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La geopolítica del extractivismo marino en el Caribe Occidental

Tres años después del fallo de la Haya, el conflicto entre los gobiernos de Colombia y Nicaragua en torno a la delimitación fronteriza, se ha venido profundizando no solo por el anuncio de la eventual construcción del Canal de Nicaragua y las implicaciones que para la geopolítica de esa región trae la llegada de aeronaves y embarcaciones militares rusas y capital chino para confrontar la política de “pan-americanización”: ocupación norteamericana en la región (Salazar, 2010), sino sobre todo ante la apuesta energética - extractiva en el mar Caribe occidental, que anunciara en 2013, el Ministro de Minas y Energía en Managua, con el proyecto de perforación con fines de exploración, del primer pozo petrolero “off shore”, con la empresa de capital norteamericano Noble Energy, ubicada en parte del área marina protegida, “concedidas por la Corte de la Haya en la plataforma continental del Atlántico” para lo cual tenía previsto esa compañía, invertir cerca de 300 millones de dólares solo en la etapa de exploración.

Recordemos que en Colombia, antes del Fallo de la Haya en noviembre de 2012, el gobierno colombiano, también había otorgado en 2011 a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos licencias para explorar y explotar dos bloques en el área de la reserva marina protegida del Archipiélago de San Andrés y Providencia: El primero, cerca de Quitasueño (Cayo 1: 944.000 hectáreas) y el segundo muy cerca a la isla de Providencia, (Cayo 5, en un millón de hectáreas). (ANH, 2011). Gracias a la movilización unánime de la comunidad raizal y de instituciones como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), que se pronunció en defensa de la integridad de la reserva de biósfera, el presidente Juan Manuel Santos en discurso de octubre 01 de 2011, declaró la renuncia del proyecto de exploración y explotación en la cuenca de los cayos por parte del gobierno colombiano.

Sin embargo, en un nuevo contexto de disminución de los precios del petróleo a nivel mundial, Colombia profundiza la oferta extractiva de yacimientos convencionales y no convencionales, en el mar Caribe, sin tener en cuenta las alertas de la comunidad científica internacional respecto de los impactos de las actividades extractivas presentes y futuras en el cambio climático, las cuales pueden llegar a generar un aumento de más de 7 grados (Celsius) de temperatura en el planeta para fines del siglo XXI. Aun cuando la academia, los gobiernos y poblaciones locales advierten sobre los riesgos e impactos asociados al desarrollo de tecnologías no convencionales, como el “Fracking” o Fracturación hidráulica, prohibida en la mayoría de los países europeos y gran parte del territorio estadounidense, A pesar de las evidencias científicas, sobre impactos ambientales y sociales, Colombia se convierte en el escenario de la experimentación de lo que ya nadie quiere hacer en su territorio, tanto por sus efectos ambientales y sociales (derrame petrolero en el Golfo de México) y fracturación hidráulica (moratorias y prohibiciones en los Estados Unidos, Europa) por sus efectos demostrados en las fuentes de agua y el uso de cientos de químicos contaminantes además de los impactos sociales: Afecta la salud de las personas, contaminación por mercurio, plomo, cadmio, además de profundizar los conflictos socio-ambientales asociados.

Uno de los más grave impactos posibles con el aumento del Cambio Climático y el modelo de desarrollo extractivista en los ecosistemas insulares y costeros está asociado al aumento del nivel del mar. El aumento medio del nivel del mar entre 2013 y 2014 se encuentra entre 2.6 y 2.9 mm. La velocidad de este aumento, el cual solo en este periodo (dos años), se ha duplicado, en relación con lo ocurrido en la mayor parte del siglo veinte, significa que para el año 2100, según estas nuevas proyecciones, el incremento del nivel del mar podrá llegar hasta 98 cm si se continúa con los niveles actuales de emisión de gases de efecto invernadero. Nuevos estudios demuestran que el aumento del deshielo en el Ártico, puede provocar un incremento de emisiones de gas metano y dióxido de carbono, a la atmosfera, lo cual puede intensificar y es a su vez un efecto del calentamiento global. Más de 41 científicos, estimaron en un 35 % adicional, esta emisión de gases de efecto invernadero (Nature Climate Change, 2015).

