trabajo de Salcedo, Pinzón y Duarte, "El Paro Nacional Agrario: Un análisis de los actores agrarios y los procesos organizativos del campesinado colombiano", Centro de Estudios Interculturales, Pontificia Universidad Javeriana de Cali, septiembre de 2013. Disponible en: http://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/el_paro_nacional_agrario-_un_analisis_de_los_actores_agrarios_y_los_procesos_organizativos_del_campesinado_colombiano._centro_de_estudios_interculturales._.pdf

[2] Mantilla, Alejandro, "El Paro Nacional Agrario: cuando lo reivindicativo es transformativo", disponible en: http://www.palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-paro-nacional-agrario-cuando-lo-reivindicativo-es-transformativo

[3] Ver al respecto, Mantilla, Alejandro, "Los motores del nuevo Paro Agrario", disponible en: http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/los-motores-del-nuevo-paro-agrario

[4] Aquí me apoyo en la conferencia de Archila, “Protesta social, conflicto y pos acuerdo” pronunciada el 5 de mayo de 2016 en la Universidad Nacional.

[5] Mantilla, Alejandro, "Los motores del nuevo Paro Agrario".

[6] el pliego puede consultarse en: http://prensarural.org/spip/spip.php?article13670

[7] Ver Svampa, Maristella, "Entre la obsesión del desarrollo y el giro eco-territorial", en: "Resistencias populares a la recolonización del continente", Centro de investigación y formación de los movimientos sociales latinoamericanos, BS AS, 2010, p 84.    

[8] Ver Duarte, Carlos, "Los Territorios Campesinos Agroalimentarios", disponible en: http://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/los-territorios-campesinos-agroalimentarios-59671  

[9] Departamento Nacional de Planeación, “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un nuevo país: Paz, equidad, educación. Versión preliminar para discusión del Consejo Nacional de Planeación”. Bogotá, 2014, p 4.

Publicado en Diciembre 22 de 2016| Compartir
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