Con el discurso: “El Futuro del Petróleo está en el mar” (2015), el gobierno Colombiano, lanza su nueva aventura extractivista en el Caribe. Desde 2014 se amplían y se conceden nuevas concesiones de exploración y explotación a empresas nacionales y multinacionales, en el bloque 1 y 2 Tayrona (Petrobrass), Golfo de Urabá (Ecopetrol-Anadarko), Guajira (Repsol Colombia S.A) y en las aguas del Caribe cartagenero: Tierrabomba (Equion Limited Colombia). En el caso de la “reserva marina protegida” del Archipiélago, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (2014) manifiesta, “no estar realizando ningún contrato de exploración y explotación en la Reserva de Biósfera. Sin embargo admite estar realizando labores de adquisición de datos sísmicos 2D de 6.844 km más 340 km adicionales en el Caribe colombiano, según ellos para obtener información científica que permita conocer las características geológicas del subsuelo y la historia evolutiva de la cuenca (así lo confirma la ANH ). Sin embargo cabe anotar que como su nombre lo indica la sísmica 2D, para cuya adquisición se contrató a la empresa Western Geco (Res. 480 del 23 de Mayo, ANH) es una actividad que ha producido considerables impactos ambientales. Entre ellos impactos en especies marinas como ballenas, tortugas, delfines entre otros. (Bailey et al. 2010) (Mc Cauley, 2010).

En la Colombia de Santos, “todo es sostenible” en sus discursos: la guerra, la grande, mediana y pequeña minería, el “fracking” y ahora también la exploración y explotación petrolera y de gas marina. Para el caso de la exploración petrolera marina así como en el “fracking” el gobierno tiene lista la flexibilización de su normatividad ambiental. De hecho según la Agencia Nacional de Hidrocarburos solo otorga Licencia ambiental a: “Las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio nacional que se realicen en profundidades inferiores a 200 metros”. Es decir, que para el gobierno adquirir información sísmica en el área de la Reserva de Biosfera o cualquier otro lugar, en donde pueden haber más de 1500 m y 5000 m de profundidad, esta actividad, no implica licenciamiento ambiental y menos aún Consulta Previa ya que además, para el mismo, gobierno en su interpretación de “soberanía nacional”, el mar no es territorio, y el territorio insular y marítimo del Archipiélago, no le pertenece a la comunidad raizal como lo manifestara la Viceministra del Interior en 2014. En ese sentido se excluye también la relación del mar como parte del territorio ancestral, que han reclamado los pobladores, pescadores tradicionales y capitanes de embarcaciones, con muchísima experiencia en ese mar desconocido para los negociadores internacionales en la Haya, y del gobierno corporativo en Bogotá. La ANLA revocó el artículo quinto en el cual se obligaba a Petrobras en 2011, a incluir a las comunidades de pescadores dentro del proceso de socialización e información relacionada con y el Área de interés para perforación exploratoria del Bloque Tayrona. (Auto No. 424 de 2012).

Si bien los expertos asesores del gobierno en los escenarios internacionales encargados de “vender” la imagen de Colombia como un país seguro en términos de las garantías que ofrece el gobierno Santos para la experimentación de tecnologías no convencionales, consideran muy lenta la flexibilización de leyes ambientales, admiten, sin embargo, que ya se desarrollan actividades de explotación/exploración mientras esperan los permisos, y presentan como un triunfo que en la legislación de las mismas, no aparezcan palabras como “fracking” para no despertar críticas en la opinión pública, lo que significará, ante el silencio de nuestros académicos, quienes ya empiezan a ganar altos dividendos resultado de sus consultorías “científicas” a las empresas, garantizar nuevas inversiones, vendiendo al capital trasnacional, una situación de seguridad que podrá ser garantizada por un eventual proceso de paz.

 

¿Y respecto de los riesgos ambientales y sociales?

No estamos lejos de la catástrofe del pozo de “Macondo” en la plataforma petrolifera de BP Deepwater Horizon, en 2010. Tres semanas antes, del accidente, el presidente Barack Obama había anunciado ampliar las actividades de perforación petrolífera desde Virginia hasta Florida y en la zona oriental de golfo de México, terminando con décadas de moratoria. Desde hacía más de cuarenta años, ONGs como Greenpeace se habían opuesto a las perforaciones en alta mar, debido a los posibles impactos en costas y mares. La idea de una independencia energética de los Estados Unidos frente al condicionado acceso al petróleo Venezolano, y la emergente política energética de Chavez en el Caribe con los países del ALBA a fines de los 90s, acercó al mandatario estadounidense, al lema de campaña de los republicanos: “Drill, Baby, Drill”, que combatieron durante la campaña, demócratas y ambientalistas en cabeza de la vocera, Nancy Pelosi.

El año de la crisis financiera, 2008, en el que expiró la moratoria de la explotación en el este del Golfo de México, el Gobierno estadounidense permitió flexibilizar las restricciones a la exploración petrolera marina. En la búsqueda de la seguridad energética el mismo presidente Obama en 2010, planteó que: “los pozos petroleros hoy en día no producen derrames” . Sin embargo, el accidente del pozo petrolero, “Macondo”, pronto demostró la tesis contraria, evidenciando además que las empresas con mayor trayectoria y experiencia, no tienen el control del manejo de las nuevas tecnologías, ni la “responsabilidad ambiental empresarial” repetida en sus discursos, lo cual fue evidente aún más, cuando la BP negó durante la operación de sellamiento del pozo, la posibilidad de medir la cantidad de petróleo derramado en el mar. (Ver Informe de Green Peace: “Deep Water Horizon Un año después” y el estudio de la Revista Science).

Ello no impidió que el Flow Rate Technical Group, una comisión presidencial encargada de investigar el vertido del crudo, demostrara que finalmente se vertieron aproximadamente 4.9 millones de barriles de petróleo desde el lecho marino, de los cuales solo 800.000 barriles fueron revertidos. Convirtiéndose en el derrame de petróleo más grande en la historia de los Estados Unidos.

Más del 80 % de la pérdida afectó la costa de Lousiana, un Estado petrolero en el cual después de un siglo se viene explotando petróleo y gas, en tierra y en mar, lo que ha generado muchísima riqueza. (81.6 % de la producción petrolera marina en US, 3.959 plataformas con aproximadamente 12 a 13 pozos, se produce en LA). Sin embargo es, como todas las economías de enclave, el Estado número 49 entre cincuenta Estados con menor expectativa de vida, el segundo con mayor mortalidad infantil, cuarto en criminalidad, el segundo Estado más pobre de los Estados Unidos, donde el 31 % de los niños viven en condición de pobreza. En términos de la articulación de mano de obra a la economía, apenas el 2.5 % al 3.0 % del total de la población del Estado se ocupa en esta industria que ocupa el 30.4 % del PIB de Lousiana. (Zebrowski, E, 2014) . Este es el modelo de “mal desarrollo” para Colombia.

Veamos los indicadores en la Guajira, donde desde hace veinte años existe una de las minas de carbón más importantes del mundo Cerrejón, que ha convertido a Colombia en el segundo mayor exportador del mineral a los Estados Unidos en el mismo lugar donde han muerto más de 5000 niños indígenas Wayuu, de hambre y sed, 37.000 sufren de desnutrición y en donde acaba de encontrarse un pozo con más de 250 millones de barriles de reservas de petróleo en la plataforma marina, Pozo Orca-1, (Repsol, Petrobras, Ecopetrol). Ahora con el descubrimiento del pozo Kronos -1 (Anadarko-Ecopetrol) a más de 3.720 metros de profundidad, en el Bloque Tayrona se confirma “el potencial de hidrocarburos en esta cuenca caribe colombiana”.

El desinterés ambiental y social, del gobierno colombiano frente a los derechos de los pobladores locales no es nuevo. Y comparte desafortunadamente con este estado petrolero en las costas del golfo de México, una realidad que existe también en nuestro Caribe colombiano. Racismo institucional, deshumanización y la negativa constante de una equidad política y oportunidades.

Este Caribe afro-americano que inicia en Nueva Orleans se extiende y cruza las fronteras insulares y continentales de los Estados Nación, Centro y Latinoamericanos, Anglosajones y Franceses entre otros, del gran Caribe, termina en el Amazonas brasileño y comparte, en algunos lugares más que en otros como en el caso colombiano, altísimas condiciones de desempleo para los jóvenes, segregación, pobreza, un fuerte deterioro en la calidad de sus viviendas y algo que denunció recientemente el mismo pastor Jessy Jackson en su reciente discurso frente a los asesinatos recientes en Charleston: “el racismo institucional y las injusticias estructurales contra esta población”. Discriminación SAI.

Desde el regalo de Panamá a los Estados Unidos y una vez conocido el fallo que le otorga a Nicaragua la soberanía sobre la plataforma económica exclusiva de un territorio que en 1928 y en 1972, tampoco los gobiernos colombianos de la época supieron defender a nombre de sus pobladores, (nos referimos al tratado Esguerra - Bárcenas de 1928 y el tratado Vasquez - Saccio, 1972 ), el gobierno en lugar de reconocer los derechos de los pobladores raizales del Archipiélago, se pronunció vehementemente en 2013, frente a Nicaragua sin siquiera argumentar el impacto ambiental y social para la Reserva de Biosfera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, respecto del proyecto de exploración que existía desde 2009, de una empresa norteamericana, que en nombre de las necesidades de los patrones de consumo de ese país perteneciente al ALBA, era defendida paradójicamente por el gobierno de la revolución sandinista. Y sobre todo le preocupaba y aun le preocupa, la posibilidad de un Nuevo Canal en Nicaragua, esta vez explotado por el capital Chino. Una nueva aventura extractivista y de “acumulación por desposesión” que como en el caso del Canal en Panamá y de su ampliación reciente, no cuentan al interior de sus países con el beneplácito de sus poblaciones locales, especialmente las más marginadas.

La realidad es que en el contexto del Caribe Occidental, el escenario está abierto a la llegada de capitales extranjeros para expandir el “modelo extractivista”, sin ningún tipo de obstáculo. En el contexto de la Geopolítica del nuevo extractivismo, se erige una visión de América Latina y el Caribe colonial, sujeta como decía Galeano en sus “Venas abiertas de América Latina” a quinientos años de explotación de petróleo, hierro, oro y cobre, materias primas destinadas a los países industrializados que se benefician más de consumirlos que los países productores”, aunque los gobiernos nuestros defiendan el modelo extractivista a nombre de la redistribución de la renta, la disminución de la pobreza, el progreso y el desarrollo nacional.

La batalla del presidente Correa en Ecuador, contra los ecologistas “fundamentalistas” allá, “extremos” en Colombia, de romper el mandato ecológico constitucional y abrir la exploración de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), que en parte se superponen con el parque nacional y reserva de biósfera Yasuni; y la decisión de Evo Morales, de ingresar en áreas protegidas o territorios indígenas y campesinos para explorar y explotar minerales y petróleo, ahora como en Colombia; y en su nuevo proyecto: Sísmica 2D, muestra las contradicciones del modelo neo-extractivista capitalista, extractivista, depredador, en el cual los movimientos indígenas, campesinos y ambientales se convierten en los nuevos sujetos de la movilización social.

En el contexto de América Central y el Caribe occidental: Panamá es hoy el centro del mundo. Con el proyecto “imaginado” de concesión del canal interoceánico a China en Nicaragua por más de 100 años, la ampliación del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos y otras potencias aliadas, se revitaliza su ubicación geográfica en el escenario de las disputas comerciales globales por el acceso a mercados, creando los escenarios de una nueva lucha por la reconquista estratégica de esta región. Conviene recordar que son las reservas de Biósfera, y porqué son diferentes de los Parques Nacionales Naturales. Las reservas de Biosfera, es una categoría de manejo ambiental, inscritas en el programa Hombre y Biósfera, son áreas de ecosistemas terrestres o costeros marinos representativas reconocidas por la organización de Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura Unesco, como áreas donde es posible conciliar la conservación de la diversidad biológica, la búsqueda de un desarrollo sostenible y el mantenimiento de los valores culturales tradicionales en una región determinada. Para resumir, a diferencia del sistema de parques nacionales “sin gente” concebidos bajo el modelo Yellowstone en los años 50s, (Holdgate, 1999) las reservas de biósfera son lugares donde se vive, donde se establece a través de consensos unas formas de ordenar el territorio y se respeta la cultura y la historia de las comunidades que allí viven.

Pensar Caribe, significa también en el contexto de la historia del Caribe excluido, respetar las relaciones y formas de vida que han existido y que existen entre los llamados pueblos afrodescendientes e indígenas de Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Jamaica, que conforman con sus diferencias, las características de un pueblo que ha sido discriminado y maltratado al interior de sus fronteras estatales, y que comparte con los demás pueblos del Caribe diversas expresiones de lengua creole, formas musicales, y sincretismo religioso que expresan además formas diversas de relación entre cultura, sociedad y naturaleza. Esta cultura e interacción histórica que inicia en Nueva Orleans y termina en la Amazonia brasilera, ha sido rota por los límites imaginarios de los Estados Nacionales, que en virtud de los enfoques de relaciones internacionales de la geopolítica de la seguridad, se encuentran interrumpidas.

La Reserva de Biosfera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es una de las 408 zonas ecológicas de este tipo que hay en el planeta tierra en 94 países. Con el nombre de Seaflower, en memoria del barco que trajo a estas Islas los primeros puritanos ingleses, esta Reserva de 349.800 kilómetros cuadrados de mayor área marina en el mundo, constituye uno de los ecosistemas coralinos más extensos y productivos del hemisferio occidental e incluye dos arrecifes de barrera localizados alrededor de las islas de San Andrés y Providencia, cinco atolones y otros bancos coralinos menos definidos que se extienden en una área de más de 500 Km. (Coralina, 2012) Esta región se define como un área secundaria de aves endémicas y un centro de alto o muy alto endemismo marino. Única en el mundo, esta reserva de biosfera, fue premiada en el marco de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Biodiversidad en Nagoya, 2010 con el premio mundial a la mejor acción sobre la Diversidad Biológica.

Pero lo fundamental de este proceso tiene que ver con la participación de la comunidad en un proceso colectivo que inicia en los años 90s, que busca a partir de la construcción de una propuesta de Desarrollo Alternativo, transformar los modelos de desarrollo foráneos impuestos en el Archipiélago, que han reproducido los sistemas de desigualdad social, de discriminación a partir de un proyecto de homogeneización cultural y sobre todo de depredación de los recursos naturales, que busca imponerse desde el corazón del continente desde principios del siglo veinte.

La nominación de la reserva de Biósfera del Archipiélago de San Andrés y Providencia, significó el reconocimiento de parte de un Estado ante una Instancia Internacional, en el año 2000, de una iniciativa científica, cultural e institucional liderada por la Corporación de Desarrollo Sostenible del Archipiélago, (Coralina) como una propuesta de manejo especial de un área única en el mundo. Con esta propuesta con la cual se recompusieron las relaciones entre Colombia y el programa Hombre y Biósfera en la Unesco, se mostró que una propuesta regional de manejo sostenible, construido desde abajo hacia arriba, era posible.

Tres de los grandes errores del Gobierno de Colombia, ante el tribunal de la Haya, tienen relación con la estrategia equivocada que asumió: Su ausencia de visión estratégica en el análisis de la geopolítica del Caribe y la falta de trabajo diplomático con los países vecinos en torno a la creación de una estratégica reserva ambiental y cultural en la región del Gran Caribe, (hoy considerada “la última frontera de las commodities” para los defensores del modelo extractivista) y la defensa del área protegida marina, fundamental en la defensa de la integridad ambiental y social del Archipiélago no se planteó en ese escenario como la garantía de la subsistencia de sus pobladores, así como, el derecho de autodeterminación de los pueblos, defendida por el Convenio 169 de la OIT.

Hoy en medio del conflicto gestado por las visiones del modelo extractivista en el Caribe occidental, debe defenderse un nuevo modelo: el de una geopolítica de la autonomía de sus pueblos, un modelo de articulación de una diplomacia Caribe con una perspectiva sostenible, olvidada por la arrogancia de los centros de Managua y Bogotá. Pueblos que en el marco de este litigio son los más afectados y olvidados en el debate público nacional e internacional.